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viernes, 10 de mayo de 2024

PADRE BERRÍOS EXPULSADO DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS

 

La Compañía de Jesús informó este viernes que decretó la expulsión de Felipe Berríos (67), como también le prohibió el ejercicio público del sacerdocio y todo contacto pastoral con menores de edad durante un período de 10 años.  

A través de un comunicado, se indicó que "luego de un largo proceso canónico, el Padre General de la Compañía de Jesús, tras haber estudiado los antecedentes recopilados, ha decretado la expulsión de Felipe Berríos de la Compañía de Jesús. Al mismo tiempo y con el mandato del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, le ha prohibido el ejercicio público del sacerdocio y todo contacto pastoral con menores de edad durante un período de 10 años".

Asimismo, señalaron que ambas sanciones podrán ser apeladas y que tanto las víctimas como Felipe Berríos ya fueron notificados de esta decisión. 

Cabe recordar que Felipe Berríos fue denunciado el 28 de abril del año 2022, abriéndose una investigación previa canónica a cargo de la abogada externa, María Elena Santibáñez, que confirmó la verosimilitud de hechos de índole sexual denunciados por siete mujeres, que tenían entre 14 y 23 años cuando ocurrieron. 

Posteriormente, se instruyó la apertura de un proceso administrativo penal, sumándose una octava denuncia. El proceso y las conclusiones fueron enviados a la Curia General de la Compañía de Jesús en Roma el 30 de mayo de 2023.

Con todo lo anterior, se sostuvo que "el Padre General pudo establecer que Felipe Berríos es culpable de delitos contra el sexto mandamiento cometidos con menores de edad y de delitos de solicitación a pecar en contra del sexto mandamiento, durante o con ocasión de la confesión".

En junio del año pasado, el 12° Juzgado de Garantía sobreseyó a Felipe Berríos definitivamente respecto a la investigación iniciada a partir de una autodenuncia del sacerdote y una denuncia patrocinada por la Fundación para la Confianza.

 

HERMANO DE LA PRESIDENTA PERUANA DETENIDO COMO PRESUNTO JEFE DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

 
El hermano de la Presidenta peruana Dina Boluarte, Nicolas Boluarte, fue detenido en la ciudad de Lima este viernes tras ser  sindicado como presunto líder de una organización criminal con influencia en la designación de prefectos y subprefectos y su utilización en la creación del partido Ciudadanos por el Perú.

Nicanor Boluarte fue detenido de manera preliminar en un operativo del Equipo Especial de Fiscales de lucha contra el poder (Eficcop), autorizado por el Poder Judicial. Según las investigaciones, el hermano de la presidenta es sindicado como presunto líder de una organización criminal con influencia en la designación de prefectos y subprefectos y su utilización en la creación del partido Ciudadanos por el Perú.

La orden de detención emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional alcanza en total a 8 personas, entre ellas a Mateo Castañeda, abogado de la mandataria Boluarte, investigados por los presuntos delitos de tráfico de influencias y organización criminal.

Según el documento judicial, al que tuvo acceso el prestigioso diario El Comercio, el operativo incluye también el allanamiento a los inmuebles de 22 personas en Lima, y en las regiones de San Martín, Cajamarca, Junín y Abancay.

El juez Richard Concepción Carhuancho autorizó el registro, lectura, visualización y extracción de información de celulares, CPU, laptop, tablet y otros equipos electrónicos, así como el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria.

Además de Boluarte y Castañeda, fueron detenidos Víctor Hugo Torres Merino, Edwin Ugarte Nina, Noriel Chingay Salazar y Zenovia Herrera Vásquez.

 

LA MUJER QUE QUIERE SALVAR A MÉXICO DEL POPULISMO Y EL CRIMEN ORGANIZADO

 Xóchitl Gálvez es la candidata presidencial por la coalición opositora  que enfrenta a AMLO (Manuel López Obrador, el actual Presidente),  pero figura segunda en las encuestas, aunque todavía hay tiempo para crecer más, ya que las elecciones se celebrarán el 2 de junio .

Diálogo Político, publicación de la Fundación alemana Konrad Adenauer, participó en una conferencia de prensa en la que ella se presentó, habló sobre cárceles y violencia de género.

Es presentada por el Partido de Acción Nacional (PAN), de centroderecha), y con apoyo del PRI (Partido Revolucionario Institucional)  y del PRD.

En la conferencia contó que fue llamada a integrar el gabinete presidencial en el año 2000 por los cazadores de talento del presidente Vicente Fox, sin militar en ningún partido político. Fui invitada a ser secretaria de Desarrollo Social y decidí ir por la causa indígena y justamente me hice cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

El PAN me invitó también para ser alcaldesa en Miguel Hidalgo. Luego, su senadora, una senadora muy combativa. Somos tres mujeres, podría decir, que enfrentamos al autoritarismo del presidente AMLO, con Lilly Téllez y Kenia López nos batimos en el Senado contra todo. La mayor visibilidad fue cuando me atreví a desafiar al presidente tocándole la puerta del Palacio Nacional. “En ese momento los mexicanos me adoptaron y decidieron que fuera yo la candidata a la Presidencia de la República”, señaló.

Gálvez Se presenta como “una mujer indígena, ingeniera, empresaria” pero, sobre todo, “con un enorme valor de servicio público”. “Creo que esa es mi característica. La presidencia espera a cambiar la vida e historia de muchos mexicanos”. 

Gálvez fue consultada sobre seguridad y adelantó una posible reforma carcelaria porque, en México, “son centro del delito”, dijo. “La idea es reubicar a  los criminales [a los que también se refiere como ´grandes capos de la delincuencia´] en una cárcel de alta seguridad donde realmente se les impida seguir operando”, explicó.

En esa línea, se alejó del modelo Bukele de El Salvador, “de levantar a medio mundo y llevarlos a la cárcel”. Gálvez reafirmó el estado de derecho al explicar que su intención es que “los criminales tengan una sentencia y que se les impida seguir delinquiendo”.

También criticó la militarización de la Guardia Nacional bajo el mandato del actual presidente Manuel López Obrador (izquierda). Por el contrario, su intención es “desmilitarizar la seguridad pública con una Policía Nacional civil”. Para Gálvez, “el Ejército puede hacer muchas labores de inteligencia” para “combatir las bandas criminales desde lo estratégico”.

Respecto a la violencia de género, dijo que “el tema fundamental” es desarrollar un “Sistema Nacional de Cuidados”.

Explicó que el Estado debe atender a los niños, adultos y personas con discapacidad para que las mujeres no tengan que ocuparse de esas tareas. “Creo mucho en la independencia económica de las mujeres”, agregó. Enfatizó que se debe investigar “el 100%” de las llamadas de emergencia”. También dijo que piensa entregar una tarjeta para que las mujeres que “viven en violencia” tengan “apoyo económico”.

Las posibilidades de Xóchitl


Gálvez no solo representa al PAN, sino también a la coalición 
Fuerza y Corazón por México (antes, Frente Amplio), que se registró a fines de 2023 con el fin de presentar una candidatura presidencial en representación de la oposición. Es apoyada además por el PRD.

Para la unión de las fuerzas opositoras al gobierno de López Obrador, ganar las elecciones al oficialista Morena el próximo 2 de junio resulta un desafío para todo el sistema democrático. Aunque las encuestas presentan números dispares entre sí, pero la credibilidad que tiene la ciudadanía sobre los sondeos  es mínima, Gálvez expresó que tiene posibilidades de ganarle a Claudia Sheinbaum, aparece como la sucesora del actual presidente AMLO.


Pero el camino que aún queda

por recorrer no será tan fácil. Según la revista Nueva Sociedad de España el presidente de México ha construido su sostenida popularidad combinando políticas y posturas tradicionalmente identificadas con la izquierda y la derecha. Con un particular carisma, ha logrado una persistente popularidad, que hoy hace casi segura una victoria de Claudia Sheinbaum (derecha) en las presidenciales del próximo 2 de junio.

jueves, 9 de mayo de 2024

BOEING SIGUE RECIBIENDO DENUNCIAS POR SUPUESTA COMPRA DE PARTES DEFECTUOSAS PARA SUS AVIONES



Santiago Paredes es quien trabajó para Spirit Aerosystem en su fábrica de Kansas del 2010 al 2022 y contó en una entrevista con CBS y la BBC que llegó a encontrar hasta 200 defectos en piezas de fuselaje que ya estaban listas para ser enviadas a Boeing para sus aviones. Piezas de fuselaje para los aviones de Boeing regularmente salían de la fábrica con defectos, algunos serios, denunció el exempleado de Spirit, principal proveedor del gigante estadounidense de la aeronáutica.

Boeing fue objeto de dos audiencias en el Senado de EE UU este miércoles en las que fueron examinadas las acusaciones de importantes fallos de seguridad del fabricante de aviones. 

La empresa se ha visto envuelta en una crisis desde que el panel de una puerta se desprendió de un 737 Max durante un vuelo de Alaska Airlines en enero pasado. Este sería el último incidente de este tipo ocurrido cuando el mencionado aparato perdió parte de su fuselaje en pleno vuelo y debió realizar un aterrizaje de emergencia en Oregón, Estados Unidos.

 

La aeronave, en la que viajaban 177 pasajeros y la tripulación, aterrizó de forma segura en Portland. Tras el incidente, el organismo regulador de aviación de Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), ordenó “inspecciones inmediatas” de algunos aviones Boeing 737 Max 9.

Cuatro denunciantes, entre ellos empleados actuales de Boeing, testificaron este miércoles ante la comisión investigadora del Senado denunciando "graves problemas" de producción de los aviones 737 MAX, 787 Dreamliner y 777, algo que la compañía niega.

Lo que Paredes contó a las dos cadenas televisivas forma parte de su testimonio, como publicó Univisión, en la demanda de accionistas descontentos con la empresa. Es la primera vez que el hombre habla a la prensa del tema. Josh Dean, otro antiguo auditor de calidad de Spirit, cuyas declaraciones también formaban parte de la misma demanda, falleció la semana pasada por una infección bacteriana.

Fuente princpal Univisión

INTELIGENCIA Y SEGURIDAD PÚBLICA



 Por Martín Poblete Pujol


Inteligencia, en sus sentidos geoestratégico policial y político, es un concepto regularmente asociado con espionaje; sin embargo, son muy diferentes, sin perjuicio de ser también complementarios.

Por inteligencia se entiende conocimiento positivo más allá del dominio público, no puede ser ficción de ninguna especie, la inteligencia y su obtención siempre están asociadas al mundo de los hechos reales.   Hacia fines de la década de los 1950, en sesión clasificada del Senado de los Estados Unidos, después desclasificada con el correr del tiempo, el Senador Everett Dirksen (Republicano/California) preguntó al Director de la CIA por la naturaleza de su trabajo respecto del de sus contrapartes en la entonces Unión Soviética; Alan Dulles le dio su célebre respuesta:  Senator, we know that they know that we know / Senador, nosotros sabemos que ellos saben que nosotros sabemos.   Ese es el asunto; saber, usando todos los medios convencionales y extra convencionales, dejando algunos rastros cercanos a lo indescifrable, a fin de que aquellos en la vereda del frente sepan de nuestra capacidad de conocer, sin permitirles alcanzar ni la menor idea de lo que realmente sabemos.

En nuestro medio, la inteligencia geoestratégica es dominio de las Fuerzas Armadas; la inteligencia policial es territorio de Carabineros y de la PDI; la inteligencia política en la esfera operacional de la PDI.  En otros tiempos había una prefectura especializada, la Novena Administrativa mejor conocida por Policía Política o PP. Sus funcionarios llamados los "guatones" de la PP, que no eran guatones, eran policías profesionales cuyo trabajo consistía en seguirle la pista al acontecer político y a los políticos en todos sus niveles, hacían bien su pega, el más directo beneficiario era el gobierno de turno especialmente el Ministro del Interior, y por cierto el Presidente de la República.

Actualmente, hay una entidad llamada Agencia Nacional de Inteligencia ANI, de cuya eficiencia, en último término de su utilidad, han surgido serias dudas vinculadas a los sucesos de octubre 2019, así como también al desarrollo de un terrorismo con rasgos insurreccionales en la Novena Región de Araucanía, ese terrorismo ha evolucionado hasta tener estrechas relaciones con el crimen organizado en sus variados matices, desde robo de madera hasta el narcotráfico y todo lo demás entremedio.  La extensión del terrorimo a las provincias sureñas de la Octava Región del Bío Bío, y a las provincias nortinas de la Décima Región de Los Ríos, dejan en evidencia la necesidad de ejecutar profunda revisión del trabajo de inteligencia si lo hay, y de las razones de su carencia que es lo más probable.

La características de la situación en Araucanía y el Bío Bío, obligan a plantearse una estrecha colaboración interactiva entre las inteligencias policial y política.

Mientras tanto, entusiasmados, los políticos en el Gobierno y en el Congreso agitan la idea de crear un ministerio dedicado a la seguridad pública, o ciudadana como algunos gustan llamarla. 


Pero, el país ya tiene las instituciones cuyo trabajo es, precisamente, la seguridad ciudadana, no se advierte la racionalidad en términos de buen servicio para  un nuevo ministerio con toda su enorme carga burocrática:  ministro, subsecretarios, funcionarios altos e intermedios, seremis, personal subalterno, choferes, y un larguísimo etcétera; a lo anterior debe agregarse el dinero necesario para poner en funcionamiento esa maquinaria buro-tecnocrática.

Al final de cuentas, la fascinación de crear una entidad ideal para satisfacer intereses clientelares, así como la espectativa de llenar cargos con su propia gente en el corto plazo, por parte de aquellos hoy en la oposición, al aguaite como en el rodeo, podría terminar con otro monstruo administrativo burocrático sin clara misión por cumplir; a veces, las fuerzas interesadas pueden cubrir todo el espectro, ya lo dijo Nicanor Parra:  "La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas". 

LOS BANCOS PRIVADOS HAN ESTADO MUY “COÑETES” EN CHILE, ACUSÓ EL PRESIDENTE BORIC -114.000 Departamentos sin vender


El presidente de la República, Gabriel Boric, señaló que, pese a que se han ido bajando las tasas de interés desde el Banco Central, los bancos privados siguen sin realizar préstamos o poniendo trabas, particularmente a las empresas constructoras.

En medio de una crisis que ha afectado a las empresas del sector inmobiliario y de construcción, el presidente pidió a los bancos a no ser “coñetes” (mezquinos o tacaños) y facilitar los préstamos para el sector privado. “En Chile una de las industrias que más ha costado reactivar es la construcción”, declaró el mandatario en Rancagua “y aquí  yo quiero hacer un llamado a los bancos, que han estado muy coñetes, en particular con las empresas de construcción, para poder sacar adelante nuevos proyectos”.

En ese sentido recalcó que el Banco Central ha estado reduciendo las tasas “de manera sistemática”, desde que, junto con el gobierno, se ha logrado reducir significativamente la inflación. “Sin embargo, los bancos siguen sin prestar plata, o poniendo muchas dificultades para los créditos a las empresas constructoras”, expresó Boric.

Para poder hacer frente a esta situación, Boric sostuvo que el Ministerio de Obras Públicas está invirtiendo con fuerza en hospitales, caminos, carreteras y viviendas, “pero nos falta reactivar al sector privado. Necesitamos más apoyo de los bancos”, declaró.

En esta línea, anunció que convocó a la mesa del Senado y de la Cámara de Diputados a una reunión en La Moneda este viernes para proponer celeridad en el marco del pacto fiscal, con el fin de que este año sea el del despegue del crecimiento de Chile y crecer como hace más de 10 años nos crece”, finalizó.

Quiebra de empresas

Entre 2022 y el primer semestre de 2023, unas 60 compañías constructoras han quebrado en Chile, según publica América Economía.  Altos precios de viviendas, elevadas tasas bancarias y crecientes requerimientos para el financiamientos, además de la baja inversión debido a la incertidumbre política y económica que se vive, componen un panorama complejo para el sector. 

Agrega la revista que “una de las máximas populares en economía es que la construcción es un buen barómetro para medir cómo van las finanzas de un país.

“Es lo primero que se ve afectado y lo último que se recupera”, dice el constructor civil chileno Rolando Cáceres, CEO y creador de iBuilder, una plataforma que optimiza procesos para bajar los costos en que incurren las firmas constructoras. Su compañía asesora a cientos de proyectos en el país, lo que le permite saber de primera fuente algunos de los principales problemas del sector.

Y es que, desde hace un año o más, el sector chileno de la construcción viene alertando de una mala situación generalizada para su industria. Y todo esto en un contexto macroeconómico internacional difícil y localmente incierto.

La Cámara Chilena de la Construccióm ha reiterado además en distintas ocasiones que se tiene que avanzar en solucionar aspectos más estructurales, como la excesiva y costosa tramitología y burocracia; considerar una modernización de los contratos cuyos mandantes sea el Ministerio de Obras Públicas, para que sean flexibles y puedan adecuarse a las nuevas condiciones que se han registrado en los últimos años.

El más claro ejemplo de la crisis son las firmas constructoras en quiebra.

Así el sector de la construcción se ha visto muy golpeado en Chile el último año y no ha logrado repuntar. En este contexto, no solo así lo revelan las cifras de la Región Metropolitana, sino que también el comportamiento que se observa en comunas y ciudades del sur y norte de Chile. De hecho, las ventas de departamentos nuevos han anotado una brusca caída en esas zonas, según lo revela un estudio de BMI Servicios Inmobiliarios, que analizó el mercado de 27 comunas fuera de la Región Metropolitana para el cuarto trimestre de 2023. De acuerdo a este reporte, en el área que contempla las comunas de Chillán, Concepción, San Pedro de la Paz, Chiguayante y Los Ángeles, hubo 1.054 unidades transadas menos que en igual período de hace dos años. Esto equivale a una baja de 45% en dos años (cuarto trimestre de 2023 versus el de 2021). Sin embargo, en paralelo, los precios por metro cuadrado crecieron, pasando de un promedio de 48,22 UF/M2 a 58,86 UF/M2 en 24 meses.

Valdivia Osorno, Puerto Varas, Puerto Montt y Punta Arenas- la situación también muestra un marcado retroceso. Si en el último cuatrimestre de 2021 se vendieron un total 1.850 unidades nuevas, entre septiembre y diciembre del año pasado la cifra bajó a 830, es decir, 1.020 unidades menos, lo que es igual a un descenso de 55,1%. Aquí los precios también se incrementaron, subiendo de 67,58 UF/m2 en 2021 a 72,24 UF/m2 en 2023.

“Se trata de un entorno climático más agreste, que requiere de materialidades específicas que elevan los precios. Ante el escenario económico, es más habitual ver casos de desistimiento en estas zonas, dado que muchas personas no alcanzan las condiciones de financiamiento necesario”, explica Sergio Novoa, gerente general de BMI Servicios Inmobiliarios.

En las comunas del extremo norte del país y en la zona centro norte, se evidencia similar comportamiento, con un deterioro en las ventas de departamentos nuevos y un ascenso en los valores de esas viviendas.

De esta forma, en la zona comprendida entre Arica y Calama, las unidades vendidas pasaron de 1.571 a 1.145 en el último cuarto de 2023, mientras que los precios subieron de 51,27 UF/m2 a 56,36 UF/m2. En las comunas del centro norte, en tanto, se pasó de 779 departamentos nuevos vendidos a 646, con un alza del valor de 42,94 UF/m2 a 49,55 UF/m2.

“Las menores ventas, junto con la incertidumbre jurídica, han afectado el interés por invertir. Los desarrolladores inmobiliarios evalúan muy bien dónde quieren participar en un escenario como el actual”, señala Novoa.

Por último, la única excepción a esta tónica es la zona comprendida por las comunas de Rancagua, Machalí, Curicó, Talca y Linares, donde si bien hubo una caída en las ventas, también hubo una baja del precio por metro cuadrado. Así, en el cuarto trimestre de 2021 se vendieron 717 unidades y en septiembre-diciembre de 2023 la cifra llegó a 533 unidades, mientras el precio descendió de 45,89 UF/m2 a 43,39 UF/m2.

Vaivenes inmobiliarios

El estrés económico mundial y el atasco logístico que le siguió durante la pandemia dispararon los costos más de 30%. Y dado que los contratos de las constructoras son a mano alzada, es decir, a un precio fijo, si los costos aumentan, el riesgo lo debe asumir la empresa. 

La CChC dice que, añadiendo a la complejidad del escenario, en Chile las nuevas obras demoran más de 12 meses en iniciarse, y eso sube aún más los precios.

En su relación con el Estado chileno, muchas constructoras deben asumir el aumento de precios porque los contratos a largo plazo no contemplan sistemas de reajustabilidad por esta causa, como sí ocurre en el sector privado. 

La queja del sector también va dirigida a lo que recientemente se ha llamado “permisología” es decir una cantidad de permisos y trámites con el Estado que se perciben como burocráticos, además de a la subida de impuestos anunciada por la administración Boric, a la que acusan de falta de inversión.

“No hay inversión en Chile, al revés de lo que está sucediendo en México donde está aumentando en el sector construcción, y uno se pregunta por qué. La respuesta es para que exista la inversión tiene que estar las condiciones para hacernos a nuestro país más competitivo y esas condiciones tienen que ver con certeza jurídicas. Entonces, como estamos en un proceso de crisis política ya que estamos cambiando la Constitución y se están cambiando las reglas del juego, es difícil que los inversionistas quieran arriesgarse”, reclama Cáceres.

Fuentes: PULSO y América Ecomomía y KRADIARIO.

EEUU: HIPOCRESÍA Y EXTORSIÓN - FIN AL TIK TOK EN ESTADOS UNIDOS--https://mundochttps://mundoclaraboya.blogspot.com/laraboya.blogspot.com/

 Editorial – La Jornada de México

El presidente Joe Biden promovió y firmó una ley para que el gigante chino de redes sociales ByteDance venda la aplicación TikTok en un plazo de un año o será prohibida en las tiendas de aplicaciones y los servidores localizados en Estados Unidos, lo que haría imposible descargarla o acceder a sus contenidos desde ese país. Ayer, la compañía presentó una denuncia en la que plantea que el ultimátum es inconstitucional, y tanto la propia empresa como organizaciones de derechos civiles, personalidades y usuarios de a pie se han manifestado en rechazo a este golpe contra la libertad de expresión.

La embestida de Washington contra TikTok se remonta a 2020, cuando esta plataforma se convirtió en fenómeno global y comenzó a desplazar a las redes sociales dominantes, sobre todo entre el público joven. Desde entonces, legisladores y funcionarios estadunidenses han insistido en que su uso representa un peligro de sustracción de datos y espionaje del gobierno chino. Al contrario de la documentada colaboración de Google, Meta (propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp, entre otras) y demás gigantes tecnológicos con autoridades y agencias de espionaje de la superpotencia, no se ha presentado ninguna prueba de que ByteDance abra sus datos a Pekín. Además, esta preocupación quedó resuelta con el almacenamiento de todos los datos generados en Estados Unidos en servidores alojados en esa misma nación, medida que TikTok tomó bajo presión de la Casa Blanca y que le costó más de mil 500 millones de dólares.

Está claro que los argumentos sobre la seguridad nacional y la salvaguarda de la información de los ciudadanos es mera retórica propagandística. 

En los hechos, la hostilidad contra ByteDance puede rastrearse a tres vertientes principales: la económica, la tecnológica y la de control del discurso. En el primer aspecto, se inscribe en la guerra comercial desatada por el ex presidente Donald Trump con el expreso propósito de contener el crecimiento de la economía china y revertir el déficit en la balanza de pagos de bienes –no así de servicios– contraria al país norteamericano. 

En lo tecnológico, es parte de los manotazos de Washington para detener los avances chinos en cada vez más rubros. En su desesperación al verse rebasado por el gigante asiático, Estados Unidos recurre a todas las formas de coerción a su alcance, con las sanciones y las restricciones comerciales como mecanismos centrales. Debe recordarse que el ataque contra TikTok no es una excepción, sino parte de un patrón que se hizo visible con el veto contra Huawei, líder mundial en sistemas de telefonía móvil, y ha continuado con la guerra de los chips, la batería de acciones dirigidas a impedir que China fabrique o adquiera semiconductores de punta.

En cuanto al control del discurso, debe notarse que TikTok es la única red social de alcance mundial que no se originó en Estados Unidos ni tiene dueños de esa nacionalidad, por lo que no forma parte del aparato de difusión hegemónica que las clases dominantes estadunidenses tengan en sus plataformas digitales y medios de comunicación. 

En este sentido, es necesario reconocer que Pekín tiene una actitud simétrica: el público chino no puede acceder a Google, Facebook ni otros sitios de Internet que, a juicio de las autoridades, pueden convertirse en vehículos de subversión y penetración de agentes extranjeros.

La diferencia radica en que Pekín no va por el mundo calificando el desempeño de otros estados en materia de derechos humanos, democracia y libertad de expresión ni mucho menos derrocando gobiernos para imponer regímenes amigables con el libre comercio, mientras Washington se declara campeón de todos estos ideales que, según se confirma ahora, sólo defiende a su conveniencia.

Más allá de exhibir de nueva cuenta la hipocresía estadunidense, ni la venta ni la prohibición de TikTok en ese país pueden traer saldos positivos. Por el contrario, implican daños al comercio, la economía, el desarrollo y la libertad de expresión. 

Si China responde a esta provocación, se caerá en una escalada de sanciones de consecuencias económicas cuya magnitud es incalculable, pero sin duda resultarán sumamente costosas, sobre todo para Estados Unidos.



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MILEI, PUENTE Y LOS MALOS MODOS

Por David Torres*

El gobierno argentino reaccionó con contundencia a las declaraciones del ministro español de Transportes, Óscar Puente, después de que éste insinuara que el presidente Javier Milei podría hallarse bajo los efectos de ciertas sustancias. Aparte de un comunicado oficial, Guillermo Francos, ministro del Interior de Argentina, tachó a Puente de «energúmeno» y aseguró que Milei no toma «ni siquiera una gota de alcohol». Es decir, que cuando Milei se pone a saltar, a gritar, a insultar a todo dios y a echar espumarajos por la boca no está drogado ni borracho, sino que se encuentra en su estado natural. Milei químicamente puro.

Lo de Puente fue, sin duda alguna, una metedura de pata, una más de un político leñero al que Sánchez ha puesto de ministro del mismo modo que el entrenador del Wimbledon colocaba en el centro del campo a Vinnie Jones a repartir hostias y tarascadas, como si estuviera en una película de Chuck Norris en vez de en un partido de fútbol. Jones exageraba tanto el papel de matón en pantalones cortos que una vez lo expulsaron de la cancha a los tres segundos por una patada que habría sido considerada ilegal hasta en una pelea a muerte. Gracias a su bestialidad y su físico en busca y captura, Jones se ha labrado una meritoria carrera como chungo cinematográfico, mientras que, de seguir así, Óscar Puente podría llegar a portero de discoteca.

Lo que no acabamos de entender muy bien es el escándalo que han provocado las declaraciones de Óscar Puente entre las filas de la derecha española, cuando llama «drogadicto» a un presidente extranjero resulta casi un elogio comparado con las barbaridades que han soltado ellos. Además de la caterva de ultrajes más o menos racistas con los que han calificado a diversos mandatarios latinoamericanos (Chávez, Maduro, Morales) a Pedro Sánchez lo han motejado de «traidor», «terrorista», «etarra» y «felón» antes de que, en un alarde de exquisita educación, Ayuso lo llamara «hijo de puta». Se conoce que el PP considera que no sólo el gobierno de España es de su exclusiva propiedad, sino también el diccionario, el manual de urbanismo y las reglas de etiqueta.


Es lógico que los poetas y las poetisas de la derecha se tiren de los pelos con las groserías de Óscar Puente, ya que no están acostumbrados a que les respondan en sus mismos términos. Visto lo visto, Sánchez no debería haberlo nombrado ministro de Transportes, sino más bien de Defensa. Por lo demás, también parece bastante exagerada la reacción del gobierno argentino ante la salida de tono del mandatario español, sobre todo si tenemos en cuenta que su presidente está acostumbrado a llamar a sus adversarios políticos «zurdos de mierda» e «hijos de puta», sin olvidar que una vez dijo que el Papa Francisco era «un impresentable» y «representante del Maligno en la Tierra».

Debo confesar que yo ignoraba el significado preciso de la palabra «botarate» hasta el día en que vi a Milei dándolo todo en un mitin. El gran error de Puente fue achacar este exceso de vehemencia a los alucinógenos, cuando está claro que Milei viene así de fábrica. Estamos en una época en que la psicopatía y la zafiedad reinan en todos los órdenes de la vida, por supuesto, también en la política, de ahí el éxito imparable de Twitter y de personajes como Trump, Ayuso, Puente o Milei, que regalan titulares cada vez que abren la boca. ¿Cómo no iba a fotografiarse Elon Musk junto al presidente argentino si parecen primos hermanos? 

…………………

*Escritor y periodista español. Columnista habitual del diario Público.es. Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid, ganó su primer premio en 1999 (con Nanga Parbat) tras publicar diversos relatos y poemas en las revistas Cartographica, Poeta de Cabra y Ariadna, el título más traducido de Ediciones Desnivel, con versiones en francés, polaco e italiano. Aporte de la agencia italoeuropea Others News


miércoles, 8 de mayo de 2024

ITURRIAGA RESUELVE DAR DE BAJA A DOS COMANDANTES POR TRAGEDIA DE PUTRE


El comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga reconoció esta tarde la  "falta de diligencia" en torno a la información preliminar difundida respecto de la muerte del joven conscripto del Ejército de Chile, Franco Vargas, ocurrida durante una marcha instructiva en la comuna de Putre el pasado 27 de abril, como informó KRADIARIO en su edición del martes.

Fue el médico del Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Putre, Aldo Rivera, quien dio detalles respecto al estado de la víctima al momento de ser ingresada al establecimiento médico y precisó que el afectado "venía sin signos vitales ni tampoco con respuesta a estímulos ni verbales ni físicos".

A su vez la misma versión fue dada a conocer ayer por la dirección de dicho centro médico.

El  Ejército traslada a los últimos 42 conscriptos que optaron por no seguir en el servicio militar en Arica.

Estas versiones contrastan con la entregada el viernes por el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Rodrigo Pino, quien aseguró que "de acuerdo con los antecedentes que figuran, el soldado llegó con signos vitales, vivo al Cesfam".

Iturriaga afirmó en un punto de prensa que "hubo falta de diligencia y omisiones para pesquisar adecuadamente y en un tiempo prudente, falsedades y tergiversaciones que conducen a la responsabilidad de mando de las máximas autoridades de la zona". 

"He resuelto relevar del mando al comandante de la Brigada Huamachuco y al comandante en jefe de la Sexta División del Ejército, y proponer su retiro de la institución por su responsabilidad de mando al Presidente de la República".

Iturriaga aclaró que "la información inicial, que fuere difundida por diferentes autoridades del Ejército, obedeció a los antecedentes que entregó el personal que se encontraba a cargo del periodo de instrucción". 

"Es doloroso constatar que la información preliminar entregada adoleció de falta de precisión, y ello llevó a las diferentes contradicciones que han sido de público conocimiento. Materia que seguimos investigando para establecer la verdad y precisar si existió ocultamiento de información o derechamente se mintió", agregó. 

Los familiares denunciaron negligencia y aseguran que “fue un homicidio” por la forma en que habría sucedido todo, sobre todo de cómo se fueron dando las cosas desde el primer minuto. “A mí nadie me dio explicaciones. Me llamaron para decirme que, en una rutina, Franco se desmayó y murió, nada más. Esa fue la única explicación que me dieron”, declaró la madre de la víctima, Romy Vargas.

Coincidentemente a la tragedia de Putre, por estos días se conmemoran 19 años de otra tragedia ocurrida en el Ejército, la de Antuco que dejó un saldo de un suboficial y 44 conscriptos muertos, todos participaban en el servicio militar, pero este hecho empañó la actividad de montaña el 18 de mayo de 2005. El hecho se produjo por las decisiones del mayor Patricio Alejandro Augusto Cereceda Truan y del teniente coronel Luis Enrique Pineda Peña para llevar a cabo una marcha durante una nevasca con -35 °C a una altitud de 1500 metros, como nos recuerda Wikipedia.


Fue esta de Antuco, la segunda mayor catástrofe del Ejército chileno en tiempos de paz, considerando el número de fallecidos.


LA TRAGEDIA DE BRASIL ES UN EJEMPLO DE LO QUE PUEDE SUCEDER EN CUALQUIERA PARTE DEL MUNDO

El número de fallecidos por las catastróficas inundaciones en la región del sur de Brasil superó este miércoles el centenar, en una de la mayores tragedias climáticas del país, según el último balance divulgado por la Defensa Civil. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva aseguró que lo ocurrido es una "advertencia para el mundo”.

El estado más golpeado es Rio Grande do Sul, fronterizo con Uruguay y Argentina y donde se han reportado 100 muertos, cinco más con respecto a la noche del martes, 128 desaparecidos y 372 heridos, de acuerdo con las cifras oficiales. En el vecino estado de Santa Catarina, en tanto, se ha registrado hasta el momento un deceso, lo que eleva el balance preliminar a los 101 fallecidos en todo el sur del país.

En Rio Grande do Sul, el 80 por ciento de los municipios se ha visto afectado por graves inundaciones, que han anegado ciudades de forma parcial o total, entre ellas Porto Alegre, la capital regional y cuyo principal aeropuerto se ha convertido en una gigantesca laguna. En ese estado, unas 230.500 personas han tenido que abandonar sus hogares y en total suman 1,5 millones de damnificados, según la Defensa Civil.



Las autoridades insistían este miércoles a los habitantes que no regresaran a las zonas de riesgo y alertaban de inestabilidad en los terrenos y de peligros para la salud. "Las aguas contaminadas pueden transmitir enfermedades", dijo a periodistas Sabrina Ribas, portavoz de Defensa Civil. Además, casi 100.000 viviendas quedaron dañadas o destruidas por la fuerza de la naturaleza. Los daños económicos superan los 900 millones de dólares, según una estimación de la Confederación Nacional de Municipios.

Los equipos de rescate, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, aún trabajan en la zona para hallar a más víctimas y salvar a los supervivientes incomunicados, muchos de los cuales solo tuvieron tiempo para escalar al tejado de sus casas. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó durante un acto para presentar inversiones en áreas de infraestructura y prevención de desastres naturales, que esta tragedia climática es "un aviso para el mundo" y "una factura que le está pasando el planeta" a la humanidad.

DW

LOS GALLEGOS TENDRÍAN LOS DIAS CONTADOS EN EL NORTE DE CHILE


La Fiscalía de Arica realizó este miércoles su alegato de apertura en el juicio oral contra Los Gallegos, brazo operativo del Tren de Aragua en el norte del país, instancia en la que detalló el plan, de "tres fases", que elaboró la organización delictual para instalarse en la Región de Arica y controlar la venta de drogas.

Durante la cuarta jornada de juicio, la Fiscalía detalló los hechos de la acusación y presentó al tribunal las diferentes pruebas recopiladas durante la indagatoria, que dieron cuenta de que, en marzo de 2022, se detectó el primer "indicio" de la mencionada agrupación a través de una escucha telefónica "a traficantes chilenos", quienes comentaban la existencia de una organización extranjera que pretendía instalarse en el norte.

Según informó Radio Cooperativa, en esa línea, la investigación del ente persecutor estableció "tres fases" en el plan de Los Gallegos para asentarse en el país:

La primera etapa corresponde a una "fase de exploración", donde la organización identificó al sector de Cerro Chuño como su base de operaciones.

Posteriormente vino la "fase de penetración", en la que Los Gallegos hicieron uso de la violencia para dominar a otras bandas rivales, infundir temor en la población y dominar el territorio.

Finalmente, vino la "fase de consolidación", donde el clan estableció su base financiera y sostenibilidad de sus operaciones ilícitas, mediante el lavado de dinero.

Tras lo anterior, la Fiscalía de Arica sostuvo que Los Gallegos armaron una estructura delictiva que incluía delitos de tráfico de drogas, homicidios, secuestros, trata de personas para fines sexuales, tráfico de inmigrantes e internación de armas de fuego, entre otros ilícitos, siendo desarticulados en junio de 2022, en el marco de un mega operativo desarrollado en el Cerro Chuño.

"Lo que viene ahora es escuchar los alegatos de apertura del Ministerio del Interior y del resto de los intervinientes; esto es, de cada uno de los defensores. Por el número de personas que intervienen en esta causa, estos alegatos se van a extender por varios días, probablemente por una semana más incluso, y luego ya podremos empezar a rendir nuestra prueba o escuchar si alguno de los acusados quiere prestar declaración, esta es la etapa correspondiente para hacerlo", adelantó el fiscal regional, Mario Carrera.

"Por lo tanto, estamos entrando ya en tierra derecha y esperamos buenos resultados en el presente juicio, el cual se va a extender por varios meses", agregó el persecutor.

Durante el juicio, la Fiscalía de Arica solicitó 11 penas de presidio perpetuo para igual número de acusados, además de otras que suman más de 200 años de presidio para los restantes.

En ese sentido, 34 de los miembros del clan son ciudadanos extranjeros, en su mayoría venezolanos, y otros cuatro son de nacionalidad chilena.

Dentro de las distintas pruebas que el ente persecutor presentará ante el Tribunal Oral se incluyen peritajes de armas de fuego y también a una serie de cuadernos incautados en los que se controlaban las finanzas de la agrupación criminal, así como más de 60 informes policiales, donde la mayoría de ellos que corresponden al análisis de una cifra que supera los 140 teléfonos intervenidos, entre otros elementos.