La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló contra el Estado de Uruguay por la desaparición de María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman, y por la supresión de identidad de la hija de ésta, Macarena Gelman, hechos ocurridos en 1976.
El tribunal fijó en una sentencia histórica una indemnización y estableció además que la Ley de Caducidad de Uruguay no deberá ser un obstáculo para la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen que gobernó el país entre 1973 y 1985.
La CIDH dispuso que Macarena Gelman deberá recibir US$300.000 por "lucro cesante como heredera", US$180.000 por daños inmateriales en su contra y en contra de su madre, y US$5.000 por "gastos por la búsqueda de la verdad".
Marcelo Gelman, hijo del poeta, y su esposa, María Claudia García (foto a la izquierda con su hija que nació en cautiverio), fueron secuestrados en Buenos Aires el 24 de agosto de 1976, cuando ella tenía siete meses de embarazo en el marco de la Operación Cóndor, como se conoce al plan sistemático que coordinó la represión durante los regímenes militares del Cono Sur en las décadas de los años 70 y 80.
La sentencia de la Corte fue notificada a las partes, según indicó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que patrocinó a Gelman en su demanda ante la CIDH contra el Estado uruguayo por la desaparición de su nuera María Claudia y el nacimiento en cautiverio de la hija de la joven.
El fallo, con fecha de febrero, sostiene que Uruguay incumplió con “la obligación de adecuar su derecho interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, y exige “la investigación de los hechos del presente caso, a fin de esclarecerlos, determinar las correspondientes responsabilidades penales y administrativas y aplicar las consecuentes sanciones que la ley prevea”.
Uruguay “debe garantizar que la ley de Caducidad no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia de autos y para la identificación y, si procede, sanción de los responsables” dice la sentencia.
En Uruguay desaparecieron 231 personas y miles de opositores políticos sufrieron torturas, prisión y exilio. El país recuperó sus instituciones en 1985 tras ser electo el colorado Julio María Sanguinetti. La ley de caducidad fue votada en diciembre de 1986 en medio de intensas presiones políticas y militares y obligaba a los jueces a consultar al Poder Ejecutivo qué casos concretos de violaciones de los derechos humanos podían ser revisados.
En la práctica, el Ejecutivo bloqueó toda tentativa de verdad y justicia. En un plebiscito realizado en 1989, tras una trabajosa recolección de firmas por parte de varias organizaciones de derechos humanos apoyadas por el entonces opositor Frente Amplio, el 57% de los uruguayos ratificaron la ley.
Gran influencia ejercieron en Uruguay para lograr una investigación a fondo en el campo de los derechos humanos, como podrá hacerse desde ahora, fueron el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, en 1998, y la anulación de las leyes de impunidad en Argentina, cinco años más tarde. Ambos hechos comenzaron a dar cuenta de una nueva realidad regional favorable a la apertura de los juicios.
El efecto también se hizo sentir en el Uruguay, gobernado por primera vez por el primer presidente de centroizquierda, el frenteamplista Tabaré Vázquez. Durante su mandato, ocho ex militares y policías fueron condenados a penas de entre 20 y 25 años de prisión. Además, quedaron bajo proceso los ex dictadores Juan María Bordaberry (1973-1976) y Gregorio “Goyo” Álvarez (1981-1985), señalados por la Justicia como los principales responsables de la represión en el país.
El fallo ahora de la CIDH, que tiene fecha de febrero y sólo fue publicado ayer, sostiene que Uruguay incumplió con “la obligación de adecuar su derecho interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, y exige “la investigación de los hechos del presente caso, a fin de esclarecerlos, determinar las correspondientes responsabilidades penales y administrativas y aplicar las consecuentes sanciones que la ley prevea”.
Uruguay “debe garantizar que la ley de Caducidad (amnistía) no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia de autos y para la identificación y, si procede, sanción de los responsables” dice la sentencia.
El senado de Uruguay se encuentra revisando la iniciativa de ley que se encarga de anular la muy controvertida Ley 15.848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, conocida como Ley de Caducidad.
Historia de la Ley
(Documentación diario El País de Montevideo)
La Ley de Caducidad se promulgó en 1986, a un año de finalizada la dictadura militar y estableció la facultad del poder ejecutivo de aprobar cada caso que se presentara en contra de las autoridades militares que gobernaron el país entre 1973 y 1985.
Los detractores de la ley y activistas de derechos humanos han intentado la derogación de esta ley desde 1989, año en que su derogación se puso a votación de la población bajo la figura del referéndum. El voto mayoritario de los uruguayos fue por mantener la vigencia de la disposición.
En 2007 se volvió a someter la ley a opinión popular, esta vez como una enmienda constitucional que la derogaría parcialmente, eliminando la injerencia del ejecutivo para que el judicial juzgara los casos de violaciones de derechos humanos cometidos durante la dictadura militar.
Ese ejercicio popular se efectuó durante las elecciones presidenciales, donde pese a haber resultado ganador el militante de izquierda, José Mujica, actual presidente de Uruguay, la iniciativa no obtuvo el 50% de los votos requeridos por lo que continúo jurídicamente vigente.
Los detractores de la ley buscaron también que la Corte Suprema de Justicia del país declarara la inconstitucionalidad de la ley bajo el argumento principal de que era una ley que vulneraba el principio de separación de poderes al permitir el pronunciamiento del ejecutivo en una labor netamente judicial.
Además se argumentó que se trataba de una ley de amnistía y conforme a la Constitución ésta debía ser aprobada por las 2/3 partes de las Cámaras, lo cual no sucedió. Argumentaban igualmente que la ley había sido aprobada por los legisladores bajo coacción. Sin embargo, la Corte Suprema, en fallo dividido, se pronunció por la constitucionalidad de la ley en 1988.
No fue sino hasta 2009, cuando llegó ante la Corte el caso de Nibia Sabalsagaray, una militante comunista asesinada en 1974, que el máximo órgano judicial se pronunció por la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad.
Pese a que el fallo fue muy importante, no se tradujo en una derogación automática de la ley puesto que en Uruguay, como en México hasta la fecha, las resoluciones afectan solo el caso particular que es presentado.
Tras la presentación de otros 20 casos, la Suprema Corte volvió a declarar la inconstitucionalidad de la ley en noviembre de 2010, permitiendo la investigación de esos casos por primera vez desde el final de la dictadura militar.
Hacia finales de 2010 la Cámara de Diputados aprobó por primera vez un proyecto de ley que anula los primeros cuatro artículos de la Ley de Caducidad y que son lo que evitan la investigación de las denuncias de violaciones a derechos humanos. Este es el proyecto que se encuentra revisando la Cámara de Senadores.
En el Senado todavía no se cuenta con el voto favorable para aprobar esta derogación parcial y se encuentran discutiendo los términos a emplear, ya sea la inaplicabilidad de la ley, propuesta por un senador, abogado constitucionalista, o por la nulidad, término empleado por la Corte y que sustentaría los argumentos por la derogación frente a quienes declaran que la ley está vigente por voluntad popular.
Lo anterior porque hay quienes defienden la ley como voluntad de la población al haber sido aprobada su vigencia dos veces por los uruguayos. Entre los defensores se encuentra el ex presidente de ese país José María Sanguinetti quien gobernara de 1985 a 1990 y de 1995 al 2000.
Sin embargo para los promotores de la derogación, como el senador López Goldaracena, en todos los casos se hace referencia a "una ley que carece de valor jurídico, dado que nace en la nulidad", por lo que "no se pasa por alto lo que definieron los plebiscitos, ya que no pueden definir algo contra los principios de derecho enmarcados en la Constitución. La ley sigue nula, porque nació en la nulidad".
Mientras tanto, ya el gobierno uruguayo aprobó la reparación económica a las víctimas de 101 casos de represión de la dictadura.
Supuesto autor del caso Gelman
Según se publica en la página web del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) de Uruguay, uno de los autores del caso Gelman sería Ricardo "Conejo" Medina Blanco, quien estaría implicado en el asesinato de la nuera de Gelman.
La mencionada página web dice: "Mató a María Claudia García Irureta Goyena de Gelman en la Base Valparaíso y entregó a la hija de la víctima a una familia de policías (María Claudia García). Fue ganadero, agente del SID, represor en Orletti, falso subversivo, empresario en seguridad, asesor político, conserje de un hotel, falsificador de dólares, jefe de chacras de la Jefatura de Policía de San José, dueño de locales nocturnos, extorsionista y hasta panadero. La justicia analiza hoy un pedido para reabrir el Caso Gelman en el que aparece como principal implicado de un crimen que no ha caducado".
