LA LEY DE PESCA Y LA PRIVATIZACIÓN DE LA POLÍTICA
Por Camilo Escalona
La ley de pesca es un ejemplo nítido, a la vez que
vergonzoso, del aumento del fenómeno de privatización de la política que se ha
producido en el país, cuyo efecto más impactante es el protagonismo de figuras
públicas que, cooptadas por el poder del dinero, terminan corrompiéndose.
Esta ley fue despachada del Senado, en diciembre del 2012, para
su promulgación. La información posterior a su despacho, revela sobornos a
ciertos legisladores de circunscripciones o distritos del norte del país, a través de depósitos en las
cuentas corrientes, efectuados durante largos periodos de tiempo, que fueron
anudando y estrechando una relación perversa, que devino en un compromiso
anómalo que culminó en prácticas corruptas que socavan la legitimidad
democrática.
Al encadenarse los parlamentarios a las indicaciones de sus
pagadores, altos ejecutivos de la pesca industrial, dando la espalda a sus
obligaciones constitucionales y legales, en una deplorable entrega a los
depósitos bancarios que “nutrían” esa corrupta asociación, se selló un capítulo
funesto para el Congreso Nacional. El periodo más activo de esta asociación
ilícita fue durante el trámite de la ley de pesca, aún proyecto en ese momento,
que se efectuó en el Senado, en el segundo semestre del 2012.
Me correspondió, ese año ejercer la Presidencia de la
Corporación y observé, desde la testera, el estrecho seguimiento que con
descaro y sin rubor realizaban, desde las tribunas, los abundantes y ávidos
grupos de asesores de los controladores económicos del sector de la pesca
industrial, escudados en las garantías que entrega el propio Congreso Nacional, para que sus debates sean
públicos y abiertos.
Muchos chilenos sentirán amargura ante hechos tan
bochornosos, que manchan al Congreso Nacional. No importa si son socialistas o
liberales, republicanos o socialcristianos, de pensamiento humanista, laico,
marxista, religioso o conservador, un punzante reconcomio acompañará su reflexión.
No cabe duda que el haber convertido el trabajo
parlamentario, en mercadeo para la compra y venta de indicaciones, a mandantes
que desprecian profundamente la democracia y el rol del Parlamento, constituye
una práctica inadmisible.
Sin embargo, la responsabilidad política del gobierno de
Piñera es inexcusable, aunque pretenda ahora vestirse como blanca paloma. Fue
su ministro Pablo Longueira, presidenciable apoyado desde La Moneda en las
primarias de la derecha, a mediados del 2013, el férreo brazo ejecutor de este
actuar, y de maniobrar, audaz y resueltamente, para hacer aprobar un cuerpo
legal que entregaba a un puñado de poderosos controladores financieros, un
sector clave de la economía y de la riqueza del país.
Ahora Piñera quiere escabullirse y guardar silencio. Su ya
lanzada candidatura presidencial, pretende ignorar su responsabilidad en este
verdadero desastre para el patrimonio nacional.
Los hechos están a la vista. En noviembre del 2012, se juntó
el trámite de la ley de Pesca y la de Presupuesto, mediante el mecanismo de las
urgencias, el Ejecutivo siguió adelante con la llamada “ley Longueira”.
Actuando contra reloj, el gobierno piñerista asignó un mega negocio de cerca de
4.000 millones de dólares anuales, en concesiones que se extienden
automáticamente cada 20 años. Fue un despojo que debe ser rectificado.
Con el tiempo se ha sabido que se sobornaron y compraron
conciencias, además la organización de la pesca artesanal fue dividida para
anular las voces en contra, en una maniobra usada desde tiempos inmemoriales,
para hacer más fácil la captura de los valiosos recursos de nuestro mar, que
serían entregados por medio de la ley, en ese momento, en debate.
Asimismo, fueron desoídos los reclamos de las comunidades
indígenas de nuestro extenso litoral; en este caso, el pueblo lafkenche, cuyos
derechos fueron apabullados. En concreto, se burlaron los logros y avances que
pocos años antes, el propio Congreso Nacional, había establecido en la ley
sobre el borde costero para pueblos indígenas.
Ante quejas insistentes y derechos postergados, la codicia
apagó los escrúpulos y se giraron sumas que adormecieron las conciencias; por
supuesto, a cuenta de las utilidades futuras, aseguradas por esa ley, sin
importar los recursos marítimos y el patrimonio nacional.
Desde la oposición, con un sector del Parlamento, voté en contra,
pero la maquinaria de poder que se puso en marcha no dejó margen alguno; luego
recurrimos al Tribunal Constitucional que, si bien ratificó lo aprobado en el
Parlamento, indicó que esta ley es modificable por otra ley, y que sus
disposiciones no entregan “derechos adquiridos” a perpetuidad, como lo querían
los consorcios beneficiados por su promulgación.
Lo que pasó en esas semanas habla muy mal de la salud moral
de personas, que en cuánto autoridades debiesen actuar con un sentido superior
de responsabilidad; se confirmó que la exacerbación del individualismo empuja y
provoca una codicia que corrompe. Se requiere un compromiso de servicio público
y de respeto al bien común que ponga término al tráfico de conciencias. Por de
pronto, ninguna de las personas partícipes de estas violaciones a la ética,
debiese tener nuevamente una candidatura al Parlamento.
La privatización de la política nutre esta burla a la
democracia, la que confirmada por las investigaciones judiciales, aconseja que
se revalúen las disposiciones que se aprobaron en la ley de pesca y que se
vuelva a legislar sobre la materia; de modo que la señal institucional sea que
la compra de votos y conciencias, no es aceptable para conseguir elevadas
utilidades, fáciles y a bajo costo. Es la honra del Parlamento la que debe
restablecerse a plenitud.
