Cada cierto tiempo y desde el extranjero se le está llamando la atención a las autoridades chilenas sobre el índice de desigualdad existente en este país y que ya está llegando a extremos insostenibles. La organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) lo hace a menudo señalando que Chile es el estado miembro de ese organismo que tiene la mayor desigualdad con 27 veces más de ingresos para el 10% más privilegiado que para el 10% más mísero. En México la diferencia es de unas 25 veces.
Hay que señalar que en general las desigualdades de ingresos en los estados miembros de la OCDE han subido a los niveles más elevados de las últimas décadas por efecto de una mayor fractura del mercado de trabajo en parte por la globalización, según la organización, que advierte de una tendencia "políticamente explosiva" en particular con la crisis actual. No está demás recordar que uno de los punto centrales de este retroceso está en el mismo modelo de economía de mercado y, en muchos casos, por la notoria ausencia del Estado como elemento fundamental de coordinación.
"La desigualdad está en su nivel más elevado del último medio siglo", señaló el secretario general de la OCDE, Angel Gurría, en la presentación a la prensa en París de un estudio sobre la cuestión que contiene datos de la evolución entre mediados de los años 80 y finales de la pasada década.
El 10% de la población más rica en el conjunto de la OCDE recibía unas nueve veces más ingresos que el 10% más pobre al terminar la pasada década, mientras que a mediados de los ochenta la diferencia era de unas siete veces.
En ese periodo, el agravamiento de las desigualdades ha sido bastante generalizado, en concreto en 24 de los 33 miembros del conocido como el "Club de los países ricos", y sucedió en Estados de tradición más igualitaria como Alemania, Dinamarca o Suecia. En ellos la diferencia entre el 1% más rico y el 10% más pobre pasó de cinco a seis veces.
Mucho mayor era la brecha en Estados Unidos, con unas quince veces más ingresos en un grupo que en el otro. En este país, el 1% más rico pasó de acaparar casi el 8% de los ingresos en 1979 al 17% en 2007, mientras en el otro extremo el 20% más pobre redujo su parte en el pastel del 7% al 5%.
La UNESCO también arremete contra la desigualdad
La Unesco se ocupó también hoy de la desigualdad, pero desde el punto de vista de la educación, al presentar el resultado de una investigación comparativa entre los sistemas educacionales de Argentina, Uruguay, Finlandia y Chile.
La investigación muestra que las legislaciones de Argentina y Uruguay son muy explicitas en restringir cualquier posibilidad de mercantilizar la educación, incluso prohibiendo la suscripción de tratados internacionales que faciliten que la educación sea tratada como un bien de consumo.
En el caso de Argentina, su Carta Magna establece en el máximo rango jerárquico una responsabilidad estatal amplia, que incluye las funciones de planificación, organización, supervisión y financiamiento de la educación, mientras que en los demás países, estas cuestiones son reservadas a la ley ordinaria.
Por su parte, la Constitución chilena enfatiza la protección del derecho preferente de los padres de educar a sus hijos e hijas, mientras que la finlandesa otorga garantía de oportunidades educativas y la uruguaya acentúa la utilidad pública de la educación.
Es decir, en Chile la ley deposita en los padres y las comunidades un alto nivel de responsabilidad en términos de asegurar la educación, impedir la discriminación u ofrecer una educación de calidad, en desmedro del rol del Estado que debiera ser el garante de este derecho.
"En el caso de Chile, llama la atención el portentoso mecanismo de subvenciones, indicativo de la existencia de un sistema escolar complicado en su institucionalidad y en su funcionamiento, que pareciera obedecer a tutelar, preferentemente, la libertad de enseñanza antes que a garantizar el derecho a la educación", es una de las principales conclusiones del estudio realizado por la Oficina de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO).
"El sistema que caracteriza la educación chilena está orientado por procesos de privatización, que tienden a causar segmentación, exclusión, discriminación y desencadenar mecanismos selectivos. No hay duda de que las pruebas de admisión establecen criterios y efectos de diferenciación, que en la práctica conducen a la selectividad y probablemente a la estigmatización", dice el estudio.
Agrega que el tema de becas y subvenciones en el sistema chileno "protege y beneficia a la iniciativa privada, excluyendo el concepto de educación como un bien público". Es por ello, que las controversias relativas a este sistema, "giran en torno a consideraciones económicas, apartándose del significado y propósito del derecho a la educación.".
En ese sentido, se afirma que en Chile, "la gestión educativa sale de las manos del Estado, por lo que en realidad se está en presencia de una delegación impropia de las obligaciones establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos"
Por esta razón es que el estudio recuerda los tratados internacionales firmados por Chile, en particular el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que obliga a los estados en su artículo segundo a tomar medidas "inmediatas y no postergables" para lograr gradualmente la gratuidad en la educación secundaria y universitaria.
Zolezzi se refiere también al sistema de becas
En el mismo contexto de la desigualdad, el vicepresidente del Consejo de Rectores, Juan Manuel Zolezzi (derecha), dijo que muchos alumnos quedarán marginados de las becas "por la propuesta del gobierno de dar este beneficio al 40% más vulnerable de los alumnos con la condición que obtengan 550 puntos en la PSU”.
"Nos preocupa, agregó, que una persona seleccionada con 500 puntos no pueda optar a la beca. No es un tema fácil bajar el puntaje porque se necesitan muchos más recursos. Pero lo estamos viendo y se lo planteamos al ministro y lo analizaremos en profundidad en el pleno del 19 de diciembre", explicó la autoridad de la Usach.
A su vez, los rectores descartaron el posible congelamiento de los aranceles en las 25 universidades pertenecientes al Consejo de rectores, tras la reunión que sostuvo el comité ejecutivo del Cruch, hoy por más de una hora, con el ministro de Educación, Felipe Bulnes y el jefe de educación superior del Mineduc, Juan José Ugarte.
Al salir de la cita, Zolezzi calificó la reunión como "fructífera y con buena disposición por parte del ministerio", y agregó que "el ministro entiende que con el esfuerzo de recursos que pusieron nosotros consideraramos no aumentar los aranceles, pero eso dependerá del reajuste del sector público", dijo.
Por su parte, el rector de la Universidad de Concepción y vicepresidente del Consejo de Universidades Estatales, Sergio Lavanchy dijo que "nunca va a haber acuerdo con las 25 universidades del Consejo de Rectores sobre mantener los aranceles o congelar los aranceles, porque las realidades son distintas. Nunca ha habido una estrategia de que las 25 universidades se pongan de acuerdo, lo que sí haremos será realizar un análisis de la tendencia y fijar líneas comunes", dijo.
La PSU
Mientras tanto, un "total histórico" de 412 mil estudiantes participarán en el proceso de admisión a la educación superior, explicó hoy Zolezzi. Esta cifra considera a los 141 mil 421 estudiantes que rindieron la Prueba de Selección Universitaria (PSU) el año pasado y que han optado por conservar su puntaje para estar disponibles y optar por un cupo en las instituciones de educación superior.
En tanto, en el proceso ordinario se inscribieron 271 mil 359 alumnos. La suma de ambos da un total de 412 mil 780 posibles postulaciones para el proceso de admisión 2012. "Nunca habíamos llegado a estos niveles, es histórico", sentenció Zolezzi, considerando que el 2011 se llegó a 280 mil las postulaciones.
