EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
CON MAYOR RAZÓN
Por Hugo Latorre Fuenzalida
Luego del dictamen del Tribunal Constitucional se hace más evidente la necesidad de tener una nueva y democrática Constitución.
El Tribunal Constitucional es ideológicamente un enclave de la Constitución del 80. Es cierto que muchos países lo ostentan en su estructura institucional, pero el de Chile es un Tribunal resultado de la transacción concertacionista que es, ni más ni menos, una barrera más impuesta a las posibilidades de cambios que la derecha temía y que la Concertación no deseaba.
Ahora que Bachelet arremete con una postura más desafiante a los intereses de la derecha y el empresariado, se encuentra con la barrera dejada por su misma gente. Esta gente de la vieja Concertación es la que lima y pule, desgrana, de la mano con los sectores más retardatarios, las dimensiones de los proyectos introducidos al Parlamento por el Gobierno de la Nueva Mayoría. No cabe duda de que al interior de la Nueva Mayoría existen sectores lo suficientemente conservadores para actuar como verdaderas quintas columnas: ahí está la mutilada reforma tributaria, la vetada ley de gratuidad en la educación y esta misma reforma laboral que fue tijereteada antes de entrar al Tribunal Constitucional.
La mayoría de los chilenos aprobó con sus votos los cambios propuestos por la Nueva Mayoría, pero el Congreso (sobre todo el Senado) y el Tribunal Constitucional insisten en interponerse en el camino de transformaciones que Bachelet empuja con persistencia.
Nada tiene que ver la caída de popularidad de Bachelet, producto del caso CAVAL, con la legitimidad del voto por los cambios cuando fue electa presidenta de Chile. El enojo de la gente, por la frustración ética que arroja este caso familiar y por la caída de la economía, que también frustra las expectativas de mucha gente, puede llevarles a responder de manera indiscriminada, disparando al bulto de toda la política, lo que aprovecha la mañosa derecha para transferir esa respuesta, desfavorable al gobierno, en un rechazo a los cambios y a un apoyo a sus cuestionamientos inmovilistas.
El Tribunal Constitucional se está poniendo la soga en su propio cuello.
Hay victorias que presagian una derrota final, ahí está la de Pirro en Asculum contra Roma. Esta victoria parcial de la derecha en el TC (Tribunal Constitucional), presagia una tendenciosa postura de dicho tribunal y una piedra en el zapato para los avances democráticos mínimos que Chile no puede postergar si quiere destrabar el freno al progreso como sociedad integradora y equilibrada.
El proceso de la nueva Constitución tendrá que poner en la mira este Tribunal para convertirlo en un ente realmente destinado a las cosas técnicas y no a opciones de política sustitutiva e invasora de otras facultades y otras instituciones.
Es indudable que este TC fue ideado por Guzmán y la derecha dictatorial para operar como una barrera muy sólida contra las incursiones de los reformadores del modelo; las reformas posteriores alteraron su composición original, marcadamente instalada como representación de las FF.AA., por una estructura más civil, pero cuoteada de tal forma que al actuar dentro de un esquema constitucional netamente inmovilista, terminaría operando como un instrumento de contención para ser usado por la derecha económica y política en aras de conservar los privilegios ofensivos que dicha Carta Magna les dejó en concesión.
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Es hora de que el mundo político democrático actúe con decisión y neutralice a este órgano portador de una sospecha originaria y de evidente sesgo político. Una de las decisiones simbólicas podría ser vetar la norma con la enmienda del TC o instalar una nueva discusión para insistir en la legitimidad de dichos cambios, por encima de sus formalidades jurídicas. Pero lo que no se debe hacer es ceder de manera pasiva a una jugarreta leguleya de la derecha y de los sectores que arrastran a Chile a inhibir su desarrollo global en aras de los privilegios de una casta que se ha mostrado incompetente a la hora de hacer crecer a Chile de manera competitiva, creativa e integradora, pero que, además, se exhibe corrompida y coludida, en una impronta especuladora.
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Como los empresarios defienden sus derechos a cuidar sus negocios y sus márgenes de utilidad, es el mundo político quien debe cuidar los intereses de la sociedad como un todo. Lo general debe estar por sobre lo particular, en término de intereses. Por tanto, no puede privilegiarse el interés del negocio privado por sobre el interés social de su viabilidad estratégica. Es un simple orden de jerarquía racional, doblemente legitimada si se trata del orden democrático. Por tanto, esta inversión de las prioridades impuesta por la constitución francamente dictatorial y pro empresarial del 80, debe ser puesta con los pies en la tierra y transformarla en un instrumento que avance y ayude al peregrinar de todo el país; pero lo que no puede ser es permanecer como una entidad inválida, apoltronada en el medio del camino, que no se mueve y no deja avanzar.
