CIPER.
Hace casi dos meses que 33 mineros permanecen atrapados en la mina San José de Copiapó. Su rescate ha movilizado a todo el país y en él se han invertido millones de dólares. Manuel Martínez Vega no tuvo la misma suerte. Sólo cinco días después del derrumbe que lo dejó atrapado 300 metros bajo tierra en una mina de Antofagasta, las autoridades decretaron que estaba muerto, aunque su pareja confiaba en lo contrario. El cuerpo de Martínez cumplirá dos años sepultado bajo toneladas de roca. Trabajaba en una mina que tenía prohibido operar por falta de seguridad. El responsable de las faenas sólo fue multado, no hubo sanción penal, y menos de un año después fue autorizado para explotar otro yacimiento, el mismo que usaba de pantalla para vender el mineral del pique donde yace Martínez. Nada ni nadie obliga a sacarlo de ahí.
Desde entonces su cuerpo permanece sepultado y es muy seguro que siga así por siempre. Nadie se hace cargo de su rescate. Nadie ni nada obliga a sacarlo de ahí.
Su caso no es muy distinto al de los 33 mineros de la mina San José de Copiapó. Martínez Vega quedó atrapado en una zona de muy difícil acceso. Su rescate era costoso y de alto riesgo para los brigadistas, más aún considerando que el yacimiento acarreaba una serie de incumplimientos en seguridad. Sin ir más lejos, en 2006 había sido clausurado pero dos años después igualmente seguía operando sin las autorizaciones correspondientes. Eso no siempre es un inconveniente insalvable en el rubro. En el caso de la mina Juanita había un empresario responsable de las faenas que incluso, por medio de otro yacimiento vecino a su cargo, vendía la producción a la estatal Empresa Nacional de Minería, Enami.
La gran diferencia con los 33 mineros de Copiapó es la atención que demandó el minero de Antofagasta. En su momento sólo los medios regionales se ocuparon con persistencia de la tragedia. El operativo de rescate fue seguido con interés. Pero cinco días después del accidente, una vez que las autoridades de la región decretaron la muerte al minero, fue quedando en el olvido.
El mes próximo se cumplen dos años desde que Manuel Martínez Vega quedara atrapado en un pique de Antofagasta. Tiempo más que suficiente para tener certeza de su muerte. Qué apuro puede haber entonces para sacarlo de ahí.
La relación familiar
Manuel Martínez Vega y Rosala Thomson tenían una relación de trece años, pero nunca se casaron. Por eso ella no pudo hacerse parte de la investigación del Ministerio Público.
Al teléfono desde Antofagasta, su hija Ingrid Alday se queja de que ni siquiera le han permitido revisar las diligencias seguidas por la fiscalía regional de Antofagasta. También se queja de un absurdo: como legalmente Martínez Vega sigue perteneciendo al mundo de los vivos, hay una serie de deudas contraídas en conjunto con su pareja que ésta se ha visto obligada a solventar.
–Mi mamá no recibió finiquito, indemnización ni nada –dice la hija de la pareja del minero–. Pero a estas alturas lo que más nos interesa es que lo rescaten para tener paz y poder sepultarlo como se debe, dice.
