Derechos Humanos

CHEYRE COLABORA CON EL MINISTRO CARROZA Y RENUNCIA A SUS CARGOS EN EL MUNDO CIVIL

El excomandante en Jefe del Ejército y hasta ahora consejero del Servicio Electoral, Juan Emilio Cheyre, decidiría en las próximas horas renunciar a este cargo tras ser procesado y puesto en prisión preventiva por el caso Caravana de la Muerte.

Esta renuncia se añadiría a la ya presentada a la Universidad Católica de Chile. Según una declaración de la Federación de Estudiantes del plantel, “Cheyre, era hasta el día de hoy Director del Centro de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesor Asociado de la Facultad de Derecho de la misma. Hoy ha presentado su renuncia a la Universidad, siendo esta aceptada”.

“Nos parece que la permanencia del General (R) Cheyre en nuestra Universidad era una situación intolerable e incoherente con los principios que animan a esta comunidad. Creemos que la Universidad debe colaborar con la verdad y la justicia sobre este y otros casos de violaciones a los Derechos Humanos. De esta forma, podemos profundizar el compromiso institucional que se ha venido gestando en la Universidad con una serie de actos reparatorios a las víctimas y su memoria”, señala el texto.

Todo esto ha sucedido luego que el ministro en visita Mario Carroza acogiera la solicitud para procesarlo por su presunta actuación como cómplice en el homicidio calificado de 15 prisioneros mientras era teniente, durante el paso de la Caravana de la Muerte por La Serena en octubre de 1973.

El Gobierno se refirió a la situación previa a la renuncia, diciendo por medio de un breve comunicado que “el Gobierno ha tomado conocimiento de la resolución del ministro instructor Mario Carroza de procesar al excomandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, como cómplice del homicidio de 15 personas en el Regimiento Arica de La Serena, en 1973”.

“El Gobierno de Chile reafirma su compromiso con la búsqueda de la verdad y la justicia en los procesos por violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país, así como con la plena vigencia del Estado de Derecho y el debido proceso en la tramitación de las causas judiciales”, añadió en su declaración.

La presidenta Michelle Bachelet debe analizar si va a acepta o no la renuncia.

El ministro en visita Mario Carroza se refirió al procesamiento del excomandante y de otros ocho exuniformados, en el marco de la indagatoria por los hechos que ocurrieron al interior del Regimiento Arica.

“La conducta de todos los procesados es importante, no solo de uno“, sostuvo Mario Carroza al ser consultado sobre la detención de Cheyre, quien se encuentra en calidad de detenido en el batallón de policía militar de Peñalolén..

Según el magistrado, se busca establecer si efectivamente quienes prestaban funciones en el regimiento tuvieron conocimiento de los hechos que finalizaron con la ejecución de las 15 víctimas.

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La investigación se concentra en tres horas, desde la llegada del helicóptero Puma con la comitiva que lideraba Sergio Arellano Stark hasta la entrega del bando a los medios de comunicación, informando de las muertes.

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Carroza declinó referirse a las críticas realizadas por el abogado de Juan Emilio Cheyre, Jorge Bofill, quien acusó de “persecución” política en contra de su representado.

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“Respecto de cualquier opinión o situación subjetiva, yo me atengo solamente a las circunstancias de que soy un magistrado“, expresó, sin descartar que se pueda otorgar la libertad provisional a quien encabezó el Ejército tras ser nombrado por el entonces presidente Ricardo Lagos.

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Al respecto, Lagos entrevistado por Radio Pudahuel, declaró que en el tiempo que él nombró a Juan Emilio Cheyre como Comandante en Jefe del Ejército, no se conocían los antecedentes que hoy se están ventilando. "No se conocía ninguna vinculación suya con la Caravana de la Muerte", dijo. Ministra de Defensa era entonces la actual Presidenta de Chile, Michelle Bachelet Jeria.

En cuanto al motivo por el que Cheyre fue encausado como cómplice y no como encubridor, el juez sostuvo que “de alguna manera la gente que era parte del regimiento participa desde un comienzo” en los episodios investigados, y que el hecho de conocer las circunstancias “era una parte importante de la participación”.

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Asimismo, no descartó que se puedan establecer responsabilidades de civiles como en otros casos de violaciones a los derechos humanos, aunque señaló que este caso debe ser analizado en particular.

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Agregó que Juan Emilio Cheyre sí ha colaborado en la indagatoria. “La colaboración la ha tenido siempre“, manifestó Mario Carroza, y subrayó que en la Corte de Apelaciones se deberá analizar si su decisión de someterlo a procesamiento fue adecuada.

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Uno de los procesados es el exmilitar Armando Fernández Larios, quien reside en Estados Unidos. Sobre su situación, Carroza ratificó que se debe hacer efectiva la solicitud de extradición enviada por el caso de Ronni Moffitt, asesinada junto al excanciller Orlando Letelier en Washington. “La responsabilidad hay que hacerla efectiva y llegaremos hasta el final para que sea así”, subrayó.

La defensa de Cheyre

El abogado Jorge Bofill, defensor del ex Comandante en Jefe del Ejército, aseguró que a él no se le imputa ningún tipo de encubrimiento, y reiteró que es inocente. "¿Qué podía hacer un teniente de 25 años en esas circunstancias?", dijo.

Cheyre es acusado de haber sido cómplice del asesinato de 15 personas en La Serena en el año 1973. 

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En Radio Duna, Bofill reiteró su hipótesis sobre la inocencia del general en retiro, y aseguró que "no tuvo nada que ver con lo que se hizo en el polígono de tiro" en aquella oportunidad. "Que él haya estado ahí no lo transforma en cómplice", enfatizó.

Planteó, y aseguró que Cheyre recibía órdenes del coronel Ariosto Lapostol en una misión a cargo del general Sergio Arellano Stark y del coronel Marcelo Moren Brito. Asimismo, reiteró que los cargos que se le imputan no son por encubrimiento, sino que como cómplice, lo cual rechazó e indicó que deberían ser, más bien, como testigo de los hechos. 

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El abogado indicó que los pasos que vienen son la notificación del auto de procesamiento y el análisis posterior sobre el camino que tomará junto a Cheyre. 

Estas declaraciones ocurren luego de que Bofill enviara una declaración pública en la que señaló que su representado "durante los dos últimos años, ha sido víctima de una persecución política infame. Chile sabe que él es el general del nunca más". 

Renuncia al Servel

El excomandante en Jefe del Ejército y hasta ahora consejero del Servicio Electoral, Juan Emilio Cheyre, ha dejado entrever que comunicaría su renuncia a este cargo como consecuencia del proceso por violación de los derechos humanos que se le sigue. Sin embargo hasta esta tarde no la había comcretado.

El Gobierno se refirió a la situación previa a la renuncia, diciendo por medio de un breve comunicado que “ha tomado conocimiento de la resolución del ministro instructor Mario Carroza de procesar al excomandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, como cómplice del homicidio de 15 personas en el Regimiento Arica de La Serena, en 1973”.

“El Gobierno de Chile reafirma su compromiso con la búsqueda de la verdad y la justicia en los procesos por violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país, así como con la plena vigencia del Estado de Derecho y el debido proceso en la tramitación de las causas judiciales”, añadió en su declaración.

Derechos Humanos

CHEYRE COLABORA CON EL MINISTRO CARROZA Y RENUNCIA A SU CARGO EN EL SERVEL

El excomandante en Jefe del Ejército y hasta ahora consejero del Servicio Electoral, Juan Emilio Cheyre, comunicó su renuncia al Servel tras ser procesado y puesto en prisión preventiva por el caso Caravana de la Muerte.

Esto luego que el ministro en visita Mario Carroza acogiera la solicitud para procesarlo por su presunta actuación como cómplice en el homicidio calificado de 15 prisioneros mientras era teniente, durante el paso de la Caravana de la Muerte por La Serena en octubre de 1973.

El Gobierno se refirió a la situación previo a la renuncia, diciendo por medio de un breve comunicado que “el Gobierno ha tomado conocimiento de la resolución del ministro instructor Mario Carroza de procesar al excomandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, como cómplice del homicidio de 15 personas en el Regimiento Arica de La Serena, en 1973”.

“El Gobierno de Chile reafirma su compromiso con la búsqueda de la verdad y la justicia en los procesos por violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país, así como con la plena vigencia del Estado de Derecho y el debido proceso en la tramitación de las causas judiciales”, añadió en su declaración.

Ahora la presidenta Michelle Bachelet debe analizar si acepta o no la renuncia.

El ministro en visita Mario Carroza se refirió al procesamiento del excomandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, por la ejecución de 15 personas en La Serena durante el paso de la Caravana de la Muerte en octubre de 1973.

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Cheyre fue sometido a proceso junto a otros 8 uniformados, en el marco de la indagatoria por los hechos que ocurrieron al interior del Regimiento Arica.

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“La conducta de todos los procesados es importante, no solo de uno“, sostuvo Mario Carroza al ser consultado sobre la detención de Cheyre, quien se encuentra en el batallón de policía militar de Peñalolén.

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Según el magistrado, se busca establecer si efectivamente quienes prestaban funciones en el regimiento tuvieron conocimiento de los hechos que finalizaron con la ejecución de las 15 víctimas.

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La investigación se concentra en tres horas, desde la llegada del helicóptero Puma con la comitiva que lideraba Sergio Arellano Stark hasta la entrega del bando a los medios de comunicación, informando de las muertes.

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Carroza declinó referirse a las críticas realizadas por el abogado de Juan Emilio Cheyre, Jorge Bofill, quien acusó de “persecución” política en contra de su representado.

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“Respecto de cualquier opinión o situación subjetiva, yo me atengo solamente a las circunstancias de que soy un magistrado“, expresó, sin descartar que se pueda otorgar la libertad provisional a quien encabezó el Ejército tras ser nombrado por el entonces presidente Ricardo Lagos.

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Al respecto, Lagos entrevistado por Radio Pudahuel, declaró que en el tiempo que él nombró a Juan Emilio Cheyre como Comandante en Jefe del Ejército, no se conocían los antecedentes que hoy se están ventilando. "no se conocía ninguna vinculación suya con la Caravana de la Muerte".

En cuanto al motivo por el que Cheyre fue encausado como cómplice y no como encubridor, el juez sostuvo que “de alguna manera la gente que era parte del regimiento participa desde un comienzo” en los episodios investigados, y que el hecho de conocer las circunstancias “era una parte importante de la participación”.

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Asimismo, no descartó que se puedan establecer responsabilidades de civiles como en otros casos de violaciones a los derechos humanos, aunque señaló que este caso debe ser analizado en particular.

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Agregó que Juan Emilio Cheyre sí ha colaborado en la indagatoria. “La colaboración la ha tenido siempre“, manifestó Mario Carroza, y subrayó que en la Corte de Apelaciones se deberá analizar si su decisión de someterlo a procesamiento fue adecuada.

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Uno de los procesados es el exmilitar Armando Fernández Larios, quien reside en Estados Unidos. Sobre su situación, Carroza ratificó que se debe hacer efectiva la solicitud de extradición enviada por el caso de Ronni Moffitt, asesinada junto al excanciller Orlando Letelier en Washington. “La responsabilidad hay que hacerla efectiva y llegaremos hasta el final para que sea así”, subrayó.

La defensa de Cheyre

El abogado Jorge Bofill, defensor del ex Comandante en Jefe del Ejército, aseguró que a él no se le imputa ningún tipo de encubrimiento, y reiteró que es inocente. "¿Qué podía hacer un teniente de 25 años en esas circunstancias?", dijo.

Cheyre es acusado de haber sido cómplice del asesinato de 15 personas en La Serena en el año 1973. 

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En Radio Duna, Bofill reiteró su hipótesis sobre la inocencia del general en retiro, y aseguró que "no tuvo nada que ver con lo que se hizo en el polígono de tiro" en aquella oportunidad. "Que él haya estado ahí no lo transforma en cómplice", enfatizó.

Planteó, y aseguró que Cheyre recibía órdenes del coronel Ariosto Lapostol en una misión a cargo del general Sergio Arellano Stark y del coronel Marcelo Moren Brito. Asimismo, reiteró que los cargos que se le imputan no son por encubrimiento, sino que como cómplice, lo cual rechazó e indicó que deberían ser, más bien, como testigo de los hechos. 

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El abogado indicó que los pasos que vienen son la notificación del auto de procesamiento y el análisis posterior sobre el camino que tomará junto a Cheyre. 

Estas declaraciones ocurren luego de que Bofill enviara una declaración pública en la que señaló que su representado "durante los dos últimos años, ha sido víctima de una persecución política infame. Chile sabe que él es el general del nunca más". 

Renuncia al Servel

El excomandante en Jefe del Ejército y hasta ahora consejero del Servicio Electoral, Juan Emilio Cheyre, ha dejado entrever que comunicaría su renuncia a este cargo como consecuencia del proceso por violación de los derechos humanos que se le sigue. Sin embargo hasta esta tarde no la había comcretado.

El Gobierno se refirió a la situación previa a la renuncia, diciendo por medio de un breve comunicado que “ha tomado conocimiento de la resolución del ministro instructor Mario Carroza de procesar al excomandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, como cómplice del homicidio de 15 personas en el Regimiento Arica de La Serena, en 1973”.

“El Gobierno de Chile reafirma su compromiso con la búsqueda de la verdad y la justicia en los procesos por violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país, así como con la plena vigencia del Estado de Derecho y el debido proceso en la tramitación de las causas judiciales”, añadió en su declaración.

Reforma educacional

INTERESES ECONÓMICOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA ÉLITE DE LA CONCERTACIÓN

Por Carlos Ruiz  Encina

y Andrés Fielbaum

  

La reforma a la educación superior es la promesa del gobierno que más expectativas genera en la ciudadanía y en ella se juega buena parte de la credibilidad de la Nueva Mayoría. No obstante, la Ley de Educación Superior presentada no dejó a nadie contento y tal como señalaron los rectores, parece un proyecto que “consolida el mercado”.

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¿Cómo es posible esto? El proyecto confunde más que clarifica, con 170 páginas y cerca de 300 artículos. La reforma educacional de Eduardo Frei Montalva (1964-1970), quizás el cambio educacional más ambicioso que se haya implementado en nuestro país, se construyó a partir de una Ley de 6 artículos. Hoy el debate adquiere un talante artificialmente técnico, que obstruye la deliberación pública.

El proyecto manifiesta la enrevesada presión de múltiples intereses que agudizan las conocidas dificultades de conducción del gobierno. Por eso, para comprender este entuerto hay que dirigir la mirada a otra parte: A los grandes intereses en juego en la educación superior.

Aunque en la arena pública sobresalen los rectores de instituciones tradicionales como voceros principales de la educación superior, la expansión de la enseñanza terciaria no ha acrecentado el peso de aquellos planteles históricos. No alcanzan siquiera un 20% de la matrícula total. La expansión corre a manos de la educación superior privada impulsada desde 1981, que hoy cubre a más del 80% de los estudiantes.

Una educación privada que crece en matrículas, pero disminuye en instituciones. Es decir, se concentra. Grandes controladores abarcan varios planteles. INACAP, hoy en manos de la CPC, supera los 100.000 estudiantes entre su Universidad, IP y CFT. El grupo transnacional Laureate llega a una cifra similar, entre las Universidades Andrés Bello, Las Américas y el IP AIEP. A ellos se suman otros inversionistas extranjeros, la Iglesia Católica y grupos empresariales locales. Menos de una decena de controladores educa a la inmensa mayoría de los estudiantes chilenos.

Este nuevo sector privado entendió hace mucho que tenía que controlar el Estado. Así colonizó a la Concertación. Y no a figuras marginales. Conquistó a sus principales líderes, quienes animaron el Foro de la Educación Superior en los años ochenta, un espacio de discusión entre figuras de oposición y del régimen, que sentó las bases para las políticas de las décadas venideras. En el aparato público, varias figuras traban contacto como reguladores con la ascendente educación privada.

Es la historia de Pilar Armanet (PPD), jefa de la división de educación superior en el gobierno de Lagos, y vocera de Gobierno en el primer gobierno de Bachelet, antes de asumir como vicerrectora y luego rectora de la Universidad de las Américas, además de presidir hoy la Corporación de Universidades Privadas, que reúne a los planteles con peor acreditación del sistema privado, muchas investigadas por lucro. Ahí comparte mesa con Hugo Lavados (DC), rector de la Universidad San Sebastián y ministro de economía de Bachelet entre 2008 y 2010. También Gutenberg Martínez (DC) de la Universidad Miguel de Cervantes, entre otros.

En estos vínculos surge un poder que no se expresa con transparencia. No plantea ideas ni defiende sus posiciones en forma abierta, sino que actúa de facto, copando el espacio de reguladores y técnicos. Su influencia determinante sobre la política formal, permite imponer discursos “técnicos” que obstruyen un debate público amplio sobre estas políticas. Pues, de neutralidad técnica nada, y tampoco de técnica en sí, cabe agregar.

Se da así la paradoja de un mercado educativo que no corre riesgos de competencia. Son nichos de acumulación regulados, cautivos. Por lo mismo, no necesita invertir en calidad, sino apenas descansar en el lobby sobre las autoridades de turno. Su principal fuente de ganancia es el control de los subsidios que, en el discurso, se diseñan para regular el mercado, y se focalizan en los estudiantes más “vulnerables”. Un poder autoritario, no emanado de la dictadura sino de la propia Concertación, que se instala sobre las esferas de dirección de la educación superior chilena. Un rentismo de recursos públicos que crece pero no ofrece calidad. Una educación cara y mala. Una gran estafa con cargo a las familias y al fisco.

Por eso no debe extrañar el peso que ejerce este poder en el escenario público, y la dificultad para ubicarlo en la izquierda o en la derecha. En tal esfuerzo coinciden figuras progresistas y de derecha, con la misma transversalidad que sus boletas de SQM. El lobby lleva a los Rectores de las instituciones tradicionales a bregar por “tratos preferentes” para alcanzar algún peso en los recursos invertidos en educación. A pesar de su insignificancia económica, es una disputa simbólicamente relevante. Se les presenta en editoriales como defensores de intereses corporativos, despreocupados de los estudiantes vulnerables. En realidad, y lo saben los editorialistas, no importa quien gane, si el G9 o las estatales; la educación seguirá siendo la misma.

En el pináculo de esta trama, ministros como Eyzaguirre (PPD) y Valdés (PPD) insisten en una “desmercantilización” técnicamente eficiente y responsable con las arcas fiscales, en medio del despilfarro de recursos públicos por la vía del CAE y los subsidios al lucro. La gratuidad termina beneficiando a las instituciones privadas (y no a las mejores), concluye el Consejo Nacional de Educación. Es la antesala del golpe final: la gratuidad que se levantó como demanda de desmercantilización y de reconstrucción de lo público, es revertida y transformada en vehículo de acumulación rentista.

El propio PPD, partido de la ministra Delpiano, reúne a varios de los principales defensores del lucro en la educación. El mayor obstáculo que hoy enfrenta una reforma que sitúa en el centro la educación pública, gratuita y de calidad no es Ignacio Walker y su conservadurismo ideológico, no es la DC ni la UDI. Son los agentes de grupos transnacionales vinculados orgánicamente con la Concertación, que influyen en la nominación de reguladores y equipos técnicos, presionan y modifican las regulaciones con tal de debilitarlas y hacerlas funcionar a su conveniencia. Así se mantiene el CAE sin que nadie pueda justificarlo técnicamente; así se mantiene en el sistema de acreditación; así se acrecienta el subsidio a los privados.

La hegemonía de la educación privada, masiva y lucrativa termina naturalizada. Muchas voluntades de cambio se rinden ante ello. Finalmente aceptan que la educación superior es mercado o romanticismo estatista, como dice Brunner. Se impone la “igualdad de trato” entre instituciones públicas y privadas, el fin de aportes basales a manos de “fondos basales por desempeño” que no son ni basales ni se asignan por desempeño (se negocian y cuotean), la reducción de lo esencial del financiamiento al voucher llamado gratuidad, la cesión de la fijación de su monto a las controladas tecnocracias (estas sí financiadas con presupuesto público basal, de libre disposición y enormes salarios), y la expropiación a los académicos y sus instituciones de los mecanismos de admisión y elaboración de políticas. No es que el proyecto carezca de aspectos positivos. Los hay. Pero se ahogan en profundizar el mercado educacional estimulado por la Concertación.

Todo esto obstaculiza la idea que los recursos públicos se canalicen a las instituciones públicas y a las privadas de mayor calidad, para recuperar un sistema mixto de hegemonía pública en la matrícula. En lugar de una expansión de los cupos públicos y gratuitos, controlada, colaborativa y seria, que mejore la calidad y modernice la docencia, que aumente las plantas académicas de las instituciones que más investigan, qué más cultura crean; en vez de estas medidas de sentido común, los reguladores dan un sinfín de vueltas para traspasar más fondos aún al mercado.

Una reforma a la educación superior aún es posible. Requiere un acuerdo entre los mejores exponentes del sistema universitario actual para lograr su expansión, sin descuidar a los estudiantes y las familias que más padecen el sistema desregulado. Esto requiere enfrentar los intereses del lucro en el sistema de educación superior y a los cuadros políticos que lo sustentan. Construir esta reforma, además de atender la sentida demanda por un cambio en el sistema educacional, es el primer paso para recuperar la perspectiva de proyecto histórico que se ha desvanecido de la política chilena actual.

Nueva matanza en EE UU

UNO DE LOS SOSPECHOSOS DE LA MATANZA DE DALLAS QUERÍA MATAR "POLICÍAS BLANCOS"

Cinco policías muertos y otros seis heridos fue el saldo que dejó un nuevo ataque en la  nueva ola racistas que se registra en Estados Unidos  tratándose, al parece, de un francotirador que disparó a diestra y siniestra cuando se efectuaba una protesta en contra de los últimos incidentes de violencia policial con tintes racistas registrados en el  país. La manifestación que se efectuaba en Dallas era similar a la que tenía lugar a la misma hora (noche del jueves) en Nueva York, Los Ángeles y Atlanta.

Hasta ahora se dice en EE UU que  sólo había un francotirador, sin embargo el jefe de la Policía de Dallas, David Brown, señaló que quizá eran dos los hombres los que disparaban.

Una mujer que estaba en la misma zona del garaje fue detenida, además de otros dos sospechosos que tenían bolsas de camuflaje en su coche.

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Aunque según Brown, “por desgracia no estamos seguros de haber detenido a todos los sospechosos”.

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Por el momento, el sospechoso (principal) de la matanza de Dallas, fallecido tras atrincherarse en un aparcamiento, dijo que quería matar a "policías blancos" y que no pertenecía a ningún grupo, indicó este viernes el jefe policial David Brown, en una rueda de prensa.

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Precisó que el sospechoso, del que no ha trascendido la raza, resultó muerto por la explosión de "una bomba robot", que la policía situó cerca de él.

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"No vimos otra opción", justificó Brown, que indicó que el sospechoso se atrincheró durante más de una hora armado en un aparcamiento de Dallas, mientras profería numerosas amenazas y aseguraba que "quería matar a gente blanca, especialmente a agentes de policía blancos".

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El sospechoso, que disparó contra los agentes que intentaban convencerlo de que se rindiese, también aseguró que había colocado bombas en el estacionamiento en el que se encontraba y por todo el centro de la ciudad, lo que provocó la posterior búsqueda de los supuestos explosivos.

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La policía, que mantiene acordonado un amplio sector del centro de Dallas, descartó la existencia de explosivos tras registrar la zona.

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"El sospechoso dijo que estaba enfadado con el tema de 'la vida de los negros importa' y que estaba enfadado por las recientes muertes cometidas por policías", añadió Brown.

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En concreto, la protesta se debía a la muerte de Alton Sterling, un hombre negro al que dos policías blancos dispararon el martes a quemarropa cuando lo tenían controlado en el suelo en Baton Rouge, en el estado sureño de Louisiana, y del joven Philando Castile, muerto el miércoles en Falcon Heights, en Minesota, por disparos de un policía que le detuvo en su vehículo por una infracción de tráfico.

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Estados Unidos ha vivido repetidos episodios de tensión racial desde hace dos años al menos, especialmente tras la muerte en Ferguson, en el estado de Misuri, en agosto de 2014, del joven negro Michael Brown a manos de un agente blanco que luego fue exonerado de todos los cargos.

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“Había negros, blancos, latinos, de todo. Era la protesta de una comunidad mixta. Y de pronto (los disparos) salieron de la nada. Teníamos la impresión de que nos disparaban a nosotros. Era el caos total, una cosa de locos”, contó un testigo.

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previamente había afirmado que había bombas por todo el centro de Dallas, por lo que la policía desplegó a los artificieros por la zona, en la que el tráfico estaba cortado, en busca de explosivos.

Desde Varsovia, donde viajó para asistir a una cumbre de la OTAN, el presidente Barack Obama denunció un ataque “salvaje, calculado y despreciable contra las fuerzas del orden”.

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“La policía en Dallas estaba haciendo su trabajo, velar por la seguridad de manifestantes pacíficos”, dijo.

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Obama agregó que “según la policía hay múltiples sospechosos. Sabremos más sobre sus perversas motivaciones”.

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“No hay una justificación posible a este tipo de ataques o cualquier tipo de violencia contra las fuerzas del orden”, sostuvo.

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Hacia el final de la manifestación en Dallas, "dos hombres empezaron a disparar contra los policías desde una posición elevada”, declaró el jefe de la policía, David Brown. Una mujer que estaba en la misma zona del estacionamiento fue detenida, además de otros dos sospechosos que tenían bolsas de camuflaje en su coche.

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Aunque según Brown, “por desgracia no estamos seguros de haber detenido a todos los sospechosos”.

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Varios testigos subieron a internet videos y audios sobre la situación, en los que se ven y escuchan las ráfagas de tiros y las sirenas policiales.

Según relató a CNN, que emitió las imágenes, un hombre “junto a una columna disparaba hacia la izquierda, hacia la derecha, al otro lado de la columna, disparando contra alguien”.

“Luego se dio vuelta para asegurarse que no venía nadie, pero un agente vino por el lado derecho.

Economía

INFLACIÓN EN CHILE: 4,2% EN LOS ÚLTIMOS 12  MESES

El Indice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento de 0,4% en junio, acumulando un incremento de 2,1% en lo que va del año y un aumento de 4,2% en doce meses, informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
La cifra se ubicó sobre las expectativas de los analistas que habían apostado por un alza de 0,3% para la inflación en el sexto mes del año.

Nueve de las doce divisiones que conforman la canasta del IPC consignaron incidencias positivas y tres presentaron incidencias negativas. Entre las divisiones con alzas destacaron: Transporte (1,4%), con incidencia de 0,194 puntos porcentuales, y Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (0,6%), con incidencia de 0,125.

Transporte presentó alzas en siete de sus diez clases, destacando Transporte de Pasajeros por Aire (25,1%), y Combustibles y Lubricantes para Vehículos de Transporte Personal (2,9%). De sus 24 productos, 16 registraron alzas, destacando servicio de transporte aéreo (25,1%), y gasolina (2,7%).

Alimentos y Bebidas no Alcohólicas registró aumentos en ocho de sus once clases, destacando Hortalizas, Legumbres y Tubérculos (2,8%), y Frutas (2,5%). De sus 76 productos, 41 registraron alzas, destacando palta (15,6%), y papa (9,3%).

Vestuario y Calzado anotó bajas en dos de sus cinco clases, destacando Vestuario con una baja de 2,3%, y Zapatos y Otros Calzados con un descenso de 1,9%. De sus 35 productos, 28 registraron variaciones negativas, destacando ropa de abrigo para mujer con una caída de 4,8%, y blusa y polera para mujer con un retroceso de 4,1%.

La inflación subyacente, que descuenta los precios de los combustibles así como de frutas y verduras frescas, subió 0,2% en el junio, acumulando un incremento de 4,1% en doce meses.

Perú al Día

¿POR QUÉ SE OCULTA LO QUE DEBE SER DE CONOCIMIENTO DEL CIUDADANO?

Por Roberto Mejía Alarcón

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Mal, muy mal, que el actual régimen se despida dejando un olor nada recomendable para la democracia. La suma de denuncias sobre corrupción en el manejo de los bienes del Estado alcanza cifras muy elevadas. Involucra a funcionarios de todo nivel y lo peor, eclipsa la imagen de quienes ocupan Palacio de Gobierno y alcanza hasta a los que tienen que velar, desde el ministerio del Interior, por la seguridad ciudadana. Da la impresión que el crimen organizado tiene competencia oficial. Nada sana por supuesto.

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Sin querer, queriendo, el Poder Ejecutivo, pareciera que tiene el más vivo interés en que la ciudadanía no se entere de estas malas andanzas. Por eso coloca vallas en donde puede. Muchas veces de la mano, en convivencia improvisada, con el Poder Legislativo. Lo que está ocurriendo con los periodistas del programa “Panorama”, que transmite Panamericana Televisión y con el casi centenar de comunicadores, quienes sobreviven en medio de querellas abiertas por aquellos que son enemigos de la verdad, es una clara demostración de las fortalezas que hoy tiene la corrupción en el país. Se despunta ágilmente. No hay quien la controle. Hasta el más pinche de los funcionarios públicos se sube a ese camión de la basura, en el ingrato propósito de hacerse rico de la noche a la mañana.

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Así las cosas, la corrupción que cuenta con el escudo de la “cultura del secretismo” cree que no hay quién la ponga al descubierto. Olvida que existe un poder al verdadero servicio del pueblo: es el periodismo, que tiene como operador al periodista. Hombre o mujer, aquí y en provincias, que sin más arma que su fuerza moral, se expone a los embates de los poderosos. Con frecuencia resulta magullado por los insultos, las mentadas de madre, por las denuncias ante jueces prevaricadores. Y, sin embargo, sigue en su batallar, sin tregua, sin descanso. Ayer, sobre todo en la década de los noventa, el país celebró la labor de estos comunicadores. Y rezó por su obra bienhechora. Hoy sucede algo parecido. Hay una nueva generación que trata de poner limpio el mulador de lo impropio. La tarea es formidable. El aseo reclamado por los ciudadanos tiene sus detractores. Están allí en el llamado primer poder del Estado. Están allí en los despachos ministeriales. Quizás con algunas excepciones. Nunca se sabe.

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Ese combate nunca culminará. En uno y en otro bando habrán otros rostros. Unos para saquear el erario público, otros para tratar de evitar las depredaciones. La lucha será siempre marcada por la desigualdad. El poder político y el poder económico, en líneas generales, estarán convencidos que pueden hacer lo que les da la gana. El poder de la prensa contará hasta el final con su único instrumento: la palabra. Ella será suficiente para traerse abajo las torres y las murallas más elevadas.

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Sin embargo, habrá que adoptar las providencias del caso. Existen desafíos que debe enfrentar el gremio de los periodistas. Todavía existen mecanismos ilegítimos para acallar a los periodistas, existen leyes penales que criminalizan la crítica y la investigación periodística, la violencia física en perjuicio de la empresa y de los trabajadores de la prensa, subsiste impunemente, las restricciones desproporcionadas que se aplican bajo el pretexto de la seguridad nacional, son algunos de los problemas que existen en nuestra frágil la democracia. Esta no debería limitarse a la participación ciudadana en los procesos electorales, debería expresarse como una auténtica forma de vida. Sin discriminaciones, sin exclusiones.

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Ya lo hemos dicho muchas veces. En la siempre complicada relación entre el gobierno y el periodismo, resalta la amenaza del “secretismo”, que no es otra cosa que el ocultamiento de la información pública al ciudadano, que eligió a su gobernante y tiene como mandante, el legítimo derecho a exigir un transparente rendimiento de cuentas. Ese es el camino correcto.

BOLIVIA

EVO MORALES CONVOCA A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL PARA DEFENDER EL RÍO SILALA

Bolivia convocó hoy a la comunidad internacional a sumarse a la defensa de los recursos hídricos del Silala, para que se respete su curso natural y deje de ser utilizada en beneficio de privados, tal como actualmente considera que lo hace Chile.

La convocatoria la hizo el presidente Evo Morales durante una conferencia de prensa en la que recordó que existe un compromiso internacional para proteger los recursos hídricos destinados a la supervivencia de la humanidad, cuya mayor reserva, el 97%, se encuentra en depósitos fósiles subterráneos, como es el caso del Silala.

“Las naciones deben garantizar su adecuada conservación y uso en favor de las futuras generaciones, no se puede seguir explotando y utilizando el recurso agua como si fuera interminable y en las mismas condiciones que en el pasado...Los reservorios fósiles son un bien no renovable, destinado únicamente a la vida y de manera regulada”, reflexionó.

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Dijo que en el pasado “el neocolonialismo privilegió inconsultamente el uso de las aguas fósiles” en favor de privados, como ocurrió en el caso del desvío de este recurso hídrico que nace en bofedales que se encuentran en Potosí y que en 1908 fue desviado en favor de las actividades mineras en Chile.

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“El desenfreno de la minería quebró ese equilibrio natural en favor del apetito industrial, se forzaron las captaciones… Estas obras artificiales han herido nuestra naturaleza, nuestros bofedales, han dañado ecosistemas únicos en el mundo”, denunció, para luego anunciar que “ha llegado el tiempo de reestablecer el buen uso de los recursos que nos legó nuestra madre tierra”.

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Insistió en que Bolivia defenderá las aguas del Silala “desde un punto de vista de la vida para la humanidad” y no solamente desde el punto de soberanía y reveló que su postura ya recibió respaldo de actores internacionales preocupados por el buen uso de los recursos hídricos destinados al consumo de los seres humanos.

“Después de que enfocamos esta forma de defensa, organismos internacionales, Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), van sumándose al apoyo para defender a estas aguas de los manantiales del Silala, que son fósiles y finitas”, afirmó.
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El 6 de junio Chile interpuso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya una demanda para que los recursos hídricos del Silala sean reconocidos como un río de curso internacional, a lo que Bolivia respondió con el anuncio de la presentación de una contrademanda.

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Bolivia defiende la tesis de que el Silala es un manantial cuyo caudal fue desviado artificialmente por Chile en 1908 para beneficiar a empresas mineras.

Canciller chileno

Como un reflejo del "desconcierto y la debilidad" de Bolivia, calificó el canciller Heraldo Muñoz las declaraciones emitidas este miércoles por el Presidente boliviano, Evo Morales, desestimando su triunfalismo porque La Haya catalogara la demanda chilena como una acción por las aguas del Silala y no hablara de un río.

Para el titular de Relaciones Exteriores (RR.EE.), "ellos han quedado muy desorientados por la demanda que Chile ha interpuesto por las aguas del río Silala y no me extraña que digan cuestiones que nada tienen que ver con el fondo".

En ese sentido, Muñoz explicó que “lo que estamos pidiendo a la Corte en el caso de la demanda de Chile contra Bolivia por el caso del Río Silala, es que efectivamente la Corte diga sí es un río o no, ese es el fondo de la cuestión. De modo que difícilmente en el título del caso puede entenderse que ya ha habido una definición sobre lo que le estamos pidiendo a la Corte".

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“Son comentarios que reflejan el desconcierto, la debilidad de Bolivia en este caso del río Silala, nada más que eso”, acotó el ministro.

Consultado por la visita que su par boliviano, David Choquehuanca realizaría a los puertos de Arica, Iquique y Antofagasta, Muñoz afirmó que no han tenido información oficial al respecto.

"Cualquier visita en condición de turista es bienvenida, puede venir a ver como, por ejemplo, el puerto de Arica está en un 90% funcionando para la carga boliviana, y cómo Chile cumple de manera escrupulosa el contenido del Tratado de 1904", afirmó.

No obstante, recordó que "Bolivia siempre ha tenido un problema, que ha buscado o revisar o desconocerlo, pero Chile siempre abre sus puertas a quien quiera visitarnos de buena fe. No hay problema alguno con que ninguna autoridad venga, lo que esperamos mínimamente es que se nos avise para darle las facilidades del caso".