KRADIARIO

Educación-Beyer

HARALD BEYER SE QUISO PASAR DE LISTO

Por Patricio Herman

En razón a que no se producían avances respecto del término del lucro en las universidades privadas, asunto denunciado hace años por la periodista María Olivia Monckeberg y reiterado posteriormente por los movimientos estudiantiles, el 13 de julio de 2012 le solicitamos por escrito al ministro de Educación, conforme a la Ley Nº20.285, de Transparencia, los nombres y RUT de todas las universidades privadas constituidas como fundaciones y corporaciones de derecho privado sin fines de lucro y las razones sociales y RUT de las empresas y sociedades de todo tipo relacionadas con las anteriores.

Como el ministro Beyer no contestó en el plazo legal establecido, un mes después, el 13 de agosto de 2012, tuvimos que recurrir de amparo ante el Consejo para la Transparencia y enseguida el ministerio de Educación solicitó una ampliación del plazo para responder, lo que a esta fecha no sucede.

Ahora bien, la semana pasada Beyer dio a conocer un informe sobre el conjunto de las universidades, es decir, las tradicionales y las privadas constituidas después de 1980, mediante el DFL Nº 1, como fundaciones y después de 1990, a través de la LOCE, organizadas como corporaciones : hábilmente las metió a todas en un mismo saco.

Para posibilitarse el ardid del lucro se sustrajo del ministerio de Justicia y del CDE la supervigilancia y control de esas fundaciones y corporaciones, personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, traspasándose esa responsabilidad a través de los cuerpos legales DFL Nº 1 y LOCE al ministerio de Educación, órgano del Estado que empezó a autorizar que esas fundaciones y corporaciones tuvieran como socios a empresas comerciales, con lo cual éstas podían designar en los directorios de esas universidades privadas a sus representantes y además prestarles servicios, cuyas tarifas eran fijadas discrecionalmente por ellos mismos.

Y aquí está la trampa, ya que esas universidades son simples instrumentos de papel para rentabilizar el capital invertido por las sociedades comerciales relacionadas con ellas.

En su distorsionado y pulcro documento Beyer estableció que de 59 universidades, 53 reconocieron relaciones con empresas, digamos mejor con personas jurídicas con y sin fines de lucro, pero leyendo ese papel se concluye que hay una gran diferencia entre las relacionadas con las universidades del Consejo de Rectores (CRUCH) y las relacionadas con las puramente privadas, lo que ha sido criticado por algunas universidades tradicionales y por aquellos actores que buscan la verdad para normalizar el desarrollo de la educación superior.

Recordemos que recientemente el académico Patricio Basso renunció a su cargo de secretario general de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), justamente porque el Mineduc no fiscalizaba a las privadas cuyos socios, a través de ardides, lucraban retirando utilidades a diestra y siniestra.

Quien suscribe esta columna considera muy distractivo el informe del ministro, quien en un presunto afán de transparencia hasta llegó a proponer una regulación para los contratos entre las universidades y empresas relacionadas con ellas.

También aseguró que él es el primer ministro de Educación que haya entregado esta información, lo que es efectivo, pero por tratar de meter un gol a la opinión pública su documento carece de todo valor.

Ya que todas las universidades privadas existentes en Chile son fundaciones o corporaciones, regidas por el Código Civil, sería necesario que volvieran a ser fiscalizadas por el CDE y el ministerio de Justicia y que sus socios, miembros de cada Directorio, no reciban remuneraciones y que sean exclusivamente personas jurídicas sin fines de lucro, quitándole toda tuición sobre las mismas al astuto y travieso Ministerio de Educación.

Ahora si el gobierno desea que exista lucro en la explotación del negocio de la educación superior, perfectamente sería posible a través de sociedades comerciales llamadas universidades.

Hay un creciente mercado para estas asociaciones mercantiles ya que, por lo menos, en las comunas del sector oriente de Santiago hay miles de sofisticados y excelentes alumnos cota 1.000, cuyos benevolentes padres gustosamente pagarían millonarios aranceles para asegurarles ventajas competitivas a sus hijos para que así ingresen más fácilmente al mercado del trabajo.

Pero está claro que estas eventuales y futuras sociedades, que podrían ser anónimas,cuyas acciones se deberían transar libremente en la Bolsa de Comercio, por ningún motivo recibirían subsidios ni franquicias tributarias, ni menos el CAE (Crédito con Aval del Estado).

En conclusión, podrían existir verdaderas universidades privadas sin fines de lucro para la gran mayoría del universo de estudiantes, con todos las ayudas públicas que los especialistas determinen para ellas y en paralelo universidades privadas con fines de lucro, como hay en otros países, para aquellos retoños de quienes detentan el poder económico en nuestro querido y desigual país.