Este hecho marca solamente la punta de un escándalo originado y desarrollado dentro de la actual estructura de gobierno - el Frente Amplio- que encabeza como Presidente, hasta el próximo 11 de narzo, Gabriel Boric apoyado por el sector más izquierdista y confusa de la política chilena, hoy en plena decadencia.
Según diari digital El Mostrador la investigación penal por los convenios suscritos entre organismos públicos y fundaciones privadas dio este viernes un paso decisivo con el despacho de una orden de detención contra Alberto Larraín, cofundador de la Fundación ProCultura y principal rostro de la ONG en la arista más relevante del denominado caso Convenios en la Región Metropolitana.
Larraín fue detenido por la PDI (Policía de Investigaciones) en las afueras de su domicilio en la comuna santiaguina de Ñuñoa, donde los detectives además ingresaron para realizar diligencias que buscan esclarecer el uso de millonarios recursos públicos otorgados por el Gobierno Regional Metropolitano (Gore RM) a ProCultura para la ejecución del programa para la prevención del sucidio “Quédate”.
Durante el procedimiento, Larraín declaró al canal 24Horas: “llevamos dos años y medio en este proceso que no se ha podido esclarecer, agregó El Mostrador.
"Nosotros siempre hemos estado a la disposición de esclarecer cualquier cosa, entonces, en la medida en que podamos ayudar, bienvenido sea. La detención es parte del proceso y hay que hacer que las cosas funcionen como tienen que funcionar”.
La detención se produjo tras una solicitud del fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien encabeza la indagatoria con un equipo especializado de la Policía de Investigaciones (PDI). La orden apuntaba a asegurar la comparecencia de Larraín y avanzar en diligencias clave de una investigación que se ha mantenido bajo estricta reserva.
El persecutor indicó que “personal de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones de Chile concretó la detención de cinco personas presuntamente involucradas en ilícitos que habrían afectado al Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, con ocasión de la suscripción e implementación de un convenio con la Fundación Pro Cultura durante el año 2022”.
El fiscal Castro Bekios aseguró que “quiero destacar que la diligencia se concretó sin ningún contratiempo y que la detención y próxima formalización de los imputados marca un paso relevante en la investigación de este caso, que es de alto interés para la ciudadanía por implicar presuntas prácticas de corrupción”
Junto a Larraín, fueron detenidos María Constanza Gómez, representante legal de ProCultura; María Teresa Abusleme, exdirectora de estudios de la fundación; Evelyn Magdaleno, exjefa de la División de Desarrollo Social Humano del Gobierno Regional Metropolitano; y Gabriel Prado, pareja de Abusleme y excontratado del Gore RM para funciones de coordinación con la ONG.
De acuerdo con antecedentes del caso, las detenciones se enmarcan en la hebra vinculada al convenio suscrito entre el Gobierno Regional Metropolitano y ProCultura para la ejecución del programa de prevención del suicidio “Quédate”. Esta línea investigativa se ha consolidado como el núcleo del caso, al involucrar recursos públicos del principal gobierno regional del país y a quienes tuvieron roles directos en la formulación, ejecución y supervisión del acuerdo.
La figura de Alberto Larraín resulta central para el Ministerio Público, informó el diario digital El Mostrador". Como cofundador y uno de los principales articuladores de ProCultura, su rol es considerado clave para esclarecer cómo se diseñaron los convenios, cómo se administraron los recursos y qué responsabilidades penales podrían derivarse de su ejecución.
Aldo Díaz, abogado defensor del Gobernador Metropolitano, Claudio Orrego, señaló que: “No hemos sido notificados de ninguna gestión procesal. Sin embargo, estamos muy tranquilos. Estamos a la espera de los alegatos de la solicitud de desafuero en la Corte de Apelaciones de Santiago. Sabemos, y estamos confiados en ello, que la solicitud de desafuero será rechazada en todas sus partes por ser manifiestamente infundada y por estar mal planteada”.
Además, aseguró que esperan que las gestiones que está realizando el Ministerio Público “no sean con el fin de cambiar el destino de esa solicitud de desafuero mal planteada, sino que sea por los hallazgos de la investigación”.
Siete gobiernos regionales bajo la lupa de la Fiscalía:
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