KRADIARIO

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL GOBIERNO DE PIÑERA

Por Patricio Herman (*)

En Chile, país del doble estándar y de las apariencias para que la comunidad internacional crea que nuestra institucionalidad es seria, los distintos gobiernos hablan con fruición de que existe participación ciudadana en la gestación y elaboración de las políticas públicas y el drama, que está a la vista, es que un alto porcentaje de la gente que vota cada cuatro años por los mismos de siempre (duopolio Alianza-Concertación) ingenuamente así lo cree.

Ahora bien, siempre nos ha llamado profundamente la atención que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) se autodenomine en su segunda acepción con el vocablo “urbanismo”, en circunstancias que desde que está vigente este servicio público (1965), salvo en los períodos de los gobiernos de Frei Montalva y Allende, nunca ese ministerio ha tenido mayores inquietudes para que en nuestras ciudades exista una verdadera planificación urbana al estilo de los países del hemisferio norte.

Pero aparentemente estamos ante un milagro, ya que el Minvu de la actual Administración reconoce esta falencia y por ello está tomando cartas en el asunto para solucionar esta situación. Ese ministerio se ha propuesto reformular cuerpos legales y reglamentarios para buscar una mejor administración y ocupación de los suelos, lo que se hace indispensable en un país que se dice formal y que, por ello logró, después de mucho bregar, que la conspicua OCDE lo admitiera en su seno.

Si Piñera es coherente con los sanos propósitos de su ministro Pérez, tenemos la certeza que el gobierno adoptará las mejores decisiones para que, en el ámbito de las ciudades, las cosas se empiecen a hacer con criterios de planificación urbana, por lo tanto dejando atrás la improvisación y el inveterado sesgo pro empresarial que ha tenido el Minvu. En tal sentido, nuestro colectivo ciudadano, con otros actores preocupados por el desarrollo de las ciudades, fue invitado por el ministro Rodrigo Pérez, a la primera sesión del Consejo de la Sociedad Civil de ese ministerio, realizada el lunes 20 de agosto pasado en las amplias dependencias del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.

Escuchamos con suma atención al ministro y a la arquitecta Pilar Jiménez, jefa de la División de Desarrollo Urbano, quienes expresaron con convicción y claridad que una de las preocupaciones principales del gobierno del presidente Piñera es establecer las bases para que en Chile exista una efectiva política de desarrollo urbano sustentable, lo cual fue aplaudido por todos aquellos que fuimos invitados a esa reunión.

Entre otras cosas, el ministro expresó que en Chile existen solo leyes que regulan el crecimiento y transformación de las ciudades. Nos recordó que en la dictadura, claro que él no usó esta discutida palabra, se hicieron dos contradictorios intentos para establecer políticas urbanas, a saber:

En 1979 se sostenía que el recurso suelo no era escaso, que se definía por su mayor rentabilidad y con mínima intervención estatal. En 1985, en un documento oficial de 6 páginas, se planteaba que el suelo era económicamente escaso, su uso debía propender al bien común y que era necesario diferenciar el territorio en urbano y rural. Estos papelitos fueron botados al tacho de la basura en noviembre de 2000, bajo la regencia de Ricardo Lagos, presidente que fue sumamente amado por las grandes organizaciones empresariales, tal como se aseguró en alguna ocasión.

Pues bien, en esa primera sesión se trató el Análisis de una Metodología de Participación Ciudadana en la Nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano y varios de los asistentes propusieron ciertas ideas de forma y fondo para llegar más adelante a una positiva conclusión en esta interesante nueva política pública.

Entre otras cosas, en esa instancia participativa, se le propuso al ministro posponer el inicuo proyecto de expansión urbana PRMS-100, aprobado a la fuerza por el Consejo Regional (CORE) Metropolitano y rechazado en dos ocasiones por la Contraloría General de la República. Ello, con el propósito de que esa discutida iniciativa de cambios de usos de suelo se enmarque en los lineamientos generales de la nueva política nacional de desarrollo urbano que se implementará en nuestro país.

Lo inmediatamente precedente sería muy necesario a la luz del Informe del Programa para Asentamientos Humanos de la ONU realizado en Río de Janeiro, Brasil, que en lo sustancial expresa : “La falta de planificación y la debilidad de las políticas urbanas han causado la expansión de las ciudades con modelos poco sostenibles”. “ Es ridículo seguir proponiendo modelos urbanos (……) con grandes programas habitacionales en enormes áreas (alejadas) cuando la ventaja de las ciudades es la concentración de ciudadanos, de infraestructura y de servicios (……) no necesitamos más tierra” (Erik Vittrup; experto ONU-Habitat).

Por lo demás, debemos tener presente que el discutido PRMS-100 no ha sido sometido a la necesaria Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), tal como lo ordena la actual legislación ambiental, proceso que considera la participación ciudadana no ejercida en el trámite de la expansión urbana rechazada fundadamente por todas las organizaciones civiles y por el propio Colegio de Arquitectos de Chile, cuyo presidente también intervino en esa primera Sesión de la Sociedad Civil del 20 de agosto pasado.

Si Piñera es coherente con los sanos propósitos de su ministro Pérez, tenemos la certeza que el gobierno adoptará las mejores decisiones para que, en el ámbito de las ciudades, las cosas se empiecen a hacer con criterios de planificación urbana, por lo tanto dejando atrás la improvisación y el inveterado sesgo pro empresarial que ha tenido el Minvu, ya que de esta manera, conociéndose la morfología de los territorios, todos los habitantes de las ciudades ganaremos en el mediano y largo plazo.

(*) Presidente de la Fundación Defendamos La Ciudad.