Coletazos de los incendios
SOSPECHAS: ONEMI Y CONAF HABRÍAN CONTRATADO A EMPRESAS DEL "CARTEL DEL FUEGO" DE ESPAÑA CUYOS CABECILLAS ESTÁN SIENDO INVESTIGADOS O PROCESADOS POR LA JUSTICIA ESPAÑOLA
La
Policía de Investigaciones (PDI) allanó hoy las oficinas centrales de la
Corporación Nacional Forestal (Conaf) y de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi)
tras una orden de la fiscal de alta
complejidad centro-norte, Ximena Chong en diligencias que se realizan en el
marco de una posible colusión de los operadores de helicópteros que
participaron en el combate de incendios forestales
en el país, hecho que estaría vinculado directamente con un caso que ha sido y
sigue siendo investigado en España.
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La designación de Chong la hizo ayer el Fiscal Nacional,
Jorge Abbott, quien determinó indagar si
en Chile existe o no una arista
relacionada a la investigación que se realiza en España contra las empresas
Faasa Aviación, Ibnaer, Helicópteros Marínes y Ridao que están acusadas de
cohecho y fraude y son parte del llamado "cartel del fuego" que en
España ha sido calificado como una "asociación ficticia a efectos
legales", según el juez a cargo de
la indagatoria. Estas mismas tres operadoras fueron contratadas bajo licitación
pública por la Onemi y Conaf desde el año 2011 para colaborar en el combate de
incendios forestales en Chile.
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Y esto es precisamente lo que en el caso
chileno no está aún nada de claro y que es el hecho de cómo la Conaf y la Onemi han podido
contratar para el combate de incendios forestales como los ocurridos en enero y febrero en Chile, a empresas cuyos ejecutivos están siendo procesados en España por delitos graves vinculados
a licitaciones obtenidas supuestamente en forma fraudulenta.
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Las empresas españolas Ridao, Faasa junto a
Inaer aterrizaron en Chile y lograron contratos en las regiones de Valparaíso,
Maule, Biobío y La Araucanía. Las tres cuestionadas empresas operan, de acuerdo
a la investigación que lleva adelante la justicia española, sobornando,
coludiéndose para dividirse las zonas licitadas y, con ello, adjudicarse los millonarios
recursos que pagan las organismos públicos. "Se acuerda respetar las zonas
en las que cada compañía tiene su área de influencia, así como los nuevos
contratos que cada empresa consiga que salgan a concurso público", señala
la investigación, de acuerdo a los diarios españoles.
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La indagatoria, asimismo, ha logrado
establecer que las empresas también
crearon un patrimonio común de aviones al que se le asignaba un número para
participar en los concursos públicos. Pero la estrategia iba más allá, de
acuerdo a lo que hasta ahora se ha podido conocer. Cuando una comunidad autónoma
(región) española llamaba a concurso, las empresas no asistían por lo que éstos
terminaban declarándose desiertos, "a efectos de incrementar el precio de la licitación".
.
La Fiscalía Nacional española ordenó
investigar a las empresas Martínez Ridao, Faasa e Inaer, parte del "cartel
del fuego" que en España ha sido calificado como una "asociación
ficticia para los efectos legales", según el juez a cargo de la indagatoria.
El juez ha enviado la investigación de la
llamada trama del fuego a la Audiencia Nacional al considerar que sus miembros,
entre los que figura Serafín Castellano, que fue detenido en 2015 mientras
ocupaba el cargo de delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana,
"integraban un grupo criminal que actuaba de manera coordinada en varias
comunidades y también en el extranjero".
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El magistrado considera que 14 empresas
dedicadas a la extinción aérea de incendios se repartieron durante 15 años el
mercado español, pactaron precios, sobornaron a cargos públicos y acordaron
exportar su sistema a países como Portugal, Italia y Chile. La extensión de la
trama lleva al juez a inhibirse a favor de la Audiencia Nacional, competente en
este tipo de causas.
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