La nueva ley migratoria H.R. 1718 de Florida promulgada la última semana por el gobernador Ron DeSantis incluye una larga lista de castigos tanto a extranjeros indocumentados que ingresan al estado sin los debidos permisos como también a ciudadanos y residentes del estado que ayudan a «ilegales», especialmente a aquellos que los transporten a sabiendas que se trata personas que no tienen autorización para permanecer en Estados Unidos. 

Las nuevas regulaciones no solo han provocado miedo, sino que desde su firma, Florida se convirtió en el estado con la ley contra la inmigración indocumentada más dura de Estados Unidos, publicó este miércoles el diario Las Américas de Miami.

Si bien la nueva legislación entra en vigor el 1 de julio, con excepción de las auditorías a las empresas por la utilización del programa federal E-Verify que comenzarán a mediados de 2024, organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes elaboran campañas de aprendizaje y consejos para los inmigrantes y sus familias, “tengan o no estatus legal de permanencia en Estados Unidos”, advierte Anne Janet Hernández Anderson, abogada principal del Southern Poverty Law Center (SPLC). “Los ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes también se verán afectados”. 

En la sección relacionada con sanciones por tráfico humano, la nueva ley H.R. 1718 establece sanciones penales para “las personas que, a sabiendas y deliberadamente, transporten a este estado a una persona que sabe, o debería saber razonablemente, que ha entrado a Estados Unidos en violación de la ley y que no ha sido inspeccionada por el gobierno federal desde su ingreso o entrada ilegal». 

“Esta ley asusta enormemente”, dice Hernández Anderson “porque había una primera versión que existió en marzo y que confunde a las personas. Ese texto sancionaba el transporte de indocumentados dentro del estado. Pero la versión final aprobada por la Asamblea y promulgada por el gobernador Ron DeSantis es distinta, castiga el transporte de indocumentados hacia el estado”. 

En este punto, la abogada marca una diferencia: “La nueva legislación tiene que ver, o con la persona que viaja como pasajero, o quien maneja o conduce un vehículo donde viaja un pasajero indocumentado. Hay que conocer ambos escenarios. Si bien la ley se dirige puntualmente al que transporta, el indocumentado también puede verse directamente afectado”, precisa. La policía, sobre todo en jurisdicciones donde existen acuerdos vigentes, puede entregar al extranjero sin papeles a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para que le inicien un proceso de deportación. 

La Ley H.R. 1718 tipifica como delito grave de tercer grado por una primera ofensa (de transportar al estado, a sabiendas, a una persona indocumentada) y una ofensa separada para cada individuo que la persona transporte a Florida, se lee en la legislación. 

 La ley agrega el tráfico o contrabando de personas a la lista de “delitos” que pueden considerarse como ‘actividades de extorsión’, que en Florida se considera como un “delito grave de primer grado punible con hasta 30 años de prisión y una multa de $10,000”. 

“Una acusación por tráfico humano significa que enfrentará un caso criminal”, advierte José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami. “Si la ley entra en vigor el 1 de julio, usted comete un crimen y puede enfrentar cargos criminales. Y si lo detienen tendrá que buscar la representación de un abogado criminalista para defenderse de esos cargos criminales en su contra. Una situación compleja”. 

La nueva ley migratoria de Florida establece además que “requiere que una persona que sea arrestada por una violación de esta sección (tráfico humano), sea mantenida bajo custodia hasta que sea llevada ante el tribunal para su admisión a libertad previa al juicio”.