KRADIARIO

Violencia policial

¿QUIÉN FRENA A LA POLICÍA?
Por René Saffirio

Niños desnudados, jóvenes golpeados por pies, puños y cascos policiales, adolescentes tirados en el piso apuntados por un arma de fuego empuñada por un carabinero. Niños mapuches arrastrados por el suelo, con perdigones en el rostro disparados a corta distancia. Mujeres adolescentes sufriendo abusos de connotación sexual.

Hechos que, tal como lo advertimos, han traspasado las fronteras, instalando a Chile en un lugar deplorable en materia de violaciones a los Derechos Humanos y, lo que es más grave aún, en la vulneración de los derechos esenciales de los niños y menores de edad , ratificados por la ONU y por nuestro país; sí, aunque suene paradójico. Las denuncias de vejaciones y abusos en cuarteles y vehículos policiales a jóvenes estudiantes, menores de edad, se han incrementado en el último tiempo y ya forman parte de los titulares de medios de comunicación extranjeros.

Un artículo publicado por el diario estadounidense The New York Times, que incluye la labor que realizan en nuestro país los Observadores de Derechos Humanos en las movilizaciones, revela una situación que, lamentablemente, nuestros propios medios ignoran. Se habla de tortura y de hechos que avergüenzan, especialmente porque se trata de una represión efectuada por funcionarios de una Institución que, se supone, debe proteger a los ciudadanos, y con especial dedicación, a los niños y adolescentes.

Las denuncias, que ya se encuentran en poder del Alto Mando de Carabineros, incluyen desnudez forzada, insultos, tocaciones indebidas en carros policiales y comisarías, golpes y amenazas por parte de Carabineros, generándose un tenebroso escenario de violencia sexual de agentes del Estado chileno contra estudiantes de diversos establecimientos educacionales del país. Y si ninguna autoridad pone freno, ¿quién controla, entonces, a Carabineros?

Desde la Cámara de Diputados hemos pedido insistentemente al Gobierno que ordene a las fuerzas policiales, que se detengan estos atropellos que han incluido violencia contra mujeres, la que ha sido condenada por agrupaciones ciudadanas, vecinales, sindicatos y colegios profesionales.

Si los oficios de fiscalización de la Cámara de Diputados no se responden, si la autoridad no pone freno a estos hechos, ¿cómo se puede pedir diálogo y paz social?

Paralelamente a estos hechos de brutal represión, el Gobierno pide que se apruebe la llamada Ley Hinzpeter, que no es otra cosa que la criminalización de las manifestaciones sociales y la instalación de la “mano dura” como política de Estado para enfrentar el descontento ciudadano, especialmente el que proviene del mundo estudiantil, indígena y de las regiones. No tendrán mi voto e intentaré persuadir a otros Diputados para que se actúe con coherencia entre el discurso y la praxis en materia de DD.HH.

En este contexto, resulta urgente que el Gobierno reaccione y que exija a Carabineros ajustar sus acciones a protocolos compatibles con los estándares internacionales de Derechos Humanos, los que, por lo demás, deben ser públicos y conocidos por la ciudadanía. Si no fuera por la labor de los Observadores de Derechos Humanos y los medios de comunicación alternativos y las redes sociales, difícilmente sabríamos que estos hechos ocurren, pues, lamentablemente, no forman parte de la agenda de noticias de los principales medios, al menos no con la relevancia que debieran ser informados.

Seguiremos insistiendo con las denuncias y mientras en la Cámara se gestiona la solicitud para una Comisión Investigadora, esperamos que la responsabilidad frente a estos hechos se asuma por quienes están al mando y especialmente por las máximas autoridades del país; de lo contrario, el recuerdo de los tiempos más oscuros y lamentables de nuestra historia podría ser nuevamente una siniestra realidad.

Les recuerdo que ya alguna vez escuchamos repetidamente una frase siniestra: “Esas cosas no ocurren en Chile”.