AL FIN, SE FUE
Nuevamente, un Informe de la Contraloría General de la
República (CGR) descoloca a la autoridad de gobierno y, otra vez, en el centro
del cuestionamiento se instala la decisión del ahora ex Director del Servicio
de Impuestos Internos de proceder a la condonación de la deuda de la empresa
Johnson que facilitara su adquisición por el mega conglomerado del retail,
Cencosud.
Una resolución que burló el ingreso a las arcas fiscales
de más de 59.000 millones de pesos de entonces. Es decir, una cuantiosa
transferencia de capital enteramente inexplicable e inaceptable, una verdadera
donación no a una Pyme o a un sector estratégico de la economía que así lo
requiera, sino que para financiar un aumento de la concentración de la riqueza
y la propiedad y, en consecuencia, la instalación de un nuevo peldaño en la
desigualdad que afecta el país.
He escuchado a parlamentarios oficialistas, estrechamente
vinculados a la derecha económica, que han defendido porfiadamente lo obrado
por el renunciado Director. Sin embargo, lo señalado por la CGR anula sus
argumentos.
La obligación de “abstención” no se observó. Sus
compromisos previos al ejercicio de su cargo así lo exigían. Esto obedece a los
vasos vinculantes entre grupos corporativos que se han desplazado desde las
consultoras privadas, asesoras de los mega consorcios, especializadas en
recomendaciones que les reduzcan la carga tributaria, hacia el sector público,
exactamente “al otro lado” del mesón.
Estos “bufetes” de fiscalizados pasaron a ser
fiscalizadores. En la teoría económica, se habla elegantemente de la captura
del regulador por el regulado. En este caso, desde una afamada consultora
experta en “auditorías” se saltó a las más altas responsabilidades en Impuestos
Internos. El resultado es el ya conocido por el país, pérdida neta de recursos
fiscales y un daño invaluable a la institucionalidad pública.
Por sostener estos criterios recibí airados improperios
desde la derecha, en el Senado de la República, hace algunas semanas.
La situación expuesta, ha sido el permanente talón de
Aquiles de la administración Piñera en materia de asuntos financieros, el
conflicto de interés, la sombra persistente del interés económico privado que
se mueve con el propósito de atrapar las instancias de fiscalización o
regulación sobre las que recaen las atribuciones necesarias para cautelar el
interés común.
Ese oneroso e incierto campo de fines que se contraponen,
entre lo público y lo privado, se constituye definitivamente como uno de los
mayores lastres del gobierno de la derecha.
Las mismas voces oficialistas se afanaron en insistir que
estos “fichajes” están hechos con gente de “excelencia”, incluso, con cierta
exageración llegaron a decir que se atenta en contra de su derecho al trabajo.
Curioso alegato. Estos ejecutivos son parte de una red de intereses, que está
tan tupida y extendida que la cesantía no entra en el cálculo individual de
quienes componen esta tela de araña.
No obstante, en mi ánimo no existe la menor intención de
lesionar el prestigio de estas personas. Se trata, simplemente, de cerrar el
paso a la fuerte capacidad que tienen estos círculos densos y poderosos de
penetrar el Estado para manipularlo en función del afán de lucro que les anima.
En el caso Johnson la derecha alega que la quiebra era lo
peor, pero resulta evidente que ese argumento se levanta sobre la marcha, ante
la ilegitimidad del acto de favoritismo que se dictaminó y que conllevaba
inequívocamente el traslado de dichos activos al control predestinado de
antemano, cuyas ansias estaban desatadas.
No era para menos, su valor patrimonial se incrementó de
inmediato en más de dos mil millones de dólares, fue un golpe bursátil
facilitado por la propia autoridad económica. En consecuencia, desde el punto
de vista del interés general de la nación fue una decisión absolutamente
insostenible.
Consciente de esta realidad ha sido el mismo Presidente
de la República quien se apresuró a señalar en entrevista pública que él no
estaba informado de la situación.
Entonces, ¿por qué la autoridad cuestionada siguió tanto
tiempo en sus funciones?, al final fue como una pera madura que cayó por sí
misma, sin nada que la pudiera sostener. Es en este punto donde radica la
incapacidad gubernativa, en su ineptitud para resolver los conflictos de
interés.
En el debate parlamentario fui duramente agredido en lo
verbal por afirmar que la destitución del ex Director era inevitable. Ahora que
ya se fue, seguro que nadie será capaz de dar las excusas del caso.
