KRADIARIO

PUNTOS DE VISTA: REFORMA POLÍTICO-INSTITUCIONAL

Por Ignacio Walker (*)

En un taller de macroeconomía con profesores y estudiantes de la Universidad de Chile sostuve que había sido un gran logro, como país, haber alcanzado la estabilidad macroeconómica. Agregué que, desgraciadamente, no podía decir lo mismo de la estabilidad macropolítica, y que los mercados y las fuerzas económicas no actúan en un vacío político-institucional.

Tenemos un déficit democrático que tiene mucho que ver con un déficit de legitimidad y de representación de nuestras instituciones políticas. Lo que tenemos es una Constitución que carece de una legitimidad suficiente, y un sistema electoral binominal que conduce a una democracia empatada, en que la mayoría vale lo mismo que la minoría. Si la democracia es el gobierno de la mayoría, lo que tenemos en Chile es un veto permanente de la minoría.

Que una Constitución carezca de una legitimidad suficiente significa que no hemos llegado a sentirla como "nuestra", en primera persona plural, como nación. Codelco es una empresa que podemos sentir como nuestra. Sin embargo, no hemos llegado a sentir como nuestra nada menos que la Constitución Política del Estado. Con la reforma constitucional de 2005, en un proceso que habíamos iniciado con las 54 reformas plebiscitadas en 1989, creímos que podíamos hablar de una nueva Constitución. Sin embargo, no fue percibido así. Se sigue pensando que estamos frente a la Constitución de 1980, reformada bajo los gobiernos de la Concertación.

Todavía está pendiente la tarea de dar cumplimiento al "Acuerdo Nacional hacia la Plena Democracia" suscrito, a instancias del cardenal Juan Francisco Fresno, por diversos sectores de la vida nacional, en 1985. Bástenos con señalar, sólo como botón de muestra, que nos tomó 15 años, desde la recuperación de la democracia, eliminar la institución de los senadores designados (2005). Y suma y sigue. Más que un traje a la medida, la Constitución que nos rige muchas veces es percibida como una camisa de fuerza.

Llegó el momento de la reforma político-institucional. Hace exactamente un año, cinco parlamentarios de la DC les entregamos una completa propuesta sobre reforma político-institucional a los ministros políticos del Gobierno (hasta el día de hoy no hemos tenido una respuesta). En enero suscribimos un importante acuerdo entre RN y la DC, sobre un "Nuevo Régimen Político para Chile" (ver texto del documento en nota separada). Ahí están muchos de los elementos que faltan para hacer frente a los problemas de legitimidad y representación de nuestras instituciones políticas: un mayor equilibrio entre los poderes del ejecutivo y del legislativo, la sustitución del sistema electoral binominal por uno de representación proporcional moderado, diversas normas sobre calidad de la política (democracia interna, primarias, financiamiento público) y descentralización (sustitución, por ejemplo, de los intendentes por gobernadores regionales elegidos democráticamente).

Frente a las dificultades de llevar a la práctica dicho acuerdo, me permití sugerir, en el taller sobre macroeconomía aquél, que de persistir el boqueo parlamentario en materia de reforma político-institucional, yo estaba abierto a considerar otras vías institucionales, incluida la posibilidad de una asamblea constituyente.

Dudo que exista alguien en Chile que haya escrito tanto contra la democracia plebiscitaria (ver mi libro "La Democracia en América Latina", Cieplan-Uqbar, 2009), pero en política hay que dar un cauce de expresión institucional a las demandas ciudadanas porque de lo contrario sobreviene lo que Samuel Huntington llama el "desborde institucional", llegando al extremo del "pretorianismo de masas". Si queremos evitar que la política se traslade a la calle, tenemos que ser capaces de conducir y de procesar pacíficamente los conflictos sociales. Ese es el papel de las instituciones y de lo que yo mismo he denominado, en el libro señalado, "democracia de instituciones", como sinónimo de una auténtica democracia representativa.

Sólo diré una cosa en relación con las asambleas constituyentes, frente a las expresiones destempladas de algunos: la Constitución francesa, de 1946, y la italiana, de 1947, surgieron de una asamblea constituyente (esta última perdura hasta el día de hoy). La Constitución española (1978), bajo una monarquía constitucional, fue producto de una asamblea constituyente, en la medida que se dotó de poderes constituyentes a las cortes. Para qué hablar de Venezuela y de Bolivia, en América del Sur, cuando tenemos los ejemplos de las asambleas constituyentes del Perú (1979), Brasil (1988) y Colombia (1991).

Hay que dejar de lado las reacciones destempladas, al borde de la histeria y al margen de la realidad histórica, y pasar a un debate serio y reflexivo que nos permita, al interior de un amplio consenso, resolver el talón de Aquiles del "modelo" chileno, que no está en la economía, sino en la política (la economía está bien, la política está mal, muy mal). Llegó el momento de hacerse cargo del déficit de legitimidad y representación de nuestras instituciones políticas.

(*) - Senador y Presidente de la DC-emol