¿Otra irregularidad?
MINISTRO CÉSPEDES "EN LA MIRA" POR LICITACIONES QUE HAN ORIGINADO FUERTES DUDAS EN CUANTO A TRANSPARENCIA
En la UDI evaluarán recurrir a la Contraloría y en la Nueva Mayoría reconocen que hay
un “problema estético”.
Según el diario Pulso, el gobierno
cerró filas sobre el proceso de licitación de las campañas publicitarias y
comunicacionales para el Censo 2017. Este medio reveló esta semana que el Instituto
Nacional de Estadísticas (INE) ha desembolsado cerca de $1.000 millones, de los
cuales $800 millones se los adjudicó la agencia Porta S.A., ligada al abogado
de Bachelet.
Hasta hace un año el director creativo
general de Porta S.A. era José Miguel Carcavilla, uno de los principales
realizadores de la campaña presidencial de la actual mandataria. Carcavilla
aparece como representante de Porta S.A en el convenio inicial con el INE (en
2015).
Ante cuestionamientos surgidos tras la publicación de los datos, el
ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, señaló que “hay que ser
responsables cuando se hacen este tipo de notas”, ya que, a su juicio, “los
antecedentes son muy claros, esta fue una licitación pública donde hubo una
evaluación técnica y económica respecto de la propuesta de una empresa que
también ha operado en otros gobiernos bajo mecanismos de este tipo, hay que ser
serios y responsables”, aseveró.
Ante esto descartó cualquier conflicto de interés.
La directora del ente estadístico, Ximena Clark, defendió la importancia
de las campañas comunicacionales, ya que “cumplen el objetivo de llamar a la
ciudadanía a abrir la puerta el día del Censo y a que participen como voluntarios”.
En tanto, la ministra Secretaria General de Gobierno, Paula Narváez,
acotó que “las acciones realizadas por las distintas entidades para poder
llevar adelante su trabajo se hacen en el marco de la legislación vigente, y
que toda la información se puede obtener a través de los mecanismos de
transparencia estipulados por ley”.
Desde la oposición, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) señaló que se
evaluará recurrir a la Contraloría para que revise el contrato con Porta, ya
que “ha sufrido un aumento de plazo que puede haber alterado la adjudicación el
proceso que debía estar máximo para marzo-mayo 2016 y que se postergó hasta
diciembre de 2016”.
El vocero de Chile Vamos, Leopoldo Pérez (RN), subrayó que con estos
antecedentes “debemos tener mayor celeridad al proceso de fiscalización, para
ver si esto se hizo conforme a la ley y no se haya favorecido a un sector por
sobre otro”.
En la Nueva Mayoría, el diputado Fuad Chahin (DC) añadió que “no veo un
problema ético ni de conflicto de interés, ya que es algo que no decide la
Presidenta, pero sí hay un problema estético”.
Estacionamientos
El ministro
Céspedes ha sido también fuertemente criticado esta semana por apoyar la
vigencia de la nueva ley de estacionamientos que ha hecho subir los precios de
estos espacios y por negarse a una fijación de precios justos por el Gobierno.
Céspedes fue indicado como uno de los personeros que hizo “mal la pega”
mientras se tramitaba la Ley en el Congreso, permitiendo que el lobby empresarial
consiguiera una nueva legislación que le
asegurará fuertes ganancias en el futuro.
"El ministro de un gobierno progresista no apoyó a los trabajadores automovilistas ni a la clase media ni a la Tercera Edad que hoy deben pagar una alta suma mensual por estacionamientos. Aparte de esto hay que tomar en cuenta que hasta ahora Santiago no tiene un servicio público de transporte decente y que sea eficiente, por lo que el automóvil es hoy una herramienta indispensable para el trabajdor. Es una burla para los santiaguinos y chilenos en general", se dijo en fuentes criticas.
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