14-03-2014-KRADIARIO-Nº888

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GOBIERNO DE PIÑERA DEJÓ SIN ENVIAR AL CONGRESO ACUERDO CON LOS TRABAJADORES PORTUARIOS  SURGIENDO AHORA NUEVAS AMENAZAS DE PARO

El gobierno de Sebastián Piñera terminó sus tareas en La Moneda, pero dejó sin enviar al Congreso el importante  proyecto de ley que destrabó el paro portuario, surgiendo otra vez las amenazas de paro en distintos puertos chilenos como San Antonio e Iquique.

Esta era una de las cuatro iniciativas que debían ingresar al Congreso horas antes de dejar La Moneda. La iniciativa, que establecía el pago retroactivo de un bono por media hora de colación, y que el primer jueves de marzo contribuyó a dar por cerrado el conflicto con los trabajadores portuarios, finalmente no entró a tramitación legislativa.

Así lo afirmó la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, quien sostiene hoy una reunión con los representantes sindicales del sector. 

San Antonio al borde de nuevo paro

“El gobierno de Sebastián Piñera no cumplió con el acuerdo suscrito con los trabajadores portuarios. El gobierno saliente no solo no envió el proyecto de ley comprometido al Congreso, sino que tampoco especificó los criterios de asignación del beneficio compensatorio ni realizó los cálculos financieros que implica el cumplimiento del acuerdo”, criticó Blanco. Desde el Congreso ratificaron que el proyecto nunca fue despachado a la oficina de partes.

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En ese contexto, recalcó que el gobierno  tomó la decisión de realizar modificaciones para “modernizar el sector portuario y favorecer sus condiciones laborales”.

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La denominada “ley corta”, comprometida por la administración anterior, buscaba saldar el conflicto generado por la demanda de los trabajadores de un bono retroactivo -desde 2005- por media hora de colación. Para ello, el texto establecía un beneficio de $ 750.000 por año para los portuarios que hubieran desempeñado funciones hasta el año pasado y que sumaran 288 turnos. Si no alcanzaban o excedían dicha cantidad, el pago se calcularía de manera proporcional. El bono implicará un costo fiscal de US$ 28 millones, y sería financiado con cargo al Tesoro Público. 

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El  vocero del Puerto Central de San Antonio, Sergio Vargas, anticipó que hoy instarán a la autoridad a retomar el acuerdo alcanzado. “Es una falta de respeto a los acuerdos que habíamos firmado (...), pero nosotros no firmamos con el gobierno, firmamos con el Estado, y el gobierno entrante se tiene que hacer cargo de los compromisos que dejó la administración anterior”, señaló el dirigente. 

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Nuevo foco de conflicto

La situación vuelve a complicarse debido a que hoy,  además del bono pendiente, los trabajadores plantean otras demandas. Una de ellas consiste en mitigaciones por los efectos en la empleabilidad que podría tener la licitación del Terminal 1 de Iquique, proceso que lleva a cabo la empresa portuaria estatal EPI.

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“El 10 de marzo se abrió el proceso de licitación del terminal de Iquique, pero aún no sabemos nada sobre las medidas de mitigación que siempre se aplican en estos casos. Si no hay una respuesta pronto, convocaremos a una movilización de aquí a la próxima semana”, señaló César Luna, del sindicato de Iquique Terminal Internacional (ITI), perteneciente al Grupo Luksic. 

Otro de los puntos que piden  es la eliminación de las tarjetas portuarias, ya que aseguran que los salarios se han visto afectados debido al “exceso” de trabajadores que hay en el sector, además de regularizar el trabajo pesado y evaluar la posibilidad de establecer una jubilación anticipada. 

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Respecto del escenario que atraviesan las negociaciones entre portuarios y el gobierno, el presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Fruta (Asoex) Ronald Bown, manifestó que “la falta de cumplimiento de los acuerdos es una materia compleja de administrar, pero estamos ciertos que las nuevas autoridades de gobierno encontrarán los mecanismos que permitan evitar nuevas movilizaciones y lograr una solución definitiva a todos los temas laborales asociados a las operaciones portuarias”.

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Bown agregó que “es lamentable que los gobiernos no hayan abordado  esta materia  de una forma integral, limitándose a mitigar problemas puntuales que se arrastran desde hace años.  El  país no puede continuar perdiendo imagen y competitividad internacional por situaciones que con voluntad de todos pueden ser solucionadas en forma permanente”, insistió como publicó La Tercera.

14-03-2014-KRADIARIO-Nº888

BOLIVIA DEBERÁ ESPERAR A DIÁLOGO DIRECTO CON CHILE SOBRE EL MAR HASTA DESPUÉS DE LA HAYA

Chile revisará negociación con la Alianza Trasnspacífico

El canciller Heraldo Muñoz declaró hoy que el actual Gobierno revisará “la letra chica” de las negociaciones de Chile con la denominada Alianza Transpacífico (TPP) que comenzaron bajo el Gobierno anterior del Presidente Sebastián Piñera.

"Vamos a ver la letra chica de lo que se ha estado negociando en el gobierno anterior y vamos a responder de acuerdo a nuestros intereses nacionales, y eso ya lo estamos discutiendo con las nuevas autoridades que me están acompañando en el Ministerio, esa es la posición que vamos a asumir" en este caso, dijo Muñoz en una entrevista con Radio Cooperativa.

El ministro agregó además que "Chile va a ser cauteloso, veremos si  esta Alianza Transpacífico responde a los intereses de Chile, aquí hay algunos temas delicados como propiedad intelectual, regulación de empresas públicas, regulación del Banco Central que hay que revisar".

El Acuerdo Estratégico Transpacífico de Cooperación Económica – o TPP por sus siglas en inglés – es un tratado de libre comercio multilateral, que involucra a 12 naciones: Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, y los latinoamericanos México, Perú y Chile.

En sus más de 26 capítulos de negociación, el acuerdo abarca un espectro amplio de temáticas, que van desde el comercio de lácteos, hasta la regulación laboral.

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Las negociaciones del TPP comenzaron en marzo del 2010, pero las conversaciones preliminares se remontan a algunos años previos, y encuentran su origen formal en la existencia del P4 o Pacific Four, un acuerdo negociado entre Chile, Brunei, Singapur y Nueva Zelanda que tiene vigencia desde el 2006.

La negociación del TPP es secreta, de espalda a la comunidad de los países afectados. En febrero del 2011, se filtró el capítulo de propiedad intelectual que ha impuesto Estados Unidos al resto de los países, lo que ha generado alerta mundial respecto a diversos temas, como: 

limitación de los DDHH en Internet, obstáculos a medicamentos genéricos, obstáculo al acceso al conocimiento y la cultura y obstáculos a los derechos de los consumidores.

Agenda con Bolivia

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En tanto, al ser consultado sobre la demanda boliviana por una salida soberana al mar, el canciller indicó que el gobierno de Michelle Bachelet está dispuesto a retomar la agenda de 13 puntos, pero que si el país altiplánico desea seguir el tema marítimo en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, es allí donde este tema tendrá que ser tratado.

"Tenemos la mejor actitud hacia el gobierno de Evo Morales, quisiéramos la mejor de las relaciones, retomar esta agenda de los 13 puntos en su integridad, sin embargo si Bolivia cree que el tema de su aspiración marítima tiene que estar radicada en La Haya, evidentemente que trataremos ese tema en La Haya", puntualizó.

13-3-2014-KRADIARIO-Nº888

PARTIÓ LA DESMUNICIPALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN CHILENA

La presidenta de la República, Michelle Bachelet, anunció este jueves el envió de un proyecto de ley para iniciar la comprometida reforma a la educación, como parte de las 56 medidas para sus primeros 100 días de gobierno.

Entre los pilares de esta iniciativa se encuentran medidas para poner fin al lucro, la creación de un sistema para mayor transparencia financiera en colegios particulares subvencionados y la creación de un Servicio Nacional de Educación que ponga fin a la responsabilidad de los municipios en la educación pública.

“Vamos a llevar adelante una reforma educacional que integre, que asegure calidad y gratuidad a nuestros niños, niñas y jóvenes, es decir, que nadie se quede fuera de la educación de calidad porque no tienen cómo pagar”, dijo la presidenta.

“Vamos a terminar con la municipalización de la educación que dejó como herencia la dictadura, un modelo que finalmente lo que ha hecho es profundizar la desigualdad, condenar a los niños y niñas a no salir de la pobreza“, agregó.

Se trata de una reforma en todos los niveles -explicó la mandataria- desde la educacional inicial hasta la superior. “Una reforma que asegurará que Chile crezca ya no sólo por los recursos naturales, sino también por el talento y creatividad de nuestra gente. Una reforma que va a terminar con el lucro, que va a poner reglas del juego claras, para que nadie se beneficie a costa de nuestros niños y niñas”, indicó.

En la misma línea, la mandataria consideró fundamental para la concreción de aquellas medidas, el envío del proyecto de reforma tributaria, para así lograr los recursos necesarios para los cambios anunciados.

Bachelet entregó sus declaraciones en la ceremonia de inauguración del año escolar en la escuela básica municipal Grenoble, en la comuna de Quinta Normal.

El perfil de la reforma educacional

Al enumerar los aspectos que contendrá la iniciativa, Bachelet acotó que está será "una reforma que garantice oportunidades justas a cada niño, niña y joven de Chile. Que va a asegurar inclusión por un lado, y diversidad por el otro. Y queríamos que en nuestra primera visita en terreno, reafirmar este compromiso".

Bachelet apuntó que en educación se busca "una reforma que garantice oportunidades justas"  y que será "una reforma que va a terminar con el lucro y pondrá reglas claras para que nadie se beneficie de nuestros niños y niñas". 

Detalló que, entre otras medidas, "vamos a generar un servicio nacional de educación…que garantice una buena administración y que permita asegurar que nadie se quede sin lo que necesita", y "mejorar la calidad de la enseñanza en el aula".

"Una reforma que asegurará que Chile crezca no sólo por los recursos naturales, sino que por el talento de nuestra gente…el talento y la creatividad de nuestra gente, y una reforma que terminará con el lucro. 

Añadió que será "una reforma que lo que busca también es revitalizar la educación pública. Soy hija de la educación pública y sé que una educación pública que tiene todas las oportunidades puede dar las oportunidades de ser Presidente de la República y en mi caso, por segunda vez". 

"Queremos que la educación sea una herramienta de oportunidades. Dentro de los cien primeros días de gobierno vamos a enviar el proyecto de reforma educacional, para sentar las bases e introducir los pilares de las transformaciones estructurales al sistema educacional chileno". 

"Vamos a poner fin al lucro, estableciendo un marco regulatorio que permita asegurar que los recursos que se destinen  educación, se usen en educación de nuestros estudiantes, en todo el país", enfatizó.  

13-3-2014-KRADIARIO-Nº888

FLAMANTE GOBERNADOR DE ÑUBLE SIGUE COLGANDO DE UN HILO

Aún se mantienen las dudas hacia el nuevo gobernador de Ñuble, Cristián Fernández, luego que se conociera que fue destituido del cargo de alcalde de la comuna de San Fabián el año 2007, por el Tribunal Electoral Regional de Bío Bío, acusado de abandono de deberes, sentencia que luego fue revocada por el Tribunal Calificador de Elecciones.

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Ahora, la Municipalidad de San Fabián se querellará contra uno de los hombres de confianza que Fernández tuvo en el municipio, por eventuales irregularidades en obras de alcantarillado.

Según detalló el alcalde subrogante, Juan Carlos Acuña, se habrían pagado más de 600 millones de pesos por los trabajos, correspondiente al 60% de la obra, sin embargo, el estado de avance de la misma correspondía sólo al 30%.

Pese a lo anterior, el intendente del Bío Bío, Rodrigo Díaz, respaldó al Gobernador de Ñuble y señaló que si la presidenta Bachelet lo designó en el cargo, es porque analizó los antecedentes y no habría cuestionamientos.

En el municipio de San Fabián también se está revisando el contrato de las obras por la reposición de las señalizaciones, trabajos que se pagaron, pero que habrían quedado inconclusos en la administración de Fernández, dijo el alcalde subrogante.      

La acción legal sería presentada el próximo martes y buscaría la responsabilidad directa del funcionario de la Dirección de Obras Municipales y de quienes debían fiscalizar su labor.

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Cambio de Mando...

...PERO CHILE NO CAMBIA, SIGUE IGUAL 

QUE SIEMPRE

Por Walter Krohne

Todo resultó como fue  diseñado por los especialistas en ceremoniales republicanos, es decir fue un cambio de mando sin novedad, en que los representantes de la mitad de los políticos chilenos, la centro izquierda, asumían el gobierno, mientras la otra mitad, ahora la derecha opositora, abandonaba los centros del poder sin chistar y con la frente en alto.  “Nos vamos con la convicción del deber cumplido”,  decían algunos de estos últimos mientras participaban en un almuerzo de despedida en la localidad de Casablanca, el martes, con carnes del mejor asador del antiguo gabinete, nada menos que el ex ministro de Finanzas Felipe Larraín.

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El saliente Sebastián Piñera se despidió todas las veces que pudo, se emocionó en algunos casos y repetía que lo más complaciente y conmovedor como Presidente era sentir el caluroso abrazo y el apretón de manos de la gente. La última vez que fue saludado por la guardia de Palacio, el lunes por la mañana, respondió como era habitual, pero esta vez agregó con un tono más bajo, “nos veremos pronto”. Varios comunicadores interpretaron estas palabras como un posible retorno el 2017.

Con 75 delegaciones internacionales hubo de todo: Los que se dedicaron a festejar, los que hablaron bonito, los que tomaron la visita más en serio y se dedicaron a conversar o debatir sobre el futuro de las relaciones internacionales y los que llegaron a  Santiago para conocer el país y deambular por las calles de la capital chilena, entre rascacielos, pero evitando pasarse de la frontera que separa estas edificaciones, muchas de muy lujosas,  de los sectores más marginados y donde se puede apreciar la pobreza y la profunda desigualdad que hay en este país que una vez llegó a autollamarse “el jaguar” de América Latina.

Entre los que no llegaron estuvo el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, quien fue representado por Elías Jaua Milano,  el ministro de relaciones exteriores. Su ausencia fue la mejor decisión que pudo haber tomado Caracas, ya que los ánimos tras el asesinato de la chilena Giselle Rubilar Figueroa (47) en la ciudad de Mérida, ocurrido el fin de semana,  no eran de los mejores, especialmente cuando numerosos venezolanos de oposición al chavismo esperaban a Maduro para manifestarles su rechazo y obligarlo a evitar sus apariciones públicas.

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Así y todo Jaua hizo las gestiones correspondientes para reunir a los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), como ya estaba dispuesto desde antes,  para aprobar una resolución sobre el caso venezolano. Tras numerosas horas de reuniones a puertas cerradas y discursos en el Hotel Sheraton  de Santiago adoptaron una resolución que fue el envío de una delegación de ministros para colaborar en Caracas en el hallazgo de una salida a un problema que a simple vista parece tener poca solución, por ser un país que se encuentra afectado por una deplorable situación económica, con una inflación de un 56%, la más alta del mundo en estos momentos, un desempleo mayúsculo, con arcas fiscales desfinanciadas, con un clima de grave violencia y de infracción a los derechos humanos y violación de la libertad de expresión , aunque Jaua dijera todo lo contrario en Santiago.

Sin embargo, entre los visitantes extranjeros que “se robaron  la película” estuvo  el presidente de Uruguay José Mujica, un “rock star” de los jóvenes latinoamericanos que lo escucharon con mucha atención. "Hemos avanzado, pero nos falta mucho”, dijo. “Todavía pesan los chauvinismos nacionales y el sentimiento de la integración no ha llegado a las masas", declaró Mujica.  Agregó que la política no es solo un pasatiempo ni una profesión, sino que una pasión, y su objetivo fundamental es la construcción de voluntades colectivas. Lamentó que en el mundo se gastaran en armamento unos 2.000 millones de dólares por minuto, dinero que debería utilizarse  necesariamente en mayor educación, investigación, tecnología  u otros intereses para el desarrollo. Ojalá en el socialismo chileno hubiese dirigentes tan claros y francos en su forma de explicar la política y sus efectos en los pueblos como este presidente socialista uruguayo, ex integrante de la guerrilla de “los tupamaros”, que recibió seis balazos en su cuerpo en luchas guerrilleras, que paso varios años en la cárcel y  que hoy  vive en un pequeño campo en Montevideo dedicado al pensamiento y a la filosofía, amante de las flores y plantas y que no está dispuesto por nada a llevar corbata, un signo para los burócratas y capitalistas.

Un punto muy significativo en estos días ha sido el hecho que el poder en Chile está hoy en manos de dos mujeres con mucha historia: Michelle Bachelet en la Presidencia, e Isabel Allende en la Presidencia del Senado, es decir ambas ocupan los dos cargos más importantes del Estado. Las dos perdieron a sus respectivos padres hace 40 años: General Alberto Bachelet, quien murió torturado y posiblemente asesinado y el Presidente constitucional Salvador Allende Gossens, que murió durante el bombardeo de La Moneda el 11 de septiembre de 1973.

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Pasada la fiesta,  Chile retornó otra vez a la realidad de siempre. El primer anunció del “día después” del cambio de mando fue el que hicieron los movimientos sociales para una nueva marcha por las calles de Santiago con el objetivo central de demandar por una mejor educación, una reforma tributaria y sobre todo la formación de una Asamblea Constitucional, porque  sus dirigentes creen que el único camino para realizar una verdadera reforma de la actual Carta Fundamental, manchada con la sangre de Pinochet,  es este camino, que el Gobierno no comparte totalmente.

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Esto indica que las discrepancias y manifestaciones en las calles continuarán y se intensificarán, especialmente si el Gobierno no cumple con las promesas de campaña. Hoy el pueblo está empoderado y ha perdido todo temor de salir a las calles, especialmente ahora en que el nuevo gobierno socialista  sabe que cometería un grave error si violara los derechos humanos a través de la policía uniformada como ocurrió bajo el Presidente Piñera.

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Pero hay algo más: Diversos sectores, especialmente de la derecha, han comenzado a denunciar que los despidos en el sector público están a la orden del día. Circulan muchos rumores sobre el desempleo que puede comenzar a afectar a una parte de los empleados públicos. Explicaciones hay muchas como la respuesta que dio ayer en conferencia de prensa la flamante nueva Presidente que, haciéndose como que no comprendía la pregunta, respondió con otra: ¿se refiere a los 11.000 empleados públicos que exoneró el gobierno de Piñera cuando asumió en marzo de 2010?

13-3-2014-KRADIARIO-Nº888

BACHELET LOGRÓ LA APROBACIÓN DEL BONO MARZO EN LA CÁMARA

Lea los reparos del diputado Boric

Gabriel Boric y sus reparos

Con 101 votos a favor, ninguno en contra y sin abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó este jueves el proyecto del Gobierno que hace permanente el Bono Marzo y amplía la cobertura del Bono de Invierno.

La totalidad de los parlamentarios presentes en la sala de la Cámara Baja dieron su apoyo a la primera iniciativa que ingresa el gobierno de Michelle Bachelet, que busca dar el carácter de permanente a este beneficio y reponer el Bono Invierno a familias que lo habían perdido durante la administración anterior.

Hubo si reparos, como los del diputado Gabriel Boric (Región de Magallanes), quien a pesar que votó a favor del proyecto, durante su intervención expuso su postura diciendo: “la noción de que la idea de entregar bonos es ‘populista’, creo sin embargo que la principal crítica a la política de los bonos no debiera pasar por ahí”, agregando que “la entrega de un bono es la negación de la idea de derechos sociales universales. Un derecho social universal existe cuando alguna prestación está garantizada para toda la población, sin importar quién”.

.El diputado consignó que “un bono, lo que permite es hacer transferencias directas a la demanda. Se le entrega directamente a los más pobres dinero en efectivo para que lo gasten en lo que estimen conveniente. Pueden invertirlo en educación para sus hijos, o pueden ir al mall. Es la misma idea detrás de los vouchers. Permite mantener los sueldos bajos, al mismo tiempo que no se atenta contra la demanda efectiva. Es decir, precarización y negación de derechos. El gobierno se ahorra plata, privilegia a los privilegiados, y se da el lujo de hacerse pasar por caritativo con los más necesitados”, sentenció.

Ahora, el proyecto pasa a su segundo trámite legislativo en la sala del Senado, a partir del próximo martes.

Una vez aprobado, en el caso del presente año, el pago del beneficio se realizará a más tardar a contar del primero del mes siguiente a la publicación de la ley y se pagará por el Instituto de Previsión Social (IPS).

¿En qué consiste el proyecto?

Se trata de un aporte permanente de 40 mil pesos por carga, para las familias más vulnerables del país, el cual será entregado cada año en el mes de marzo, a quienes al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean beneficiarios de los siguientes mecanismos:

- Subsidio familiar establecido en la Ley 18.020.

- Asignación familiar o asignación maternal establecidas en el DFL. 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

- Personas o familias que sean usuarias del Subsistema de “Seguridades y Oportunidades”.

- Familias que estén participando en el Subsistema “Chile Solidario”,

En los dos últimos casos, se accederá al beneficio siempre que las personas no sean beneficiarias de alguno de los subsidios antes señalados. El monto se reajustará el 1 de marzo de cada año, en el 100% de la variación que haya experimentado el IPC.

Para evitar que nadie que tenga el derecho se quede sin recibir el bono, habrá plazo de un año para reclamar el aporte, contado desde abril. Además, se fija un plazo de 9 meses para el cobro, contado desde la emisión del pago.

Paralelamente, el proyecto amplía la cobertura del Bono de Invierno, al no considerar como requisito de ingreso, el monto que el pensionado perciba por aporte previsional solidario de vejez, ítem que fuera establecido a través de las Leyes de Presupuestos en los últimos dos años.

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PROYECTO DE REFORMA TRIBUTARIA DEL GOBIERNO NO SALDRÁ INTACTO DE LA CÁMARA, ADVIRTIÓ PABLO LORENZINI

El Gobierno, a pesar de tener mayoría en ambas Cámaras del Congreso Nacional,  comienza a “serle cuesta arriba” la tramitación de sus proyectos emblemáticos, especialmente uno de ellos: la reforma tributaria.

El diputado democristiano Pablo Lorenzini puso el botón de alarma ayer tras ser elegido presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, al señalar que el panorama se estaba poniendo difícil  debido al retroceso del precio del cobre y la caída en las expectativas de crecimiento económico. Así, dijo, que se buscará despachar la reforma tributaria en el segundo semestre de este año para que pueda entrar en vigencia en enero de 2015. Sin embargo, anticipó que la propuesta que envíe el gobierno no saldrá intacta de la instancia que lidera.

En una entrevista con La Tercera, Lorenzini respondió un cuestionario sobre el tema:

LT: ¿Qué margen real hay para que se recojan sugerencias?

L: No vamos a pasar la aplanadora. Incluso hay temas que vamos a conversar dentro de la misma Concertación, como el IVA a la construcción o el Sipco.

LT: ¿Entonces la propuesta que la Presidenta anunció durante la campaña podría tener cambios?

L: Una reforma tributaria es una reforma pensada por lo menos para 15 años; lo que implica tres o cuatro gobiernos. Por lo tanto, si bien tenemos un enfoque y en los conceptos básicos puede haber discrepancias con algunos técnicos, estamos abiertos.

LT: ¿En qué medidas ve espacio para modificaciones?

L: No habrá cambios en las matrices, que son la eliminación del FUT (Fondo de Utilidad Tributaria) y del DL 600 (franquicia impositiva para inversionistas extranjeros decretada en 1974), subir el impuesto a las empresas, bajar el impuesto a la renta y reforzar el control de la evasión y la elusión. La discusión estará en el cómo hacemos eso, en qué plazos, con qué gradualidad, a quiénes beneficiará, con qué condiciones…El gobierno está dispuesto a escuchar.

LT: ¿Pero qué propuestas podrían variar?

L: Se puede conversar, por ejemplo, sobre la forma de eliminar el FUT, o de qué manera se puede evitar que la eliminación del DL 600 afecte a las pymes. También está el tema de la depreciación acelerada, porque se debe cuidar que no sea utilizada por empresas medianas y grandes para eludir o evadir impuestos, así como hay que especificar qué tipo de activos podrán acogerse. Lo mismo con la rebaja del impuesto a los sueldos mayores. No todos estamos tan de acuerdo, ya que mucho de eso es evasión y elusión. Con otros diputados también hemos conversado sobre la importancia de incorporar una medida que permita que parte de los impuestos queden en las regiones donde se generan.

LT: ¿Han planteado esas inquietudes al ministro de Hacienda?

L: Sí. Manifestamos nuestro apoyo a la reforma tributaria, pero no cabe duda que no va a salir de la Cámara 100% igual a como llegó. La reforma tributaria tendrá cambios. No en lo fundamental, pero sí tendrá atenuaciones, acomodos; se buscará la fórmula de que sea lo más empática. Eso debe existir sin lugar a duda. Vamos a trabajar, pero no vamos a acatar todo lo que venga desde el gobierno. Y eso el ministro lo entiende.

LT: ¿El gobierno está dispuesto a hacer cambios ahora o las modificaciones quedarán radicadas a la discusión legislativa?

L: Hubo un debate en torno a qué medida hacíamos “la previa” y en qué minuto entrábamos después. Llegamos al acuerdo de que si se hacía muy larga la previa, no iba a entrar nunca el proyecto. Entonces la idea es que ingrese tal como está, pero que en las reuniones y a través del debate en el Congreso evaluemos y consideremos los aspectos que surjan. Pero no será al estilo Piñera, donde los proyectos pasaban rapidito.

LT: Especialistas y empresarios plantean que es negativo para la inversión y el ahorro eliminar el FUT…

L: El FUT se va a eliminar. Eso está decidido. Pero el cómo y el cuándo, se puede conversar. Hay matices.

LT: ¿Cuáles podrían ser los puntos de fácil aprobación?

El alza de impuestos a las empresas ya es una cosa aceptada. Habrá que ver si en un año, o en dos, pero en comparación con la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo  Económico)  Chile es uno de los países que tiene menor carga tributaria.
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Pedido de la Presidenta
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La Presidenta expresó que "si hay algo que yo he aprendido es que Chile es un ejemplo,  es un país serio y responsable".
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"Y para cambios permanentes se requiere financiamiento permanente... una reforma tributaria, para que esté disponible a tiempo" el dinero para costear el cambio.  

Resaltó que "el objetivo de lograr un cambio de fondo", y "si sacamos lo antes posible la reforma … no es solo el proyecto…estamos proyectando cómo crecemos como sociedad y como nos desarrollamos como país". 
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La mandataria hizo esta declaración durante su primera actividad en terreno como mandataria, en la escuela básica municipal Grenoble, en Quinta Normal, donde inauguró el año escolar junto al ministro de educación Nicolás Eyzaquirre. En la instancia, Bachelet destacó que la reforma educacional es uno de los ejes de su programa de gobierno, y de la mano de ésta va la modificación tributaria, para poder financiar estos cambios.  

12-3-2014-KRADIARIO-Nº888

MOVIMIENTOS  ACLARAN A BACHELET LOS MOTIVOS DE LA MARCHA DEL 22 DE MARZO

"No es a favor ni en contra del Gobierno…”pero la primera marcha va si o si

Inmediata respuesta hubo desde los movimientos sociales a la Presidenta Michelle Bachelet, quien señaló que "me imagino que la idea fundamental" de la marcha del 22 de marzo es "apoyar los procesos reformadores que nosotros tenemos".

A través de un comunicado, los organizadores de la denominada "marcha de todas las marchas" replicaron que la movilización "no es a favor, ni en contra del Gobierno, del Congreso o de un programa presidencial en particular".

"Sería absurdo una marcha con esos fines, al inicio de un nuevo período político, cuyas autoridades recién se instalan y su trabajo recién comienza", agregaron.

En el mismo texto los movimientos explicaron que algunas de las demandas de "por ejemplo la Asamblea Constituyente o el auto-cultivo de marihuana, no han sido consideradas, hasta ahora, por ningún programa presidencial electo".

"Mal podría entonces esta marcha apoyar un determinado programa. Otras demandas, en tanto, han sido incluidas en el actual y pasados programas presidenciales, a raíz de movilizaciones previas de las organizaciones sociales", añadieron, precisando que en dicho caso "se exigirá que se cumplan" las promesas.

La "marcha de todas las marchas" aún no está autorizada por la Intendencia Metropolitana, pero se espera un visto bueno para que se lleve a cabo el próximo sábado 22 de marzo con un recorrido que comience desde Plaza Italia.

12-3-2014-KRADIARIO-Nº888

EN MATERIA DE CIUDAD EL GOBIERNO DE PIÑERA LO HIZO MAL

Por Patricio Herman

Fue muy descriptivo y fuerte el reportaje “El asesor del Minvu que instaló leyes de amarre que favorecen negocios inmobiliarios”, divulgado a fines de febrero de 2014 por Ciperchile. Para quienes conocemos los sectores de Vivienda, Urbanismo, Medio Ambiente, Obras Públicas, Transportes, Telecomunicaciones y Patrimonio Histórico, no fue de alto impacto ese artículo porque estamos al tanto de la impudicia que emplean muchos de los actores privados que se desenvuelven productivamente en esas esferas.

Son infinitos los ejemplos de malas prácticas utilizadas por muchos actores del sector privado para abusar de un Estado que hasta ahora no ha ejercido su rol conductor y lamentablemente en diversas ocasiones esos astutos inversionistas han contado con la ayuda de funcionarios públicos para obtener ventajas en sus negocios, quebrantando así la regla primaria del sistema económico de libre mercado, cual es, actuar en igualdad de condiciones con sus competidores y haciendo realidad la llamada Responsabilidad Social Empresarial, manida frasecita recurrentemente usada en los coloridos avisos propagandísticos que se publican en los medios de prensa de los consorcios periodísticos que reciben los mayores subsidios del Estado.

Foto KRADIARIO

No nos cabe la menor duda que al interior del nuevo gobierno se deberán realizar las necesarias reingenierías dentro de los ministerios sectoriales para que así las futuras políticas sean coherentes con los intereses públicos de la población del país y en tal sentido que se respeten los lineamientos establecidos en la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) firmada en octubre pasado por el presidente Piñera, como también cumpliéndose la Ley Nº 20.500 de Participación Ciudadana en la Gestión de la Administración del Estado.

En esta ocasión daremos conocer algunos pocos ejemplos que contradicen abiertamente ambos instrumentos, el primero indicativo y el segundo normativo. Lo que diremos a continuación pone de manifiesto la enfermiza idea de la derecha política que sostiene que solo los privados deben intervenir con sus inversiones en las ciudades y por ello existe la completa privatización de las urbes con los perjuicios sociales y ambientales que todos conocemos.

Vamos al grano respecto de ciertos amarres non sanctos de última hora:

1.- Nos pareció mal que el MOP apresurada y recientemente le haya entregado el negocio de la concesión de la fracción más extensa de la autopista Américo Vespucio Oriente a las empresas extranjeras OHL y Sacyr, ello porque la primera en el año 2011 interpuso una demanda judicial en contra del Estado chileno con ocasión de la construcción e instalación de equipamientos en el nuevo hospital militar, localizado en la comuna de La Reina. Si algún lector se interesa en conocer la tramitación de este juicio puede acceder al Rol Nº 28.644-2011 radicado en el 27º Juzgado Civil de Santiago. Respecto a Sacyr, en el noticiero de TVN del miércoles 5 de marzo de 2014 sus periodistas fueron bastante gráficos para denunciar el ardid cometido por esa empresa constructora para no someter su obra vial al estudio de impacto ambiental que le correspondía: la concesionaria sostuvo como cualquier “cara e´palo” que la autopista era una “autovía”, con lo cual se liberaba de someterse a la Ley.

Foto KRADIARIO

2.- Fue muy grotesca la forzada aprobación de la modificación PRMS100 que transformó 10.000 hectáreas agrícolas de suelos I, II y III de riego, es decir, los mejores del país, según documentación del Ministerio de Agricultura. Estos territorios están situados en 8 comunas periféricas de la región Metropolitana de Santiago, los que ahora por arte de magia son aptos para la actividad inmobiliaria.

El Minvu fue el promotor de este modelo de negocio que favorece, por las consabidas plusvalías económicas derivadas del cambio de uso de suelo, a cierta cantidad de particulares interesados. Este caprichoso cambio en las reglas del juego fue publicado el 26 de noviembre de 2013 en el Diario Oficial. Claro que el Minvu cometió un error garrafal en su iniciativa mercantil porque consideró en las 10.000 hectáreas a un gran número de predios rústicos acogidos al DL 3516, los que no pueden ser urbanos por disposición legal: el listado respectivo obra en nuestro poder porque conforme a la Ley de Transparencia esa información oficial, a nuestro requerimiento, nos fue suministrada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), de tal forma que ahora corresponderá que los tribunales de justicia anulen la Resolución administrativa firmada por el intendente Peribonio.

3.- Después de una acuciosa y completa investigación a nivel país de todos los proyectos inmobiliarios que no se adscribían a la normativa de Vivienda y Urbanismo, ciertos funcionarios y apitutados asesores de alto nivel del Minvu publicaron en el Diario Oficial del 12 de diciembre de 2013 el Decreto misceláneo Nº 1, mediante el cual cambiaron discrecionalmente ciertos artículos de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) para convertir esas inversiones en legales. Este delicado e ilegítimo proceder de un servicio público se lo dimos a conocer a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la cámara de diputados con el propósito de que sus nuevos integrantes, de acuerdo a sus facultades fiscalizadoras, inicien una investigación parlamentaria citando al titular de ese díscolo ministerio.

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4.- El 3 de marzo de 2014 el arquitecto Julio Poblete publicó en La Tercera la columna de opinión “Prueba de legalidad” denunciando que no siempre los Planes Reguladores Comunales (PRC) se ciñen a las disposiciones legales de mayor jerarquía. El autor del opúsculo entregó ejemplos respecto de los usos de suelo e incentivos normativos que contradicen las disposiciones legales,asegurando que estos errores se producen porque la Contraloría General de la República (CGR) no toma razón de los PRC donde existen planes reguladores intercomunales, dando como ejemplo el caso de esta saturada región que sí cuenta con un Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS). La CGR revisa la legalidad de aquellos instrumentos urbanísticos locales, después del informe favorable del Seremi de Vivienda y Urbanismo, solamente en los casos en donde no existen planes reguladores intercomunales.

Foto KRADIARIO

Acto seguido afirmó que le llamaba la atención que no exista más celo en la revisión de legalidad de los planes reguladores comunales, añadiendo que aún “nadie proponga restablecer la revisión de la Contraloría a todos los casos” (sic). En este sentido expresamos que, consciente del vacío legal que vivimos, con fecha 24 de octubre de 2012 le representamos esta engorrosa situación a la CGR, la que en su dictamen Nº 71175 del 16 de noviembre de 2012 nos respondió que las resoluciones municipales, conforme al artículo 53º de la Ley Orgánica de Municipalidades, se encuentran exentas del trámite de toma de razón, pero que en aras de la buena administración sería razonable que el ente de control examinara tales decretos municipales y para tal propósito el contralor Ramiro Mendoza tuvo la buena idea de enviarle copia de nuestra presentación y de su dictamen a los ministros de la Secretaría General de la Presidencia y de Vivienda y Urbanismo “para su conocimiento y fines que estimen pertinentes”. Estos dos ministros no han  hecho nada para mejorar la institucionalidad en esta sensible materia y por ello se siguen cometiendo los errores que dio a conocer el arquitecto Poblete.

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5.-  En todas las zonas del país declaradas latentes o saturadas de contaminantes, que cuenten o no con Planes Prevención  y Descontaminación Atmosférica (PPDA), los proyectos inmobiliarios, de ciertas envergaduras, fijadas en el reglamento de la Ley Ambiental deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ello para cuidar la salud de la población. Tales análisis que en ocasiones imponen condiciones y medidas reparatorias a los titulares de los proyectos se llevan a cabo a través de “declaraciones” o “estudios” y en general, con algunas cuantas excepciones, la administración se ha preocupado para que se cumpla la ley acorde al artículo 11º de la misma.

Pero accediendo a las presiones del influyente sector económico que se desenvuelve en la explotación del recurso suelo, el debilucho Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) determinó, vía un simple reglamento, publicado el 24 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial, que los proyectos inmobiliarios ya no se someterán al SEIA. Es decir, todos los polémicos malls, sin importar sus cargas de ocupación y todos los diversos tipos equipamientos de alto impacto en los barrios de las ciudades estarán libres de cumplir la Ley. En razón a que esta decisión del gobierno no resiste mayor análisis, ya que un reglamento no puede ir más allá de lo que establece la ley, suponemos que esta “travesura” en el corto plazo se dejará sin efecto.

6.- Todos sabemos que las calles son bienes nacionales de uso público que le pertenecen a la nación, ello según el Código Civil y el DL 1939 del Ministerio de Bienes Nacionales, pero en estos días el Seremi de Vivienda y Urbanismo, accediendo a la solicitud de una empresa constructora que dispone de un sitio que enfrenta una vía determinada en el sector de Américo Vespucio, Vasco de Gama y Martín Alonso de Pinzón, comuna de Las Condes, trasladó los documentos necesarios al Seremi de Bienes Nacionales para que este servicio apruebe la desafectación de esa vialidad y se la venda directamente al privado que la necesita para ampliar su terreno y por lo tanto para mejorar la rentabilidad de su negocio inmobiliario consistente en dos elevadas torres habitacionales en un sector que ya no resiste mayores flujos vehiculares.

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Podríamos escribir cientos de páginas demostrativas del “laissez faire” vigente en este ámbito de materias, pero consideramos que con estos sucintos ejemplos las nuevas autoridades sectoriales ordenarán la casa y así, a partir del martes próximo Alberto Undurraga, Paulina Saball, Pablo Badenier, Víctor Osorio y Claudio Orrego, conforme sus propias atribuciones legales, adoptarán las decisiones que en rigor correspondan.

12-3-2014-KRADIARIO-Nº888

LA PERSECUCIÓN PENAL DE LEOPOLDO LÓPEZ

El Gobierno de Venezuela no ha presentado una sola prueba válida contra el dirigente opositor, al que mantiene en una prisión militar

 Por José Miguel Vivanco (*)

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Mientras cancilleres latinoamericanos se reúnen en Chile para tratar la situación en Venezuela, Leopoldo López, uno de los líderes más prominentes de la oposición política venezolana, se encuentra detenido en una prisión militar esperando a que una jueza provisoria (sin inamovilidad en el cargo) decida si será sometido a juicio, sin que hasta ahora se haya exhibido ninguna evidencia válida en su contra.

La violencia desatada a raíz de las manifestaciones de estudiantes y opositores que comenzaron el 12 de febrero en Venezuela ha dejado como saldo más de 20 muertos, decenas de heridos, cientos de detenidos y serias denuncias de brutalidad, torturas y vejámenes cometidos por las fuerzas de seguridad. El Estado, además, ha tolerado y colaborado con grupos armados civiles que apoyan al gobierno. La Fiscalía, a regañadientes –y gracias a los vídeos y la presión de la opinión pública–, ha dado algunos pasos para investigar las verdaderas responsabilidades en estos hechos. Sin embargo, sigue avanzando con una velocidad notable para atribuirle responsabilidad penal por la violencia a la oposición política.

Altas autoridades del Gobierno venezolano sostuvieron que López, dirigente de Voluntad Popular, era el “autor intelectual” de la violencia, y la Fiscalía solicitó su detención, acusándolo de todo: disturbios, muertes y lesiones. Luego acusó también a Carlos Vecchio, quien le sigue a López en la directiva de Voluntad Popular, y a otros dos miembros de la oposición por hechos similares, invocando teorías conspirativas en vez de presentar pruebas que los incriminen.

Al Gobierno venezolano le resulta relativamente fácil utilizar el sistema judicial como un instrumento político desde que, en 2004, el chavismo depuró al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y nombró a jueces afines en el más alto tribunal. Desde entonces, el poder judicial ha dejado de actuar efectivamente como un poder independiente del gobierno. A través de la Comisión Judicial del TSJ, que cuenta con facultades para nombrar y remover jueces inferiores provisorios y temporales –que hoy son la mayoría de los jueces en el país– esta politización de la justicia se propagó al resto del poder judicial.

El 18 de febrero, López se entregó a las autoridades y desde entonces se encuentra detenido en Ramo Verde, una prisión militar, en la cual solo tiene contacto con su familia cercana y sus abogados, y solamente sale de su celda cuando es posible que tome aire sin tener contacto con otros presos.

Ante la contundente evidencia que hizo pública el periódico venezolano Últimas Noticias, que sugería que uniformados junto con civiles armados eran los autores de una de las muertes ocurridas el 12 de febrero, la propia Fiscalía debió dar marcha atrás y eliminar los cargos por homicidio imputados inicialmente a López. Sin embargo, López sigue sujeto a investigación por varios delitos, incluido el de asociación para delinquir, que tiene una pena de hasta 10 años.

Es muy improbable que López sea liberado próximamente. Legalmente, podría permanecer detenido preventivamente hasta 45 días, cuando la Fiscalía debería acusarlo, archivar el caso, o sobreseerlo, pero en la práctica estos plazos rutinariamente no se respetan en Venezuela.

En un Estado de derecho, la libertad de López debería estar garantizada si las autoridades no presentaran pruebas creíbles de que él podría ser responsable de la comisión de un delito. Sin embargo, en Venezuela es muy difícil para un juez adoptar una decisión conforme a derecho si esta va contra intereses del Gobierno.

Por ejemplo, en 2009, la justicia venezolana detuvo arbitrariamente a la jueza María Lourdes Afiuni por cumplir con una recomendación de Naciones Unidas y dejar en libertad condicional a un opositor del Gobierno chavista. Afiuni, que era jueza titular con estabilidad en el cargo, estuvo un año en prisión, dos en arresto domiciliario y continúa sujeta a proceso penal por delitos que no cometió. Antes del caso Afiuni,los jueces temían perder su empleo si adoptaban decisiones contrarias a los intereses del gobierno. Ahora, también temen ir presos.

En un país donde el poder judicial carece de independencia, el futuro de Leopoldo López está en manos de una jueza que podría ser removida por un telegrama sin mediar ninguna explicación, como ha ocurrido rutinariamente en el pasado. La decisión sobre el futuro de la jueza, a su vez, está en manos de magistrados del TSJ, un órgano que habitualmente avala políticas del Gobierno.

La reunión de la OEA de la semana pasada, celebrada a puerta cerrada, terminó con una declaración que parece describir la situación en Venezuela como si fuera una catástrofe natural, en vez de responsabilizar al Gobierno venezolano por violaciones de derechos humanos como la censura y la brutalidad de las fuerzas de seguridad. ¿Habrá alguna posibilidad de que la reunión en Santiago lleve a un resultado distinto, exigiendo que Venezuela asuma sus obligaciones jurídicas internacionales de respetar los derechos humanos? Específicamente, ¿se exigirá esta vez que cesen los abusos contra manifestantes y la liberación y el respeto de las garantías del debido proceso de quienes fueron detenidos arbitrariamente, como Leopoldo López?

(*) Diario El País de España. El autor  es  director de la División de las Américas de Human Rights Watch.