27-6-2014-KRADIARIO-N°903
Ojo con el Grupo Luksic:
LOS PELIGROS DEL PROYECTO ALTO MAIPO (*)
El programa En la Mira (Chilevisión) transmitió este
miércoles un especial sobre el proyecto Alto Maipo. Esto ha permitido
poner en el debate este proyecto cuyo objetivo es alimentar la megatóxica mina
Los Pelambres (Luksic). Las consecuencias ambientales de Alto Maipo son
nefastas y la pagarán los habitantes de la zona central de Chile, por cientos o
miles de años.
El río Maipo, además de abastecer de agua potable a 6
millones de personas en Santiago, riega 120 mil hectáreas agrícolas de las más
productivas del país. También aporta aproximadamente 80% de los áridos (arena y
grava) utilizados para la construcción en la Región Metropolitana (RM).
Asimismo, el “cajón del Maipo” es la zona turística por
excelencia de la Región Mteropolitana de Santiago.
En la tramitación de Alto Maipo, AES Gener -empresa
norteamericana que impulsa este proyecto- contó con el apoyo irrestricto de la
administración derechista, encabezada por Sebastián Piñera, así como de la
expresidenta Michelle Bachelet, en su primer mandato (2006-2010).
Intromisión estadounidense
AES Corp. es una de las principales empresas energéticas de
Estados Unidos. Está presente en 29 países y tiene cerca de 30 mil empleados.
En Chile controla AES Gener, tercera empresa de generación eléctrica por potencia
instalada. Produce 3 mil 129 mw, que representa 21% del total de la energía de
este país.
Aes Gener cuenta con el respaldo del gobierno de Estados
Unidos. Cables de la embajada de este país en Santiago, dados a conocer por
Wikileaks en febrero de 2011, evidenciaron que la aprobación de la
termoeléctrica Campiche (2009), ubicada en el municipio de Puchuncaví, región
de Valparaíso, fue resultado de gestiones de altos funcionarios estadounidenses.
Luego de esta decisión judicial, el secretario de Comercio
de Estados Unidos Gary Locke escribió en octubre de 2009 una carta a diversas
autoridades del gobierno de Bachelet conminándolos a viabilizar el proyecto.
El embajador Paul Simons se reunió con tres ministros del
gobierno de Bachelet, entre ellos el de Interior Edmundo Pérez Yoma, a quienes
les planteó “los daños a la imagen exterior” que sufriría Chile en caso de no
prosperar Campiche.
Como resultado de estas diligencias el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, liderado entonces por Patricia Poblete, emitió el decreto
supremo 68 (publicado en el Diario Oficial el 31 de diciembre de 2009), en el
que se reinterpretaba la ley de urbanismo con la finalidad de permitir la
puesta en marcha de Campiche. Fue un traje hecho a la medida de AES Gener.
La aprobación de Alto Maipo por parte de la Comisión
Nacional de Medio Ambiente (Conama) también estuvo plagada de irregularidades.
La Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la
Cámara de Diputados estudió los errores y omisiones de este proceso. Y sus conclusiones
fueron lapidarias. El 14 de enero de 2010, tras seis meses de trabajo, esta
comisión evacuó su informe el que fue aprobado con 50 votos a favor y sin votos
en contra.
Entre las conclusiones destaca que el permiso ambiental fue
aprobado sin que Gener tuviera los derechos de agua en los puntos de captación.
Sólo este argumento debió haber inviabilizado todo el proyecto.
La directora de la ONG ambientalista Chile Sustentable, Sara
Larraín, prestó su testimonio ante la citada comisión de la Cámara de
Diputados. Allí sintetizó las que, a su juicio, eran las principales
irregularidades que se cometieron en la aprobación del proyecto.
Larraín –quien en 1999 fue candidata presidencial
independiente– denunció que Alto Maipo se aprobó sin considerar
que afectaría “sitios prioritarios de conservación” de la naturaleza cuya
preservación es un compromiso internacional de Chile.
Además, arguyó la ambientalista: “Se va a intensificar la
desertificación, al captar el nacimiento de las aguas y trasvasijarlas hacia
otras cuencas. Este proyecto no es de centrales o de embalses, sino de pasada;
pero hay un trasvasije de cuencas. No es lo mismo que se tome agua en el río
Maipo en este lugar y que cincuenta metros más abajo se devuelva a este mismo
río. En este caso se toma agua en los ríos Volcán, Yeso y Colorado y se
trasvasija en el río Maipo 70 kilómetros más abajo”.
En este mismo sentido, el ingeniero hidráulico Jack Stren
declaró a la mencionada comisión que los derechos de aguas que la empresa dice
poseer son mayores a los que el Maipo y sus afluentes tienen. “Esto indica que
si el proyecto se ejecuta, sacarán hasta la última gota de las cuencas, porque
–insistió– dicen tener los derechos sobre todas esas aguas”.
Stern señaló que es dable esperar que los ríos Yeso,
Colorado y El Volcán se sequen. Y el río Maipo disminuiría su caudal en un
promedio anual de 40%, “por lo que se convertirá en un simple zanjón, con sus
riberas totalmente secas”.
Larraín subrayó que la autoridad ambiental no observó estos
impactos en la reducción de recursos hídricos lo que, en su opinión,
“constituye un abandono de funciones”.
El ingeniero Stern definió como contradictorio el que como
consecuencia de Alto Maipo se degraden 100 mil hectáreas de tierras
precordilleranas, sin considerar que el nuevo Plan de Descontaminación de
Santiago (2010) establece la necesidad de forestar zonas en la precordillera
para contar con una importante masa verde que favorezca la descontaminación de
la ciudad.
Stern también señaló que producto del cambio climático
disminuirán las precipitaciones entre 14.5% y 31% en la cuenca del Maipo. Esto,
sumado a la eventual construcción del PHAM, implicaría un escenario gravísimo
de escasez de agua en el Maipo y, como consecuencia, en el abastecimiento de
agua de Santiago.
Por otra parte, el proyecto de AES Gener prevé la corta de
varias especies arbóreas protegidas por ley, entre ellas, olivillos y
guayacanes. “La ley de Bosque Nativo expresa claramente –señaló Larraín– que la
autoridad no podrá aprobar planes de manejo que impliquen corta de especies en
categoría de protección y de sus especies acompañantes, con la sola excepción
de casos de interés público. Eso particularmente referido a proyectos del
Estado”.
Por lo mismo, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) de la
RM no dio el permiso. Sin embargo, la directora nacional de esta institución,
Catalina Bau, presionó para que se aprobara el plan de manejo de corta de estas
especies conminándolos, de esta manera, a contravenir la Ley de Bosque Nativo
en los artículos 7° y 19. Y lo consiguió.
Otra irregularidad nace del hecho que Alto Maipo,
intervendría formaciones geológicas e hidrogeológicas del Monumento Nacional El
Morado, el glaciar y la laguna San Francisco, los cuales están protegidos por
el decreto supremo 531, de 1967, y por la ley 18.362, del Sistema Nacional de
Áreas Silvestres Protegidas por el Estado y la Convención de Washington, que
están vinculados.
En este caso, las instituciones responsables de que no se
haya resguardado el glaciar fueron la Dirección General de Aguas (DGA) y el
Servicio Nacional de Geología y Minería, a pesar de que la Conaf las consultó
sobre este punto.
Por otro lado, la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del
Ministerio de Obras Públicas (MOP) incurrió en otra falta que puede tener
severas consecuencias. Esta dependencia obvió el hecho de que al canalizarse
los ríos Volcán, Colorado y Yeso en un túnel de 70 kilómetros se reducirá la
generación de sedimento en una cantidad estimada de 2.3 millones de toneladas
anuales, que corresponde a 27% de la producción de sedimento de la cuenca.
“Esto generará un hundimiento, dado que las empresas areneras –señala Larraín
según consta en el informe de la Comisión investigadora– continuará con la
extracción de áridos para Santiago, lo que (…) va a generar un hundimiento del
lecho del río Maipo, provocando el riesgo (…) que los puentes de la
infraestructura pública queden en peligro debido al socavamiento de las bases”.
Se refiere específicamente al puente Los Morros, el nuevo
puente de acceso sur a Santiago y los puente de la carretera Panamericana,
tanto el destinado para vehículos motorizados, como el de trenes. Esta erosión
del río por extracción de áridos afectaría también las bocatomas de cinco
canales que riegan 107 mil hectáreas agrícolas, lo que perjudicará a predios y
a campesinos de las comunas de San Bernardo, Calera de Tango, Padre Hurtado,
Maipú, Peñaflor, Buin, Talagante, Isla de Maipo y Paine.
La negligencia de la DOH consistió en entregar el permiso
ambiental sectorial ignorando un estudio de la Universidad de Chile, que fue
anexado al estudio de impacto ambiental, el cual señalaba que se iba a producir
una importante disminución de áridos. Como para subsanar esta omisión, el DOH
pidió que se hiciera un nuevo estudio de sedimentos antes de la operación de
las centrales.
Contrato secreto
Hasta el 21 de enero de 2013 Alto Maipo marchaba sobre
ruedas. Pero el impacto provocado por un gran aluvión y el corte de agua por
este ocasionado en Santiago -debido a que la gran cantidad de barro que cayó
sobre el río Maipo impidió que la planta potabilizadora de la empresa Aguas
Andinas pudiera funcionar– modificó el panorama.
En las semanas siguientes no sólo se pudo conocer los
pormenores y riesgos que supone el PHAM. También se comenzaron a destrabar sus
secretos.
El 22 de enero de 2013, en medio de un gran revuelo
mediático, medio centenar de organizaciones reunidas en la Coordinadora
Ciudadana Ríos del Maipo emitieron una declaración denunciando la existencia de
un contrato secreto entre Aguas Andinas y AES Gener:
“En el año 2011 Aguas Andinas firmó un contrato con AES
Gener que implica ceder parte del agua limpia para consumo humano que posee
Santiago para la generación eléctrica de estas centrales que aún no se
construyen. Con esta acción Aguas Andinas amplía su giro priorizando sus
ganancias económicas por sobre su labor fundamental, establecida por contrato
con el Estado”.
Los defensores del río Maipo llevaban un año solicitando
conocer este contrato. Se lo pidieron a la Superintendencia de Servicios
Sanitarios (SSIS) pero ésta les negó el acceso porque Aguas Andinas se opuso.
Entonces los ambientalistas recurrieron, en mayo de 2012, al
Consejo de la Transparencia (entidad estatal autónoma encargada de velar por el
acceso público a la información). En fallo entregado en junio de 2012 esta
entidad también rechazó entregar esta información.
La Coordinadora Ciudadana no cejó: presentó un recurso de
reclamación a la Corte de Apelaciones de Santiago, la que cuatro días después
del aluvión acogió en forma unánime el requerimiento: “Esta Corte no divisa la
razón en virtud de la cual la entrega del Convenio pueda comprometer el interés
patrimonial de Aguas Andinas SA y Gener, por el contrario, la seguridad
hidrológica respecto del servicio sanitario de la Región Metropolitana, es una
materia de tal trascendencia social y económica, que hace necesaria el
conocimiento de información que en él se contiene”, dice el fallo.
La vocera de la citada
coordinadora ciudadana, Marcela Mella, sostuvo que este fallo “favorable y
rápido”, tiene mucho que ver con la situación generada tras el aluvión. Y
añade: “Nosotros confiamos en la Justicia y desconfiamos del parlamento y los
gobiernos por la forma turbia con la que se han comportado. La Concertación fue
asquerosa: no hizo ningún cambio a lo obrado por la dictadura… la ley eléctrica
y la ley minera siguen teniendo una categoría mayor que el resto de las leyes”.
Mella señala que el objetivo de obtener el citado contrato
es dejarlo sin efecto: “AES Gener requiere de esos recursos hídricos. Si ellos
dejan de contar con los recursos hídricos que le suministraría Aguas Andinas
dejarían de ganar 45 millones de dólares al año lo que le quitaría atractivo a
este proyecto”.
Cabe consignar que la Coordinadora Ríos del Maipo está
impulsando una fuerte ofensiva judicial. Está a la espera de que la Corte de
Apelaciones falle respecto de un recurso de reclamación contra la resolución de
la DGA que aprueba las obras hidráulicas de Alto Maipo “por vicios insalvables
en su aprobación” que fue entregada por el gobierno de Piñera.
Mella afirma que si AES Gener perdiera esta causa quedaría
casi sin posibilidad de construir su central Alto Maipo”. Este recurso fue
presentado con el patrocinio del abogado Gustavo Manríquez, exdirector general
de Aguas durante 1990-1994.
Ríos del Maipo también espera el resultado de una demanda de
nulidad de derecho público contra la resolución de calificación ambiental que
aprobó el proyecto en comento “por vicios insalvables”. Esta acción está
dirigida contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) continuador legal de
la Conama, contra la DOH y contra AES Gener. Esta demanda es llevada por el
abogado Jorge Reyes, que es experto en derecho administrativo.
A modo de conclusión, Marcela Mella señala que “cuando el
Estado no hace su trabajo y actúa sólo favoreciendo a una empresa
transnacional, a una comunidad no le queda otra que judicializar estos
permisos”.
Mella señala que la lucha de los suyos es onerosa y muy
sacrificada: “No tenemos ningún tipo de financiamiento y para organizaciones
como la nuestra contratar abogados especialistas, a pesar de la conciencia que
éstos tienen, representan cifras importantes de dinero (…) terminamos haciendo
el trabajo del Estado y gastando mucho tiempo y plata”.
(*) Escrito por Francisco Marín en El Ciudadano
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