Estos delitos están relacionados con las actas electorales que publicó la oposición, de las
elecciones de julio de 2024, y por las cuales se persigue a González Urrutia,
exiliado en Madrid, España, tras resultar el vencedor de los comicios.
La denuncia la hizo Mariana González de Tudares,
hija de González Urrutia y esposa de Rafael Tudares, y afirma que en 47 días de “secuestro y
desaparición forzada” siguen sin tener información concreta sobre su integridad
física, personal y principalmente su estado de salud.
Lo único que sabe oficialmente, ante su
insistencia a las autoridades, dice, es que Tudares fue trasladado a la cárcel
de presos comunes Rodeo I, donde le aseguraron que no había sido trasladado a
ese lugar.
“Cómplice” en caso de actas electorales
“Ese supuesto grado de complicidad que ahora se le
pretende atribuir es solo una maniobra, artificio y fraude a la Constitución
para evadir el principio según el cual la supuesta responsabilidad penal que se
le pretende atribuir no se le puede extender a sus familiares. Es decir, no se
puede tener de rehén a un familiar”, dijo González de Tudares en una carta que
publicó en su cuenta de la red X.
Los delitos que el Ministerio Público imputó a
González Urrutia y que ahora atribuye a Tudares, en grado de complicidad, son
usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la
desobediencia de leyes, conspiración y “sabotaje a daño de sistemas”.
González Urrutia y la líder María Corina Machado,
luego de las elecciones, emprendieron una cruzada en defensa de las actas de
escrutinio del proceso del 28 de julio y que obtenidas por equipos de la oposición,
en una inédita acción, mientras que el CNE afín a Maduro proclamó a este sin
haber publicado los documentos de votación.
Sin derecho a la defensa
González de Tudares, en su carta pública, afirma
que en los últimos días pudo conocer directamente de las autoridades encargadas
del caso, que a Rafael Tudares “se le habría realizado inconstitucional e
ilegítimamente” una audencia de presentación, pero no pudo designar abogado de
confianza, con lo que se le niega una “real y efectiva” defensa.
Tras enfatizar sobre la práctica usual de los
jueces de Maduro de imponerle a los presos políticos defensores públicos que no
atienden sus demandas, la esposa de Tudares considera que imputarle los mismos
delitos que a su padre es “improcedente, perverso, injusto y no se corresponde
con la verdad, porque Rafael en nada tuvo que ver con las actvidades políticas
de mi padre y, en general, no incide ni participa en la poltíica”.
En otra parte de su carta, recuerda que su esposo
fue “secuestrado por funcionarios del Estado fuertemente armados”, el 7 de
enero, frente a los dos niños, “y lo más terrible, grave e inhumano es que
sigue en desaparición forzada”, una practica que viola los derechos humanos
consagrados en la Constitución.
FUENTE: Con información de redes Mariana González de Tudares
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