El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su gobierno, se enfrentan ahora a un proceso para declararlos a ambos en desacato por ignorar sin ninguna explicación mayor y seria una orden judicial tras haber enviado a 200 emigrantes a territorio salvadoreño, la mayoría de ellos de nacionalidad venezolana.
«La Constitución no tolera la desobediencia intencional
de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han
jurado respetarla», declaró el juez. Esta situación convierte a la propia
Constitución en una gran burla, agregó.
El presidente Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros
de 1798, utilizada en tiempos de guerra, para expulsar a cientos de venezolanos
a los que acusa de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua. Esto
ocurre desde el 14 de marzo.
Sin embargo, justo
en el momento en que viajaban a Centroamérica dos aviones con migrantes, Boasberg bloqueó su uso y ordenó el regreso de los vuelos. Pero los aviones no se
devolvieron y arribaron a San Salvador. Trump planteó ahora llevar al magistrado
a un juicio político.
Todo esto dio inicio este miércoles una batalla legal sin
precedentes. El envío de migrantes hacia El Salvador ha provocado una serie de
demandas al Gobierno de Trump y el rechazo por parte de organismos
internacionales.
La ONG Human Rights Watch acusó a EE.UU. y El Salvador de
estar sometiendo a estas personas a una «desaparición forzada», a pesar que el
Gobierno de Trump acusa a los migrantes de estar vinculados con la banda
internacional Tren de Aragua, de origen venezolana, y al MS-13, salvadoreño,
ambos calificadas recientemente por Washington como grupos terroristas.
El problema está en que todo parece ser que los extranjeros expulsados y transportados a El Salvador no tienen antecedentes penales, según se ha comprobado en diversas investigaciones periodísticas de medios de comunicación estadounidenses.
Boasberg argumenta en su resolución que la Constitución estadounidense no tolera la
desobediencia deliberada de las órdenes judiciales. "Permitir que dichos
funcionarios anulen libremente las sentencias de los tribunales de los Estados
Unidos no solo destruiría los derechos adquiridos en virtud de dichas
sentencias, sino que constituiría una burla solemne de la propia
Constitución".
Boasberg añade, que incluso si el gobierno consideraba que su orden invadía facultades
del Poder Ejecutivo, podían pedir una revisión judicial, "pero no
desobedecerle". Dice que su orden es una muestra de lo que
"consistentemente" hacen las cortes: revisar y, en ocasiones, frenar
acciones ejecutivas.
El juez puso como plazo hasta el 23 de abril para que el gobierno tome una
decisión entre dos opciones: explicar por qué se incumplió su orden y qué pasos
están dando para honrarla o, por el contrario, proveer los nombres de los
funcionarios que tenían que hacer cumplir su orden de no expulsar a los
venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, y decidieron no parar el
proceso el 15 y 16 de marzo.
El gobierno de
Trump ha asegurado, sin mostrar mayores evidencias, que la mayoría de los más
de 200 migrantes enviados a El Salvador son miembros del Tren de Aragua.
Su mayor evidencia para incriminarlos son sus tatuajes, que el gobierno dice
son pruebas que representan a la banda.
