Editor de Krohne Archiv
Chile no ha dejado de ser un país pobre, salvo las excepciones de siempre, y la verdad es que el futuro se ve mucho más negro del que nos han “pintado” las autoridades. Especialmente la clase media chilena, que es mayoritaria, tendrá que establecer estrategias casi imposibles de aplicar para poder vivir como verdaderos seres humanos.
Las noticias son hoy el incremento de los precios en general lo que avanza paralelamente con un congelamiento práctico y real de los salarios, especialmente en el sector privado.
Solamente los alimentos subieron en Chile 9,8 por ciento en los últimos doce meses, según estadísticas del Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Pero paralelamente está el aumento de los combustibles que ya llega a niveles impagables para el ingreso medio de los chilenos. A todo esto se une el costo de las energías ante un invierno que parece que será más frió que en años anteriores.
¿Qué pasa en Chile?
¿Qué piensan las autoridades?
La respuesta es siempre la misma, no podemos intervenir en el mercado que regula los precios a través de la oferta y la demanda. Sin embargo, parece que nadie se da cuenta que estamos pasando por una emergencia que debe ser resuelta con regulaciones activas de parte del Estado, para evitar una catástrofe nacional.
Chile aparece, además de minero, como un país agrícola, pero tan así parece no ser tampoco, porque estamos importando más alimentos de los que realmente necesitamos. Un largo Chile de más de 4.000 kilómetros que no es capaz de autoabastecerse de alimentos, parece más bien una historia sacada de ciencia ficción. Nos dan razones que no cuadran exactamente como que el desarrollo humano nos hace ahora consumir alimentos caros que antes ni siquiera los conocíamos y esos productos hay que importarlos.
No sé cómo lo hacen otros países latinoamericanos que en el rubro alimentos no tienen los incrementos que muestra Chile, que entretanto se ha convertido en este sentido en el décimo segundo país más caro de América Latina. Veamos la lista: Los productos alimenticios en Paraguay han subido en doce meses un 0,1%, en Bolivia 1,8% , en Costa Rica 2,7%, en Colombia 4,7%, en Ecuador 6,1%, en Uruguay 6,7%, en Perú 6,8%, en Brasil 6,8%, en México 6,9% en Panamá 7,9% en Argentina 9,2% y la lista la cierra Chile con 9,8%.
Nos dicen también que al menos el 30 por ciento de los costos de la producción de alimentos lo representa el consumo de energía, maquinaria agrícola, uso de químicos y transporte. Sin embargo tampoco existe un plan claro sobre lo que se va a hacer definitivamente en Chile en materia energética, a pesar que ya cinco personeros de la derecha han ocupado el cargo de ministro en esa cartera sin que aún se vea una luz verde definitiva. Y para peor, el Gobierno, conjuntamente con la empresa privada, sigue insistiendo en las represas de HidroAysén que la mayoría de los chilenos rechazan.
El ministro de agricultura Luis Mayol nos recuerda también que "este país no fija precios. Por ende todas las alzas en las materias primas (a nivel mundial) inciden abiertamente en Chile”.
Pero lo peor es la especulación de los privados, hablamos de los productores, los distribuidores y los supermercados que nadie controla o no pueden controlar por el modelo imperante. El mismo Mayol agrega que el factor especulativo es importante, porque “cuando se habla de sequía muchos productores tienden a subir los precios”.
Frente a este problema hay otro que tampoco el Gobierno lo soluciona con los mecanismos que dispone el Estado, por lo menos temporalmente, que es el alza internacional de los combustibles. Santiago es una capital en que los trabajadores están casi obligados a tener un vehículo para poder llegar a sus trabajos, porque el servicio de transporte público es malo. Y este asunto, que comenzó en el gobierno concertacionista de Michelle Bachelet, con la creación del Transantiago, ha seguido funcionando deficientemente en el gobierno de la derecha. Los trabajadores se ven enfrentados a tener que pagar un automóvil en cuotas y a no poder usarlo porque no pueden asumir con su salario el precio actual de las bencinas.
El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, tiene las herramientas para ayudar a los consumidores a paliar esta situación, porque en Chile por cada litro de bencina un 45,6% corresponden a tributos (IVA más impuesto específico). Es decir, de $ 800 por litro, $ 364 serían gravámenes. Implantado en 1985 en "forma temporal" después del terremoto del 3 de marzo, cuando el automóvil era considerado un lujo en Chile, sigue vigente y se ha ido aumentando con los años. Sin embargo, el actual ministro Larraín ha dicho que no bajará ni siquiera temporalmente estos impuestos, a pesar de los millonarios fondos de reserva del cobre que Chile tiene depositados en el exterior y que nadie sabe para qué están destinados.
