Diario El Comercio de Quito: El país requiere urgentemente reforzar la institucionalidad

Garantiza un mínimo de gobernabilidad con el cese de la Asamblea Nacional y la convocatoria a elecciones presidenciales y legislativas. Pero es la muestra de la debilidad institucional de Ecuador.

Por primera vez desde que se redactó la Constitución vigente, un presidente tomó la opción constitucional llamado Muerte Cruzada. Es una figura que se redactó durante la hegemonía del correísmo.

El presidente de la República no ha incurrido a un golpe de Estado. Tampoco gobierna dictatorialmente. Se mantienen vigentes las funciones Judicial, Electoral y Participación Ciudadana.

Sin embargo, hubiese sido plausible que no se tenga que recurrir a es este invento constitucional que solo existe en Ecuador. Pero para no incurrir en esta figura, se necesitaba al menos un poco de entendimiento y afán conjunto de encontrar salidas por lo menos a un problema que, en principio, supera toda posición ideológica: la violencia y el crimen organizado.

De todo hubo, menos eso durante estos casi dos años de gobierno de Guillermo Lasso. La oposición parlamentaria impedía cualquier iniciativa suya y poco ha legislado. Sus empeños mayores fueron buscar mecanismos para destituir al Mandatario.

Haber recurrido a esta figura es la demostración de que no somos un país serio en lo institucional y el republicanismo. El respeto a la división de poderes no es algo que solamente requiere escribirse en una carta, sino del compromiso de los actores políticos para llevarlo adelante, reconocer las victorias y derrotas, propias y ajenas.

A muchos actores políticos les preocupa que se gobierne mediante decreto, incluso a pesar del control de la Corte Constitucional. Probablemente, tal como advirtió la Conaie, habrá movilizaciones. Sería añadir un problema más y, por tanto, habrá más incertidumbre en el ya crítico estado de desorganización del país.

Tanto el Gobierno como la Asamblea dejan grandes deudas. Ambas funciones ahondaron el escepticismo reinante en la ciudadanía. Mientras tanto, en el país arrecia la inseguridad, la falta de empleo y de oportunidades. El actual gobierno verá acortado su periodo y las próximas autoridades solo gobernarán hasta el 2025.

Ecuador necesita una clase política seria, comprometida con las grandes causas y no solamente una agenda mezquina.

DIARIO

Seis reformas económicas que tendrían vía libre tras la muerte cruzada. El Ejecutivo alista varias reformas económicas que aplicará vía decretos ley, entre ellas, ajustes normativos para atraer inversiones e impulsar al sector petrolero.

El ministro de Economía, Pablo Arosemena, se reunió el 17 de mayo de 2023 con su equipo para analizar las reformas económicas que podrían enviarse vía decreto ley. El presidente Guillermo Lasso alista nuevos decretos ley para implementar las reformas económicas de su plan de gobierno. El Mandatario puede recurrir a esta vía ‘express’ por la disolución de la Asamblea. Los decretos contendrán medidas económicas que el Gobierno preveía proponer a lo largo de dos años, pero ahora, por la muerte cruzada, lo hará en seis meses, explicó el ministro de Economía, Pablo Arosemena. El artículo 148 de la Constitución, que faculta al presidente de la República a activar el mecanismo denominado como muerte cruzada, también le permite expedir decretos-ley de urgencia económica hasta la instalación de una nueva Asamblea Nacional. Los filtros en la Corte La muerte cruzada no garantizan que todos los decretos ley que emita Lasso entren en vigencia. El constitucionalista André Benavides explica que ni la Constitución ni la ley determinan un plazo para que la Corte emita su dictamen. De ahí que la Corte podría emitir su dictamen, incluso, luego de seis meses. El constitucionalista Aldrin Gómez explica que la Corte tendrá que evaluar que los proyectos económicos no transgredan ningún principio establecido en la Constitución. Pero también revisará: Que el documento enviado tenga rango de Decreto Ejecutivo. El proyecto cumpla el requisito de unidad de materia; es decir, ser de aspecto económico y tener un eje común. Además, el Ejecutivo debe justificar que los temas propuestos son urgentes. El Gobierno todavía no ha dado detalles de las reformas económicas que emprenderá tras la muerte cruzada. Pero en los 24 meses de su administración, Lasso ha tratado de poner en marcha varias reformas que, según han dicho los voceros del Gobierno, fueron bloqueadas por la Asamblea, ahora disuelta.

La única reforma tributaria implementada durante el Gobierno de Guillermo Lasso fue la Ley de Desarrollo Económico, que entró en vigencia sin cambios en noviembre de 2021, por el ministerio de la ley. Esta reforma aumentó, entre otros, el pago del Impuesto a la Renta para personas naturales. El Gobierno esperaba que esos cambios dejen ingresos tributarios por USD 1.300 millones hasta 2024.

Luego el Gobierno reconoció que esa reforma tuvo un duro impacto en las familias, por lo que Lasso envió a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de reforma tributaria el 11 de mayo. En medio de la muerte cruzada, esta nueva reforma tributaria ya no será debatida en el Legislativo, sino que empezará a aplicarse una vez que la Corte Constitucional emita su dictamen favorable. Basado en el principio de favorabilidad para el contribuyente, los cambios para reducir el pago del Impuesto a la Renta tendrán un efecto inmediato, dijo el director del SRI, Francisco Briones.

No obstante, esta propuesta podría ser observada por la Corte Constitucional, pues afectaría el principio de irretroactividad previsto en la Constitución y en el Código Tributario, dice John Arias, socio de la firma Census Consultores. Toda reforma tributaria debe aplicarse en el año fiscal siguiente, para no afectar la seguridad jurídica y la estabilidad normativa del contribuyente, agrega Arias. En cambio, la abogada tributaria Yael Fierro considera que no se viola el principio de irretroactividad, porque todavía no se ha declarado el Impuesto a la Renta de 2023.

En estos momentos de transición política, la prioridad de todo actor político y social debe ser preservar la paz y el orden democrático.

El Gobierno agudizaría peligrosamente la tensión social si es que, aprovechando su libertad de acción —temporal y relativa—, emprende reformas demasiado drásticas e incompatibles con su baja popularidad; esto, no obstante, resulta improbable, pues muchos de sus anhelos más radicales son abiertamente inconstitucionales o ya enfrentan jurisprudencia al respecto. A su vez, la oposición, especialmente el correísmo y los actores más intransigentes del movimiento indígena, llevarían a la democracia a un peligroso limbo si optan, en este momento, por la violencia tumultuaria y generalizada. Afortunadamente, la explosión sobre la que advertían no se dio ayer y sus bases tienen puesta su atención en las elecciones anticipadas. 

Paradójicamente, una de las principales amenazas al orden puede venir de la propia Corte Constitucional, sea por obstaculizar la gestión del presidente Guillermo Lasso durante las próximas semanas o por querer dejar sin efecto la ‘muerte cruzada’, una medida con amplia aceptación popular y jamás cuestionada —hasta ahora— en sus 15 años de vida constitucional.

A gritos, la oposición al Gobierno, los asambleístas electos, los indígenas y las calles, venían pidiendo una transición a la situación política, con un amplio rechazo a todas las instituciones. La oportunidad de cambio democrático ha llegado. A la vez, si no se remedia oportunamente, esta grave crisis política puede llegar a tener un serio impacto en los derechos individuales y principios democráticos. Todos los ecuatorianos debemos trabajar en evitarlo.