Grupos colectivos ciudadanos de
búsqueda de personas desaparecidas hallaron en el rancho Izaguirre, ubicado en La
Estanzuela, municipio de Teuchitlán, con lo que parece ser un crematorio
clandestino, además de huesos humanos calcinados y triturados, zapatos,
mochilas, carteras, bolsas y maletas, pese a que el lugar ya había sido
registrado por la fiscalía local.
La Guardia Nacional dio con el rancho en septiembre
pasado y detuvo a 10 personas, rescatando a dos hombres privados de libertad
y el cadáver de un tercero, envuelto en bolsas de plástico. Desde entonces se
encontraba bajo aparente resguardo de la Fiscalía del Estado.
El miércoles por la tarde, el colectivo Guerreros
Buscadores de Jalisco realizó una transmisión en vivo desde el rancho Izaguirre
en el que mostró tres crematorios clandestinos y restos óseos calcinados,
además de diferentes tipos de prendas de mujer entre ellas.
El grupo se comunicó con la Fiscalía la que envió personal
al sitio y el último jueves reanudaron la búsqueda de más vestigios humanos en el lugar, utilizado como centro de reclutamiento y entrenamiento de nuevos
miembros -muchos de ellos forzados- del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG),, organización criminal mexicana dedicada al narcotráfico y tráfico de armas, y designado como una organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado de Estados Unidos. La organización fue creada en 2007 como un brazo armado, bajo el nombre de Los Mata Zetas.
El fiscal estatal Salvador González de los Santos
confirmó que el rancho ya había sido inspeccionado en septiembre, pero
justificó que no se hubieran encontrado cuerpos o huesos humanos por el gran
tamaño del lugar. “Lo que pasa es que es un rancho bastante grande, en
aquel entonces hubo 10 detenidos, se liberaron a dos personas, se hizo una
búsqueda en ciertas partes (pero) no se pudo procesar todo el rancho porque son
bastantes hectáreas”, dijo.
Más tarde la Fiscalía envió una ficha informativa en la
que señaló que hasta el último jueves se habían encontrado “restos óseos calcinados
en número por determinar, 96 casquillos de diversos calibres, incompletos,
deformes u oxidados, 3 cargadores y unos aros aprehensores metálicos.
“Se continuó con la búsqueda de indicios en puntos
diversos a los explorados en septiembre de 2024. En estos otros puntos, dentro
del mismo terreno, se detectaron dos circunstancias inéditas: los restos óseos fueron
calcinados e inhumados, y adicionalmente se ocultaron bajo una capa de tierra y
una losa de ladrillo, lo que impidió su detección en la inspección inicial”,
señala la ficha policial.
A principios de febrero, también fuerzas federales dieron
con otra finca en Teuchitlán utilizada con el mismo propósito de reclutar y
entrenar como sicarios a nuevos miembros del CJNG, logrando detener
a 38 personas de las cuales 36 fueron liberadas al comprobarse que fueron
reclutadas con engaños y obligadas a quedarse en el campamento.
Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República (FGR),
afirmó este martes en la conferencia mañanera de la presidenta
Claudia Sheinbaum que “tarde o temprano” van a detener al exgobernador de
Michoacán.
Añadió que la investigación que
involucra al exgobernador y otros cuatro asociados, algunos de ellos ya bajo la
custodia de las autoridades, “viene desde hace tiempo”, y apenas pudo
judicializarse por la Fiscalía tras “muchos problemas procesales”.
Fuentes estatales y federales confirmaron a
varios medios de comunicación en su momento la existencia de una orden
de aprehensión contra el exmandatario por el supuesto sobreprecio en
la construcción de siete cuarteles de la policía estatal por 5 mil 186
millones de pesos, que presuntamente habían sido registrados como
arrendamientos.
De acuerdo con el periodista Abel Barajas, del diario Reforma, la jueza Patricia Sánchez Nava, del Reclusorio Oriente, fue quien ordenó la detención del exgobernador y varios de sus excolaboradores.
La investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la FGR y se deriva de la denuncia presentada en 2021 por el gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla en torno a los cuarteles de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Jiquilpan, Zitácuaro, Uruapan y Huetamo, cuya construcción habría sido asignada de manera directa, aunque fuesen registrados como si se tratara de arrendamientos.
El gobierno estatal señaló que la constructora dejó obras inconclusas y abandonadas.
