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| Presidente uruguayo, José Mujica, ex tupamaro |
La anulación ayer de la Ley de Amnistía en el Senado uruguayo comenzó hoy a tener las primeras reacciones, que seguramente pondrán en serios aprietos las relaciones entre el oficialista Frente Amplio (FA), las Fuerzas Armadas y los partidos de derecha.
El FA logró finalmente obtener la mayoría en la Cámara Alta uruguaya para anular la Ley que “protegía” penalmente a los militares de la última dictadura.
Tras doce horas de duro debate y con los votos de 16 de los 17 senadores del FA, el Senado uruguayo aprobó el proyecto interpretativo que deja sin efecto los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley de Caducidad, vigente desde el 22 de diciembre de 1986, y confirmada en dos referendos (1989 y 2009).
Así, esta reforma permite reabrir los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (1973-1985).
Sin embargo, el proyecto, con media sanción, deberá volver a la Cámara de Diputados, donde su aprobación estaría asegurada. En esta forma la ley reformada estaría en vigencia a más tardar el próximo 4 de mayo.
El proyecto ha sido duramente criticado por el Partido Blanco y Colorado, que consideran que el tema está cerrado tras los dos referendos realizados sobre este tema en Uruguay.
El presidente uruguayo, José Mujica, declaró ayer que en ningún caso vetará la nueva Ley ni ninguna otra que sea aprobada por el Parlamento.
Críticas del diario El País
El diario El País opinó hoy en un artículo editorial que “tras meses de demoras, negociaciones internas y maniobras legales, la bancada frentista impuso su mayoría en el Senado para aprobar la ley que pretende "anular" los efectos de la Ley de Caducidad. Una jornada de luto para la democracia uruguaya y que seguramente tendrá consecuencias en el futuro de esa fuerza política”.
El diario explicó hoy su posición en varios puntos: “La ley votada representa un conglomerado de aberraciones jurídicas y violaciones constitucionales como pocas veces se ha visto. Se desprecia olímpicamente principios básicos como el de la cosa juzgada o la irretroactividad de la ley penal más gravosa, y se pretende instaurar una ficción legal por la cual el Estado deberá hacer de cuenta que una norma que generó efectos por más de 20 años, nunca existió”.
“Pero en este caso hay aspectos más preocupantes aun que la cuestión formal legal, escribió El País. Y es que el Parlamento va en contra de lo decidido por el cuerpo electoral en dos ocasiones, la última de ellas hace menos de dos años (en dos referendos que confirmaron la amnistía en 1989 y 2009). O sea, que una "elite" dirigencial se considera así por encima de sus mandantes y se atribuye el derecho ya no sólo a decidir por ellos, sino a decidir en contra de su específica voluntad. Un camino de difícil retorno que lleva invariablemente al autoritarismo”.
Críticas también en el mismo Frenta Amplio
Pero las opiniones en contra también vinieron hoy del mismo FA como las del ayer renunciado senador Eleuterio Fernández Huidobro, que votó en contra del proyecto y que confía en que el Frente “reaccione” con su renuncia porque cometió “un error político muy grueso”. Advirtió que la nueva ley “no logrará sus objetivos” y lo lamentó por las víctimas. “Yo no puedo jugar con los sentimientos, decirles a las madres y a los familiares que ahora vamos a encontrar a sus seres queridos porque no es así”, fundamentó. En entrevista con el diario Ultimas Noticias, advirtió que la ley interpretativa “rompió el instrumento” del plebiscito al desconocerlo y reclamó “mirar al futuro. Con un gobierno del Frente Amplio, violamos los derechos humanos todos los días en las cárceles. Tenemos niños en circunstancias infrahumanas. Esas son las cosas que tienen que preocupar”.
El anuncio de renuncia a su banca en el Senado de Eleuterio Fernández Huidobro fue la herida principal que sufrió ayer el Frente Amplio, por constituir él, como ex tupamaro, un referente histórico.
Entretanto, el senador Jorge Saravia será expulsado del FA por haber votado también en contra de la propuesta. Al explicar su posición criticó duramente a la dirigencia frentista expresando que “la urna es sagrada” por más que “vaya en contra de uno”.
Fernández Huidobro criticó también la posible expulsión de Saravia, la que calificó de una actitud policial. “Ya hay bastante comisarías en el país”, ironizó.
Militares a la Corte Suprema
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| Para no olvidar |
Cuando todavía resta dar sanción definitiva al proyecto interpretativo de la ley de Caducidad, los militares retirados anunciaron que recurrirán a la Suprema Corte de Justicia. El presidente José Mujica sigue el asunto con preocupación.
"Recursos de inconstitucionalidad se van a presentar, porque algo tenemos que hacer", dijo al diario El País una fuente cercana al Centro Militar respecto a la presentación de acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) contra el proyecto de ley.
Así, es un hecho que cuando esa norma esté vigente y se produzcan citaciones a militares por casos que sean desarchivados, los indagados promoverán la inconstitucionalidad de la ley en virtud de que, según alegan, no respeta las consultas populares de 1989 y 2009.
Si bien las acciones se presentarán "con poca expectativa", también se busca "ganar tiempo" ante la prescripción de las denuncias, indicó la fuente reveló El País. Según la legislación actual, los casos de derechos humanos prescribirán en noviembre.
En los círculos militares se criticó también que “no se cumplió el compromiso asumido por Mujica de dar vuelta la página en lo que se refiere al pasado reciente del país”, como les aseguró a los altos mandos en la reunión que tuvo con ellos en Durazno a pocos días de asumir la presidencia. El informante, aseguró que la demanda al Estado en organismos internacionales seguirá en pie, agregaron los medios.
Por su parte, el abogado especializado en derechos humanos, Guillermo Paysee, expresó al diario Clarín de Buenos Aires que el paso que se dio el martes en el Senado “es el comienzo del fin para una ley que no tenía sentido que integrara nuestro derecho positivo”.
En tanto, el presidente José Mujica está preocupado por la aprobación de una ley de la que mostró públicamente distancia, si bien uno de sus principales impulsores fue su canciller, Luis Almagro.
