En la antigua China, y en parte de ella en
la actualidad, la medicina era el ejercicio de conservación de la salud. Hoy,
en Occidente, el ejercicio de la categoría central pasó a ser la enfermedad y
no la recuperación de la salud.
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Como es propio de una sociedad
utilitarista, toda acción humana se transforma en potencial negocio, es decir
una actividad de la que se puede extraer y obtener lucro. La enfermedad es una
de esas actividades que propenden a ser atrapadas en este humano ejercicio del
ganar.
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En un modelo de sociedad como la que se ha
impuesto en Chile, todos los actores de la actividad humana tienden a ser
incorporado al mercado, estableciéndolo como el gran intermediador, por tanto
la salud es considerado un bien al que se accede sobre la base de ciertos
costos, que deben ser solventados por las personas. La salud-enfermedad es una
responsabilidad individual, por tanto cada cual debe hacerse responsable de sus
costos.
No se reconoce la salud como un derecho
sino como un bien que se adquiere en el mercado, como cualquier otro bien de
intercambio.
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En la medicina moderna, desde que la
ciencia tuvo acceso a la causalidad de las enfermedades y a las terapias
respectivas, la categoría explicativa y
determinante vino a ser la “enfermedad”
y no la salud. Es decir que la “salud” moderna no se preocupa de mantener
condiciones de preservación de la salud, pues está demasiado ocupada en el
ejercicio de combatir la enfermedad,
luego que ésta se hace manifiesta en sus diversos grados.
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Por tanto, no es de extrañar que en Chile
se observe -desde los años 70- niveles de inversión en salud muy baja, de parte
del sector público. Más bien hubo una desinversión (hasta 1992) en el sector
del orden del 9% sobre lo que existía hasta 1970.
Una parte de este atraso en la salud
pública fue recuperado durante los gobiernos de la Concertación, pero esta
recuperación se hizo más bien en equipamiento hospitalario y dotación de
servicios periféricos, más que en la ampliación de la infraestructura de los
grandes centros especializados.
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Perpetuación
de la gran inequidad
El Plan Auge trató de anticipar una
respuesta a la demanda y a resolver el
tema de las eternas colas por la prestación de servicios en el sector público,
pero no se diseñó una estrategia destinada a proveer al sector público de los
servicios adicionales necesarios, sobre todo de los laboratorios y de los
especialistas requeridos con urgencia.
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De esta forma, fue el sector privado el que
ha salido ganancioso en esta nueva modalidad, y en verdad la ampliación de
horas camas del sector privado ha superado en varias veces las cifras que ha
podido mostrar el sector público.
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El terremoto del 2010 desmejoró más aún la situación, dada la
antigüedad de la infraestructura hospitalaria, la que resultó muy dañada.
La recuperación de camas del sector privado
se hizo notar, siendo más de 1300 camas habilitadas por los privados, mientras
apenas llegaban a 300 las del sector público, al transcurrir poco más de un año
del terremoto.
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Los profesionales del área médica se han
reunido para formar empresas prestadoras de servicios, dado la alta demanda y
el gran déficit del sector público, que por más que necesite no ha ampliado la
planta de especialistas contratados al ritmo que se requiere para equilibrar
sus flujos.
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Esto podría hacer pensar que nuevamente se
ha optado, como política de largo plazo, el transferir al sector privado la
responsabilidad de prestador de servicios, y no el de dotar al sector público
de las herramientas necesarias para cumplir sus desafíos, tal como se ha hecho
en el caso de la educación, las carreteras, los laboratorios, la seguridad, y
tantas otras funciones públicas que
antes cubría el gasto del Estado y que, hoy por hoy, se han convertido en coto
de caza de los negocios privados.
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Las transferencias de recursos públicos en
el sector salud, hacia el sector privado, por sistema AUGE, ha escalado desde $30.000
millones el año inaugural, a $70.000 millones el segundo año, $300.000 millones
el tercer año y $500.000 millones el cuarto año.
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Con estos datos podemos abordar las cifras
que dan los estudios de la OCDE, donde instalan a Chile, junto a México, como
los dos países con menor gasto público en salud (3%), a lo que se suma el
problema de los costos privados, pues el 70% de los gastos en salud lo realizan
las familias mediante el pago de seguros privados (ISAPRES) o públicos (FONASA)
(4%) la atención de los más pobres, lo que explica en parte la gran injusticia
distributiva existente en el país. Con ese 3% del gasto público (donde se
incluye la aportación de los afiliados a FONASA, que es aportación de las
clases medias bajas), se debe atender al 80% de la población demandante,
mientras que con el 4% del aporte de salud privada, se atiende apenas entre el 15% a 20% de la
demanda.
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Los
hospitales concesionados
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Los hospitales se están construyendo bajo
la modalidad de concesiones privadas, como las carreteras o las cárceles. Esto
se hace para eludir los costos públicos de sostener un hospital, pero ya se ha
demostrado que esto deriva a la privatización de las decisiones dentro del área
funcional de ese hospital.
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Todos los servicios periféricos que
garantizan la reposición del capital privado, deberán ser pagados (a costos que
impone el capital): casino, alimentación, ambulancias, farmacias,
estacionamiento, lavanderías, mantenimiento, aseo, esterilización,
laboratorios, camas nivel 1-2 o 3, que serán adjudicadas según porcentaje de
pago de los seguros, siendo la administración de los hospitales concesionados
una mixtura entre el interés médico (manejo del paciente) y el financiero
(definición de los costos), espacio en el que siempre gana el último factor, en
perjuicio del primero.
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Porque la idea de los propulsores del
modelo es que todo esté bajo la tutela de los seguros universales, pero que
todo sea rentable, sin dejar espacios para
compensaciones solidarias de los mismos aportantes. Todo debe ir al saco
infinito de los intereses de los inversionistas en el sector salud. Esa es la
lógica y sobre ella se ha venido trabajando durante los últimos 40 años.
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Los beneficios que ha otorgado el
presidente Piñera, como los 6 meses de posnatal o la eliminación del 7% de los
jubilados, son avances dentro del mismo esquema del aseguramiento de los costos
adicionales, con incrementos marginales del desembolso fiscal.
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La matriz del sistema es de los negocios y
en eso se ha convertido la salud en Chile. Incluso el mayor gasto en salud,
debe redundar en beneficios para los prestadores privados, cosa que se viene haciendo,
como hemos podido ver, sin tapujos.
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El
gran problema futuro
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Como somos una sociedad que envejece a
ritmo rápido y, además pasamos de un estado crónico de desnutrición a otro de
malnutrición (obesos), tenemos garantizado un estado de salud deplorable para
la gran mayoría de la población en el futuro cercano. Si a eso se le agrega el
grado de angustia o estrés laboral por la subsistencia, en un sistema que
alienta la competencia, extensos horarios laborales, inestabilidad e ingresos
insuficientes, que promueve la ambición por el tener antes que el placer de
vivir modestamente, tenemos todos los ingredientes para transformar a los
chilenos en una bomba programada para explotar a su debido tiempo.
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Si a estos males agregamos la salud mental,
veremos que nuestro país goza de la cualidad de ser uno de los mayores
consumidores de medicamentos referidos a problemas mentales o del estrés.
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Tenemos uno de los gastos más
insignificantes en salud mental y la dotación para atender estas patologías,
casi no existen. Por lo demás, los seguros privados toman muy poco en serio
estos males modernos y se niegan a reembolsar los costos demandados por estos servicios. Sólo el 2% del gasto en salud -se dice que menos, en la realidad- se destina al área
de la salud mental, pero la demanda viene creciendo a una velocidad galopante,
sin embargo nadie se ocupa efectivamente del tema. La tasa de suicidio juvenil
viene aumentando a ritmo preocupante,
uno de los crecimientos más altos de América Latina; pero también se incrementa
la de los ancianos, lo que ya nos envía un mensaje sobre el abandono humano,
social y afectivo de esta sociedad sustentada en el frío cálculo cuantitativo
de los rendimientos acumulativos.
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Las muertes por accidentes forman parte de
una nueva plaga endémica en Chile. Se ha transformado en una de las primeras
causas de mortalidad juvenil, pero nadie ha sido capaz de contabilizar los
costos integrales de esta verdadera tragedia.
En estas muertes están involucrados muchos factores,
dentro de los cuales están el alcoholismo de los jóvenes, las drogas, el ocio
nocivo, las frustraciones personales y el abandono personal en que los dejan
padres y educadores. Los jóvenes son otros simples consumidores y se les abren
las puertas para que gocen el desenfreno mortal de sus inexperiencias, propio
de toda vida mañanera.
Estos y muchos otros factores de patología
y mortalidad pueden ser agrupados en la categoría de “CAUSALIDAD SOCIAL DE LA
ENFERMEDAD”, que los paradigmas imperantes de la salud no toman en cuenta, y
que son, con todo, los troncos explicativos de las más abundantes y costosas
patologías modernas.
De las enfermedades infecciosas y
carenciales, pasaremos a las enfermedades modernas o por exceso, que son
patologías crónicas y de alto costo: cáncer, cardiopatías, diabetes, accidentes
vasculares. Tendremos costos de salud de país desarrollado con presupuesto de
país pobre, con lo cual seremos sorprendido, al igual que lo fue EE UU. cuando
ideó el programa de salud con seguros públicos y ejecución privada. Los gastos
de salud saltaron del 6% del PIB al 17% del PIB.
La diferencia es que ellos son ricos y
nosotros sólo vivimos la esperanza del pobre, de llegar a serlo algún día.
¿Quién va a pagar esa cuenta?.......Ni
siquiera en los EE UU saben cómo resolver ese acertijo, esa contradicción
vital de su sistema social basado en los negocios.
A
esta realidad evidente y sin letra chica, hay que agregar otras señales
inquietantes para la vida económica del país: La inflación, que en 2013 fue de 3%,
en enero llegó a 0,2% y en febrero a 0,5%, lo que sobrepasa las expectativas
del mercado. De este modo, en lo que va de este año el aumento promedio de los
precios es de un 0,7%, con un alza acumulada de 3,2% para los últimos 12 meses.
¿Es el fantasma de la inflación o un país que crece?
Otro
antecedente poco conocido es la magnitud de la deuda externa que dejó la
administración Piñera. Según los informes del Banco Central, el endeudamiento
del país con bancos e instituciones financieras del exterior creció en un 11,2%
en el año 2013, para llegar a 130.965 millones de dólares. Si dividimos esa
enorme cantidad por el total de la población del país, cada chileno debe 7.650
dólares o 3.630.000 pesos a organismos internacionales.
Los
deudores habitacionales, encabezados por la ex candidata presidencial Roxana
Miranda, trataron de hacer la vida imposible a la Presidenta Bachelet durante su
primer Gobierno. Incluso llegaron hasta las puertas de su residencia en la
calla Burgos de la comuna de Las Condes, donde fueron reprimidos por los
carabineros. 
La diputada comunista por La Florida,
que juró hoy en el Congreso en Valparaíso, subrayó que “el pueblo chileno estableció un mandato expresándose mayoritariamente
por el fortalecimiento de la educación pública, por el término del lucro,
por la desmunicipalización, por incluso la creación de una red de
formación técnica de carácter estatal”.
