Por Amelia Ojeda (*)
En concreto,
en enero de 2025, el gobierno anunció la integración
de USAID al Departamento de Estado para revaluar la ayuda exterior. Esta
reestructuración, junto con las medidas de recorte, suscita preocupación en
ámbitos como el desarrollo social, la asistencia humanitaria y la gestión de crisis migratorias.
USAID ha sido
durante décadas un actor fundamental en
la promoción del desarrollo en América Latina. La agencia dotó recursos
a programas en salud, educación, gobernanza y asistencia migratoria. Estas
inversiones permitieron enfrentar
desigualdades estructurales y fomentar la estabilidad institucional.
Por ejemplo,
en 2023, la ayuda global distribuida por USAID alcanzó US$ 42.000 millones. De ese total, América
Latina recibió poco más de US$ 1.700 millones. Dentro de los países de
la región, los mayores beneficiarios fueron: Colombia (US$ 389 millones), Haití
(US$ 316 millones), Venezuela (US$ 205 millones), Guatemala (US$ 178 millones)
y Honduras (US$ 144 millones).
Estas
iniciativas contribuyeron a crear una red
de cooperación que abarcó desde programas de vacunación hasta
iniciativas para la promoción de derechos humanos. La disminución o reorientación de estos
fondos podría afectar la
capacidad de respuesta de los gobiernos locales ante problemas
estructurales y emergencias sanitarias.
América Latina enfrenta desde hace años desafíos en la gestión de flujos migratorios, motivados por crisis económicas, violencia y desastres naturales. USAID, en este sentido, implementó programas orientados a brindar asistencia a migrantes y comunidades en situación de desplazamiento, así como a prevenir la migración forzada mediante iniciativas de desarrollo local.
La posible desaparición o reorientación de estos programas podría intensificar la crisis migratoria. De hecho, tras intentos de cerrar la agencia, un juez intervino para pausar esta medida, subrayando la importancia de mantener el apoyo a comunidades migrantes. Sin la ayuda de USAID, se corre el riesgo de que aumenten los flujos irregulares, se agrave la inseguridad en las zonas de origen y se sobrecarguen los sistemas de acogida en países receptores, generando tensiones sociales y políticas adicionales.
Reconfiguración estratégica
El vacío dejado por USAID abre
la posibilidad de un reajuste en las
alianzas estratégicas de América Latina. Con la reducción del
tradicional apoyo estadounidense, otras potencias internacionales seguramente
intensificarán su interés en la región y tomarán espacios libres. China, por ejemplo, ha incrementado sus inversiones en infraestructura y desarrollo, lo
que podría desplazar la influencia estadounidense
en áreas estratégicas. Este reajuste en las alianzas internacionales
podría condicionar la autonomía de los países
latinoamericanos, al forzar una elección
entre modelos de cooperación que, en última instancia, responden a
intereses estratégicos.
Adicionalmente,
diversos medios han advertido que, en este nuevo escenario, la ayuda podría
reorientarse hacia intereses
geopolíticos. En efecto, el eventual cierre o la modificación radical de
USAID tendrá consecuencias negativas
para la región. No solo se perdería un instrumento clave para
contrarrestar desigualdades y fomentar el desarrollo sostenible. Podría perderse también el
enfoque multidimensional basado en el desarrollo social
y humanitario que ha caracterizado a USAID y comenzar a priorizar aspectos de seguridad y geopolítica.
Ante este panorama complejo, América Latina se ve obligada a replantear sus estrategias de desarrollo y asistencia. La dependencia histórica de la ayuda externa pone de manifiesto la necesidad de diversificar las fuentes de financiamiento y fortalecer las instituciones locales.
La pérdida de
un aliado tradicional como USAID obliga a buscar
mecanismos alternativos que aseguren la continuidad de programas
esenciales en salud, educación y asistencia migratoria. Ahora se enfrentan a
una transición abrupta, lo que podría
agravar la desigualdad y aumentar la precariedad en sectores marginados.
El recorte de fondos para USAID, sumado a su integración en el Departamento de Estado, representa un cambio sustancial en la política de asistencia internacional de EEUU. El congelamiento de los fondos ya provocó la paralización de múltiples proyectos y, si bien de acuerdo con el Departamento de Estado la medida solo forma parte de una estrategia para reorientar la política exterior, sus efectos en el terreno resultan disruptivos para las comunidades beneficiarias. La disminución de la asistencia impacta directamente en la capacidad de respuesta ante emergencias y en la continuidad de programas de desarrollo.
Evolución de la pobreza extrema
Según la Comisión Económica para América Latina, en 2022, la pobreza extrema en América Latina disminuyó a 11,2% de la población (a 70 millones de personas). En 2020, la tasa de pobreza extrema era de 13,1%. En 2021, la tasa de pobreza extrema aumentó al 13,8%, lo que equivale a 86 millones de personas. En 2022, la tasa de pobreza extrema disminuyó al 11,2%, lo que equivale a 70 millones de personas.
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