OPINIÓN-EDUCACIÓN-FUNDACIÓN NODO XXI-DOCUMENTO-KRADIARIO
SOLO HAY REFORMA CON (UNA NUEVA) EDUCACIÓN PÚBLICA
Por Sebastián Aylwin Correa
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Las movilizaciones sociales de estos últimos años han hecho
que hoy discutamos la posibilidad de transitar desde una educación administrada
por el mercado hacia una que sea entendida como un derecho. Esta posibilidad
tiene una enorme relevancia para el futuro del país, qué duda cabe, cuando se
trata de la educación, pero también autoriza a pensar un país distinto, con una
sociedad más solidaria y menos individualista, un Estado al servicio de todos y
no de unos pocos.
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Lamentablemente el gobierno ha hecho todo lo posible
-consciente o inconscientemente- para que las demandas levantadas por la
sociedad se confundan y tergiversen. El año pasado nos intentaron convencer que
entregar cuantiosos recursos a la educación particular subvencionada era
beneficioso para la educación pública y este año nos dicen que instituciones de
educación superior controladas por grupos empresariales son públicas y que
recursos distribuidos a través de mecanismos competitivos son gratuidad.
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Pero además esta confusión sumada a la obsesiva terquedad de
reducir la cuestión educacional a platas más o platas menos, significa desafíos
y amenazas para los actores sociales e institucionales que han defendido el
interés ciudadano por acceder universalmente a una educación pública, gratuita y
de calidad. El principal riesgo del actual escenario es caer en el
corporativismo de los intereses particulares y parciales en que cada actor
defiende su propio feudo.
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La educación privada no es pública -por definición- pero
tampoco necesariamente lo es la educación estatal. Es más, me atrevería a decir
que hoy la educación superior estatal no es pública. El Estado desde hace 40
años se ha venido transformando en un agente fundamental para el funcionamiento
del mercado. Basta ver la enorme cantidad de recursos que se destinan al
funcionamiento de la salud privada, a la concesión de obras de viabilidad, a
garantizar los créditos de bancos en el financiamiento estudiantil.
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Esos son solo algunos ejemplos de cómo el Estado garantiza
con sus propios recursos los negocios privados. Nuestro empresariado criollo,
tan “emprendedor”, teme al riesgo, a la “incertidumbre”, y exige al Estado
garantizar su propia acumulación de riquezas. Pero eso no es lo peor: el Estado
recauda esos recursos a través de nuestros impuestos, principalmente el IVA,
impuesto regresivo que tiene un efecto injusto en la distribución económica.
Así, en educación, por ejemplo, el Estado obtiene recursos mediante mecanismos
regresivos para luego financiar instituciones cuyas juntas directivas lucran en
vez de garantizar calidad. Más Estado no es menos mercado, qué duda cabe.
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Lo público es lo democrático, lo que no tiene dueño, aquel
lugar al que todos concurrimos como iguales. Está al servicio y a la vez es
responsabilidad de todos. Las juntas directivas de instituciones privadas que
hacen y deshacen a su antojo no serán nunca públicas. Lamentablemente
instituciones de calidad como la Universidad Diego Portales mantienen una junta
directiva empresarial con potestades ilimitadas sobre la universidad. En cuanto
a las universidades estatales, 40 años de autofinanciamiento han obligado a
estas instituciones a adoptar lógicas internas de mercado y vincularse con la
gran empresa -mineras, forestales, agrícolas, etc.- determinando su
investigación y las áreas del conocimiento prioritarias. La moderna biblioteca
Andrónico Luksic y el hall CorpBanca de la Facultad de Economía y Negocios
(sic) de la Universidad de Chile hablan por sí solas.
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¿Por qué como sociedad tenemos que financiar instituciones
privadas que pueden hacer lo que quieran con esos recursos o universidades
estatales de primer nivel orientadas a grupos empresariales cuyas prácticas están
hoy fuertemente cuestionadas? Transformar el sistema de educación superior es
la única forma de implementar una gratuidad justa.
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Mantener este horizonte de largo plazo -que requerirá una
implementación gradual debido a su gran envergadura- es difícil pero no
imposible. Requiere un esfuerzo democrático que involucre a todos los actores
del sistema en un diálogo que garantice una reforma pensada en el interés
general. Ejemplos de esto existen. El Confech hace algunos meses publicó el
documento Principios Fundamentales para una Nueva Educación Pública (disponible
en www.quechiledecida.cl) que sintetiza la visión de universidades estatales,
privadas tradicionales y privadas a secas.
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Desde la Fundación Nodo XXI hemos querido contribuir en la
misma dirección a través de la iniciativa Compromiso por una Nueva Educación
(www.compromiso.cl) un espacio desde la sociedad civil para que rectores,
intelectuales y actores sociales de la educación construyan propuestas
conjuntas. Pero el corporativismo, aquella postura que defiende a las
universidades estatales por el hecho de ser estatales, a las del Cruch por
estar reunidas en ese espacio o a las instituciones privadas para no quedar
fuera de la repartija, desenfoca la posibilidad de una nueva educación.
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Contribuye a la confusión que ha creado el Mineduc, aleja a
la sociedad que espera una reforma en beneficio de todos y construye divisiones
al interior de los actores educacionales. ¿Cómo un estudiante de una
universidad privada va a defender la completa desvalorización de su título y
arriesgarse al traumático desastre de experiencias como la Universidad del Mar
o Arcis? Sin duda las instituciones tradicionales están más organizadas pero,
por lo mismo, tienen una mayor responsabilidad. ¿Dejaremos a ese 80% de estudiantes,
académicos y funcionarios entregados al descarado oportunismo de rectores y
propietarios de instituciones que utilizan a sus estudiantes para demandar
recursos del Estado sin asumir ninguna responsabilidad? El corporativismo tiene
también otra debilidad: es muy fácil de excluir.
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Si solo hay intereses parciales, entonces la única
alternativa es la razón técnica, aquella ideología que se presenta como
neutral, como verdad absoluta. ¿Facilitaremos la labor de esos técnicos
empleados de grupos empresariales que justifican diluir la distinción
público/privado por la acreditado/no acreditado, desconociendo la clara
insuficiencia de dicha certificación?
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Asumir estos desafíos nos corresponde a todos en una labor
que requerirá toda nuestra imaginación y solidaridad. En ánimo de contribuir me
permito terminar esta columna con algunos puntos que creo pueden contribuir al
debate por crear una Nueva Educación Pública al servicio de todas y todos.
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- Una Nueva Ley de Educación Superior para todo el sistema
terciario que garantice al menos: a) un estatus jurídico no privado a las
instituciones que en la práctica signifique que no exista una sociedad
controladora; b) al menos un organismo colegiado superior encargado del
gobierno y con participación de toda la comunidad; c) la regulación de una carrera
académica y funcionaria que establezca fórmulas objetivas para la asignación de
sueldos, jerarquía y desvinculación; d) supeditación al control de la
Contraloría General de la República y obligación de transparencia en el uso de
los recursos.
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- Crear un órgano estatal integrado por todos los actores de
la educación, organismos de gobierno y actores de la sociedad civil que elabore
un Plan Nacional de Educación Superior que planifique el desarrollo de la
educación terciaria -matrícula, investigación, vinculación con el medio, etc.-
en atención a las necesidades nacionales y regionales.
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- Evitar la ampliación de la matrícula de instituciones que
no deseen participar de este nuevo sistema, y permitir que los estudiantes que
egresen de dichas instituciones se evalúen en universidades, CFT o IP que
pertenezcan al sistema, para obtener un título de dicha institución. Esta
medida puede servir para el tránsito hacia una educación mayoritariamente
pública sin perjudicar a los estudiantes.
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- Financiar las instituciones a través de fondos basales que
permitan estudiar gratuitamente a todos los estudiantes. Establecer un
financiamiento basal especial a las instituciones que cumplan una función a
largo plazo encomendada por el Plan Nacional de Educación Superior. También
mantener fondos concursables o convenios de desempeño para objetivos de corto
plazo al que pueda postular cualquier institución.
