REFORMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
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EL ESTADO DEBE SER GARANTE DE AUTONOMÍA
Y LIBERTAD EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA VIDA UNIVERSITARIA
Por Martín Poblete
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En los meses venideros, se discutirá
con diversidad de argumentos el proyecto de reforma de la Educación Superior, a
ser enviado por el Gobierno al Congreso para su trámite
legislativo. Los ciudadanos deberán informarse y estar dispuestos a
participar en los debates y discusiones, a fin de contribuir cada uno desde su
experiencia, perspectiva y visión, a mejorar la iniciativa, también a cambiarla
parcial o totalmente, sin complejos, según parezca necesario.
En el sistema de educación superior
anterior a 1980, la mayor parte del financiamiento y aspectos significativos de
la gestión misma de las instituciones eran responsabilidad del
Estado.
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Las universidades chilenas estaban estructuradas en ocho
instituciones, todas ellas de razonable buena calidad con algunos centros de
excelencia, lo mismo sucedía con el estamento académico, eran universidades de
investigación y docencia basadas en el modelo de Humboldt: docencia
sostenida por la evidencia científica, con fuerte influencia del positivismo
europeo, especialmente alemán, de la segunda mitad del Siglo
Diecinueve. El ingreso se hacía mediante un mecanismo único de
selección conducente a bajos niveles de matrícula, según expertos de la época
la pequeña matrícula nacional era insuficiente para el desarrollo del
país. A pesar de la gratuidad y de contarse con adecuada
oferta de becas, había bajo ingreso de estudiantes provenientes de familias de
escasos recursos, alto ingreso de estudiantes de familias de clase media,
elevadas tasas de retención, y escasez de profesionales en algunas áreas.
Reforma universitaria en los sesenta
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Durante la década de 1960, las
estructuras de gestión de las universidades fueron cuestionadas por académicos
con formación de postgrado anglosajónica, y por rebeliones estudiantiles de
variados pelajes, surgiendo una propuesta de "Reforma Universitaria"
en el contexto de conflictos socio-políticos de fuertes perfiles
ideológicos; inevitablemente marcada por las confrontaciones de la Guerra
Fría, la reforma desembocó en una cruda lucha por el poder,
enfrentando la universidad militante de la Unidad Popular con la universidad
democrática, inclusiva y participativa del Frente Universitario. El
golpe de estado de septiembre de 1973 interrumpió el proceso de reforma universitaria,
eventualmente destruyéndolo.
La adopción del modelo de economía
neoliberal en 1980 condujo, entre otras cosas, a la fundación de universidades
privadas, las cuales sumadas a las ya existentes en el CRUCH alcanzaron un
total de sesenta instituciones, la mayoría de ellas docentes y unas pocas de
investigación, a las cuales se agregaron numerosos institutos
técnico-profesionales privados.
En el año 1982, el régimen militar
cambió la lógica y las prioridades del sistema, éste pasó de tener un objetivo
y sentido académico cultural, a un propósito comercial haciendo de la educación
superior un negocio; entonces, la matrícula bordeaba los cien mil estudiantes,
diez años mas tarde se duplicó, a fines de 2014 alcanzaba los 710.000
estudiantes universitarios.
Financiamiento parcial del Estado
El financiamiento se realineó, quedando
las universidades estatales y algunas privadas de naturaleza y vocación
públicas con financiamiento parcial del Estado, mientras las netamente
privadas quedaban entregadas a los vaivenes del mercado. En ese
marco, el Estado participó financiando parcialmente la demanda, fijando un
arancel de referencia en base a la suma concedida como crédito fiscal,
estableciendo una norma general: todos los estudiantes pagan, unos con
dinero de sus familias, otros con créditos fiscales o bancarios.
El modelo descrito permitió el acceso
de estudiantes de bajos recursos a costa del endeudamiento de sus familias,
bajó la tasa de retención apareciendo los endeudados sin título, la saturación
de profesionales en algunos rubros produjo cesantes ilustrados, en varios casos
hubo venta de matrículas en profesiones sin campos ocupacionales
verificables. En el plano comercial, surgió la competencia por
captar estudiantes, creación de nuevas carreras y comercialización de postgrados;
con el pretexto de "autofinanciarse", las universidades estatales
participaron activamente en esa competencia.
Numerosos movimientos de opinión
surgidos en la fase final de la Dictadura y en los primeros años de la
Transición, criticaron el modelo de educación superior vigente en las
universidades estatales exigiendo su reemplazo, pidiendo también mayores
recursos para sus instituciones. A partir de 2007, académicos,
administrativos y estudiantes, cansados de postergaciones, salieron a las calles
en todo el país sin lograr éxito en la satisfacción de sus peticiones, quedando
con la frustración de no haber sido escuchados.
Los pingüinos
La ineptitud política del gobierno del
Presidente Sebastián Piñera abrió espacio a un movimiento
mayoritariamente estudiantil a comienzos de 2011, el cual si bien
retenía vínculos con los "pingüinos de 2007-08, planteó un rechazo
radical a un modelo entendido exclusivamente con fines de lucro, las peticiones
y propuestas reemplazadas por demandas, exigiendo gratuidad en la educación en
todos sus niveles; esto último tuvo considerable impacto de opinión
pública, los chilenos somos latinoamericanos, si alguien nos dice que algo por
lo cual sabemos se debe pagar, de pronto puede pasar a ser gratis, ahí
vamos todos como en el Mes de María.
Las movilizaciones a escala nacional
tuvieron múltiples grados de agitación callejera, violencia organizada
ejecutada por turbamultas encapuchadas, con todos los matices ideológicos
existentes en un amplio espectro desde el centro hasta la extrema izquierda,
pasando por un brote de anarquismo violento de raíz española en el estilo de
los 1930.
Pasado el paroxismo del período de más
intensa agitación, algunos de los líderes de movilizaciones estudiantiles
encontraron terreno fértil en la política contingente, resultando elegidos al
Congreso bajo diversas formas de protección electoral de la coalición Nueva
Mayoría; otros se ubicaron en el MINEDUC a comienzos del gobierno de la
Presidenta Michelle Bachelet, aprovechando el vacío dejado por la falta de
presencia democristiana en ese ministerio, alcanzando diversos grados de
influencia en la formulación de variados proyectos, en lo esencial un
mediocre arrejuntado de aproximaciones, concesiones y reacciones a la cuestión
del lucro, con total ausencia de ideas propiamente educacionales.
Si bien todavía no se conocen los
fundamentos de la propuesta oficial en educación superior, se han sucedido
filtraciones, comentarios extraoficiales, y un borrador de proyecto colocado en
la página electrónica del MINEDUC. Por su parte, los rectores de
las universidades estatales en el CRUCH han asumido, en variadas ocasiones, la
defensa corporativa de sus intereses tal como ellos los entienden.
Intervención frecuente de los Rectores
Los rectores, y algunos decanos,
de las universidades privadas de servicio y vocación públicas, han intervenido
a menudo dando a conocer sus observaciones, buscando influir en el juego de
opiniones y posicionarse para el debate venidero; en este sentido, le ha
correspondido un rol protagónico al Rector de la Pontificia Universidad
Católica, Profesor Ignacio Sánchez, quien no ha dejado semana sin estar
presente ya sea mediante declaraciones y entrevistas en diversos medios, o con
artículos y cartas en los principales diarios, llenando un vacío dejado por la
imprevisión e incapacidad de otros.
Del generoso flujo de ideas ya en juego
en la plaza pública, va surgiendo una tendencia fuerte a la restauración
del Estado en el funcionamiento del sistema de educación superior.
Asimismo, se va perfilando un darse cuenta de la importancia de la
investigación científica y tecnológica en cuyo financiamiento debe tener
responsabilidad primordial el Estado, complementado por el sector
privado.
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En este asunto, hay quienes que postulan
la creación de un ministerio de la ciencia; mientras quienes discrepan de tal
formulación, apuntan a la experiencia de tales entidades generando costosos
aparatajes administrativos, y su correspondiente burocracia absorbiendo
recursos en desmedro de las prioridades de la investigación.
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Antes de inventar ministerios, parece
de la mayor importancia evaluar bien, financiar seriamente, y mejorar las
estructuras existentes de apoyo a la investigación científico-tecnológica en
las universidades. No es concebible tener programas de postgrado
sin la necesaria investigación, la calidad del postgrado radica en la calidad
de su facultad docente; en mas de una manera ligado a lo anterior, una
universidad no debe ni puede recibir más alumnos de aquellos que la calidad y
capacidad de su facultad puedan atender.
El Estado debe ser garante de autonomía
y libertad en todos los ámbitos de la vida universitaria, particularmente la
libertad de cátedra. Las universidades son libres de
darse las estructuras de participación conforme a las decisiones de sus
autoridades y su facultad, ningún ente externo puede pretender imponer formas
de participación ajenas a la voluntad del claustro académico, y a la voluntad
de los estudiantes libremente expresada sin restricciones exógenas.
Estas y otras variables concitarán
atención y energía en el debate sobre la reforma de la educación
superior, llevado con serenidad sin urgencias artificiales.
El acuerdo vio la luz tras siete horas
de negociaciones en la Cancillería en la noche del miércoles al jueves y, según
argumentó el socialdemócrata Sigmar Gabriel (vicecanciller y ministro de
Economía) (derecha), es “un paso histórico” que aborda “un cambio profundo en la
sociedad”. Su contenido será analizado el próximo día 22 por los presidentes de
los 16 Laender (estados federados) en el Bundesrat de Berlín, y el Gobierno
debatirá el proyecto de ley definitivo el 24 de mayo, tras lo cual será enviado
al Parlamento. La robusta potencia en escaños de la coalición gubernamental
indica que la nueva ley será aprobada sin dificultades.
“El
mercado laboral y el idioma son parte esencial de la integración, pero también
es importante que a quienes no acepten estas medidas se les recorten las
prestaciones”, dijo Horst Seehofer (izquierda), el primer ministro del estado alemán federado de Baviera.. Así, el acuerdo prevé penalizar a quienes no se
esfuercen por integrarse, sobre todo en el aprendizaje del idioma alemán. “La adquisición de la lengua es también necesaria para una estancia
provisional”, advierte el documento.
