La paz entre las FARC y el
estado colombiano
COMENZÓ LA DESMOVILIZACIÓN DE 7.000 COMBATIENTES EN 26 ZONAS GUERRILLERAS COLOMBIANAS
El 18 de febrero arribó el último grupo de combatientes de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) al municipio de La Montañita, en el
sureño departamento de Caquetá, una de las 26 zonas donde se encuentran
concentrados unos 7.000 guerrilleros como parte del proceso de dejación de
armas y su reintegración a la vida civil.
Luego que la ciudadanía desestimara el Acuerdo de Paz en el plebiscito
realizado el 2 de octubre —convocado para que la ciudadanía expresara su
aprobación o rechazo al Acuerdo de Paz firmado el 26 de setiembre entre el
presidente Juan Manuel Santos y el líder máximo de las FARC, Rodrigo Londoño—
un segundo acuerdo fue negociado entre el gobierno y las FARC a partir de lo
firmado, que fue refrendado por el Congreso el 1 de diciembre.
Según lo establecido en el segundo acuerdo, la entrega de armas se
realizará entre el 1 de marzo y el 1 de junio ante una misión de las Naciones
Unidas. Al término del proceso, las armas se fundirán y con el metal obtenido
se construirán tres monumentos que se instalarán en Colombia, Cuba y Nueva
York.
Los guerrilleros permanecerán concentrados durante seis meses, plazo en
el que recibirán capacitación laboral, se les entregará cédulas de identidad y
serán registrados en el sistema de salud.
Para mayo se tiene previsto que las FARC realicen un congreso que les
permita constituir su partido político legal. Durante los próximos dos periodos
legislativos, las FARC tendrán asegurados un número limitado de escaños parlamentarios.
El líder guerrillero Jorge Torres Victoria, conocido como Pablo
Catatumbo, encargado de la movilización de los combatientes de las FARC,
denunció en una carta publicada el 8 de febrero la lentitud del gobierno para
implementar las obras que permitan la instalación de los desmovilizados en 26
veredas (pequeñas unidades geográficas rurales).
El representante de la misión de las Naciones Unidas en Colombia, Jean
Arnault, manifestó a las autoridades colombianas el 17 de febrero que la
mayoría de campamentos “ni están listos, de acuerdo con los criterios acordados
con el gobierno, ni han sido delimitados con precisión”, lo cual puede desencadenar
incidentes.
El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, y la canciller Ángela
María Holguín, respondieron a Arnault que las principales dificultades han sido
superadas y que “la construcción de los campamentos avanza a buen paso”. Indicaron,
asimismo, que la delimitación corresponde al Mecanismo Tripartito de Monitoreo
y Verificación (MMV), conformado por Naciones Unidas, el gobierno y las FARC, a
la vez que expresaron su preocupación por el silencio del MMV “ante muchos
hechos violatorios de los protocolos y las reglas que rigen al cese del fuego y
de hostilidades bilateral y definitivo, y la dejación de armas”.
A pesar de las buenas intenciones, diversos analistas han manifestado su
preocupación de que muchas de las reformas contenidas en el Acuerdo de Paz no
sean continuadas por el próximo gobierno que será elegido en junio del 2018.
Además, existe el riesgo de que el presidente estadounidense Donald Trump, que
inició su mandato el 20 de enero, dé marcha atrás a la entrega este año de
alrededor de US$450 millones comprometidos por EEUU para el postconflicto.
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