Por Hugo Latorre Fuenzalida
Con el escándalo de la negativa de Angloamérican de acceder a la demanda de Codelco por la participación del 49% establecida según contrato, viene a poner en el tapete lo excedido de la licencia tomada por los legisladores chilenos y los ejecutivos y burócratas para instalar una legislación irracional y absolutamente lesiva para el país.
Las dictaduras, sabemos, son discrecionales y por tanto propensas a la corrupción; la democracia que le sucedió, conservó los vicios de una semi-dictadura (o de dictadura perfecta), puesto que los partidos políticos se instalaron en el poder sobre la base de un cupularismo totalmente desligado de sus bases sociales. Los cargos del Estado fueron ocupados a manera de canonjías establecidas por un sistema electoral binominal que privilegia la selección de los candidatos desde las cúpulas partidarias sin deber nada de su responsabilidad a la base social o popular.
Es por eso que esta llamada “democracia” se establece bajo la fórmula de tutelaje, desde dos frentes: desde las cúpulas partidistas y desde los poderes fácticos dejados por la dictadura, como poderes fuertes.
Ambos poderes, que son los reales ejecutores de las decisiones de trascendencia nacional y estructurales, definieron tras bambalinas y en total ignorancia del pueblo de Chile, como se puede constatar hasta el día de hoy, esta estrafalaria legislación, que pone a Chile en estado de regresión a las condiciones coloniales más oprobiosas y abusivas.
Siempre hemos sostenido que la elite política, tanto de la dictadura como de la llamada democracia, privilegió expropiar los bienes públicos (sociales), de los cuales su dueño es el pueblo, antes que recurrir a cobrar impuestos a las clases ricas y empresariales para financiar los gastos del crecimiento de la economía y de las demandas sociales. Vender las empresas del Estado, forjadas con gran sacrificio por el ahorro de varias generaciones de compatriotas y con rendimientos en niveles de excelencia, si se les coteja con los estándares internacionales, sólo impuso una elevación de los costos por servicios y no un correlativo incremento en la mejora de las prestaciones ni de los montos de inversión final acumulados en el tiempo.
Por otra parte, la entrega de recursos naturales, como el cobre, las concesiones de aguas, de lagos, territorio oceánico, bosques, etc., no ha reportado más que deterioro patrimonial físico y económico. No se ha creado más empleo que en niveles de marginalidad intrascendente y se ha inflado un PIB que en realidad no nos pertenece como ingreso nacional.
Todo esto es una pérdida de la única herencia de que dispone el pueblo, y se ha dilapidado no en beneficio del pueblo mismo, sino de los grandes consorcios que ordeñan al país y a su pueblo con tarifas y elusiones tributarias, regalías y exenciones que les exime de contribuir a sostener al Estado, pero les entrega de manera privilegiada todos los servicios y facilidades para sus operaciones de alta rentabilidad.
Chile, y su pueblo, se ha transformado en la gleba de las clases privilegiadas del país, que ven, con esta fórmula perversa de ordenar las cosas de la sociedad, acrecentar la riqueza de los ricos de manera exponencial, mientras que los nacionales corrientes deben cargar con todos los costos de esa forma saudita de vida.
Este abuso, que por permanecer demasiado tiempo amenaza con hacerse normal y aceptable, es tan pernicioso y peligroso, que prontamente debe ser resuelto. Muchos pueden ser engañados por un tiempo, pero no todo el tiempo, y ya Chile comenzó a tomar conciencia de estos desaguisados del modelo capitalista de acumulación, llamado neoliberal, de los cuales se hicieron acólitos los de la Concertación.
¿Cómo recuperar nuestra riqueza?
1.- Una es a través de la expropiación total o también llamada Nacionalización;
2.- La segunda, que es a través de una “soberanización".
La primera fórmula la aplicó Chile al nacionalizar el 100% de la minería por reforma de la Constitución en 1971. También la han aplicado países de nuestra Región recientemente: caso de Bolivia con el gas, Ecuador con gas y petróleo, Venezuela en varias áreas.
Esta opción “totalista” conlleva una postura confrontacional ante los intereses internacionales y algunos nacionales (de la cúpula empresarial aliados a las transnacionales). No es inviable pero es problemática.
La segunda opción, es decir una política de soberanización, implica trasladar las decisiones soberanas al Estado chileno y no al antojo de una legislación privatista.
Chile, como cualquier país que vive de las exportaciones de materias primas, tiene libertad jurídica para establecer las condiciones de esas explotaciones mineras o de recursos naturales de manera soberana. Así los establece el reglamento del FMI y del Banco Mundial. Es por ello que los países antes nombrados pudieron expropiar y nacionalizar sus riquezas sin que tuvieran que pagar costo alguno por estas medidas.
Chile no lo hace simplemente porque hay un notable desequilibrio entre el poder de las oligarquías extranjerizantes y el pueblo; por tanto prevalecen las decisiones de quienes mantienen la sartén por el mango, y el pueblo deberá permanecer, hasta no se sabe cuando, a la expectativa de que la tortilla se dé vuelta.
Una forma de “soberanizar” la riqueza es establecer por ley que ninguna explotación minera ni de otros recursos naturales se puede hacer sin la participación mínima del Estado del 51% de las acciones. Esto garantiza que lo que es del pueblo de Chile sea administrado por el Estado de Chile y vuelva a sus propietarios en términos de decisiones soberanas.
Esto debe ser complementado con una reforma tributaria que obligue a pagar impuestos efectivos y se eliminen los artilugios que autorizan una total elusión y evasión de tributos por parte de las empresas.
Además, el Royalty debe ser ahora un royalty efectivo y no un impuesto específico, que tampoco se paga- o se paga en mínima parte-, pues está instalado sobre utilidades y no sobre ventas o extracción.
Debemos recordar que este falso royalty se negoció de esta forma, simplemente por no aceptar el derecho de “propiedad perfecta” por parte del Estado chileno sobre los recursos naturales, dejando el concepto de “propiedad imperfecta” para el Estado y de “propiedad perfecta” para los privados que se adjudican la concesión minera o de recursos (Ley de concesión plena de José Piñera y Hernán Büchi).
Como vemos, todo puede y debe ser cambiado. Lo que no puede suceder es que las cosas sigan de esta forma, pues lo que acarrea es ruina segura para la sociedad chilena, es decir los pobres de Chile, pues los ricos ya tienen asegurado el futuro.
Este tema debe estar en las próximas elecciones presidenciales. Los próximos mandatarios no pueden venir a administrar este estado de cosas; deben venir a transformar esta realidad, a cambiarla y a ofrecer a los chilenos un país de verdad.
