12-3-2014-KRADIARIO-Nº888

MOVIMIENTOS  ACLARAN A BACHELET LOS MOTIVOS DE LA MARCHA DEL 22 DE MARZO

"No es a favor ni en contra del Gobierno…”pero la primera marcha va si o si

Inmediata respuesta hubo desde los movimientos sociales a la Presidenta Michelle Bachelet, quien señaló que "me imagino que la idea fundamental" de la marcha del 22 de marzo es "apoyar los procesos reformadores que nosotros tenemos".

A través de un comunicado, los organizadores de la denominada "marcha de todas las marchas" replicaron que la movilización "no es a favor, ni en contra del Gobierno, del Congreso o de un programa presidencial en particular".

"Sería absurdo una marcha con esos fines, al inicio de un nuevo período político, cuyas autoridades recién se instalan y su trabajo recién comienza", agregaron.

En el mismo texto los movimientos explicaron que algunas de las demandas de "por ejemplo la Asamblea Constituyente o el auto-cultivo de marihuana, no han sido consideradas, hasta ahora, por ningún programa presidencial electo".

"Mal podría entonces esta marcha apoyar un determinado programa. Otras demandas, en tanto, han sido incluidas en el actual y pasados programas presidenciales, a raíz de movilizaciones previas de las organizaciones sociales", añadieron, precisando que en dicho caso "se exigirá que se cumplan" las promesas.

La "marcha de todas las marchas" aún no está autorizada por la Intendencia Metropolitana, pero se espera un visto bueno para que se lleve a cabo el próximo sábado 22 de marzo con un recorrido que comience desde Plaza Italia.

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EN MATERIA DE CIUDAD EL GOBIERNO DE PIÑERA LO HIZO MAL

Por Patricio Herman

Fue muy descriptivo y fuerte el reportaje “El asesor del Minvu que instaló leyes de amarre que favorecen negocios inmobiliarios”, divulgado a fines de febrero de 2014 por Ciperchile. Para quienes conocemos los sectores de Vivienda, Urbanismo, Medio Ambiente, Obras Públicas, Transportes, Telecomunicaciones y Patrimonio Histórico, no fue de alto impacto ese artículo porque estamos al tanto de la impudicia que emplean muchos de los actores privados que se desenvuelven productivamente en esas esferas.

Son infinitos los ejemplos de malas prácticas utilizadas por muchos actores del sector privado para abusar de un Estado que hasta ahora no ha ejercido su rol conductor y lamentablemente en diversas ocasiones esos astutos inversionistas han contado con la ayuda de funcionarios públicos para obtener ventajas en sus negocios, quebrantando así la regla primaria del sistema económico de libre mercado, cual es, actuar en igualdad de condiciones con sus competidores y haciendo realidad la llamada Responsabilidad Social Empresarial, manida frasecita recurrentemente usada en los coloridos avisos propagandísticos que se publican en los medios de prensa de los consorcios periodísticos que reciben los mayores subsidios del Estado.

Foto KRADIARIO

No nos cabe la menor duda que al interior del nuevo gobierno se deberán realizar las necesarias reingenierías dentro de los ministerios sectoriales para que así las futuras políticas sean coherentes con los intereses públicos de la población del país y en tal sentido que se respeten los lineamientos establecidos en la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) firmada en octubre pasado por el presidente Piñera, como también cumpliéndose la Ley Nº 20.500 de Participación Ciudadana en la Gestión de la Administración del Estado.

En esta ocasión daremos conocer algunos pocos ejemplos que contradicen abiertamente ambos instrumentos, el primero indicativo y el segundo normativo. Lo que diremos a continuación pone de manifiesto la enfermiza idea de la derecha política que sostiene que solo los privados deben intervenir con sus inversiones en las ciudades y por ello existe la completa privatización de las urbes con los perjuicios sociales y ambientales que todos conocemos.

Vamos al grano respecto de ciertos amarres non sanctos de última hora:

1.- Nos pareció mal que el MOP apresurada y recientemente le haya entregado el negocio de la concesión de la fracción más extensa de la autopista Américo Vespucio Oriente a las empresas extranjeras OHL y Sacyr, ello porque la primera en el año 2011 interpuso una demanda judicial en contra del Estado chileno con ocasión de la construcción e instalación de equipamientos en el nuevo hospital militar, localizado en la comuna de La Reina. Si algún lector se interesa en conocer la tramitación de este juicio puede acceder al Rol Nº 28.644-2011 radicado en el 27º Juzgado Civil de Santiago. Respecto a Sacyr, en el noticiero de TVN del miércoles 5 de marzo de 2014 sus periodistas fueron bastante gráficos para denunciar el ardid cometido por esa empresa constructora para no someter su obra vial al estudio de impacto ambiental que le correspondía: la concesionaria sostuvo como cualquier “cara e´palo” que la autopista era una “autovía”, con lo cual se liberaba de someterse a la Ley.

Foto KRADIARIO

2.- Fue muy grotesca la forzada aprobación de la modificación PRMS100 que transformó 10.000 hectáreas agrícolas de suelos I, II y III de riego, es decir, los mejores del país, según documentación del Ministerio de Agricultura. Estos territorios están situados en 8 comunas periféricas de la región Metropolitana de Santiago, los que ahora por arte de magia son aptos para la actividad inmobiliaria.

El Minvu fue el promotor de este modelo de negocio que favorece, por las consabidas plusvalías económicas derivadas del cambio de uso de suelo, a cierta cantidad de particulares interesados. Este caprichoso cambio en las reglas del juego fue publicado el 26 de noviembre de 2013 en el Diario Oficial. Claro que el Minvu cometió un error garrafal en su iniciativa mercantil porque consideró en las 10.000 hectáreas a un gran número de predios rústicos acogidos al DL 3516, los que no pueden ser urbanos por disposición legal: el listado respectivo obra en nuestro poder porque conforme a la Ley de Transparencia esa información oficial, a nuestro requerimiento, nos fue suministrada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), de tal forma que ahora corresponderá que los tribunales de justicia anulen la Resolución administrativa firmada por el intendente Peribonio.

3.- Después de una acuciosa y completa investigación a nivel país de todos los proyectos inmobiliarios que no se adscribían a la normativa de Vivienda y Urbanismo, ciertos funcionarios y apitutados asesores de alto nivel del Minvu publicaron en el Diario Oficial del 12 de diciembre de 2013 el Decreto misceláneo Nº 1, mediante el cual cambiaron discrecionalmente ciertos artículos de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) para convertir esas inversiones en legales. Este delicado e ilegítimo proceder de un servicio público se lo dimos a conocer a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la cámara de diputados con el propósito de que sus nuevos integrantes, de acuerdo a sus facultades fiscalizadoras, inicien una investigación parlamentaria citando al titular de ese díscolo ministerio.

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4.- El 3 de marzo de 2014 el arquitecto Julio Poblete publicó en La Tercera la columna de opinión “Prueba de legalidad” denunciando que no siempre los Planes Reguladores Comunales (PRC) se ciñen a las disposiciones legales de mayor jerarquía. El autor del opúsculo entregó ejemplos respecto de los usos de suelo e incentivos normativos que contradicen las disposiciones legales,asegurando que estos errores se producen porque la Contraloría General de la República (CGR) no toma razón de los PRC donde existen planes reguladores intercomunales, dando como ejemplo el caso de esta saturada región que sí cuenta con un Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS). La CGR revisa la legalidad de aquellos instrumentos urbanísticos locales, después del informe favorable del Seremi de Vivienda y Urbanismo, solamente en los casos en donde no existen planes reguladores intercomunales.

Foto KRADIARIO

Acto seguido afirmó que le llamaba la atención que no exista más celo en la revisión de legalidad de los planes reguladores comunales, añadiendo que aún “nadie proponga restablecer la revisión de la Contraloría a todos los casos” (sic). En este sentido expresamos que, consciente del vacío legal que vivimos, con fecha 24 de octubre de 2012 le representamos esta engorrosa situación a la CGR, la que en su dictamen Nº 71175 del 16 de noviembre de 2012 nos respondió que las resoluciones municipales, conforme al artículo 53º de la Ley Orgánica de Municipalidades, se encuentran exentas del trámite de toma de razón, pero que en aras de la buena administración sería razonable que el ente de control examinara tales decretos municipales y para tal propósito el contralor Ramiro Mendoza tuvo la buena idea de enviarle copia de nuestra presentación y de su dictamen a los ministros de la Secretaría General de la Presidencia y de Vivienda y Urbanismo “para su conocimiento y fines que estimen pertinentes”. Estos dos ministros no han  hecho nada para mejorar la institucionalidad en esta sensible materia y por ello se siguen cometiendo los errores que dio a conocer el arquitecto Poblete.

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5.-  En todas las zonas del país declaradas latentes o saturadas de contaminantes, que cuenten o no con Planes Prevención  y Descontaminación Atmosférica (PPDA), los proyectos inmobiliarios, de ciertas envergaduras, fijadas en el reglamento de la Ley Ambiental deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ello para cuidar la salud de la población. Tales análisis que en ocasiones imponen condiciones y medidas reparatorias a los titulares de los proyectos se llevan a cabo a través de “declaraciones” o “estudios” y en general, con algunas cuantas excepciones, la administración se ha preocupado para que se cumpla la ley acorde al artículo 11º de la misma.

Pero accediendo a las presiones del influyente sector económico que se desenvuelve en la explotación del recurso suelo, el debilucho Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) determinó, vía un simple reglamento, publicado el 24 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial, que los proyectos inmobiliarios ya no se someterán al SEIA. Es decir, todos los polémicos malls, sin importar sus cargas de ocupación y todos los diversos tipos equipamientos de alto impacto en los barrios de las ciudades estarán libres de cumplir la Ley. En razón a que esta decisión del gobierno no resiste mayor análisis, ya que un reglamento no puede ir más allá de lo que establece la ley, suponemos que esta “travesura” en el corto plazo se dejará sin efecto.

6.- Todos sabemos que las calles son bienes nacionales de uso público que le pertenecen a la nación, ello según el Código Civil y el DL 1939 del Ministerio de Bienes Nacionales, pero en estos días el Seremi de Vivienda y Urbanismo, accediendo a la solicitud de una empresa constructora que dispone de un sitio que enfrenta una vía determinada en el sector de Américo Vespucio, Vasco de Gama y Martín Alonso de Pinzón, comuna de Las Condes, trasladó los documentos necesarios al Seremi de Bienes Nacionales para que este servicio apruebe la desafectación de esa vialidad y se la venda directamente al privado que la necesita para ampliar su terreno y por lo tanto para mejorar la rentabilidad de su negocio inmobiliario consistente en dos elevadas torres habitacionales en un sector que ya no resiste mayores flujos vehiculares.

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Podríamos escribir cientos de páginas demostrativas del “laissez faire” vigente en este ámbito de materias, pero consideramos que con estos sucintos ejemplos las nuevas autoridades sectoriales ordenarán la casa y así, a partir del martes próximo Alberto Undurraga, Paulina Saball, Pablo Badenier, Víctor Osorio y Claudio Orrego, conforme sus propias atribuciones legales, adoptarán las decisiones que en rigor correspondan.

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LA PERSECUCIÓN PENAL DE LEOPOLDO LÓPEZ

El Gobierno de Venezuela no ha presentado una sola prueba válida contra el dirigente opositor, al que mantiene en una prisión militar

 Por José Miguel Vivanco (*)

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Mientras cancilleres latinoamericanos se reúnen en Chile para tratar la situación en Venezuela, Leopoldo López, uno de los líderes más prominentes de la oposición política venezolana, se encuentra detenido en una prisión militar esperando a que una jueza provisoria (sin inamovilidad en el cargo) decida si será sometido a juicio, sin que hasta ahora se haya exhibido ninguna evidencia válida en su contra.

La violencia desatada a raíz de las manifestaciones de estudiantes y opositores que comenzaron el 12 de febrero en Venezuela ha dejado como saldo más de 20 muertos, decenas de heridos, cientos de detenidos y serias denuncias de brutalidad, torturas y vejámenes cometidos por las fuerzas de seguridad. El Estado, además, ha tolerado y colaborado con grupos armados civiles que apoyan al gobierno. La Fiscalía, a regañadientes –y gracias a los vídeos y la presión de la opinión pública–, ha dado algunos pasos para investigar las verdaderas responsabilidades en estos hechos. Sin embargo, sigue avanzando con una velocidad notable para atribuirle responsabilidad penal por la violencia a la oposición política.

Altas autoridades del Gobierno venezolano sostuvieron que López, dirigente de Voluntad Popular, era el “autor intelectual” de la violencia, y la Fiscalía solicitó su detención, acusándolo de todo: disturbios, muertes y lesiones. Luego acusó también a Carlos Vecchio, quien le sigue a López en la directiva de Voluntad Popular, y a otros dos miembros de la oposición por hechos similares, invocando teorías conspirativas en vez de presentar pruebas que los incriminen.

Al Gobierno venezolano le resulta relativamente fácil utilizar el sistema judicial como un instrumento político desde que, en 2004, el chavismo depuró al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y nombró a jueces afines en el más alto tribunal. Desde entonces, el poder judicial ha dejado de actuar efectivamente como un poder independiente del gobierno. A través de la Comisión Judicial del TSJ, que cuenta con facultades para nombrar y remover jueces inferiores provisorios y temporales –que hoy son la mayoría de los jueces en el país– esta politización de la justicia se propagó al resto del poder judicial.

El 18 de febrero, López se entregó a las autoridades y desde entonces se encuentra detenido en Ramo Verde, una prisión militar, en la cual solo tiene contacto con su familia cercana y sus abogados, y solamente sale de su celda cuando es posible que tome aire sin tener contacto con otros presos.

Ante la contundente evidencia que hizo pública el periódico venezolano Últimas Noticias, que sugería que uniformados junto con civiles armados eran los autores de una de las muertes ocurridas el 12 de febrero, la propia Fiscalía debió dar marcha atrás y eliminar los cargos por homicidio imputados inicialmente a López. Sin embargo, López sigue sujeto a investigación por varios delitos, incluido el de asociación para delinquir, que tiene una pena de hasta 10 años.

Es muy improbable que López sea liberado próximamente. Legalmente, podría permanecer detenido preventivamente hasta 45 días, cuando la Fiscalía debería acusarlo, archivar el caso, o sobreseerlo, pero en la práctica estos plazos rutinariamente no se respetan en Venezuela.

En un Estado de derecho, la libertad de López debería estar garantizada si las autoridades no presentaran pruebas creíbles de que él podría ser responsable de la comisión de un delito. Sin embargo, en Venezuela es muy difícil para un juez adoptar una decisión conforme a derecho si esta va contra intereses del Gobierno.

Por ejemplo, en 2009, la justicia venezolana detuvo arbitrariamente a la jueza María Lourdes Afiuni por cumplir con una recomendación de Naciones Unidas y dejar en libertad condicional a un opositor del Gobierno chavista. Afiuni, que era jueza titular con estabilidad en el cargo, estuvo un año en prisión, dos en arresto domiciliario y continúa sujeta a proceso penal por delitos que no cometió. Antes del caso Afiuni,los jueces temían perder su empleo si adoptaban decisiones contrarias a los intereses del gobierno. Ahora, también temen ir presos.

En un país donde el poder judicial carece de independencia, el futuro de Leopoldo López está en manos de una jueza que podría ser removida por un telegrama sin mediar ninguna explicación, como ha ocurrido rutinariamente en el pasado. La decisión sobre el futuro de la jueza, a su vez, está en manos de magistrados del TSJ, un órgano que habitualmente avala políticas del Gobierno.

La reunión de la OEA de la semana pasada, celebrada a puerta cerrada, terminó con una declaración que parece describir la situación en Venezuela como si fuera una catástrofe natural, en vez de responsabilizar al Gobierno venezolano por violaciones de derechos humanos como la censura y la brutalidad de las fuerzas de seguridad. ¿Habrá alguna posibilidad de que la reunión en Santiago lleve a un resultado distinto, exigiendo que Venezuela asuma sus obligaciones jurídicas internacionales de respetar los derechos humanos? Específicamente, ¿se exigirá esta vez que cesen los abusos contra manifestantes y la liberación y el respeto de las garantías del debido proceso de quienes fueron detenidos arbitrariamente, como Leopoldo López?

(*) Diario El País de España. El autor  es  director de la División de las Américas de Human Rights Watch.

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LAS PRIORIDADES DEL CANCILLER

Escribe y comenta Martín Poblete

En artículo publicado en El Mercurio del miércoles 12/3, haciendo gala de su respetada vitalidad intelectual, y de paso marcando inmediata diferencia respecto al estilo de su predecesor y, en cierta medida, también con sus otros antecesores en los gobiernos concertacionistas, el Canciller Heraldo Muñoz  nos ofrece en lúcido detalle sus prioridades  para la gestión que recién  se inicia.

Empieza por fijar "Prioridad a Latinoamérica", con énfasis  en América del Sur.  No resultará de fácil implementación. En Latinoamérica han proliferado gobiernos de limitada confiabilidad en el manejo de sus relaciones exteriores y notorias tendencias  a faltar al cumplimiento de sus compromisos  aún en presencia de acuerdos y tratados bilaterales. Tal vez por ello y consciente de la realidad, el Canciller califica de inmediato sus ideas: "Convergencia en la diversidad es la política que Chile buscará promover en América Latina", esta es una suave sutileza  para manejar con fluidez las prioridades.

En seguida, propone buscar el fortalecimiento de la presencia de Chile en las instancias de integración existentes, sin perjuicio de "Avanzar pragmáticamente hacia una región mas integrada".   Esto de la integración es una de las asignaturas pendientes en Latinoamérica, ya que en distintas épocas sus gobiernos se han mostrado incapaces de asumir los compromisos de largo plazo y medidas creadoras de mutua confianza, indispensables para tener un sólido proceso de integración, nada indica hoy cambios en esas actitudes, cabe desearle buena suerte al Canciller Muñoz  en su esfuerzo integracionista.

En una formulación ambiciosa de largo aliento, Heraldo Muñoz se plantea  llevar nuestra diplomacia "hacia una perspectiva integral que otorgue  similar peso a las dimensiones políticas, sociales y culturales de nuestros lazos externos"; en tiempos recientes, el único Canciller capaz de manejar bien esas tres variables fue Gabriel Valdés Subercaseaux,  siéndole de singular ayuda su relación personal con el Presidente Eduardo Frei Montalva y su permanencia en el cargo durante todo un período de gobierno.  

Sin duda, don Heraldo tiene las condiciones intelectuales y personales  para conseguir similar objetivo, mucho dependerá de su relación con la Presidenta Bachelet así como de la dinámica en la coalición gobernante.

En el asunto de la Alianza del Pacìfico, el Canciller Muñoz pareciera buscar ponerse el parche antes de la herida cuando nos dice " Chile no compartirá  pretensión alguna de concebir dicha Alianza como un bloque ideológico excluyente o antagónico con otros proyectos de integración"; curioso, a la fecha ninguno de los integrantes de la Alianza del Pacìfico se han propuesto semejantes líneas de acción, las diferencias  con los miembros de Mercosur y tangencialmente con el grupo ALBA, han surgido simplemente porque la Alianza es un acuerdo de libre comercio incluyendo la liberalización de los servicios bursátiles y financieros, rasgos distintivos de la Alianza del Pacìfico que podrían generar reticencias en una coalición de gobierno predominantemente de izquierda como la Nueva Mayoría.  Heraldo Muñoz  puede estar solo en una maniobra preventiva.

De  alguna manera relacionado con lo anterior, los lineamientos avanzados por el Canciller Muñoz incluyen "...discutir la posibilidad de materializar una convergencia de la Alianza del Pacífico con el Mercosur".  El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Tal como están las cosas hoy, no parece posible convergencia alguna entre un acuerdo de libre comercio, rebajando aranceles en un 92% de productos intercambiados entre sus miembros, la Alianza del Pacífico; y un régimen de unión aduanera, Mercosur, con numerosas limitaciones en cláusulas proteccionistas y restrictivas, cuyo funcionamiento lo marca su miembro predominante, Brasil.

Chile tiene condición de miembro asociado a Mercosur, cuando Ricardo Lagos propuso a su amigo Fernando  Henrique Cardoso  hacer del Mercosur un verdadero tratado de libre comercio, y así facilitar el ingreso de Chile en calidad de miembro pleno, recibió un portazo en las narices; por ahora, la mejor opción hacia el Atlántico es mantener y mejorar la relación bilateral con Brasil.

Finalmente, en ánimo más bien soñador, el Canciller nos pide considerar la opción de "concentrarnos (los latinoamericanos) para impulsar respuestas como bloque", y pone por ejemplo la agenda del desarrollo post-2015 de las Naciones Unidas. 

Como grupo de naciones y gobiernos, Latinoamérica nunca ha sido capaz de formular propuestas políticas en organizaciones internacionales, la única excepción es el Consenso de Viña del Mar, de mediados de la década del 1960, llevado a los Estados Unidos por el entonces Canciller Gabriel Valdés, mal comprendido en tiempos de la Guerra Fría.  ¿Quizá ahora en otros tiempos?

La cuestión de los derechos humanos resalta notoria por su ausencia en las prioridades del Canciller Muñoz; no ayudan en este punto las  llamadas diferencias irreconciliables entre dos partidos de la coalición gobernante, la Democracia Cristiana y el Partido Comunista, claramente un tema generador de divisiones al  interior de la Nueva Mayoría con implicancias para el diseño de una diplomacia efectiva.     

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BACHELET Y MUJICA COINCIDEN EN QUE VIVIMOS EN UN MUNDO DE INCERTIDUMBRE Y DESAFÍOS," QUE TENEMOS QUE ATREVERNOS A REPENSAR Y MIRAR"

Proyecto de nueva Constitución no está dentro de los cien días de Gobierno como se había dicho

La Presidenta Michelle Bachelet coincidió con su par uruguayo José Mujica en un encuentro en la Cepal en el diagnóstico sobre las relaciones internacionales de Chile, criticando que en los último años "se ha priorizado excesivamente una visión economicista".

"No hago más que constatar un hecho si digo que Chile en los últimos años ha perdido presencia regional y que en sus vínculos se ha priorizado excesivamente una visión economicista", dijo la Jefa de Estado al comienzo de su intervención.

Aunque admitió que este tipo de vínculos son "claves e importantes", adelantó que su gobierno quiere que la integración del país tenga "mucho más que eso".

Así, resaltó que "nuestro país va a recuperar bajo mi mandato su papel como promotor de la convergencia y de la integración en América Latina", para enfatizar en este sentido que las región "va a ser el eje de nuestra política exterior".

"Sin duda que vamos a evitar cualquier sesgo ideológico en nuestras opciones de inserción externa y vamos a avanzar en la convergencia de la diversidad con pragmatismo, pero con firme voluntad política de integración regional", explicó.

Durante su presentación Bachelet coincidió con Mujica en materia de política exterior y dijo que "estamos viviendo un mundo de incertidumbre y desafíos, que tenemos que atrevernos a repensar y mirar

Conferencia de Prensa

Por otra parte, la presidenta Bachelet ofreció hoy su primera conferencia de prensa refiriéndose a la nueva Constitución que espera redactar durante su Gobierno, diciendo que ésta no se encuentra dentro de los proyectos que se enviarán al Congreso en los primeros 100 días de gobierno, ya que considera "que es esencial que tenga legitimidad de origen".

La Mandataria explicó que no basta con que la Constitución sea enviada en democracia, sino que "también significa que haya una posibilidad de participación de la ciudadanía", agregando que quiere una Constitución que se discuta "pero que no se discuta sólo entre las elites, porque eso sería muy fácil".

Dijo que no se trata de enviar un proyecto de ley elaborado "entre personas geniales", sino que se trata de un proceso en que la ciudadanía pueda participar.

Consultada por otros temas como el bono marzo, Bachelet dijo que es un aporte familiar permanente para este mes y que debe ser un componente de protección social que restituya el bono de invierno que perdieron algunos jubilados.

Respecto al Caso Cascada, la Presidenta dijo que hay una investigación en curso y que no le corresponde comentar, pero enfatizó que se velará que en la Superintendencia haya autoridades que investiguen “lo que sea necesario”.

Al ser consultada por la reforma tributaria, Bachelet afirmó que el porcentaje de gravamen en Chile es más bajo que el de otros países de la OCDE, donde estos impuestos han permitido que la economía siga creciendo y a la vez, han posibilitado que mejore la capacidad de los recursos humanos, mejorar la educación y la salud.

Dijo también que “habrá que hacer una serie de ajustes presupuestarios que nos permitan cumplir con las personas”, enfatizando que realizar las reformas como la de educación en un plazo gradual, significa tener gastos e ingresos permanentes “y la manera de tener ingresos permanentes, es una reforma tributaria”.

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UCRANIA NO SE RENDIRÁ JAMÁS - ADVERTENCIA A RUSIA QUE ES APOYADA POR BARACK OBAMA 

El Primer Ministro de Ucrania, Arseni Yatseniuk, advirtió este miércoles a Rusia que su Gobierno “no se rendirá jamás” en su lucha por proteger la soberanía y una unidad de su país, durante su primera visita a la Casa Blanca.

Ucrania “es y será parte del mundo occidental”, afirmó Yatseniuk en una declaración junto al Presidente estadounidense, Barack Obama (foto arriba).

Yatseniuk fue nombrado luego de la destitución -en febrero- del Presidente Victor Yanukovich, por parte del Parlamento ucraniano luego de semanas de protestas, decisión que es considerada “ilegal” por Rusia.

En tanto, el Presidente Obama, expresó este miércoles su apoyo a la integridad territorial de Ucrania en la actual crisis con Rusia, y reiteró que la incursión rusa en Crimea viola la legislación internacional.

Obama también alertó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, sobre los “costos” de no adoptar un camino diferente en la crisis por Crimea.

El Mandatario estadounidense también dijo esperar que los esfuerzos diplomáticos de último minuto logren evitar la realización de un referéndum previsto para el domingo en Crimea, para decidir sobre su separación de Ucrania y su adhesión a la Federación Rusa.

Obama recordó a Yatseniuk que Washington no reconocerá el resultado de ese referéndum.

Hoy el secretario de Estado estadounidense John Kerry informó que se reunirá con su homólogo ruso Serguei Lavrov el viernes en Londres para discutir una vez más sobre un plan de salida a la crisis en Ucrania.

Obama recibió en la Casa Blanca a  Yatseniuk para demostrar su apoyo al nuevo Gobierno de transición de Ucrania, en medio de las tensiones con Rusia, que considera “ilegal” al nuevo Ejecutivo ucraniano.

En el encuentro en el Despacho Oval también estuvo presente el vicepresidente estadounidense, Joseph Biden, quien debido a la crisis en Ucrania canceló una visita a la República Dominicana que tenía previsto realizar hoy tras su viaje a Chile, donde asistió a la investidura presidencial de Michelle Bachelet.

EEUU ha repetido en los últimos días que apoya la “legitimidad” del Gobierno de Yatseniuk, que asumió el poder después de 3 meses de protestas populares callejeras que terminaron con el régimen del Presidente Victor Yanukovich.

Eso contrasta con la postura de Rusia, que considera que fue “un golpe de Estado” lo que sacó a Yanukovich del poder.

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BONO DE MARZO COSTARÁ 800 MILLONES DE DÓLARES MIENTRAS EL PRECIO DEL COBRE SIGUE BAJANDO

La Presidenta  Michelle Bachelet  firmó hoy el proyecto de ley que permitirá el pago del "Bono Marzo" permanente y la reposición del "Bono Invierno" para aquellas personas que perdieron este beneficio en la administración anterior, los que tendrían un costo de US$ 800 millones y beneficiarían a 306 mil personas, según informó hoy emol.com. Este “bono marzo” alcanza los $ 40 mil por causante del subsidio familiar o de la asignación familiar o maternal. "Un jefe de familia, que tiene tres cargas, que recibe tres subsidios y asignaciones familiares, va a recibir tres bonos", dijo la presidenta. 

El beneficio, según explicó, también alcanza a quienes no siendo beneficiarios de alguno de los anteriores subsidios o asignaciones, participen del ingreso ético familiar o que mantengan los beneficios del Chile Solidario. 

En total, los beneficiados alcanzarán a 1,6 millones de familias, mientras que las reposiciones de los bonos de invierno alcanzarán a las 306 mil personas. 

La medida ha causado preocupación en algunos sectores financieros, especialmente por la nueva baja que registró hoy el precio del cobre, el principal ingreso de Chile,   que bajó nuevamente hoy un 3,31 por ciento en la Bolsa de Metales de Londres (BML) ubicándose en US$ 2,947 comparado con US$ 2,947 de ayer. Hay que recordar  que el precio de este commodity llegó a los US$ 445,56 la libra el 8.4.2011, bajando desde septiembre de ese año  paulatinamente  (417,15 el 14.3.2011; 383,15 el 12.3. 2012 y 353,80 el 12.3.2013).

El ministro de Hacienda, Alberto Arenas (abajo derecha), aseguró que el costo que implican las primeras 56 medidas del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet -entre las que se encuentra la entrega permanente del bono Marzo- están financiadas, pese a la baja que ha experimentado el precio del cobre en las últimas semanas. Según Arenas  "la agenda de las 56 medidas para los primeros 100 días, tiene un costo fiscal en torno a los US$ 720 millones”, cifra que discrepa con la entregada hoy por emol.com.

“Esos dineros están plenamente financiados en el presupuesto del año 2014, donde se van a utilizar los fondos de libre disponibilidad y las facultades extraordinarias de reasignación del presupuesto".

Consultado por la implicación que podría tener la baja del cobre en el financiamiento de estas medidas, Arenas insistió: "No hay ninguna duda, esos recursos están financiados".

Los bonos están entre  las promesas de la Mandataria en su campaña electoral. El  proyecto fue firmado por Bachelet antes de celebrar su primer Consejo de Gabinete en La Moneda que comenzó a las 7:40 horas.

"Muy buenos días señora Presidenta", se escuchó a las 07:25 de parte de la guardia de honor, cuando la Jefa de Estado hizo ingreso al Palacio de Gobierno.

Sin hacer declaraciones, Bachelet subió a su despacho reuniéndose de inmediato con los ministros. Los primeros en llegar fueron Ximena Rincón, titular del Segpres y el vocero Álvaro Elizalde.

En este consejo se plantearon algunas de las principales  labores orientadas a cumplir los 56 compromisos que fueron establecidos para los primeros 100 días de Gobierno.

Con respecto al bono marzo e invierno, Bachelet dijo que "estamos retomando una política social que pone en el centro los derechos de los ciudadanos, que les ofrece apoyo responsablemente sustentados en el tiempo. Eso es lo que está detrás de esta ley, no es sólo un aporte monetario de un mes", dijo.

Agregó que el cuerpo legal refleja "la convicción de que todas nuestras acciones deben estar enfocadas a enfrentar las enormes desigualdades que aún existen en nuestro país".

"La cohesión social requiere esfuerzos permanentes", concluyó la Jefa de Estado.

Por su parte, Arenas dijo que “este proyecto va a ser tratado en la comisión de Hacienda hoy (miércoles) en la tarde y esperamos tener el máximo de celeridad y apoyo en el parlamento para tener dspachada la iniciativa  lo antes posible".

Agregó que en el gobierno pasado hubo una “disminución sustantiva” de las personas que recibían el dinero.“300 mil pensionarios están fuera, ahora estamos volviendo a las coberturas normales”, lanzó.

“Es en ese sentido que avanzamos en la protección social y también avanzamos con medidas muy concretas que van en beneficio de las familias vulnerables, así también como señales a la economía con estos 300 millones de dólares que de una u otra manera nos sirvan para reactivar el consumo de una economía desacelerada”, complementó. 

Desaceleración continúa

El Grupo de Política Monetaria –GPM- (grupo que integran en forma rotativa cinco destacados profesionales expertos en las áreas de macroeconomía con amplia diversidad de tendencias a cargo de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile) recomendó al Consejo del Banco Central (BC) mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,25% en la reunión de mañana jueves 13 de marzo.

La instancia señaló que "a pesar de las tensiones políticas que se registran en varios países emergentes de importancia estratégica, en particular Ucrania, y la desaceleración de algunas economías emergentes como China y Brasil, las principales economías del mundo continúan su tenue recuperación".

En tanto, "la desaceleración en Chile continúa, ya que en enero de este año el Imacec creció solo un 1,4%, la peor  tasa de crecimiento desde marzo del 2010. Esta cifra hace esperar que durante el primer trimestre del año el país alcance un crecimiento cercano al 2%, logrando así el peor inicio de año desde el 2009".

"Este bajo nivel de actividad está marcado principalmente por las reducciones del 2,7% y 1,4% de las producciones mineras y manufactureras respectivamente a lo que se suman los efectos de las situaciones generadas producto del paro portuario", añadió.

Pese a esto, el GPM explicó que la desaceleración se asocia principal – aunque no exclusivamente – con el ajuste del ciclo de inversiones en minería y con el cierre de plantas industriales específicas derivadas de su alto costo de explotación.

Por su parte, la instancia expresó que los indicadores de consumo muestran un sano dinamismo y no se evidencia un contagio todavía de la desaceleración guiada por la inversión. "Los salarios crecen a más del 2% real anual mientras que la ocupación crece al 2,2%. Las colocaciones de consumo crecen en torno al 10% nominal", agregó el informe.

Respecto al alza del dólar, el grupo de economistas manifestó que el tipo de cambio continúa su depreciación, ubicándose en niveles cercanos a los de 2009, acumulando una depreciación del 7% en lo que va del año.

"Esta depreciación junto con una inflación controlada, han permitido una importante depreciación real del tipo de cambio. En la medida que las condiciones internacionales señaladas previamente y que están detrás de la depreciación del peso sean de mediano plazo y la inflación interna permanezca bajo control, esta depreciación debiera significar una reasignación de recursos hacia el sector transable, tanto en materia de producción como de inversión. Este debiera ser un importante agente de reactivación durante 2014 y 2015".

Arenas a Comisión Mixta de Presupuesto

En este sentido, Alejandro Arenas  reveló que fue citado para el lunes 7 de abril a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto del Congreso para dar cuenta del estado de las finanzas públicas.

"Entregaremos todo el detalle respecto de cómo se ha recibido las finanzas públicas del país. Ese será el instante donde recorreremos todos los ministerios y haremos un levantamiento de cómo hemos recibido el país en términos de las finanzas públicas", expresó.

En la previa a la reunión con el ministro de Hacienda de hoy, el presidente de la Confederación de la Producción y Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, se refirió  a la reforma tributaria impulsada por la jefa de Estado, Michelle Bachelet, y al gran tema pendiente de la educación.

"Cuando uno quiere gastos permanentes tiene que tener ingresos permanentes. En segundo término, hay que tener una combinación virtuosa entre contar con los recursos necesarios para estos gastos permanentes, y por otro lado afectar lo mínimo posible el crecimiento, porque posibilita no sólo la recaudación, sino generación de empleo y mejores remuneraciones", dijo Santa Cruz en entrevista con ADN Radio.

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Y agregó que frente a esta situación la "preocupación" que se les presenta como Confederación es "cómo logramos esa combinación virtuosa".

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Por otra parte, el empresario se manifestó optimista frente a las expectativas que le tiene al nuevo Gobierno. "Creemos que en Chile existe un historial de cosas bien hechas, donde todos los chilenos han podido observar el progreso y también los desafíos que quedan por delante. Yo soy un convencido y confiado que las nuevas autoridades van a seguir el camino que nos ha traído prosperidad", añadió.

A su vez, señaló que el tema que quedó pendiente al gobierno de Sebastián Piñera fue el de la educación, porque el debate hoy se concentra en el tema de los recursos y se deja de lado las medidas que se van a tomar para tener una educación de calidad.

"Todos creen que teniendo más recursos, la educación de calidad viene por añadidura y todos sabemos que no es así.Aquí lo importante es ver cómo efectivamente tenemos educación de calidad y no gastar recursos en ampliar solamente la educación", sostuvo el presidente de la CPC.

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BELLOLIO: BACHELET INTENTA ANULAR LOS "BUENOS DATOS" ECONÓMICOS OBTENIDOS POR PIÑERA

El diputado UDI Jaime Bellolio dijo hoy que la presidenta Michel Bachelet en su  discurso ayer en La Moneda , en la parte en que dijo que “ ser chileno no es solo una lista de indicadores y estadísticas, sino un mejor lugar para vivir”, hizo  una crítica evidente a la gestión de Sebastián Piñera.

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Calificó en este sentido “de pequeñez” el intento  de derribar los datos logrados simplemente porque se lograron en ese gobierno.

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Y agregó: “Se crearon 900 mil empleos, pero es como si estuvieran enojados porque se hicieron tantos (...) Yo veo que aquí los chilenos en esta materia no se pierden: Ellos saben los datos objetivos de lo que ocurrió en los cuatro años y el aumento de la aprobación así lo demuestra”.

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Durante la entrevista, el diputado Bellolio también criticó los despidos ocurridos luego de que el nuevo gabinete asumiera: “Una cosa es que cuando hay cambio de gobierno, es razonable que se les pida la renuncia a los asesores, pero hay personas que no estan en esa lógica, sino en la de la institucionalidad. Y lo que hemos sabido es que personas que han estado trabajando han sido despedidos, simplemente porque estuvieron en un gobierno que no era de ellos. Eso me apena”, declaró en una entrevista con Radio Agricultura.

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El parlamentario explicó que estos no son cargos “de primera línea”, sino mas bien técnicos. “Al parecer esa era la razón (...) Por ejemplo supimos ayer que cuatro funcionarios de Cerro Castillo fueron echados y llevaban trabajando más de 14 años”.

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Consultado sobre si lo anterior obedecería a que  el gobierno busca  tener “gente de exclusiva de confianza”, Bellolio refutó: “Es legítimo que todos los asesores directos, jefes de gabinete sean personas de confianza, porque también hay un tema político. Pero hay un inmensidad de otros cargos que tienen que ver con cargos del día a día (...)"

“Una cosa son las ideas políticas, que es legítimo y democrático, y otra cosa distinta es pensar que el Estado es como un botín de guerra que cuando llega uno tiene que llenar con gente más cercana”, finalizó el diputado.