El Senado argentino debate este jueves la modificación de la Ley de Glaciares (26.639), un proyecto impulsado por el Gobierno nacional para fomentar proyectos de megaminería y facilitar el desarrollo económico en zonas protegidas.
La ley vigente, aprobada en 2010, establece una amplia protección que
resguarda tanto los glaciares como el ambiente periglacial (zonas
congeladas cercanas que regulan el agua).
Para ello, prohíbe actividades que afecten su integridad,
específicamente la minería y la explotación de hidrocarburos en
las zonas afectadas. Al definir a los glaciares como bienes de carácter
público, la norma busca “preservarlos como reservas estratégicas de agua,
proteger la biodiversidad, cuidarlos como fuente de información científica; y
valorarlos como atractivo turístico”.
El tema le interesa mucho a Chile por la disputa
pendiente sobre glaciares entre ambos países y que se centra en la
demarcación definitiva de la frontera en el Campo de
Hielo Patagónico Sur, específicamente en un sector de la "Sección B"
(entre el Monte Fitz Roy y el Cerro Murallón).
Aunque el Acuerdo de 1998, entre ambos países, fijó parte del límite, la definición en el terreno de
esta zona sigue inconclusa.
Acuerdo de 1998: Firmado por los
presidentes de ambos países, definió gran parte de la frontera, pero dejó
pendiente el trazado detallado en la zona de glaciares entre el Monte Fitz Roy
y el Cerro Murallón.
Situación Actual: Existe una diferencia
en la cartografía oficial. Chile argumenta que Argentina utiliza mapas
anteriores a 1998, mientras que el área sigue pendiente de una demarcación
conjunta definitiva por una Comisión Mixta.
Toda la geografía planetaria dispone de
recursos. Hay que explotarlos controladamente, no por una idea política.
Con ese fin, restringe todas aquellas actividades que puedan
afectar la condición natural de los glaciares, entre ellas: la liberación de
sustancias contaminantes; la construcción de obras de arquitectura o
infraestructura; la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, y
la instalación de industrias.
Sin embargo, desde ya aseguran que la normativa actual genera “inseguridad
jurídica y parálisis de inversiones” y, con esta
modificatoria, buscan restringir la protección solo para aquellos
glaciares que “cumplan una función hídrica efectiva y estratégica”.
Por ello, apuntan a pasar de una protección automática del ecosistema a evaluaciones por función hídrica. Así, se buscaría revisar caso por caso las implicaciones ambientales de desarrollos productivos en zonas glaciares y periglaciares.
Además, la modificación propuesta les otorga más autonomía a las
provincias para decidir sobre la explotación de sus recursos naturales. El
proyecto oficialista se sustenta en un reclamo que comparten las jurisdicciones
con potencial de explotación de litio y cobre, como San Juan, Catamarca y
Jujuy, entre otras.
De aprobarse, la decisión final sobre las áreas de protección y los proyectos de inversión en zonas periglaciares y glaciares recaerían sobre los gobernadores y se analizaría caso por caso, en lugar del estándar actual que prohíbe toda actividad posiblemente dañina a nivel nacional.
La iniciativa modifica la Ley de Glaciares aprobada en 2010, una norma pionera en Latinoamérica que establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua.
Desde entonces, la norma enfrenta cuestionamientos por parte de sectores
vinculados a la megaminería, que históricamente buscaron limitar su
alcance.
Sin embargo, en 2019 la Corte Suprema ratificó su constitucionalidad y
reafirmó que los glaciares y el ambiente periglacial son bienes de
carácter público y que, en contextos de conflicto, los derechos
colectivos como el acceso al agua prevalecen por sobre intereses individuales.
En 2024, el Gobierno de Milei ya había intentado reformar la norma para
permitir actividades económicas en ambientes periglaciales, lo que no prosperó
por los contundentes reclamos de los ambientalistas.
El Gobierno alega que la modificación a la Ley de Glaciares es necesaria
para contribuir al desarrollo económico del país a través del impulso a la minería.
En un informe presentado en diciembre de 2024 ante la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Argentina reconoció que el aumento de la temperatura ha generado un retroceso de casi todos los glaciares patagónicos de los Andes durante las últimas décadas: 48 de los 50 principales glaciares del Campo de Hielo Patagónico Sur presentaron una creciente disminución.
Los datos oficiales más recientes corresponden a la actualización del
inventario en la región de los Andes Desérticos (noroeste y norte de la
provincia de San Juan), donde se registró una reducción del 17 % en el
hielo descubierto.
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