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martes, 4 de febrero de 2025

ACUERDO ENTRE NAYIB BUKELE Y EL ENVIADO DE TRUMP MARCO RUBIO SOBREPASA LAS REGLAS DE LA LEGALIDAD INTERNACIONAL


El secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, describió el plan acordado entre Estados Unidos y El Salvador como  el “más extraordinario en cualquier parte del mundo”. El presidente salvadoreño, por su parte, dijo que busca afianzar la relación de su gobierno con el de Donald Trump.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció a Estados Unidos aceptar a personas deportadas de cualquier nacionalidad, así como criminales estadounidenses violentos que actualmente estén encarcelados en EEUU.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Bukele accedió “al acuerdo migratorio más extraordinario en cualquier parte del mundo”.

Rubio hizo el anuncio tras una reunión con Bukele en la residencia de campo del mandatario.

El funcionario estadounidense reveló algunos detalles del esquema durante una ceremonia en la que se firmó un acuerdo relacionado con otras materias con el Ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño.

“También se ha ofrecido a hacer lo mismo con los criminales peligrosos actualmente bajo custodia y cumpliendo su condena en Estados Unidos, aunque sean ciudadanos estadounidenses o residentes legales”, añadió Rubio. Sin embaro, después de las declaraciones de Rubio, un funcionario estadounidense dijo que el gobierno de Trump actualmente no tiene planes para tratar de expulsar a ciudadanos estadounidenses, pero señaló que la oferta de Bukele fue significativa.

Bukele decidió "aceptar para deportación de cualquier extranjero ilegal en Estados Unidos que sea un criminal de cualquier nacionalidad", como los de la pandilla MS-13 (de El Salvador, Honduras y Guatemala) y el Tren de Aragua de Venezuela, afirmó Rubio.

"Ha ofrecido además alojar en sus cárceles a peligrosos criminales estadounidenses detenidos en nuestro país, incluidos aquellos con ciudadanía estadounidense y residencia legal", agregó en declaraciones a la prensa, tras reunirse con Bukele.

El gobierno federal no puede deportar a ciudadanos estadounidenses y una medida de ese tipo enfrentaría importantes impugnaciones legales en el mismo Estados Unidos, como explicó posteriormente un funcionario de la Secretaría de Estado.

No existe prácticamente ningún precedente en la época contemporánea de que un país democrático envíe a sus propios ciudadanos a cárceles extranjeras, y cualquier intento de hacerlo será impugnado seguramente ante los tribunales estadounidenses, agregó el funcionario.

Rubio visitó El Salvador este lunes para presionar a la nación centroamericana para que haga más para satisfacer las demandas del gobierno de Trump de combatir la migración.

Rubio llegó a San Salvador poco después de presenciar un vuelo financiado por Estados Unidos con 43 migrantes deportados de Panamá a Colombia.

Esto ocurrió un día después de que Rubio entregara una advertencia a Panamá de que, a menos que el gobierno panameño tome medidas para reducir o eliminar la presencia de China en el Canal de Panamá, Estados Unidos actuaría para hacerlo.

Sin embargo, la migración fue el tema principal del día, como lo será en las  paradas en su gira por cinco naciones de Centroamérica, que incluirá Costa Rica, Guatemala y la República Dominicana, después de visitar ya Panamá y El Salvador.

El gobierno de Donald Trump pretende impedir que las personas se desplacen a Estados Unidos para ingresar irregularmente, y ha trabajado con otros países para controlar la migración, así como para que acepten ser
deportados de Estados Unidos.

El acuerdo que describió Rubio con El Salvador para aceptar a extranjeros detenidos en Estados Unidos por violaciones a las leyes de inmigración es conocido como un acuerdo de “tercer país seguro”, el cual le permitiría a Washington deportar a migrantes no salvadoreños de Estados Unidos a El Salvador.

Bukele goza de gran popularidad por su ofensiva contra las pandillas, basada en un régimen de excepción que, desde 2022, ha dejado a unos 83.000 detenidos, sin orden judicial, muchos de ellos inocentes, por lo que es criticada por grupos de derechos humanos.


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