KRADIARIO

Marzo 2010 Año1- Nº1
Informe sobre Desarrollo Humano América Central
Las políticas de seguridad y el sistema.

Según el Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010, la región debe afrontar cambios sustanciales en las políticas y el sistema de seguridad. Las acciones de manodura no han logrado resultados pero han contribuido a la congestión de la policía, los juzgados y las cárceles centroamericanas. Los municipios tienen el reto de coordinar las acciones deprevención del delito.

El sistema de seguridad ciudadana y justicia penal (SSCJP) de los países centroamericanos ha experimentado procesos de modernización notables. Pero este progreso no ha impedido que la policía, el aparato judicial o los programas de prevención continúen mostrando debilidades. El “nuevo endurecimiento” no ha logrado resultados y ha interrumpido este proceso de modernización, según el Informe sobre Desarrollo Humano para AméricaCentral 2009-2010.

¿Dónde estamos? Las políticas recientes de seguridad ciudadana en América Central.

La desmilitarización de la seguridad ciudadana estuvo acompañada de mejorías tangibles e importantes en el enfoque, en la profesionalización y en el funcionamiento de la policía, progresos en la calidad y la eficiencia de la justicia penal, e ideas y medidas incipientes para la prevención efectiva de la delincuencia. Sin embargo, las reformas y la modernización de la seguridad y la justicia no se impulsaron con la fuerza suficiente para lograr y mostrar resultados contundentes.

El aumento de la inseguridad objetiva y de la inseguridad percibida llevó a optar por el “populismo del miedo” y por la remilitarización de la seguridad ciudadana, como se indica en “Abrir espacios a la seguridadciudadana y el desarrollo humano”.

Esta opción implicó desandar el progreso que se estaba construyendo y agravar el problema que se quería resolver. Como diversos estudios han señalado, las medidas de “mano dura” no han mejorado la situación objetiva ni han producido ningún progreso significativo en el funcionamiento o en la valoración popular de las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana.

La comparación efectuada por el Informe entre lo que sería un sistema ideal de seguridad ciudadana con la realidad centroamericana arroja deficiencias en la dirección general, los mecanismos de prevención específica, las alternativas para el tratamiento de conflictos e infracciones y la atención a las víctimas del delito. Este análisis también ha permitido detectar debilidades en la investigación criminal, la defensoría del reo pobre y la rehabilitación de los presos.

• Dirección general del sistema: la mayor debilidad estratégica de los SSCJP en Centroamérica radica en el carácter fragmentario, no integral y descoordinado de la planeación y el seguimiento de los programas o acciones.

• Programas de prevención específica: las políticas de prevención y las entidades ejecutoras son bastante subsidiarias y ocupan un espacio residual.

• Tratamiento alternativo de conflicto e infracciones: estos mecanismos enfrentan problemas por su falta de jurisdicción, por su modesta cobertura territorial, y por la falta de capacitación de los funcionarios. Además, del desconocimiento generalizado de la ciudadanía de este servicio alternativo.

• Atención a las víctimas: no existen mecanismos efectivos para la reparación de los daños causados o para asistir a las víctimas en la superación de las secuelas del delito. La cobertura de los pocos programas de atención es reducida y de calidad habitualmente insuficiente.

• Investigación criminal: esta es la función más débil o el “Talón de Aquiles” de la justicia penal en Centroamérica. Entre las deficiencias detectadas se encuentran: la precariedad de recursos financieros o humanos, la falta de capacitación del personal y las dificultades institucionales para especializar y profesionalizar la investigación criminal.

• Defensoría del reo pobre: hay pocos defensores, falta capacitación para los profesionalesy los presupuestos de las defensorías son exiguos.

• Rehabilitación de presos: la ausencia o extrema precariedad de los programas de reinserción es una constante en Centroamérica, agravada por la falta de recursos humanos, físicos y financieros para llevarla a cabo.

En toda la región hay hacinamiento, el personal de vigilancia no está suficientemente capacitado y servicios como la alimentación y la salud rayan con lo infrahumano.

• El municipio: el aporte de las administraciones locales a la gestión de la seguridad ciudadana en la región es bastante modesto. La debilidad se expresa tanto en la perspectiva reducida sobre el papel que pueden y deben jugar como en su autonomía limitada frente al Estado central y en sus flaquezas organizacionales (recursos financieros escasos, aparato burocrático incipiente, poca profesionalización de los funcionarios, problemas de coordinación).

• Los actores no estatales (la comunidad, los empresarios, la sociedad civil, los medios de comunicación y la comunidad internacional): salvo pequeñas excepciones, en América Central los actores distintos del Estado no cumplen con las funciones que les corresponderían en un sistema adecuado de seguridad y justicia.

Un SSCJP con tantos eslabones no puede procesar la excesiva carga de delitos que ocurren en la región. Esto implica, según el Informe, una gran congestión de los tres núcleos del sistema: la policía, los juzgados y las cárceles.

• La policía: las policías centroamericanas están sobrecargadas porque la criminalidad es excesivamente alta, por sus deficientes medios técnicos y logísticos, y porque sus energías se dedican principalmente a perseguir al delincuente en lugar de prevenir la comisión dedelitos. Además, persiste el descuido de la escena del crimen y la mala protección de la evidencia. Aunque las instituciones policiales están bajo control civil, subsisten ciertas prácticas de abuso de la fuerza, maltrato de la ciudadanía o violaciones de los derechos humanos.

• Los juzgados: la cantidad enorme de procesos acumulados en los despachos judiciales produce la demora de la justicia que agrava la congestión de los juzgados. Además, el populismo del miedo o populismo punitivo que pretende resolver la criminalidad con la creación de nuevos tipos delictivos, el aumento de las penas y la judicialización de los conflictos sociales ha agravado la congestión de la justicia.

• Las cárceles: la reticencia a aplicar penas distintas del encierro y la incapacidad de reducirla reincidencia se conjugan para agravar el hacinamiento existente en las cárceles centroamericanas. Las políticas de creación de nuevos tipos penales y el aumento depenas han ayudado al colapso del sistema penitenciario.

Elevada impunidad:

En América Central la impunidad está muy extendida. Cerca de nueve de cada diez delitos denunciados acaban sin castigo. Las fallas de la policía, los jueces y las cárceles aumentan y perpetúan la improbabilidad de que un hecho delictivo sea conocido, investigado y juzgado por el sistema de justicia. Las salidas falsas exasperados ante la ineficiencia del sistema como está regulado formalmente, los actores empiezan a buscar remedios que en apariencia al menos resuelven su problema aunque en realidad bien puede agravarlo, destaca. Estas salidas falsas se producen tanto dentro como por fuera de las instituciones que integran el SSCJP.

Las falsas salidas dentro del sistema de seguridad ciudadana y justicia penal se pueden resumir así:

• La “remilitarización” de la seguridad, mediante la atribución de tareas de patrullaje y represión de la delincuencia a las fuerzas armadas, la promulgación de “leyes antimaras” y otras políticas de “mano dura”.

• La elevada proporción de presos sin condena, que viola las bases de un Estado de derecho, conlleva el riesgo de imponer penas a quienes no lo merecen y contribuye al hacinamiento de las cárceles.

• La corrupción de funcionarios: Según los datos de la encuesta elaborada para este Informe, entre dos y cinco de cada diez centroamericanos considera que la policía colabora o está involucrada con la delincuencia. Las falsas salidas fuera del sistema de seguridad ciudadana y justicia penal se pueden sintetizar en dos:

• La creciente privatización de la seguridad: en casi todos los países de la región, el número de efectivos de las empresas registradas de seguridad privada supera ampliamente el pie de fuerza policial, y en los casos de Guatemala y Honduras la relación llega a ser de cinco a siete veces más guardias privados que policías.

• La “justicia privada”: los linchamientos y las “operaciones de limpieza social” son prácticas que se han sucedido en algunos de los países centroamericanos en los años recientes. Si bien se achacan a la incapacidad del Estado de llevar a juicio y lograr el castigo legal de los delincuentes, en realidad son el reflejo de una cultura de irrespeto a la ley.

Las salidas verdaderas: la hora de las reformas.

El Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010 destaca las medidas y reformas nodales necesarias que deberían integrar una estrategia coherente que responda a los problemas o deficiencias de los SSCJP en Centroamérica. Estas reformas afectan a la prevención del delito, el tratamiento alternativo de conflictos e infracciones, la policía, el sistema judicial, el sistema correccional y la atención a las víctimas.

La prevención del delito.

Los países centroamericanos necesitan de una estrategia directa de reducción o control de los riesgos específicos e inminentes de la inseguridad. Esta estrategia debe actuar sobre los cuatro vectores que originan esos riesgos:

• La prevención cultural. Se requiere impulsar. Programas que fomenten una cultura del respeto y la civilidad entre la población o en beneficio especial de ciertos grupos vulnerables. Acciones desde el ámbito de la familiar y acciones desde el ámbito de la escuela.

• La prevención social. Acciones encaminadas a la atención a menores de edad en riesgo y a sus familias mediante tutorías, programas educativos y de capacitación para el empleo. Generación de bancos de empleo y programas de rehabilitación para atender a los adultos en riesgo: ex convictos, drogadictos y alcohólicos.

• La prevención instrumental. Impulsar o fortalecer programas para el control y desestimulo a la tenencia y porte de armas de fuegoi. El control del consumo ocasional pero excesivo de alcohol o de sustancias sicotrópicas.

• La prevención situacional. Recuperación del espacio público y mejoría de entornos deteriorados.

Educación de las víctimas potenciales.

En este campo de la prevención específica del delito es donde el municipio puede y debe jugar su papel protagónico en materia de seguridad. El tratamiento alternativo de conflictos e infracciones. La reorganización de los mecanismos alternativos debe apuntar a mejorar su diseño, dotarlos de más recursos y ampliar su cobertura.

La policía.

Es necesario iniciar o completar reformas y medidas orientadas a:

• Fortalecer el carácter público y civilista de la institución

• Separar sus tres funciones: la prevención policial, la investigación criminal y la“gestión policial”

• Descargarla de funciones adicionales

• Agilizar su estructura y sus procedimientos

• Mejorar la formación del personal

• Contar con el equipamiento adecuado

• Acercarse a los problemas de la gente.

El sistema judicial.

Además de la prioridad de descongestionamiento, es preciso que se plantee una acusación sólida para los reos que no puedan pagarla. Los juicios deben ser ágiles y respetar las garantías del Estado de derecho. Sería preciso iniciar o completar reformas y programas orientados a:

• Organizar mejor la investigación criminal, mejorando la organización y coordinación institucional y la calidad de la prueba

• Tecnificar los medios de prueba

• Robustecer la defensoría pública

• Agilizar los procesos, evitar las arbitrariedades y descongestionar los despachos judiciales



El sistema correccional. Se recomienda:• Reducir el número de presos y aumentar el número de cupos carcelarios

• Contratar personal con más y mejor formación

• Ofrecer más oportunidades para la resocialización de los convictos.

Atención a las víctimas.

Realizar acciones especiales para que los derechos de las víctimas sean reconocidos más expresamente y garantizados con más eficacia.