La jueza María Verónica Orozco decretó esta madrugada la prisión preventiva en contra de los tres ex ejecutivos de la multitienda La Polar: el ex gerente general y ex presidente de la compañía, Pablo Alcalde (izquierda); la ex gerenta de Administración, María Isabel Farah, y el ex gerente de Productos Financieros, Julián Moreno.
La medida cautelar de prisión preventiva fue dada a conocer por la magistrada casi al término de una audiencia que se prolongó por espacio de 15 horas.
Igualmente la jueza fijó un plazo de ocho meses para realizar la investigación antes del juicio oral, aunque la Fiscalía había pedido 2 años.
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| Julián Moreno |
Como escribió La Tercera, el mayor escándalo económico de la historía del país tuvo esta madrugada su día D. La maratónica audiencia, que se inició el miércoles, terminó hoy pasada la medianoche, cuando la magistrado Orozco concedió las medidas cautelares de prisión preventiva para Alcalde, Farah y Moreno.
Alcalde y Moreno fueron trasladados hoy de madrugada al penal Santiago Uno, mientras Farah fue llevada al Centro de Orientación Femenina (COF), de San Joaquín.
La abogada de los accionistas minoritarios de La Polar, Bárbara Salinas, comentó, en la primera etapa de la audiencia, el miércoles, que el lavado de activos que afecta a los imputados forma parte de los delitos de cuello y corbata y ojalá “no queden impunes".
El Fiscal de la Fiscalía Centro Norte de Santiago, Luis Inostroza, subrayó que al menos tres de los ex ejecutivos de la multitienda La Polar hicieron uso de información privilegiada que manejaban para tranzar sus acciones en el mercado a través de la sociedad anónima Alfa y así obtener millonarias ganancias de forma ilegal. El otro fiscal de la causa es José Morales.
Agregó que se había encontrado “una base nueva de clientes superior a los 500 mil aumentando a más de un millón las personas afectadas". Antes se informó que desde 2006 hasta el primer semestre de 2011 se realizaron 7 millones 57 mil repactaciones unilaterales, en alrededor de 1 millón de clientes.
A través de la información privilegiada, sumado a la entrega de información falsa, los imputados habrían originado millonarias sumas obtenidas personalmente por ejecutivos de la empresa, provocando que Pablo Alcalde acumulara 1.780 millones de pesos, Nicolás Moreno 3.265 millones y María Isabel Farah 2.882 millones.
Señaló que "estimando todos los delitos por los cuales han sido formalizados, aplicando incluso las atenuantes de las que pueden ser objeto los imputados, la sumatoria tienen penas superiores a los 13 años de cárcel".
Los principales imputados
Alcalde, Farah y Moreno están siendo procesados por falta a la Ley General de Bancos, lavado de activos, uso de información privilegiada, entrega de información falsa al mercado y uso de información falsa para suscribir créditos.
La jueza manifestó que “raya en lo ridículo de que los imputados desconocieran los ilícitos”. Calificó a los formalizados como un peligro para la seguridad de la sociedad. No obstante descartó el delito de lavado de activos.
El abogado de Pablo Alcalde, Jorge Bofill, indicó estar sorprendido por el tenor de la resolución, pero destacó que no considerara el lavado de activos, más allá de la prisión preventiva.
El escándalo de La Polar quedó al descubierto el 9 de junio pasado, cuando se conoció que 470 mil clientes habían sido repactados unilateralmente por la multitienda.
La jornada en el Centro de Justicia de Santiago de ayer comenzó con la presentación de los más de diez abogados querellantes, quienes defendieron la petición de prisión preventiva solicitada el miércoles por los fiscales Luis Inostroza y José Morales, pues a su juicio respondía a los cargos que se les imputaban.
Junto con criticar a Alcalde y Farah, por la actitud mostrada el primer día del proceso cuando decían no entender algunos puntos de la formalización, algunos como el abogado de La Polar, Davor Harasic, calificaron como "pandilla" a los ex ejecutivos y afirmó que "nadie entendería que salieran caminando".
Luego vino el turno de los abogados defensores, quienes concordaron en rechazar la petición de prisión preventiva y propusieron penas alternativas en sus domicilios.
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| Alcalde abandona el tribunal junto a su esposa |
Mientras la defensa de Farah culpó al ex gerente de Productos Financieros de las repactaciones unilaterales, los abogados de Moreno retrucaron que era ésta quien vendía las acciones al interior de Inversiones Alfa, por lo que su defendido no tenía razones para incurrir en el uso de información privilegiada como se le imputa.
La resolución de la magistrado
En su resolución, la jueza Orozco recordó que las repactaciones unilaterales de deudas constituyeron conductas reiteradas y de antigua data, las que eran de conocimiento de los imputados y que afectaron a numerosos inversionistas y clientes. "La convicción que queda es que se montó una verdadera máquina", concluyó Orozco.
La magistrada dio por acreditados varios de los delitos por los cuales se imputó a Alcalde, Farah y Moreno.
Orozco consideró que el delito de lavado de activos, la imputación más grave contra los tres acusados, no fue suficientemente acreditada. Pese a ello, para dictar su resolución, la jueza consideró "la forma de comisión del delito, el carácter reiterado y la extensión del mal causado", dijo. "Se trata de delitos que fueron cometidos en un largo período de tiempo", agregó. Además, la magistrado concluyó que los imputados actuaron "de manera concertada".
La jueza lanzó duros comentarios contra los imputados. "Hasta aquí y en esta audiencia no se ha oído nada de reconocimientos, reparaciones ni nada. Solamente ha sido echarse la culpa unos a otros de los delitos que se les imputan alegando desconocimiento, lo que no tiene sustento alguno".
Tras la decisión, Jorge Bofill, abogado del ex presidente de la cadena, dijo que definirán una eventual apelación en los próximos cinco días. "Seguimos sosteniendo que don Pablo Alcalde no sabía de este sistema que se había montado en la empresa y confiamos que a la larga vamos a demostrar su inocencia", afirmó Bofill al término de la audiencia.
Bofill -quien intentó sin éxito que su cliente cumpliera la privación de libertad en el anexo Capitán Yávar- también cuestionó el tenor de la resolución de la jueza, pero manifestó su conformidad por el plazo de ocho meses de investigación. El peor escenario de la defensa era que se asignaran dos años antes del juicio oral. El fiscal Luis Inostroza, en cambio, consideró poco el tiempo. "Esta es una investigación de las más grandes que ha habido en el país, por lo tanto tendremos que hacer un esfuerzo adicional para cumplir en ese tiempo todo lo que se debe hacer".
Histórica audiencia
En la segunda jornada de audiencias ayer el abogado de La Polar, Davor Harasic, señaló que "nadie en Chile entendería que los ex ejecutivos de la multitienda salieran caminando". También acusó que el comportamiento de los acusados respondía al de una "pandilla".
El representante de AFP Capital, Gabriel Zaliasnik, afirmó que "el señor Alcalde era como el mago, pero su público no sabía dónde estaba la gracia de ese truco", como publicó La Tercera.
Los abogados defensores tomaron la palabra a partir del mediodía. Daniel Praetorius, asesor de Alcalde, desvirtuó la existencia de lavado de activos y dijo que no hubo un beneficio patrimonial. La defensa de María Isabel Farah, a cargo de Alex Carocca, deslindó responsabilidades por el escándalo en Julián Moreno, mientras el abogado de este último se centró en que era Farah la que vendía las acciones de Inversiones Alpha
La defensa de María Isabel Farah, ex gerenta de Administración, basó su estrategia en responsabilizar a Julián Moreno, ex gerente de Productos Financieros, de idear e implementar el sistema de repactaciones unilaterales. "Mi clienta fue engañada y se le dieron datos falsos", señaló su abogado Alex Carocca, quien agregó que el objetivo del área de Moreno al falsear datos era cumplir las metas de cobranza y de provisiones que le exigían. "El área de cobranzas no cobraba", afirmó. Dijo también que las repactaciones unilaterales carecían de racionalidad económica, ya que no beneficiaban ni a la empresa, ni a los ejecutivos. "Fue una burbuja que no tenía ningún fin económico", dijo.
Sin embargo, el abogado de Moreno, Miguel Chaves, abrió su alegato reconociendo que las repactaciones unilaterales eran de responsabilidad de su cliente, pero dijo que esa práctica estaba en el mandato que firmaban los clientes. "Esto no es un delito, ni siquiera fue formalizado por eso", afirmó.
Puntualizó así que la problemática se derivó de la determinación de las provisiones para la elaboración de estados financieros que se entregaban al mercado, lo que no era responsabilidad de Moreno. "Sólo María Isabel Farah hacía las provisiones", dijo. Afirmó que es falso que Pablo Alcalde y Farah no supieran, porque toda la información estaba en los servidores de la empresa. "Si la información estaba, la tesis del engaño se desvanece", enfatizó Chaves.
