Este es el texto completo de la propuesta de Indulto Bicentenario que la Iglesia Católica le hizo entrega hoy al Presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera:
Chile, una mesa para todos en el Bicentenario
Autor: El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile
I.- UN SIGNO DE CLEMENCIA
Como ciudadanos y pastores queremos comprometernos con los esfuerzos de nuestro país por la paz: tanto por la paz que se abre espacio en nuestros corazones, como por aquella que anhelamos para las familias y todos los habitantes de nuestra Patria. Sabemos que la paz es obra de la justicia, pero estamos convencidos que también contribuyen a ella el perdón y la misericordia.
Por eso tenemos que seguir avanzando, como país, por los caminos de la justicia social, aquella que se construye sobre los derechos humanos y cuya alma es la dignidad del hombre y de la mujer, de la familia y de los niños, de los jóvenes y los ancianos. No escatimemos esfuerzos ni medios en la conquista de la seguridad y la paz ciudadanas. Apoyemos decididamente el trabajo de los tres Poderes del Estado en su lucha contra la delincuencia.
Pero para construir la paz, también debemos recurrir a la clemencia y al perdón. Por eso, en el contexto del Bicentenario, apreciando la libertad que otorga el Estado de Derecho, los pastores de la Iglesia Católica queremos ofrecer una nueva colaboración, a nuestro parecer necesaria, en el ámbito de los derechos humanos. Nos referimos a los derechos fundamentales de quienes han sido condenados, y a un indulto que nuestra sociedad puede conceder como expresión de la actitud humana y enaltecedora que construye la paz ciudadana y ayuda a la reconciliación.
Con ese objetivo, en el mes de agosto de 2009, los miembros del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile, presentamos a la Excma. Señora Presidenta de la República, Dra. Michelle Bachelet, y en el mes de abril del presente año, a Su Excelencia el Presidente de Chile, don Sebastián Piñera, una reflexión titulada «Misericordia y clemencia: signos del Bicentenario. Petición de la Iglesia Católica de Chile». En ese documento expusimos los fundamentos para un posible indulto, precedidos de una introducción acerca del sentido del Bicentenario de Chile, celebrado en el hoy de nuestra historia, haciendo memoria agradecida del pasado y asumiendo compromisos que lo proyecten hacia el futuro.
Citando al Papa Juan Pablo II, señalamos que nuestro jubileo del Bicentenario quiere tener un significado positivo. «Al igual que la misericordia de Dios, siempre nueva en sus formas, abre nuevas posibilidades de crecimiento en el bien, celebrar el Jubileo significa también esforzarse en crear nuevas ocasiones de recuperación para cada situación personal y social, aunque aparentemente parezca irremediablemente comprometida» («Mensaje Jubileo en las cárceles», nº 4).
En nuestro mensaje, con el aval de tantos hombres y mujeres creyentes que acompañan a quienes han delinquido, recordábamos que el Papa nos advertía que abstenerse de acciones promocionales en favor del recluso significaría reducir la prisión a una suerte de venganza social.
II- EL HORIZONTE DE NUESTRA PETICIÓN DE INDULTO
Los creyentes en Cristo recordamos que Él ha inaugurado una historia basada no sobre la indiferencia, ni sobre la venganza, ni menos sobre la guerra, sino sobre el amor hasta el extremo del perdón. Quisiéramos que esta historia, respetando el sentido de la justicia, alcance a las personas que están encarceladas.
Por ello, quisimos compartir las siguientes reflexiones para solicitar a las autoridades del país, con ocasión del Bicentenario, un indulto a personas privadas de libertad. Los recordamos brevemente:
1. El País del Bicentenario quiere ser un país desarrollado, por lo mismo, reflexionemos acerca de un sistema penal y carcelario más humano. Como la delincuencia es una preocupación constante de la ciudadanía, queremos promover aquellos valores y aquella forma de convivencia que la evitan. Entre ellos, debemos procurar la rehabilitación y reinserción social de quienes han causado quiebres y daños en la sociedad por sus crímenes y delitos. En contraste con este propósito, muchos recintos carcelarios no procuran oportunidades verdaderas y suficientes de rehabilitación a los internos, incluso las nuevas cárceles. Por el contrario, sabemos que con frecuencia los recintos penales son un hábitat más violento y deshumanizante que aquéllos que favorecieron el desarrollo de la delincuencia. Tales ambientes, tampoco propician la conversión interior ni los deseos de cambio en las personas. «La cárcel -decía Juan Pablo II- no debe ser un lugar de deseducación, de ocio y tal vez de vicio, sino de redención» («Mensaje Jubileo en las cárceles», nº 7).
2. Prestémosles atención a los internos más débiles, a los que están gravemente enfermos o son adultos mayores. Para ello valoremos en su integridad los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida, cuya conciencia es progresiva en nuestra Patria, pero aún insuficiente. Es imprescindible defender la vida, sobre todo la vida indefensa, ante quienes la amenazan; crear condiciones favorables para que se viva y se trabaje conforme a la dignidad humana, y prestar especial atención a quienes, por estar en prisión, ven vulnerados sus derechos a una atención sanitaria apropiada o, incluso, a una muerte digna. Decíamos entonces que «la celebración del Bicentenario de la Patria puede ser un momento privilegiado para ejercer nuestra misericordia subsanando posibles distorsiones del sistema de justicia. En este contexto, comprendemos el enorme valor que tendría un gesto de clemencia hacia quienes, dentro del cumplimiento de sus penas, llevan un sufrimiento aún mayor a causa de su edad, salud y soledad».
3. Trabajemos para una promoción integral de los reclusos. En efecto, recordábamos que «si un sistema penitenciario busca sancionar un mal cometido con un castigo proporcional y, a la vez, rehabilitar al agresor para que se transforme en un bien para la sociedad, resultaría incomprensible no considerar acciones promocionales a favor del recluso. La prisión no tiene solamente un fin reivindicativo. En la legislación se contemplan rebajas de pena y estímulos para quienes, dentro de la normativa, demuestran un comportamiento apropiado y, pese a las dificultades y falta de oportunidades, cumplen con lo requerido por el sistema penal».
Por eso, en nuestra reflexión hacíamos un llamado:
a)- A quienes tienen el conocimiento técnico y las facultades pertinentes, a promover integralmente la rehabilitación y reinserción de aquellos que, a pesar de sus condiciones vitales, muchas veces indignas, quieren salir del círculo de la delincuencia y la marginación del que hoy son parte.
b)- A resolver definitivamente el drama de las cárceles de Chile: el estado estructural de un gran número de recintos penitenciarios, la superpoblación de los internos, las tensiones de convivencia marcadas por la agresividad y el temor, la discriminación y las luchas de poder, las dificultades y los conflictos que deben enfrentar quienes custodian a los internos, cuya magnitud la gran mayoría de los chilenos y chilenas desconocen.
c)- A generar programas de acompañamiento hacia quienes salen de prisión y que muchas veces no descubren otro horizonte que la reincidencia, debido a la falta de oportunidades y al estigma que tienen que cargar.
4. Como comunidad eclesial estamos empeñados en que el Chile del Bicentenario se convierta, de verdad, en una «Mesa para todos»: mesa del pan, del trabajo, de la fraternidad, de la libertad, de la equidad, del respeto por la dignidad de cada cual. Este propósito nos obliga a fijarnos en quienes no están gozando de la mesa común, ya sea por los efectos del terremoto, por carecer de empleo, por vivir en la pobreza extrema, o bien, por ser jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Todos tienen derecho a un puesto de honor en la mesa de todos. Entre quienes no son acogidos en la mesa de todos, están aquellos que llaman nuestra atención por estar privados de libertad.
Pedir un indulto que los beneficie, no es contrario al apoyo que damos al compromiso de las autoridades del país, que quieran velar por nuestra seguridad, luchando para que la delincuencia y el narcotráfico, con su alta cuota de violencia y muerte, no corroa el “alma de Chile”, y procurando una justicia pronta y eficiente para quienes atenten contra la integridad de otros chilenos, malogrando así los esfuerzos de lograr la paz y el espíritu fraterno que debe caracterizar a la mesa para todos.
Pero sabemos que en Chile, también con los reclusos de diversos penales, tenemos una deuda que compromete el respeto por sus derechos humanos. No podemos tener cárceles inhumanas ni seguir permitiendo el hacinamiento, con toda su secuela de males. Se trata de personas humanas como todos nosotros. Es cierto, han cometido faltas, delitos y hasta crímenes, pero no por eso podemos negarles la dignidad que Dios les confirió desde el día de su gestación. El sólo recurso al encarcelamiento sin otras medidas, como por ejemplo el trabajo remunerado para quienes caen en estas situaciones, no basta para que rediman sus vidas y puedan reincorporarse plenamente a la sociedad. En este ámbito tenemos una conversación pendiente como país.
III- EL INDULTO CON OCASIÓN DEL BICENTENARIO
Al presentar esta petición, no ha sido nuestro ánimo poner al Gobierno de Chile, ni al actual ni al anterior, en una situación de incomodidad ante la realidad de las personas recluidas y de las víctimas. El contexto de una sana laicidad reconoce las competencias propias del Estado y aquellas de las confesiones religiosas. Por esta razón, sólo presentamos algunas ideas que pueden enriquecer el espíritu y la práctica de nuestra convivencia y hacemos una petición, pero sin proponer un articulado de ley, tarea que corresponde a la autoridad política. Anhelamos que estas reflexiones sean discutidas por los ciudadanos y por nuestras instituciones, y que cada una asuma la responsabilidad que le corresponde.
En lo que se refiere a quienes están privados de libertad, dentro del respeto a la Constitución y a los Tratados Internacionales suscritos por Chile, solicitamos a las autoridades del Estado, en particular al Señor Presidente de la República y al Gobierno que preside, así como a los Honorables miembros del Parlamento, considerar y estudiar las siguientes proposiciones:
1. Que los condenados por sentencia ejecutoriada –con las restricciones que la autoridad competente considere prudente establecer como, por ejemplo, delitos de sangre-, que en los últimos años hayan tenido buena conducta en los recintos carcelarios, y no constituyen un peligro para la sociedad:
a. Puedan ver reducidas parcialmente sus penas privativas o restrictivas de libertad.
b. Además de lo señalado, que se conceda una reducción adicional a quienes tengan más de 70 años de edad.
c. Igualmente, que a las mujeres que tengan uno o más hijos menores de 18 años se les conceda también una reducción adicional.
d. Que a las personas condenadas privadas de libertad que padezcan alguna enfermedad invalidante, grave e irrecuperable, se les conmute su pena por otra, que no deba cumplir en las condiciones más aflictivas de la cárcel.
e. Que a los enfermos terminales, debidamente comprobados por la instancia competente, se les condone el saldo de las penas que les resten por cumplir.
2. Que se mejoren sustancialmente las condiciones de vida de quienes cumplen penas privativas o restrictivas de libertad, aumentando las horas de convivencia fuera de sus celdas, favoreciendo el trabajo remunerado y el acceso a la enseñanza, el deporte, la cultura, y al auxilio espiritual. A pesar de los esfuerzos realizados en diversos gobiernos anteriores, no se ha logrado satisfacer estas necesidades, requiriéndose hacia adelante decisiones urgentes que la autoridad competente debiera ir adoptando por el bien común de la sociedad. Asimismo, considerando las especialmente difíciles circunstancias del ambiente laboral en que se desempeñan, y en el contexto del conjunto de los funcionarios públicos, que se mejoren las condiciones de vida, de convivencia y de trabajo de los gendarmes y empleados por el sistema penitenciario; éstas irían en directo beneficio de la dignidad y rehabilitación de los privados de libertad.
3. Que se modifique la legislación que se refiere a las penas, en lo que atañe a los condenados de edad muy avanzada y a quienes estén gravemente aquejados de una enfermedad terminal. Proponemos que se les condone la pena o que puedan cumplir el resto de su condena junto a su familia o en instituciones asistenciales. Este cambio o condonación de la pena se concedería siempre, salvo que el organismo competente excluya este beneficio para un reo determinado por juzgarlo un peligro para la sociedad.
4. No sería completa la “mesa para todos” si no considerásemos en esta petición a quienes cumplen penas por delitos contra los derechos humanos cometidos durante el Régimen Militar. Es un tema que debemos poner sobre la “mesa de todos” para conversarlo con la seriedad que corresponde, especialmente en el Parlamento de la República. No olvidemos que no todos ellos tuvieron igual responsabilidad en los crímenes que se cometieron. A nuestro parecer no cabe ni un indulto generalizado ni un rechazo general del indulto para todo ex uniformado condenado. La reflexión debe distinguir, por ejemplo, el grado de responsabilidad que le cupo a cada uno, el grado de libertad con que actuó, los gestos de humanidad que tuvo y el arrepentimiento que ha manifestado por sus delitos.
IV- EN EL CAMINO DEL EVANGELIO: JUSTICIA Y CLEMENCIA
No somos nosotros quienes debemos dictar las leyes, pero creemos que podemos interceder para dar paso a la “justicia con clemencia” como connotados juristas lo han pedido en el pasado. Es decir, velando por el imperio de la justicia -nada más injusto que la impunidad- y salvaguardando el pleno imperio de los derechos humanos en materia de crímenes de lesa humanidad, creemos que se pueden dar pasos de clemencia.
Sabemos que estas peticiones tendrán opiniones encontradas. Las respetamos, especialmente cuando vienen de personas que sufrieron en carne propia o en sus familiares más cercanos los delitos condenados. Sólo solicitamos dar el paso de pedir justicia sin ensañarnos en el castigo, que nunca puede reparar totalmente el mal causado. Y solicitamos también, hablando al corazón de cada uno, que consideremos de qué manera quisiéramos ser tratados si estuviéramos en la situación de los condenados, y con qué espíritu fraterno podremos construir el futuro de Chile si no somos capaces de hacer gestos decisivos de reencuentro y reconciliación.
Más allá de los ordenamientos jurídicos y de sus interpretaciones, el mismo Jesús nos enseñó con su testimonio y su palabra, que la lógica del perdón es la única que restaña las heridas, devuelve la confianza e inaugura tiempos nuevos para quienes tienen la valentía de concederlo y de pedirlo. Nos conmueve el solo hecho de pensar que Jesús clavado en la cruz de la injusticia, antes de morir, pide al Padre que perdone a quienes lo han crucificado.
Ésa es la lógica y la pedagogía que anhelamos para cada uno de nosotros y la gracia que pedimos por intercesión de la Virgen del Carmen, Madre de todos los chilenos y chilenas, sin excepción alguna, pero especialmente de aquellos que por diversas causas atraviesan horas de angustia y de dolor.
EL COMITÉ PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE
† Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua
Presidente
† Gonzalo Duarte García de Cortázar
Obispo de Valparaíso
Vicepresidente
† Francisco Javier Errázuriz Ossa
Cardenal Arzobispo de Santiago
† Ricardo Ezzati Andrello
Arzobispo de Concepción
† Santiago Silva Retamales
Obispo Auxiliar de Valparaíso
Secretario General
Santiago, 21 de Julio de 2010
