HISTORIADOR SALAZAR: PROCESO CONSTITUYENTE DE BACHELET ES
"UNA TRAMPA"
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El historiador y Premio Nacional Gabriel Salazar dijo que el proceso constituyente de Bachelet era "una trampa” ya que "es un
‘procedimiento’ que abre una consulta paternalista hacia la ciudadanía; se le
dan unas cuantas clases y se le pide su opinión, pero se dejan las decisiones
definitivas al Congreso Nacional”.
En una entrevista con el diario El Ciudadano, Salazar estima que “la mayoría de los políticos chilenos está refractario hoy a una Asamblea Constituyente, ciudadana, libremente electa y libremente deliberada. Por tanto, el ‘poder constituyente’, es decir: la soberanía, se dejará en manos de un conglomerado de sujetos que tiene hoy un 97% de rechazo ciudadano, según todas las encuestas. Es decir: es una trampa”, asegura.
La ciudadanía y la clase popular están, desde hace dos o tres años, impulsando un proceso de ‘deliberación por la base’, a través de diversos tipos de asambleas locales. Las hay a lo largo de todo Chile, y se están auto-educando para ejercer por sí mismos el poder constituyente. Pero es un proceso lento, profundo y poderoso. Por tanto, ante la propuesta constituyente (tramposa) de los políticos, cabe pronunciar un ruidoso rechazo, agudizar la crítica y darse tiempo a sí mismo para concluir, adecuadamente, ese proceso de deliberación por abajo, ¡al tranco del pueblo!
El 13 de octubre la presidenta Michelle Bachelet dio el
puntapié inicial al “proceso constituyente” con que busca reemplazar la actual
Constitución impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet, en 1980.
En cadena nacional de radio y televisión, realizada desde La
Moneda, la mandataria expuso los fundamentos de su decisión. “La actual
Constitución tuvo su origen en dictadura y no responde a las necesidades de
nuestra época, ni favorece a la democracia. Fue impuesta por unos pocos sobre
la mayoría. Por eso nació sin legitimidad y no ha podido ser aceptada como
propia por la ciudadanía”.
Tras hacer mención que desde el regreso de la democracia, en
1990, se le han introducido cambios importantes “que han atenuado su carácter
autoritario”, afirmó que de todos modos “aún tiene mecanismos que obstaculizan
el pleno ejercicio de la democracia y que no pueden ser eliminados con nuevos
intentos parciales”.
Tras este enunciado, Bachelet propuso una hoja de ruta que
dejó conforme al establishment dado que otorga un rol central al actual
Congreso Nacional, que fue elegido a través del antidemocrático sistema
electoral binominal y que goza de una gran antipatía en la población.
De acuerdo al anuncio Presidencial, ya no será bajo su
mandato (2014-2018) en que se sancione la nueva constitución, sino que será el
próximo Presidente y el nuevo Congreso Nacional, surgidos de las elecciones de
noviembre de 2017, los que tendrán la última palabra.
El proceso constituyente impulsado por Bachelet partía el
pasado mes de octubre. Comienza con una campaña de educación cívica, que se
extenderá hasta marzo de 2016. En ese mes principiarían los “diálogos
ciudadanos”, que se realizarán primero a nivel de las comunas, pasando por
provincias y regiones, para concluir en una “síntesis a nivel nacional”. Esta
síntesis se traducirá en lo que la Presidenta definió como “las bases
ciudadanas para la nueva Constitución”, que le será entregada a ella en octubre
de 2016.
Con la pretendida finalidad que este proceso “sea libre,
transparente, sin distorsiones ni presiones de ningún tipo”, será supervisado
por un Consejo Ciudadano de Observadores, nombrado por Bachelet e integrado por
“ciudadanos de reconocido prestigio”, según ella aseguró.
A partir de dicha “síntesis”, la Presidenta y sus asesores
elaborarán un proyecto de nueva constitución, que será ingresado al Congreso
Nacional el segundo semestre de 2017, en plena campaña presidencial y
parlamentaria.
Según sostuvo Bachelet, este proyecto constitucional
recogerá “lo mejor de la tradición constitucional chilena” y será coherente
“con las obligaciones jurídicas que Chile ha contraído con el mundo”.
En consideración que la actual Constitución no contempla un
mecanismo para ser reemplazada, a fines del 2016 el Gobierno enviará al
Congreso un proyecto de reforma constitucional en que se propondrá al actual
Congreso que habilite al próximo para que sea él quien decida, por una mayoría
de tres quintas partes, de entre cuatro alternativas, la forma de aprobación de
la nueva Constitución.
Estas opciones son: una Comisión Bicameral de Senadores y
Diputados; una Convención Constituyente mixta de parlamentarios y ciudadanos;
una Asamblea Constituyente; o un plebiscito,
para que sea la ciudadanía la que decida entre las anteriores alternativas.
La definición del mecanismo recaerá en el nuevo Congreso,
que será elegido en noviembre de 2017, con un nuevo sistema electoral –más
democrático que el actual binominal- y con nuevas leyes de partidos y de
financiamiento electoral, “por lo que estará dotado –expresó Bachelet- de mayor
legitimidad, representatividad y transparencia”.
Es importante señalar que el actual debate constituyente se
da en momentos de gran desprestigio de las principales instituciones del país y
de agotamiento del modelo económico y político consagrado en la Constitución de
1980, dice El Ciudadano.
Según una encuesta nacional de la consultora Cadem –dada a
conocer el 18 de octubre- un 71 por ciento de la población está de acuerdo con
que Chile necesita una nueva constitución y un 62% respalda la idea que el
plebiscito es el mecanismo más adecuado para la definición del mecanismo.
Un estudio demoscópico de la Fundación Chile 21 –de octubre-
afirma que un 69% de los chilenos apoya la asamblea constituyente. Un reciente
estudio de Adimark sitúa ésta cifra en un 62%.
