KRADIARIO

PIÑERA FAVORECIÓ A PITRONELLO TRAS  MODIFICACAR LEY ANTITERRORISTA  POR  HUELGA DE HAMBRE MAPUCHE

Por Walter Krohne

Parece curioso  que cada vez que se intenta recurrir a la Ley Antiterrorista en Chile debe ser modificada porque la versión vigente no es lo suficientemente clara para los jueces o inadecuada para el momento político que se vive.  Ya pasó en el año 2010, en plena huelga de hambre de un grupo de comuneros mapuches, donde prácticamente hubo que “acomodar” la Ley a las circunstancias que se vivían en ese momento para evitar que el ayuno continuara y terminara con uno o más comuneros muertos, lo que hubiese sido políticamente un desastre para un Gobierno que recién comenzaba.

Entonces el Presidente Sebastián Piñera, en una maratónica carrera legislativa, cuando los ayunantes estaban ya deteriorados fisica y mentalmente, introdujo cambios que invirtieron "la carga de la prueba" respecto de la Ley original, quedando un texto que ya no presumía la intención de generar temor por el mero hecho de usar una bomba,  sino que requería para ello ser demostrado con pruebas contundentes de parte de los acusadores.

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Antes, desde la creación de la Ley 18.314 bajo Pinochet y después con las leyes Cumplido en 1991, se mantuvo siempre un vínculo estrecho entre el uso de explosivos y el carácter terrorista de una acción de esta naturaleza.

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Hoy, tras el caso de Luciano Pitronello, a quien le explotó una bomba cuando intentaba colocarla en un cajero de una sucursal bancaria en Santiago, que le arrancó una mano y varios dedos de la otra, se ha podido comprobar que la modificación de Piñera, aprobada en ambas Cámaras tanto por el oficialismo como por la oposición,  fue mal planteada,  porque en el fondo el texto quedó diciendo que no bastaba sólo con poseer una bomba para demostrar ante un tribunal que se estaba frente a una acción terrorista, como ocurrió en el caso  Pitronello.

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Esta situación dejó a los jueces frente a un proceso que terminó con una pena mínima, mucho menor que si hubiese sido condenado por robar ropa tendida en un patio trasero de una casa, como acaba de ocurrir en el norte del país en que el acusado fue condenado a cinco años y un día de cárcel efectiva.

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Todos los entendidos y afectados miraron en forma crítica a los jueces y también a los fiscales que no pudieron demostrar, con pruebas fehacientes, que Pitronello era un terrorista, como quería el Gobierno. Las pruebas débiles no llevaron la causa a ningún puerto y Pitronello en fallo dividido, fue condenado el miércoles a cumplir una pena de tres años y un día por el porte de un artefacto explosivo, ocurrido en junio de 2011. Antes,  el  tribunal había desechado aplicar la Ley Antiterrorista que le hubiese significado una condena mayor y, además, conmutó la pena a seis años de libertad vigilada.

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La decisión de los jueces fue cuestionada por el gobierno que expresó de inmediato su intención de   presentar un recurso de nulidad para revertir la pena, mientras que en la oposición apuntaron a que el cambio en la legislación fue lo que permitió que los actos de Pitronello no fuesen juzgados como delitos terroristas y en la Alianza surgieron voces a favor de revisar la ley. El vocero del Gobierno Andrés Chadwick, cuya misión siempre es proteger la imagen de Piñera, dijo que era un problema de interpretación judicial, “que es lo que nosotros vamos a buscar que pueda ser modificada con los recursos que presentaremos ante los tribunales superiores”. Exactamente, ni más ni menos, de interpretación judicial, que es lo que hicieron los jueces basándose en el actual texto de la Ley.

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El senador oficialista Jovino Novoa (UDI) dio en el clavo al comentar el tema expresando que consideraba "negativo" realizar nuevamente una modificación de la Ley porque “más que reponer una norma específica, yo lo que haría sería hacer una evaluación de los efectos que tuvo la reforma de 2010, porque esa reforma se aprobó bajo presión: había una huelga de hambre y una situación compleja”. A esta opinión se agregó que un grupo de diputados RN ingresó sorpresivamente  esta semana un proyecto que busca considerar como delitos terroristas, además de la colocación de bombas, su diseño, fabricación y/o transporte.

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El tema legislativo es complejo en Chile porque los textos de las leyes son poco claros y a veces también confusos, lo que no facilita para nada la labor del poder judicial, al que se critica a veces sin razón alguna. Esto produce conflictos y roces graves entre dos Poderes del Estado, los  que atentan contra la Constitución que garantiza la independencia del Poder Judicial, como dijo hoy el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados Leopoldo Llanos.