OBSERVATORIO DE KROHNE ARCHIV: NOTICIAS PARA CONOCER Y REFLEXIONAR
SEIS UNIVERSIDADES EN LA MIRA DE LA FISCALÍA POR LUCRO
El fiscal Carlos Gajardo decretó órdenes amplias de investigar a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI para dar cuenta, entre otros aspectos, de la existencia de “corrupción y lavado de dinero” en la Comisión Nacional de Acreditación. La información la entregó luego de interrogar por cuatro horas al ex rector de la Universidad del Mar, Daniel Urrutia, quien denunció presiones tras su abrupta salida de su cargo. Hace diez días, el fiscal Carlos Gajardo confirmaba que investigaba por posible pago de coimas a la Universidad del Mar, la Universidad Bernardo O’Higgins, la Pedro de Valdivia, Universidad Andrés Bello, Uniacc y al centro de Formación Técnica Simón Bolivar. Esas declaraciones las hizo luego de interrogar como imputado de cohecho y negociación incompatible al ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Eugenio Díaz Corbalán. En esta jornada, el fiscal Gajardo confirmó que este último recibió en total 290 millones de pesos en asesorías que realizaba a estas casas de estudios, que coincidentemente eran contratadas luego de que sorteaban con éxito los procesos de acreditación.
Esta semana el alcalde de Providencia, Cristián Labbé,
entregó un estudio de impacto vial elaborado por el muncipio, el que asegura
que los tiempos de viaje en el sector cercano al Costanera Center habían
disminuido entre un 3% y un 4%, una información que no es compartida por la
candidata a la alcaldía de Providencia, Josefa Errázuriz. “Queremos evaluar
este informe, porque según nuestros estudios las medidas de mitigación son
insuficientes”, señaló Errázuriz, quien solicitó el informe en la oficina de
partes del municipio, a través de la Ley de Transparencia, con la finalidad de
ser revisado por los especialistas vinculados a su campaña, entre los que
destacan el ingeniero Louis de Grange (Ingeniero en Transportes, Master y PhD
en Transporte Pontificia Universidad Católica de Chile) y los arquitectos Iván
Poduje (Magister en Desarrollo Urbano, Pontificia Universidad Católica de
Chile), Roberto Moris (MSc City Design and Social Science, London School of
Economics)y Luis Eduardo Bresciani (Master Diseño Urbano Universidad de
Harvard).
LAVIN QUISO RETRASAR ENTREGA DE AYUDA PARA SALIR EN TV
A pesar que se trataba de elementos de primera necesidad
como alimentos, frazadas y pañales para dos mujeres de avanzada edad, los
funcionarios de la cartera esperaban que todo se guardara hasta el lunes, día
en que un equipo del programa “Bienvenidos” de Canal 13 podía hacer un contacto
en directo desde La Pintana con el secretario de Estado haciendo la donación.
Así lo revela un correo electrónico enviado desde el ministerio, que encontró
una dura respuesta en el municipio encabezado por el PPD Jaime Pavez, según El
Mostrador. Esta misma actitud, si bien se ha repetido ya varias veces con otros
líderes políticos, el retraso ahora por varios días de la entrega de ayuda
solidaria urgente de primera necesidad, colmó la paciencia de muchos. La idea
era que el ministro apareciera haciendo una donación en vivo y en directo en un
programa matinal. Y así lo entendieron en el municipio de La Pintana,
encabezado por el alcalde del PPD Jaime Pavez, donde optaron por rechazar la
insólita petición que les hizo el Ministerio de Desarrollo Social.
TASA DE HOGARES VÍCTIMAS DE ROBO SIGUE IGUAL: 39,3%
De acuerdo a la última encuesta realizada por Paz Ciudadana
y Adimark, que fue dada a conocer esta mañana, el porcentaje de hogares
víctimas de robo en los últimos seis meses se mantuvo en un 39,3%, no detectándose diferencias significativas
entre Santiago y regiones, ni tampoco según niveles socioeconómicos. El sondeo
–que también mide los niveles de temor, denuncias, evaluación de autoridades en
materia de seguridad y desempeño policial- arrojó además que 72,5% de los delitos
ocurren fuera de la comuna de residencia, en espacios públicos y sin violencia.
Respecto a la revictimización, el índice muestra que durante el primer semestre
de 2012, el 27% de los hogares chilenos concentran el 90,6% de los delitos,
destacando que en el área nororiente de Santiago disminuyó la cifra de hogares
revictimizados de 71,1% a 61,8%. Sin embargo, los delitos de robo en la capital
siguen focalizándose en el sector surponiente, alcanzando un 78,5% versus un
72,5% registrado en diciembre de 2011.
El ministro de Defensa, Andrés Allamand, anunció que
iniciará una investigación para determinar si existen o no los supuestos
archivos secretos del régimen militar, revelados por la agencia DPA. "Voy
a hacer todas las indagaciones respecto a la eventual existencia de estos
archivos y si existen obviamente que los voy a entregar a la Justicia",
dijo la autoridad, reconociendo que no sabía nada del tema. Los archivos
secretos del régimen liderado por el fallecido general Augusto Pinochet, a los
que tuvo acceso la agencia están contenidos en tres CD repletos de información,
en las que están escaneados miles de documentos. Entre todo ese material, hay
textos emitidos por distintos organismos de la Defensa Nacional con archivos
desde 1978 hasta 1989. Los registros también incluyen planes, memorandos,
circulares y coordinaciones de los ministerios de Interior y Relaciones
Exteriores, por ejemplo. Los textos revelan la estrecha colaboración entre los
ministros del régimen militar (1973-1990) y los organismos represivos.
El director de la Facultad de Economía y Negocios de la
Universidad de Chile, Oscar Landerretche, aseveró en El Diario de Cooperativa
que las modificaciones realizadas por el Gobierno a la reforma tributaria
rebaja impuestos a parlamentarios y ministros, por lo que sería inaceptable para
el Congreso aprobar esta iniciativa. Landerretche explicó que "la
innovación central, que es lo que hace que sea imposible para legisladores de
oposición o de izquierda aprobar este proyecto, es que el Gobierno en vez de
rebajarle los impuestos a la renta a todos los tramos de ingresos altos del
país -que era lo que ocurría en el proyecto anterior- ahora hay un tramo al que
no se le rebaja, que es el más alto, el de gente que gana más de 10 millones de
pesos". Esta modificación, añadió, representa "una diferencia muy
menor porque son muy pocas las personas en Chile que ganan más de 10 millones
de pesos al mes y las personas que ganan entre cuatro y 10 millones de pesos
son la abrumadora mayoría de las personas que son de ingresos altos de este
país". "Sigue siendo un proyecto que intenta rebajar los impuestos a
la renta a las personas de ingresos más altos y yo creo que eso es
completamente inaceptable para el parlamento", resaltó.
LA ABOGADA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR QUE SE NEGÓ A LA ALCOHOLEMIA
La directora del Servicio Nacional para la Prevención y
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), Francisca Florenzano,
desmintió hoy los dichos de la ahora ex abogada del ministerio del Interior,
Alejandra Tagle, respecto de que los controles que se realizan en el marco del
programa "Control Cero Alcohol", son ilegales. Tagle –que renunció a
su cargo, luego de ser sancionada por negarse a una alcoholemia-, dijo a
"El Mercurio" que el procedimiento que se utilizaba en ese programa
carece de legalidad, porque el organismo antidrogas del Gobierno, "no cuenta
con facultades de fiscalización".
"Ella tiene una concepción errada, porque nosotros como servicio no
somos los que fiscalizamos. El que fiscaliza es Carabineros y es por eso que
ellos están presentes en cada una de las instancias que se implementan en el
programa", aclaró Florenzano. La directora nacional del Senda también
lamentó que la abogada Tagle haya "tratado de influir con sus credenciales
para que no se le hiciera una alcoholemia". Además, acusó a la ex
funcionaria del ministerio del Interior de "confundir las cosas" y de
estar dispuesta "a enlodar lo que el programa ‘Control Cero Alcohol’ con
tal de justificar una conducta errada que tuvo, y eso fue el utilizar su cargo
para eludir el control". La afectada declaró: "Exigí que me llevaran
a un centro de salud para que se me practicara la alcoholemia, a lo que se
negaron y por ello no quise que me la realizaran en el operativo de Senda. Por
mi trabajo estaba consciente que el procedimiento que utilizaban los programas
'Calle sin Alcohol' o 'Control cero alcohol' era ilegal, porque Senda no cuenta
con facultades de fiscalización", apuntó.
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