Es el proceso judicial
del "mayor escándalo corrupción del país" conocido como
"mensalao", por las coimas que se pagaban por mes a legisladores para
que aprobaran leyes del gobierno de Lula.
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| Parlamento de Brasil |
Bautizado como el "juicio del siglo", el proceso
pondrá la lupa en el escándalo protagonizado por el Partido de los Trabajadores
(PT) que consistía en usar dinero no declarado de campañas electorales para
sobornar a legisladores con el fin de que apoyasen leyes del gobierno en el
Congreso.
Tras siete años de investigaciones comienza hoy el proceso
en el seno mismo del Tribunal Supremo Federal de Brasil.
En el banquillo de los acusados se sentarán tres ex
ministros y otros 35 políticos y empresarios, que son acusados de delitos que
van desde corrupción activa y pasiva, hasta malversación, lavado de dinero,
asociación ilícita y evasión de divisas.
El recinto de esa corte amaneció blindado por un
megaoperativo de seguridad para proteger a los 11 magistrados encargados de
dictar sentencia contra los 38 acusados de participar en el esquema, conocido
como el "mensalao" o mensualidad, en alusión a las coimas que
recibían por mes los parlamentarios y partidos aliados del gobierno para votar
a favor de las iniciativas del Ejecutivo encabezado por Lula.
La sede del Supremo Tribunal, situada en la Plaza de los
Tres Poderes, frente al Palacio presidencial de Planalto y el edificio del
Congreso, amaneció hoy rodeada de cercas metálicas, a fin de impedir la
aproximación de curiosos o manifestantes.
Los 38 fueron calificados por el autor de la denuncia
original, el ex procurador de la República Antonio Fernando de Souza, como
"una cuadrilla de delincuentes" que crearon un operativo sofisticado
"para perpetuar al PT en el poder".
Los ministros no tendrán contacto con la prensa ni el
público durante el juicio, que no tiene plazo para terminar, pero que se espera
no demore mucho más de un mes.
El Procurador Gurgel, presentó los cargos contra los
acusados, e insistió en que el hombre fuerte de Lula durante su primer mandato,
el ex ministro José Dirceu -que renunció en 2005- fue el líder del operativo de
corrupción, y estaba por encima, incluso, de otros dos legendarios dirigentes
del partido de izquierda: el ex presidente José Genoino, y el ex tesorero
Delúbio Soares.
En el documento con sus alegatos finales, que fue entregado
a mediados de 2011 a la Corte Suprema para que el relator del proceso, el
ministro Joaquim Barbosa, realizara el informe pertinente, Gurgel pidió la
condena de 36 de los 38 acusados. Los dos acusados para quienes pidió la
absolución por falta de pruebas son el ex ministro de Comunicaciones del
gobierno Lula, Luiz Gushiken, y Antonio Lamas, hermano de uno de los acusados.
Según el diario "Folha de Sao Paulo", es en ese
documento en el que Gurgel califica el caso como "el más atrevido y
escandaloso esquema de corrupción y desvío de dinero público descubierto en
Brasil". La estafa del siglo.
Según Gurgel, el escándalo representó "un sistema de
enormes movimientos financieros al margen de la legalidad, con el objetivo
espurio de comprar los votos de los parlamentarios considerados especialmente
relevantes por los líderes delincuentes".
Uno de los primeros asuntos que el Supremo se puede ver
obligado a resolver es la situación del magistrado José Antonio Dias Toffoli,
uno de sus once miembros, quien de 1995 a 2006 fue abogado del PT y en la misma
época en que surgió el escándalo se desempeñaba como subjefe de Asuntos
Jurídicos del ministerio que dirigía Dirceu.
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