Sigue la agitación política y social en Bolivia en lo que se define como una nueva plataforma ciudadana, la que agrupa a cocaleros y médicos. Esta semana ya se han articulado para marchar en La Paz y pedir una justicia independiente y el cese de lo que consideran una «persecución» judicial, tras el encarcelamiento de la expresidenta interina Jeanine Áñez.
La protesta masiva recorrió gran parte del centro de la ciudad bajo la consigna de que lo ocurrido con la exmandataria de transición «no es justicia, sino venganza» y acusaron al presidente del país, Luis Arce, y al exmandatario Evo Morales de implantar un Gobierno no democrático. Todo indica que uno de los principales agitadores actuales sigue siendo el expresidente boliviano Evo Morales.
«Miles de bolivianos estamos rechazando esta política de persecución de parte del Gobierno de Arce», dijo a los medios el secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (SIRMES), Fernando Romero, sector que mantiene una demanda aparte por la anulación de la ley de Emergencia Sanitaria.
La movilización, que utilizó como símbolo a la bandera boliviana, también despertó la protesta de varias personas que rechazaron los fundamentos de la marcha, en algunos casos con insultos desde ambas partes y amagues de peleas.
«¡Golpistas!» y «vayan a trabajar», fueron los reclamos de unos, mientras que los otros respondían con alusiones a su servilismo al Gobierno y de defensores de delitos como los que se acusó al expresidente Morales.
En algunos puntos quienes reprochaban la marcha utilizaron gestos obscenos hasta llegar a tirar de alguna de las banderas de los manifestantes, lo que causó unas reacciones que finalmente no pasaron a más.
Ante estas acciones, que también se han replicado en otras regiones del país, los sectores populares que integran el llamado Pacto de Unidad, como campesinos, sindicalistas y obreros, anunciaron que también se movilizarán a partir del próximo lunes en respaldo al Gobierno del presidente Luis Arce.
«Venimos a defender la democracia», dijo el alcalde electo de La Paz, Iván Arias, que se sumó a la manifestación y que acompañó la marcha hasta su conclusión en la plaza San Francisco.
Después de ello, Arias, quien también fue ministro de Obras Públicas de la expresidenta interina Áñez, hizo públicas dos citaciones de la Fiscalía por procesos que considera políticos y a las que dijo asistiría.
El dilema de si en noviembre de 2019 fue un golpe de Estado o un fraude electoral que incidió en la renuncia de Morales a la Presidencia tras las frustradas elecciones de ese año es algo que mantiene en tensión al Gobierno del país con la Organización de Estados Americanos (OEA).
En aquel momento, la OEA emitió un informe en el que identificó irregularidades en el proceso electoral tras una auditoría vinculante a pedido del Gobierno del entonces presidente Morales.
Tanto la Cancillería como varios parlamentarios del MAS han tachado a la OEA de cometer injerencia en asuntos internos del país, inclusive un ministro adelantó un posible juicio contra el secretario general del organismo, Luis Almagro.
Ante ello, el organismo hemisférico respondió con la posibilidad de presentar una causa ante la Corte Penal Internacional por sucesos relacionados tanto durante el Gobierno de Morales como el de Áñez (leer descripción del caso al final de esta nota).
En tanto que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, anunció la aprobación de una resolución de esa Cámara parlamentaria «rechazando categórica y contundentemente la intromisión» que se cree tiene el organismo en asuntos internos del país.
Junto a Áñez también han sido puestos en prisión preventiva por cuatro meses sus exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, en el marco del caso conocido como «golpe de Estado».
El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia (TSJ) anuló la condena de 10 años de prisión contra la expresidenta interina Jeanine Áñez y ordenó su liberación inmediata . La exmandataria salió del penal de mujeres de Miraflores, en La Paz, tras pasar 4 años y 8 meses recluida .
El Fallo del Tribunal
