El ministro de Justicia, Luis Cordero, reiteró la postura del Ejecutivo respecto del caso del juez Daniel Urrutia, quien autorizó videollamadas de reos de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, de los cuales algunos pertenecen al Tren de Aragua (poderosa banda narco colombiana que opera desde hace meses en Chile) .
“La posición del Ejecutivo es enfática sobre este tema. En primer lugar, es una decisión que contraviene las normas que regulan establecimientos penitenciarios de máxima seguridad.
En segundo lugar, no se han comprometido los derechos de las personas que están privadas de libertad al interior del establecimiento.
Y en tercer lugar, en este punto el Ejecutivo tiene una sola opinión y es que dada la naturaleza de la condición procesal de las personas que están ahí, los delitos que cometieron, que explican, entre otras cosas, por qué se encuentran en el recinto que tiene mayor exigencia de seguridad del país, es razón más que suficiente para sostener la ilegalidad de esa decisión“, sostuvo el secretario de Estado.
El diputado comunista, Matías Ramírez, por su parte, defendió ampliamente al juez Daniel Urrutia, quien respaldó su decisión citando normas de la ONU, entre las que se recomienda “mantener vínculos sociales afectivos a través de comunicaciones periódicas y visitas regulares” para los reclusos.
Urrutia dijo que “analizando cada caso, sobre todo que existían algunos internos extranjeros que llevaban más de siete meses sin contacto con sus familias, se autorizaron las videollamadas”, agregando que todos los imputados “deben ser tratados de acuerdo al principio de inocencia”.
La acción que pretendía llevar a cabo el magistrado iba en beneficio de siete reclusos, de los cuales al menos tres pertenecen al Tren de Aragua y otros dos están involucrados en el crimen del cabo Palma.
Desde el Gobierno, el ministro (s) de Justicia, Jaime Gajardo, calificó como “gravísima” la decisión.
“Si existen nuevos antecedentes, estos deben ser debatidos en el tribunal competente, pero no corresponde iniciar una persecución contra un magistrado que resolvió una solicitud en el marco del derecho nacional e internacional. Lo que plantean algunos parlamentarios de derecha de expulsar a un juez por una resolución es propio de una cultura dictatorial que enaltecen continuamente”, sentenció el parlamentario.
Respecto a los casos a los que se opuso Gendarmería, Cordero dijo que “la mayoría de ellos corresponden a personas que están imputadas en investigación de delitos muy graves vinculadas a crimen organizado y Tren de Aragua”.
Cordero recordó que, según la legislación vigente, “respecto a las comunicaciones de personas que están vinculadas a delitos de terrorismo, de narcotráfico y crimen organizado, la legislación establece la obligación de Gendarmería de tener especial vigilancia respecto a esas comunicaciones”.
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