En virtud de estas sanciones, cualquier activo de la CPI que se encuentre en Estados Unidos quedará congelado y deberá ser declarado al Departamento del Tesoro. Asimismo, los ciudadanos estadounidenses tendrán prohibido realizar cualquier transacción con la Corte.
Sin embargo, según el Departamento de Estado, las sanciones no entrarán en vigor hasta dentro de 180 días, lo que dará tiempo a que los esfuerzos diplomáticos aborden las preocupaciones de Washington sobre la CPI.
as medidas prohibirán las transacciones con el tribunal con sede en La Haya y recortarán sus recursos, con el objetivo de "paralizar" sus operaciones si no se llega a una solución, dijo el secretario de Estado Marco Rubio en un comunicado.
Rubio no especificó sus demandas, pero mencionó la necesidad de proteger al personal militar estadounidense.
Actualmente, la CPI no está investigando a ningún ciudadano estadounidense. Sin embargo, investigaciones anteriores sobre presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Afganistán también habían examinado a miembros de las fuerzas armadas estadounidenses y de la CIA. Dichas investigaciones se suspendieron hace varios años.
"El presidente Trump jamás permitirá que la Corte Penal Internacional procese a estadounidenses", decía el comunicado, describiendo a la CPI como un "tribunal deshonesto".
Rubio señaló que Estados Unidos nunca se había unido al tribunal.
"No lo necesitamos. Y no lo queremos", dijo, y agregó que tanto republicanos como demócratas habían rechazado durante décadas la idea de que la CPI pudiera procesar a ciudadanos estadounidenses, personal militar o líderes políticos.
La administración Trump ya había impuesto sanciones a 13 jueces y fiscales del tribunal.
El Departamento de Estado afirmó que había retrasado la imposición de sanciones a la propia institución con la esperanza de que el tribunal o sus Estados miembros abordaran las preocupaciones de Estados Unidos, pero ninguno de los dos había tomado medidas significativas para hacerlo.
"O la CPI cesa sus amenazas, o acabaremos nosotros con la CPI", dice el comunicado, advirtiendo que, de lo contrario, Washington continuaría su campaña para desmantelar el tribunal de crímenes de guerra "ladrillo a ladrillo".
Estas últimas medidas se producen además en medio de las tensiones surgidas por la decisión de la Corte Penal Internacional de emitir una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, bajo sospecha de crímenes de guerra en la Franja de Gaza.
CPI condena sanciones estadounidenses
La CPI condenó enérgicamente las sanciones, calificándolas de "medida sin precedentes" y de ataque al orden jurídico internacional.
"Se trata de un ataque contra el estado de derecho y contra los fundamentos mismos del orden jurídico internacional, que atenta contra el principio fundamental de que nadie está por encima de la ley", declaró el tribunal en un comunicado.
La CPI acusó a Washington de intentar "obstruir el curso de la justicia".
La Comisión Europea también expresó su preocupación por la medida adoptada por Estados Unidos y se comprometió a seguir cooperando con el tribunal para garantizar su funcionamiento eficaz.
La comisión manifestó su esperanza de entablar un diálogo con Washington, señalando que las sanciones no entrarían en vigor hasta dentro de seis meses.
El anuncio se produce tras la entrega del Premio Nobel de la Paz.
El anuncio se produjo apenas unas horas después de que la jurista sudafricana Navi Pillay, que fue jueza de la CPI entre 2003 y 2008, recibiera el Premio Nobel de la Paz.
Pillay advirtió que el premio llegaba en un momento de creciente presión sobre el derecho internacional.
"Esta realidad cada vez más grave se hace especialmente visible con los ataques contra la Corte Penal Internacional", dijo poco antes de que se anunciaran las sanciones estadounidenses.
Pillay dirigió anteriormente una comisión de la ONU que acusó a Israel de cometer genocidio en la Franja de Gaza. Rubio no la mencionó en su declaración.
En septiembre, el presidente Donald Trump instó a los países a retirarse de la Corte Penal Internacional durante un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
EL CPI es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas (ONU), creado en 1945. Su función es resolver disputas legales entre Estados y emitir opiniones consultivas para organismos de la ONU. Sus fallos son obligatorios para las partes involucradas.
Posteriormente, Alemania, los Países Bajos y otros países de la Unión Europea prometieron su pleno apoyo al tribunal.
Declaración del CPI:
- Hoy, Estados Unidos ha impuesto sanciones a la Corte Penal Internacional como institución. Esta medida sin precedentes se produce tras una serie de designaciones contra trece jueces y fiscales independientes que sirven a la causa de la justicia.
- La CPI rechaza las sanciones de EE. UU. contra la institución
- Esta medida tiene como objetivo una institución judicial independiente, creada por tratado y a la que 125 Estados Partes han encomendado la investigación y el enjuiciamiento del genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Se trata de un intento de obstaculizar el curso de la justicia e impedir que la Corte cumpla la función para la que fue creada. Es un ataque al Estado de derecho y a los propios cimientos del orden jurídico internacional, que atenta contra el principio fundamental de que nadie está por encima de la ley.
- La designación busca perturbar las operaciones de la Corte e intimidar a quienes trabajan para ella o colaboran con ella. La Corte, por su parte, no se dejará disuadir. «La Corte seguirá cumpliendo plenamente su mandato, con independencia e imparcialidad, actuando únicamente sobre la base de la ley y las pruebas, en beneficio de las innumerables víctimas de crímenes graves», declaró la presidenta de la CPI, Tomoko Akane.
- Sin embargo, la Corte no puede actuar sola. Su destino depende ahora también de los Estados que la crearon. El Estatuto de Roma es una promesa colectiva de que los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar impunes. La solidez de esa promesa depende de la determinación de quienes la formularon.
- Puede haber desafíos. Pero, junto con sus Estados Partes, la Corte ha realizado esfuerzos considerables para garantizar la continuidad y la resiliencia de sus actividades. La Corte insta a los Estados a seguir adoptando medidas concretas, incluidas aquellas destinadas a asegurar que la Corte disponga de los medios necesarios para proseguir su labor. No se trata solo de defender una institución, sino de salvaguardar el orden internacional basado en el Estado de derecho.
- Nadie debería ser sancionado por servir a la causa de la justicia. La historia juzgará este momento. Las generaciones futuras, y sobre todo las víctimas de atrocidades masivas, preguntarán cómo respondimos cuando una institución creada para protegerlas fue objeto de ataques. Se preguntarán si el Tribunal se mantuvo firme y si la comunidad internacional defendió los principios que proclamó o permitió que fueran abandonados bajo presión.
