El conflicto estudiantil en Chile ha entrado en una etapa de estancamiento, desde ambas trincheras: la de los movilizados y la del Gobierno.
Cuando se llega a este nivel de empate e inmovilidad, se fuerzan las partes a entrar a alternativas de salida, relativamente honorables o aceptables para uno y otro lado.
Del lado de los estudiantes y los profesores, se espera una señal de cambios, no sólo en los montos asignados a la educación pública, sino de quiénes van a regentar esos ingresos adicionales. Es decir, se pide asegurar una educación gratuita, no discriminatoria por ingresos, pero también que sea el Estado quien regente esos fondos, pues si continúa siendo reembolsados por los sostenedores privados, se fortalece y se perpetúa el lucro, sin mejorar la reconversión hacia una calidad superior con costos razonables, como ha sido demostrado por la realidad.
Esto es atendible, pues quienes pagan los impuestos en Chile son los padres (no los empresarios) y desean que sus dineros no vayan a engrosar los ingresos excesivos de los privados a costa de los dineros públicos, sin garantizar mejoras de la calidad, como de hecho ha sido constatado, hasta ahora, en los resultados brindados por los numerosos estudios realizados en todo tipo de instancias.
Del lado del Gobierno, se aspira a que los estudiantes acepten retornar a clases bajo la condición del incremento de los montos para asegurar la educación gratuita de la parte más necesitada de la población, pero no todo el universo de estudiantes.
Miradas estas dos posturas, ¿dónde está el punto de encuentro para resolver el problema?
1.- En primer lugar, se debe entender, del lado de los estudiantes, que la reforma estructural se debe parcializar en el tiempo, es decir se debe implementar por etapas.
La primera etapa atañe al tema de la educación básica y media, donde los colegios municipalizados deben pasar a manos del Ministerio, en propiedad o tutoría docente intransferible, pudiendo ser regentada por fundaciones sin fines de lucro en que el Ministerio de Educación se instala como parte permanente e interviniente en dichas fundaciones, también los apoderados, incluso, pueden incluirse los municipios.
También puede ser administrada desde el Ministerio de forma directa, si es que las estructuras locales no están en capacidad de asumir esa responsabilidad.
Por otra parte, los colegios subvencionados, es decir de propiedad privada pero que reciben aportes públicos, pueden optar por derivar a sólo privados o ser transferido al sistema público en su totalidad. De esta forma se irá despejando la separación entre lo privado y lo público de manera definitiva. Con esto se irá resolviendo uno de los puntos conflictivos que es el LUCRO EN LA EDUCACIÓN, financiada con recursos públicos.
Un segundo punto importante dentro de la primera etapa, es referida al lucro y financiamiento de las universidades o educación terciaria. En este ámbito, un primer paso de acercamiento se debe dar en el tema de restringir el financiamiento público para las universidades privadas no tradicionales. La ley de presupuesto 2012, incluso incrementa los fondos destinados a servir al segmento de financiamiento privado en varias veces el monto que en porcentaje se asigna a las universidades públicas, lo que habla de una estrategia desencaminada y obstructiva.
Para abonar a los acuerdos preliminares, se debe revertir esta medida, reasignando los fondos a las universidades públicas, tanto para el financiamiento basal como otros de becas y créditos que permitan ampliar la oferta pública y no reforzar, como se hace ahora, los altos costos de los institutos privados, que es lo que resiente a las familias chilenas de clase media y pobres.
Por otra parte, el tema del lucro en la educación privada superior debe ser abordado con sinceridad y transparencia. No es posible que se vulnere, atropelle y contradiga la Constitución usando subterfugios leguleyos que sólo ofenden la inteligencia de los chilenos, que se sienten estafados día a día por estas empresas de sociedades inmobiliarias, que sirven para atrapar y retener el abundante excedente obtenido por el pago de la escolaridad universitaria y, además, como antro de evasión tributaria para las ganancias obtenidas en otros ámbitos muy distintos al de la educación. No por casualidad grupos financieros se han asociado a las inmobiliarias universitarias, también las clínicas privadas más grandes se asocian como “hospitales clínicos” para, desde esa institucionalidad, evadir impuestos, aprovechando la ley de exención que abraza generosamente a todo el sector educativo.
En consecuencia, en este punto, se debe partir por una restricción delimitante de lo que se entiende por exención tributaria y erradicar el subterfugio inmobiliario para evadir el pago tributario que esas empresas, que atrapan grandes ingresos, deberán pagar por derecho y justicia.
2.- En un proceso de cambio estructural a más largo plazo y universalizado, el Gobierno debe entender que a ellos les corresponderá enunciarlo y no necesariamente realizarlos, excepto que se haga desde sus tareas en la oposición, si es que el famoso “desalojo”, que hizo famoso Allamand, se ejecuta, esta vez, contra el actual gobierno, cosa que parece muy probable.
Un diseño de largo plazo pasa por una puesta al día y optimización de la CALIDAD DE LA EDUCACIÓN en Chile, con miras a alcanzar niveles de competitividad en la era del conocimiento. En eso estamos con rezagos injustificables y se deben a una política de abandono del concepto más postmoderno de la educación y el conocimiento.
Simplemente nuestro sistema de educación superior se quedó con propuestas educativas decimonónicas y durante el siglo XX sólo copió los elementos más tradicionales de la estructura educativa vigente desde las viejas escuelas escolásticas y napoleónicas.
En consecuencia, los cambios deben ser de fondo y con proyección de cambio futurista. Lo que hasta ahora se ha discutido se asienta no en los cambios que el mundo exige, sino que sobre las mismas bases que se presumen vigentes, cosa que no es cierta ni realista.
De hecho, nuestro sistema educativo está errando la puntería respecto de los diseños hipermodernos y de los objetivos nuevos del conocimiento. Debemos pasar desde las universidades “profesionalizantes” a las “academias creativas” o “emprendedora. Para ello se requiere otro tipo de diseño y otro tipo de objetivos en la educación superior. Las capacidades de investigación y desarrollo de estas instituciones, deben ser el norte de esta nueva estrategia. Es un proyecto de Estado.
En resumen: se plantea con urgencia el tema de la equidad en la distribución de las oportunidades educativas. Como somos un país pobre, el estado debe racionalizar esos recursos, por tanto el tema de incrementar las becas y financiamiento para abonar a las universidades privadas, parece una despropósito serio, pues el estado se vería prontamente sobrepasado y, además, los hijos más necesitados que estudian con fondos públicos son, hasta ahora, una minoría. Entonces, para que no haya discriminación y cifras engañosas, es preferible que la educación pública universitaria esté totalmente financiada, donde la tributación proporcional conforma el piso de un nuevo balance.
