Apenas fue publicado el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), se conoció que el Gobierno de Dina Boluarte había enviado un total de 178 observaciones a las recomendaciones realizadas por el organismo internacional.

El semanario «Hildebrandt en sus trece» tuvo acceso a estas respuestas emitidas por el Ejecutivo, en las que queda más clara la estrategia adoptada por Boluarte y sus ministros para mitigar las responsabilidades por las 49 muertes en protesta y culpar a las fuerzas del orden. En uno de los puntos, el Gobierno incluso precisa que «las FF. AA. del Perú han tomado medidas administrativas coherentes con la gravedad de los hechos ocurridos».

Según los documentos a los que tuvo acceso el semanario, el Ejecutivo no solo reconoció la existencia de «graves hechos ocurridos» durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte, sino que anunció que se avecina una «reestructuración de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, lo que se concretará en los próximos meses». Esto, tras haber mencionado que «tales resultados lamentables no han sido generados por decisiones políticas autoritarias».

Además, con el afán de mostrar que se habrían hecho avances ante los 49 asesinatos reportados durante las marchas contra Boluarte, el Gobierno señaló que, «en diciembre del 2022 y marzo del 2023, se aprobaron las reasignaciones de miembros de la PNP y las Fuerzas Armadas en Ayacucho, Puno, Madre de Dios y Apurímac, disponiéndose su traslado a otras dependencias». En ese sentido, se reiteró, como muchas otras veces lo ha hecho ante cámaras Boluarte, que «de ninguna forma se promovieron directa o indirectamente actitudes o prácticas de represión fuera del marco legal».

No obstante, a la fecha, estos hechos no han sido transparentados, y no se precisa qué otras medidas se han adoptado respecto a quienes serían responsables políticos de estas muertes consideradas como «masacres» por la CIDH. Nuevamente, el peso recae sobre las fuerzas del orden, pese a que, frente a cámaras y medios de comunicación, tanto el primer ministro Alberto Otárola como la misma presidenta Dina Boluarte han manifestado un expreso respaldo a las instituciones que ahora culpan.

Como si no fuera poco, en el mismo documento se precisa, luego que el Gobierno haya delegado la responsabilidad a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional sin asumir culpa alguna, que «los posibles excesos de la fuerza militar y policial son objeto de investigación y seguirán su curso procesal a fin de determinar las responsabilidades individuales».

Asimismo, pese a haber insistido en que las acciones «no fueron generadas por decisiones políticas autoritarias», se alegó que estas «se dictaminaron en un marco constitucional democrático». En la foto de portada, la presidenta peruana aparece entre un militar y un funcionario de la Policía Nacional.