Una querella criminal contra quienes resulten responsables por los delitos de "contrabando" y "fraude al Fisco" presentó el Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra el holding Cencosud. El proceso es el segundo que se le sigue a la empresa comercial chilena de supermercados y multitiendas después del que se inició en Argentina, en septiembre de este año, tras denuncias de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
La acción judicial se interpuso en el Juzgado de Garantía de Los Andes por el caso en que el grupo económico ingresó desde Argentina 183 camiones con mercancía caratulada como "ayuda humanitaria" -para el terremoto 27/F-, pero que finalmente vendió a la Onemi obviando así millonarios impuestos.
El CDE también pidió en la querella que se aclare el rol que tuvo la Subsecretaría del Interior en el hecho. En tanto el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla (foto abajo), recordó que fue su cartera la que instruyó no pagar la venta de la mercancía al holding mientras éste no regularizara todos los pagos de derechos e impuestos pendientes (1 millón 183 mil dólares), lo que sucedió en octubre de 2010.
El caso se conoció en enero pasado, luego que la Contraloría fiscalizara la entrega de las donaciones efectuadas por empresas, países y organismos internacionales a los damnificados por el terremoto y tsunami ocurridos en febrero de 2010; provocando una serie de denuncias parlamentarias, la intervención de Hacienda en el Servicio de Aduanas y hasta el inicio de una causa judicial en Argentina.
Según los antecedentes que aparecen en la querella, los vehículos de carga con insumos para Cencosud provenían del Jumbo Retail de Argentina y transportaban pañales, fideos, leche y sacos de dormir, entre otros artículos. Ingresaron a Chile en marzo del 2010 por el Paso Los Libertadores y, como fueron declarados donaciones, se eximieron de controles aduaneros y tributos.
Y aunque meses después regularizaron esos pagos, el CDE reclama que "el supuesto carácter de donación se mantuvo atribuido a la mercancía por varios meses, ocultándose la realidad hasta la formulación de las observaciones que efectuó la Contraloría a la Aduana de Los Andes, y sólo a partir de ese momento se iniciaron las gestiones para pretender aclarar la situación real de las mercancías".
El escrito también apunta al rol de funcionarios públicos del Servicio Nacional de Aduanas, ya que "permitieron fraudulentamente a la empresa acogerse a una ley de excepción (...) a lo que se agrega que el supuesto carácter de donación se mantuvo atribuido a la mercancía por varios meses, lo que debió ser consentido por los funcionarios eventualmente involucrados", informó el vespertino La Segunda.
Fuentes de Cencosud detallaron el contexto en que ocurrieron los hechos, señalando: "Actuamos de buena fe". Además indicaron que "con la intención de lograr poner en manos de los damnificados del terremoto y el tsunami aquello que necesitaban con urgencia, Cencosud envió mercadería desde Argentina respondiendo a una solicitud del Gobierno de Chile, sin obtener beneficio económico alguno".
Es por ello, agregaron, "que la compañía actuó de buena fe, siguiendo las expresas indicaciones del gobierno de Chile y la autorización del gobierno argentino. El Gobierno de Chile convino con la empresa en la venta de la mercadería, y no su donación, hecho que estuvo en conocimiento de las autoridades respectivas en todo momento".
Proceso en Argentina
Por la misma “irregularidad”, la justicia argentina abrió en septiembre pasado un proceso penal contra la empresa de retail Cencosud a la que se le acusa de vender en Chile alimentos donados en Chile para víctimas del terremoto del 27 de febrero de 2010, según informó este miércoles un medio de comunicación trasandino.
Según fuentes judiciales, el fiscal compartió los argumentos denunciados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que aseguró que la compañía vendió alimentos donados en la Argentina para víctimas del terremoto, con su consecuente evasión impositiva.
"Aunque la empresa niega haberse beneficiado con esa operación, se abrió el proceso penal por contrabando calificado en la exportación de ayuda humanitaria", como señaló el diario argentino Ámbito Financiero.
La cuestión comenzó en 2010, cuando luego del terremoto, Jumbo Retail Argentina (de propiedad de Cencosud) envió mercadería de primera necesidad como ayuda gratuita a los afectados por la catástrofe, exenta del pago de impuestos por su naturaleza (bajo el régimen de envíos de asistencia y salvamento), según la versión argentina.
Sin embargo, según consta en la denuncia dada a conocer por el matutino, esos productos exportados en 183 camiones "fueron finalmente comercializados por Cencosud en Chile, en rigor vendidos a la ONEMI (Oficina Nacional de Emergencia)".
