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jueves, 21 de enero de 2016

HUMBERTO MATURANA: HABLAMOS MUCHO DE QUE VOLVIÓ LA DEMOCRCIA, PERO ¿VOLVIO?
¿DEMOCRACIA ES SINÓNIMO DE APERTURA PARA LA PILLERÍA?
El científico y filósofo Humberto Maturana, está molesto y quiso contar su verdad. Acusa un mal uso de su trabajo como insumo para el coaching, el que, a su juicio, tiene algo de conspirativo, de manipular al otro y de crear cierta dependencia. Y da nombres y apellidos. Sobre la corrupción en Chile, dice que ésta no es responsabilidad de un modelo económico, sino que siempre es de las personas.
Foto de Verónica Ortíz
Entrevista en revista Capital por Margarita Hantke
Selección de lo que el científico declaró en la esfera política y de la democracia




“Hoy no estamos viviendo en democracia”
-¿Cuál es su lectura de los casos de colusión que se han conocido en los últimos meses?
-Me parecen una vergüenza. Lo magnífico es que se están conociendo. Antes estaban y no se veían. Estos casos revelan la psiquis de una forma cultural muy antigua de obtener ventajas a cualquier precio, sabiendo que se trata de conductas deshonestas. Que ahora se estén investigando es un buen comienzo para limpiarnos de tanta basura.

-Estos casos y los escándalos políticos han demolido las confianzas. Y sin confianza no hay colaboración. ¿Cómo hacer para recuperarla?
-La confianza no es una cosa que se pone o se saca. Como dice mi colega, Ximena Dávila, las relaciones de confianza surgen producto de una historia de convivencia en la que no nos sentimos traicionados. Es un modo de convivir en que me importa la armonía de la comunidad a la cual pertenezco y cuando se viola esa confianza, se borra la historia. Por lo tanto, se requiere un nuevo comienzo. La gran responsabilidad de los empresarios y políticos hoy es comenzar conscientemente a convivir en la honestidad.
Hablamos mucho de que volvió la democracia, pero ¿volvió? ¿Democracia es sinónimo de apertura para la pillería? La democracia sólo ocurre en un convivir en la honestidad, en la ética social, la colaboración, la equidad, la conversación que lleva a la reflexión en el deseo de vivir y coexistir juntos que permite corregir los errores. Pero esto puede ocurrir sólo si se desea. ¿Lo deseamos de verdad? Lo que me preocupa es que hoy no estamos viviendo en democracia, lo muestran la corrupción, las mentiras hasta en el ámbito deportivo y los conflictos étnicos. ¿Desde dónde es que no nos podemos poner de acuerdo para una convivencia que sea, en efecto, democrática?
-Para algunos, estamos viviendo un cambio de paradigma en el que la sociedad se hace cada vez más horizontal. ¿Coincide?
-Un cambio de paradigma habla de cambio de reglas. Pienso que esa expresión no hace referencia al modo de vivir espontáneo en la honestidad que se vive como algo propio, como algo que queremos. Sí creo que estamos en los albores de un cambio de modo de vivir y convivir, en la medida en que nos damos cuenta de que vivir en la deshonestidad nos avergüenza y no queremos conservarla. Por lo tanto, no basta con anunciar que hoy estamos en un cambio de paradigma. Más bien ocupémonos seriamente hacia dónde queremos ir como país.

-¿Qué responsabilidad le atribuye al libre mercado en que haya desigualdad y escándalos de corrupción?
-La corrupción no es responsabilidad de ningún modelo o teoría económica. Es siempre de las personas. Echarle la culpa a algún modelo económico es no asumir responsabilidad y revela ceguera social. La corrupción no surge de un modelo político o económico sino de la ambición, avaricia y el afán de poder, emociones todas que llevan a la deshonestidad.
-¿Debiéramos avanzar hacia otro modelo de desarrollo?
-El crecimiento económico no es lo central. Más bien la transformación de la economía con una visión de los procesos cíclicos de conservación de la armonía de la biósfera y la antropósfera (creaciones humanas), con conciencia de que todo crecimiento indefinido de la población lleva al desastre biológico-ecológico. Esto implica un cambio en nuestra psiquis relacional que está distorsionada por la ambición, la competencia y la búsqueda de éxito.
-Si pudiera asesorar a la presidenta Bachelet, ¿qué le diría?
-Que fuera ella misma y que actúe desde su conciencia social y ética.
-Pero así es como se ve que está actuando. Y, sin embargo, tiene alto nivel de rechazo…
-Bueno. Es parte de las consecuencias de lo que ella quiere conservar. Tal vez le diría que escuche más las quejas y dolores del ciudadano común y corriente.
-¿Le han preguntado desde el Gobierno su opinión sobre las reformas y otros temas?
-No.
-La gratuidad universitaria, ¿ayudará a alivianar las tensiones sociales en Chile? ¿Y a mejorar la calidad de la educación?
-La gratuidad no es lo central, sino el hecho de que la educación será responsabilidad del Estado y con ello su costo lo pagarán los contribuyentes. Cuando estudié en esas condiciones, me sentí agradecido por haber recibido la educación de esa manera y con sentido de responsabilidad social por ello. Si no se es consciente de esto, se entiende la gratuidad como algo sin valor, cuando es exactamente lo contrario.
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Lo importante es que la juventud crezca consciente de su responsabilidad social hacia la comunidad que ha hecho posible su educación como ciudadanos. Si sucede, el país vivirá una verdadera democracia en la colaboración y el mutuo respeto. Y si somos honestos, disminuirán las tensiones que hoy se viven. La calidad estará determinada por su orientación hacia la formación de ciudadanos serios y responsables, cualquiera sea su quehacer. Y esto depende de la formación humana, no sólo técnica, de los profesores y profesoras.•••
MILLLONARIOS ACUERDOS 
INTERCAMBIARON JADUE Y SAMPAOLI
EN LA ANFP

Entre el ex presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Sergio Jadue, y el ex director técnico Jorge Sampaoli hubo millonarios acuerdos que se hicieron sin ningún tipo de comprobante, denunció esta semana una investigación de Ciper.
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La pesquisa está centrada en el ultimátum del Ministerio de Justicia para que la actual directiva de a conocer un estado de cuentas que confirme la devolución de los sueldos pagados al anterior directorio. Según el sitio, “el seleccionador recibió US$200 mil (140 millones de pesos) por analizar la malla curricular de la carrera de entrenador impartida por el Instituto Nacional del Fútbol (INAF), sin que exista ningún comprobante que acredite si el ex entrenador ejecutó realmente esa labor”.
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El rector de la INAF, Martín Mihovilovic, dijo que no sabe cuáles fueron los montos pactados por el dirigente y el ex-DT de “La Roja” y que el instituto no le pagó a Sampaoli por aquella labor, que también desconoce. “Sampaoli sólo hizo un reporte oral”, indica el medio.
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Además, se refieren al acuerdo suscrito el 3 de diciembre de 2013 por los premios a la Copa Centenario 2016 y por la clasificación y posterior rendimiento en Rusia 2018, donde el dinero sobrepasaba las arcas de la ANFP.
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“Los valores acordados oscilaban entre US$6 millones y US$10 millones, lo que no guarda proporción con los ingresos proyectados por la ANFP para ese periodo“, revelaron. Ciper cita una declaración de uno de los miembros del directorio de Jadue en que asegura que el calerano dijo que: “Nunca se pagarían esos montos porque Sampaoli dejaría la selección antes del Mundial de Rusia“.
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Jadue delata a dirigentes
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La publicación de Ciper apunta también al rol que estaría cumpliendo Sergio Jadue en Miami. Según expresa el medio, el calerano se habría visto obligado a delatar a dirigentes chilenos por las irregularidades en las cuentas y lavados de dinero para colaborar con el fiscal Carlos Gajardo, ya que sus aportes a la investigación de la fiscalía de Esados Unidos sobre corrupción de la Conmebol no serían convincentes.
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“El fiscal Gajardo ya tiene acreditado el paradero de los US$ 2,2 millones detectados inicialmente por la justicia de Estados Unidos y que corresponden a sobornos que Jadue recibió en la Conmebol por amañar la entrega de los derechos televisivos y comerciales de la Copa América, Copa Centenario y Copa Libertadores”.
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Luis Bedoya, expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, señaló que: “Se espera que Jadue comience a entregar datos sobre dineros y tratos de la Conmebol que favorecieron a chilenos. Y eso afectaría a dirigentes que estuvieron vinculados a la gestión de esos fondos o a negocios financiados con esos recursos”, añade también Ciper.


Ultimátum de la ministra Javiera Blanco


Ante todas las polémicas financieras que han sacudido a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, la ministra de Justicia Javiera Blanco ‘golpeó la mesa’ y pidió a la entidad mayor transparencia y compromiso para acabar con las irregularidades.
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Sin ir más lejos, la secretaria de Estado realizó un ‘ultimátum’ contra el ente rector del balompié criollo, como asegura el reportaje de Ciper Chile.


¿En qué consistiría? Blanco, el pasado 15 de enero, le dio a la ANFP 10 días para ‘cuadrar’ caja, acreditando la devolución del dinero entregado a Sergio Jadue. Eso sí, no fue lo único. La ministra también solicitó que se publicara el informe del ex contralor Ramiro Mendoza, que da cuenta del ‘caos financiero’ del fútbol nacional.
Entre los mayores cuestionamientos se encuentra que el ex timonel de la Asociación percibía un sueldo de 34 millones de pesos, siendo que -inexplicablemente- se trata de una organización sin fines de lucro.
Por otro lado, el lapidario informe de Mendoza hizo hincapié en situaciones irregulares como contratos sin firmas, ausencia de cotizaciones, préstamos sin justificación y hasta la compra de un terno Oscar de la Renta de más de un millón de pesos (que aparece ‘justificado’, pero no detalla para quién y con qué fin fue elaborado).
Pero lo más grave se relaciona con la Copa América. Junto al enredo por el ítem de entradas, destaca que la ANFP recibió un depósito comprometido en su calidad de campeón de la Copa América que ascendía, supuestamente, a US $ 4 millones. Sin embargo, como especifica el trabajo de Mendoza, “el depósito recibido por la ANFP excede ese monto en US $491.000″. Por tanto, existe casi medio millón de dólares en exceso, sin que se conozca destinatario.
Con todo esto, la ministra Javiera Blanco -que ya tuvo una reunión con el nuevo presidente de la ANFP, Arturo Salah- exigió a la entidad, según especifica la citada investigación, querellarse contra los responsables en caso de que las cifras no cuadren. El organismo arriesga con perder la personalidad.

BCI  HABRÍA INGRESADO A LA "LISTA NEGRA" DEL SII POR DONACIONES A PERSONAS LIGADAS A LA POLÍITICA
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No solamente SQM repartía dinero entre personas ligadas a la política, sino también el Banco BCI, como investiga el Ministerio Pública.
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Este caso estalló cuando representantes de la entidad bancaria se acercaron al Servicio de Impuestos Internos (SII) el año pasado para rectificar declaraciones de tributos realizadas en años anteriores, específicamente entre 2008 y 2014, corrigiendo el pago de impuestos por boletas y facturas de personas ligadas al mundo político.
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Según consigna La Tercera, la entidad bancaria habría realizado una autodenuncia 
respecto a los impuestos que no estaban aclarados. A partir de ello BCI cruzó los datos de los servicios pagados en años anteriores con la información que vincula a los 14 emisores que están en cuestión, instancia en la que habría aclarado un monto total de $233 millones.
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Esta información (autodenuncia) llegó hasta el Ministerio Público tras las declaraciones del empresario socio de VSA, Roberto Carrasco, quien señaló que había prestado facturas a la entidad bancaria además de otras empresas, esto para la campaña del ex ministro en el gobierno de Sebastián Piñera, Laurence Golborne.
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Según ha trascendido, la alerta se habría encendido debido a que no existirían respaldos de los servicios prestados por algunos de los emisores que estarían siendo cuestionados.
Entre los casos que estarían causando duda en el SII y en la Fiscalía, según consigna La Tercera, se encuentra la rectificación del pago de:
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- Ana Carolina Palacios, cuñada de la ex jefa de gabinete de Pablo Longueira, por un monto de $ 8 millones consignados en 2010.
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- El alcalde de La Florida Rodolfo Carter por un monto de $5 millones.
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- Ximena Carbacho, esposa del administrador electoral de la candidatura senatorial de Ena von Baer por $11 millones.
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- Juan Masferrer por $11 millones y quien estaría ligado a la UDI.
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- Un ex estudio jurídico del diputado UDI Javier Macaya por una factura de $5 millones, y desde donde indicaron que los servicios prestados son reales.
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- El ex concejal UDI Gustavo Alessandri por $5 millones.
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- Carmen Soza del Río por un monto de $5 millones y quien estaría ligada a la Fundación Jaime Guzmán.
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- El ex ministro Golborne por una cifra que ascendería a los $112 millones.
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- El ex alcalde de Santiago Pablo Zalaquett por $32 millones y $7 millones (empresas Ases La Manada e Inversiones y Asesorías ZB Ltda).
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- Diputado Felipe Kast (Evópoli), socio de la empresa Marne SPA, tras la cual facturó $15 millones. Cabe destacar que por parte del banco indicaron que existirían los respaldos por el servicio prestado el cual consistió en un informe sobre indicadores económicos.
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- El Centro de Investigaciones Sociales por un total de $12 millones, el cual pertenece a la familia de Gonzalo Muller, esposo de la diputada UDI María José Hoffmann. 

LOS PAGOS EFECTUADOS POR SQM A 

PERSONAS LIGADAS A LA POLÍTICA 

CHILENA


Investigadores de EE UU contratados por la minera no metálica SQM dieron como resultado que esta empresa efectuó pagos a 159 “personas políticamente expuestas”, siendo la Unión Demócrata Independiente (derecha) la que recibió la mayor parte de estos beneficios con un 41% del total de partidos políticos.
El informe de 81 páginas fue dado a conocer hoy en forma exclusiva por el diario “La Tercera” en Santiago. El documento fue realizado durante casi nueve meses por el  estudio de abogados estadounidense Shearman & Sterling y que presentó el 15 de diciembre pasado al comité ad hoc de directores de SQM. El reporte fue remitido por la empresa a la Superintendencia de Valores y Servicios (SVS) y al Ministerio Público, el que decretó su reserva.
En su trabajo Shearman & Sterling se apoyó en el estudio chileno Grupo Vial/Serrano y en la multinacional de servicios forenses FTI Consulting; recopiló 3,5 millones de documentos, revisó más de 930 mil y entrevistó a 24 personas. El ex gerente general, Patricio Contesse, se negó a testificar, indicó La Tercera.

SQM ha realizado tres rectificaciones tributarias ante el SII, por un total de US$ 14.747.125 ($ 7.129 millones) en seis años. La contabilización completa incluye 1.425 pagos corregidos y 223 proveedores únicos rectificados. Los peak se alcanzaron en 2009, año de elecciones presidenciales, y 2012, año de municipales. Y ha pagado nuevos impuestos por US$ 9,6 millones en total.
El reporte entrega la lista de los 20 proveedores top rectificados. Entre los 10 primeros aparecen sociedades vinculadas a Luis Saldías (asesor de Julio Ponce); Cristián Warner (ex jefe de campaña de Marco Enríquez-Ominami); Sebastián Piñera; Giorgio Martelli; Cristina Bitar; Marcelo Rozas; Carlos Ominami y Pablo Longueira). Entre el número 10 y el 20, Shearman & Sterling vincula a otras sociedades o emisores con políticos como Claudio Eguiluz, Marcelo Rozas, Adolfo Zaldívar y Andrés Allamand.
Porcentajes por partidos
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El reporte, como informó SQM el 15 de diciembre, concluye que no se encontró evidencia de pagos con el fin de inducir a funcionarios públicos a actuar o abstenerse de hacerlo con el objetivo de ayudar a SQM a obtener beneficios económicos.
El estudio sí concluye que ciertos pagos pudieron haber sido motivados por el deseo de tener la benevolencia de políticos hacia SQM o el propio Contesse. Ciertos políticos ligados a los pagos estaban en posición de influir en los negocios de SQM, agrega el bufete.
Si bien los pagos fueron dirigidos a políticos y candidatos de los principales partidos en Chile, el mayor número está ligado a la UDI, con más de 50 dirigentes y candidatos asociados de alguna manera a los desembolsos de la minera. Entre ellos, se incluye, dice el reporte, a 4 candidatos presidenciales, 6 senadores, 12 diputados y dos ministros de Sebastián Piñera.
Esa lámina incluye un gráfico construido con fuentes públicas y que atribuye afiliación partidaria de los políticos vinculados a los pagos. El 45% está ligado a la UDI, el 11% a RN, otro 11% a la DC, 10% al PRI, 8% al PS, 7% al PRSD y 3% al PPD (ver infografía).
El informe, en su tercera parte,  se concentra en el detalle de diez emisores. El primer caso analizado es el de Pablo Wagner, quien era subsecretario de minería cuando el gobierno de Piñera licitó nuevos derechos del litio. En agosto de 2012, una ejecutiva de SQM envió un mail a Contesse informándole una conversación con Wagner. Este le habría dicho que la solicitud de Contesse ya estaba resuelta. El reporte no encontró otra conexión con el proceso de licitación.
El segundo caso analizado es el de Fulvio Rossi. El reporte idenfitica a tres proveedores asociados al senador: Mariela Molina (con pagos por $ 43 millones), María Valentina Martínez ($ 20 millones) y René Madariaga ($ 16 millones). Todos ellos eran asesores de Rossi y facturaron a SQM en 2009, año de campaña electoral.
El informe sigue con Jaime Orpis, quien recibió los mayores aportes en dos fundaciones cuyos pagos no han sido objetados.
A Pablo Longueira, los abogados estadounidenses lo ligan con más de 20 supuestos proveedores que recibieron más de $ 730 millones entre septiembre de 2009 y marzo de 2015. Es el monto más alto.
El informe también alude a los DC Roberto León y Marcelo Rozas, el contador Luis Saldías, el abogado Roberto Guzmán, y finaliza con Giorgio Martelli y Cristian Warner.
Sobre Martelli, se enumeran los $ 246 millones recibidos por Asesorías y Negocios en 2012 y 2013.

miércoles, 20 de enero de 2016

LA LEY DE PESCA O LONGUEIRA COMIENZA A CAUSAR UN GRAN REVUELO POLÍTICO EN EL GOBIERNO Y EN EL PARLAMENTO

La propuesta de anular la controvertida Ley de Pesca, conocida también como "Ley Longueira", demandada por el Partido Comunista y la Izquierda Cristiana, produjo este miércoles un gran revuelo político porque la reacción en contra de la derecha, originó una petición de censura de la Mesa de la Cámara de Diputados liderada por el PPD Marco Antonio Nuñez.

Sin embargo, la UDI sufrió una de sus peores derrotas porque la solicitud gremialista recibió 24 votos a favor, 62 en contra y 11 abstenciones (de Renovación Nacional), lo que se hizo en una votación pública tras rechazarse la forma secreta para decidir la censura, que había sido  propuesta por el diputado UDI Jorge Ulloa.

Nuñez "tras salvar su pellejo" agradeció "la posición leal, constitucional, de la bancada de Renovación Nacional (que se abstuvo) y a los diputados de la UDI que no asistieron, y que ayer privadamente me comunicaron que no estaban de acuerdo con esta decisión de la jefa de bancada”, declaró inmediatamente después de la votación.
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Nuñez enfatizó en que se trata de “la votación más baja en una censura a la Mesa desde el año ’90, eso la UDI tiene que anotarlo como un fracaso“.
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Además el parlamentario indicó que “la UDI hoy ha insistido, en boca de su jefa de bancada María José Hoffmann, la decisión de ir en contra de estas reformas, de defender la colusión, de defender que aquellos que no cumplen con financiamiento regular de las campañas no vayan a la cárcel”.
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Nuñez aseguró que la admisibilidad de la anulación de la Ley de Pesca no se trata de un caso inédito, como se ha señalado, indicando como ejemplo el caso de la derogación de la Ley de Amnistía, insistiendo en que hay muchos otros elementos de juicio que fundamentan el que la admisibilidad la determine la Mesa, pero el fondo le corresponde a la Comisión de Constitución.
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Además, llamó a la calma, diciendo que aquí no se anuló una ley, puesto que, según explicó, resta la decisión de la Comisión de Constitución, de la Sala, de la Comisión de Constitución del Senado, de la Sala del Senado y del Tribunal Constitucional.
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“Esto no es Caracas, como decían algunos parlamentarios de la UDI, esto es Estado de Derecho, es la deliberación del Congreso Nacional, es la crítica a una ley altamente controvertida”, aseveró Nuñez.
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“Marco Antonio Nuñez emplazó al Gobierno a definir una posición con respecto de la Ley de Pesca, ya sea a través del envío de indicaciones a la ley existente o la presentación de una nueva ley. Es una decisión urgente que el Gobierno debe tomar”, expresó, asegurando que está confiado en que la Presidenta Bachelet instruirá a sus ministros, particularmente al de Economía, para tomar decisión y control sobre qué ocurrirá con la pesca en el país.

Por algunos instantes, previos a la votación, la Mesa de la Cámara decidió suspender la sesión, debido a la presencia de pescadores artesanales en las tribunas, lo que derivó en algunos incidentes menores y manifestaciones ante la intervención de algunos diputados, aunque no se ordenó el desalojo de la sala.

Ministro de economía: Es inconstitucional

El Ministro de Economía Luis Felipe Céspedes, de cuya repartición depende la regulación de la industria pesquera, admitió que está en contra de la moción declarada admisible ayer para anular la denominada "Ley Longueira". La iniciativa fue presentada a partir de las irregularidades descubiertas durante su tramitación, incluyendo la acusación de cohecho contra el senador ex UDI, Jaime Orpis quien reconoció haber recibido pagos de Corpesca.
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"Vamos a proponer modificaciones de forma tal de perfeccionarla y de que represente adecuadamente lo que son los derechos de todos los chilenos en esta materia, pero creemos que es importante mantener y validar lo que es la institucionalidad", aclaró Céspedes.
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Pero el ministro se preocupó de enfatizar que no apoyan la iniciativa que fue declarada admisible ayer en el Congreso. "Nosotros como gobierno consideramos que la moción que anula la Ley de Pesca es claramente inconstitucional y esperamos que la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados así lo determine", dijo según consigna La Tercera.
Esta posición está en sintonía con lo expresado este miércoles por los empresarios agrupados en la Confederación de la Producción y el Comercio.
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"Ni la ley ni la Constitución otorgan a nuestro Poder Legislativo la facultad de anular leyes. Lo ocurrido ayer con la Ley de Pesca, lamentablemente avalado por la presidencia de la Cámara de Diputados, constituye un peligroso intento por debilitar nuestro ordenamiento jurídico, contraviniendo el Estado de Derecho y el ordenamiento constitucional que nos hemos dado como nación" expresó a través de un comunicado la organización que preside Alberto Salas.
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"La única opción viable para continuar siendo un país serio y responsable, donde la certeza jurídica permita mantenernos en el camino al desarrollo, es respetando nuestro Estado de Derecho y conservando la supremacía de nuestras instituciones. Sería una absoluta irresponsabilidad avanzar en cualquier iniciativa que apunte en el sentido contrario", agregaron.
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Ofensiva de la industria y la oposición
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Ronchas ha sacado en el mundo de la industria pesquera y de los partidos de oposición la definición de la Cámara Baja de declarar admisible la solicitud del diputado Hugo Gutiérrez (PC), de anular la Ley de Pesca. Es así como se ha articulado un discurso de contraofensiva que apunta principalmente al precedente que podría significar el anular una ley y la inconstitucionalidad de la medida.

Francisco Orrego, presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), apuntó directamente a los autores de la moción, los parlamentarios de la bancada que forman el Partido Comunista y la Izquierda Cristiana. "Esta iniciativa del Partido Comunista no solo afecta al sector pesquero chileno en su conjunto, sino que también al país completo. Abre una alerta a otras señales económicas y productivas, que producto de iniciativas demagógicas y populistas sufran embates regulatorios como los que están detrás de esta moción. Lamentablemente, esta moción viene a afectar el clima de inversión y de certeza jurídica que al país tanto le ha costado construir", afirmó a La Tercera.
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Orrego acusó al grupo de intentar  replicar en Chile el modelo legislativo venezolano. "El Partido Comunista ha preferido elegir el camino corto del chavismo venezolano en vez de seguir el camino correcto del Estado de Derecho y las reglas democráticas", enfatizó.
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El dirigente gremial añadió que en el ordenamiento jurídico chileno no existe la posibilidad de que el Congreso anule una legislación. "Desde el momento en que el Congreso se atribuye facultades que son propias de otros poderes del Estado, hace que ese acto sea insanablemente nulo y, por ende, contrario a la Constitución", precisó.
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El presidente de la sociedad que agrupa a la industria pesquera, principal afectada por una eventual nulidad, recordó que la ley fue aprobada de forma contundente por el Congreso. "Durante la tramitación de esta ley en el 2012, la actual Ley de Pesca fue respaldada por 100 parlamentarios, diputados y senadores y solo 30 votaron en contra. Aún aislando ese voto, no creo razonable que la aprobación tan contundente y mayoritaria por parte del Congreso hubiese sido distinta. Los alcances que puede tener una medida como esta, desproporcionada e imprudente, son incalculables".
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Los vínculos de la UDI con el caso Corpesca se multiplican con el avance de la investigación de la Fiscalía. Esta vez surgen nuevos antecedentes sobre abogado y querellante en el caso Caval, Mario Zulmelzu, militante UDI, ex vocero de la campaña presidencial de Evelyn Matthei y asesor de parlamentarios de ese partido y de RN.  Según El Mostrador, Zumelzu fue nombrado por el ex gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, en su última declaración ante la Fiscalía el pasado 5 de enero reconociendo que Zumelzu realizó asesorías remuneradas para Corpesca durante el año 2012, las cuales le fueron pagadas en Unidades de Fomento (UF). Cuando le preguntaron si él o Corpesca mantuvieron un vínculo laboral con Zumelzu, 
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El diputado UDI, Ernesto Silva, aseguró que “Chile es un país donde todos tenemos que debatir, y si alguien quiere cambiar algo, que presente una propuesta para hacer el cambio. Pero en Chile hay dos cosas que no pueden pasar: uno, que alguien haga trampa para modificar las cosas a su gusto; y dos, que las autoridades no tengan carácter y no se pongan los pantalones”.
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“Y lo voy a decir con todas sus letras: el presidente de la Cámara de Diputados no tiene carácter porque hoy tenía que decir que este proyecto era inadmisible e invitar a quienes tenían una propuesta para cambiar esta ley u otra a presentar otra iniciativa legal”, enfatizó el parlamentario.
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Por otra parte el Jefe de Bancada de RN, diputado Alejandro Santana, aseguró que la decisión es una "falta de prolijidad, una irresponsabilidad, que gatilla que la Cámara de Diputados tome decisiones equivocadas, decisiones que son señales no solo para hoy, sino para el futuro".
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Siguiendo esta línea, el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), integrante de la Comisión de Pesca, aseveró que "el responsable ha sido única y exclusivamente el presidente de la Cámara de Diputados, que no ha tenido el suficiente coraje y liderazgo para hacer lo que correspondía hacer, que era declarar inadmisible esta norma".
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Según Fuenzalida, "con esta decisión nos transformamos en un Parlamento bananero", ya que deja "la puerta abierta" para que se empiece a pedir la nulidad de otras leyes. "Es una falta de seriedad absoluta", sentenció.
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Para Juan Carlos González, presidente del Sindicato Interempresas de Patrones y Capitanes de Pesca, "con esta decisión se rompe el Estado de Derecho que debe imperar en una democracia. Entramos en un escenario que ni siquiera está previsto en la Constitución ni hay normas para poder guiarlo. Es un hecho nunca antes visto que dañará a un sector laboral muy importante para el país (...). Esperamos, sin embargo, que prime la cordura”.
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Desde la Asociación de Industriales Pesqueros, ASIPES, indican que "han condenado los escándalos de financiamiento irregular a la política que han afectado a un senador y una ex diputada, pues son dañinos para el país y la democracia. Sin embargo, el planteamiento que el sector pesquero industrial pudo haber comprado una ley económica, 'vía el cohecho y la corrupción', es una afirmación temeraria y carente de toda veracidad, pues la actual Ley de Pesca obtuvo aprobaciones amplias y transversales de diversos actores políticos con representación parlamentaria".
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Finalmente, hicieron un llamado al Gobierno de Chile "para que efectúe todos los esfuerzos necesarios para que impere el Estado de Derecho y se evite una escalada mayor que signifique la destrucción de un sector económico que brinda empleo y desarrollo a más de 36 mil personas a nivel nacional".

CON POBRE RESULTADO CONCLUYÓ SUS LABORES LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE LA CÁMARA SOBRE EL CASO CAVAL

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Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles las conclusiones del informe emanado por la comisión investigadora del caso Caval, y que reunió el trabajo de las dos instancias investigadoras dedicadas al tema. Así por 102 votos a favor, la Sala de la corporación ratificó el texto que incluye críticas a Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos, nuera e hijo, respectivamente, de la Presidenta.

A la vez que pide la salida del administrador de La Moneda, Cristián Riquelme. Las conclusiones del informe, fueron previamente visadas por la comisión Caval II y la cual de forma transversal finalizó sus labores con un informe único de oficialismo y oposición. Salida de Riquelme de La Moneda.

El documento plantea la salida de Riquelme de su cargo en La Moneda, tras la polémica que generó que éste haya recibido en dependencias del palacio al gestor inmobiliario Juan Díaz y con quien se afirma "mantenía algún tipo de vinculación". En relación al hijo y nuera de la Presidenta, se critica su inasistencia a la comisión investigadora a pesar de las invitaciones de la instancia.
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Además, se aborda la idea de revisar la pertinencia de las labores de las fundaciones a cargo de la Dirección Sociocultural de la Presidencia, cargo que ocupó Dávalos anteriormente. Respecto a la empresa Caval dirigida por la nuera de la Presidenta y Mauricio Valero, el texto señala que "más que ser una empresa con un giro o experiencia en particular, dotada de un currículum y experiencia acreditable, dado lo variopinto de los negocios y actividades a los que se abocaba, así como las condiciones de trayectoria y de la idoneidad de los agentes que formaban parte de tal entidad, era mas bien una suerte de empresa de Lobby". Por otra parte, se añade que la entidad se veía beneficiada por sus contactos político-públicos, los que "le generaron en muy pocos años ganancias y contratos muy por sobre la media de empresas similares que realizan labores parecidas". 
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Además, el informe denuncia un "tráfico de influencias o abuso de poder por parte de Compagnon, lo que se desprendería de las discrepancias entre lo declarado por el matrimonio Compagnon-Dávalos y Andrónico Luksic". 

Finalmente, el informe además incluye una alusión al Gobierno por su falta de pronunciamiento sobre la permanencia del director administrativo de La Moneda, descartándose en la instancia incluir a Bachelet en tal situación. "Cabe hacer presente que hasta el día de hoy el Gobierno no se ha pronunciado acerca de la permanencia del director de Administración de La Moneda, quien todavía ejerce su cargo pese a lo dicho precedentemente ni ha instruido procedimiento disciplinario alguno a su respecto", dice el párrafo.
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El informe  –que ya había sido aprobado de forma unánime al interior de la comisión- dejó consignada la falta de colaboración con la indagatoria por parte de Dávalos,  la definición de Caval como una empresa dedicada al lobby y la "censura" sobre Cristián Riquelme, militante PPD, miembro del G-90 y director administrativo de la Presidencia de la República.


Riquelme es cuestionado por una serie de episodios, entre ellos el comentado borrado del computador de Dávalos, el haber recibido en el propio Palacio de La Moneda al ex operador político de la UDI Juan Díaz (quien gestionaba el pago de una deuda por parte de la emnpresa) y el haber recibido 32 millones de pesos en 2013 de parte del operador político de Nueva Mayoría Giorgio Martelli).
En el debate los diputados Felipe Ward (UDI) y Diego Paulsen (RN) criticaron con fuerza que Bachelet mantenga a Riquelme en el cargo, mientras Osvaldo Andrade (PS) defendió el "derecho a defensa" de éste, a la vez que destacó que "no en cualquier país del mundo se hacen investigaciones de este tipo, que involucran a familiares del Presidente de la República".
El informe final tiene 225 páginas y los parlamentarios Ward y Kort entregaron una copia del mismo al  fiscal jefe de O'Higgins, Luis Toledo, quien lo solicitó formalmente en un oficio enviado a Gabriel Silber (DC), presidente de la "comisión Caval".
"Aquí La Moneda tiene que recoger el guante. No podemos mirar para el techo cuando actúa el Congreso, y obviamente hay señales", dijo Silber.
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"La persona de Cristián Riquelme amerita, obviamente, sanciones, y hemos señalado en el propio informe unánime (una opinión) respecto de condicionar su permanencia en el cargo de jefe administrativo de La Moneda", destacó el legislador.
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En conversación con Radio Agricultura el 18 de enero el diputado de la UDI, Issa Kort, se refirió a los últimos antecedentes que surgieron del caso Caval que involucra a la nuera de la Presidenta Bachelet, Natalia Compagnon.

Con respecto a la posibilidad de solicitar una tercera comisión investigadora del caso, manifestó que “creo que tenemos que ser suficientemente responsables los parlamentarios y sobretodo los diputados que tenemos un rol fiscalizador (…) No sabemos dónde puede llegar su querer involucrar a gente de confianza de la Presidenta, aquí tenemos claro que existe una división en el círculo cercano a la Mandataria donde Caval más que unir ha dividido a este grupo”.
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A juicio de Kort, en primera instancia el hijo y posteriormente la nuera de Bachelet han utilizado sus declaraciones ante el Ministerio Público para involucrar a cercanos a la Jefa de Estado como el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y su actual jefa de gabinete, Ana Lya Uriarte.
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Ante esto sostiene que son ellos (Compagnon y Dávalos) quienes están planteando que el caso se encuentra en La Moneda, por lo que espera que el Ejecutivo realice una vocería donde desmienta o confirme información.
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El parlamentario de oposición hizo un llamado al gobierno a hacer pública toda la información que poseen y entregársela al fiscal a cargo de la investigación, Luis Toledo. “Nosotros hemos visto con sorpresa el mal manejo político que ha tenido La Moneda con respecto a este caso (…) han demostrado una actitud errática donde el propio hijo de la Presidenta de la República, el señor Dávalos, ha planteado un temor a lo que estaba desarrollando el vicepresidente ya que la Mandataria se encontraba de vacaciones”, indicó.
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Cabe mencionar, que Compagnon y más de 10 personas serán formalizadas el 29 de enero en el marco de la investigación.
BORRARON LA INFORMACIÓN DE LOS DISCOS DUROS DEL COMANDO DE APOYO A LA FUERZA DEL EJÉRCITO PERJUDICANDO LA INVESTIGACIÓN DEL MILLONARIO FRAUDE MILITAR


El general en retiro Héctor Ureta declarando en la Comisión de la Cámara  que preside el diputado Jaime Pilowsky (DC).
Los chilenos nos enteramos ahora que los discos duros en las computadores del Comando de Apoyo a la Fuerza del Ejército fueron borrados intencionalmente como denunció  el general en retiro Héctor Ureta, perjudicando seriamente la investigación sobre el millonario fraude al Fisco.
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En su segunda declaración ante la comisión investigadora de la Cámara por el caso de fraude en el Ejército con dineros de la Ley Reservada del Cobre, el general retirado reveló este supuesto borrado y la pérdida de valiosa información.
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Según el ex comandante, el hecho se habría producido justo en plena investigación del fraude que hasta ahora, se cuantifica en más de $6.600 millones de pesos en facturas ideológica y materialmente falsas.
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Preciso, como consigna este miércoles emol.com, que "el hecho se produjo mientras el coronel Clovis Montero y el cabo Juan Carlos Cruz se encontraban en prisión". El presidente de la instancia, Jaime Pilowsky (DC), advirtió la gravedad del hecho y criticó que el Ejército durante tanto tiempo no haya establecido sistemas de control para prevenir este tipo de hechos.
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"Es difícil pensar que sólo sean cinco los funcionarios involucrados, aquí hay una maquinación de varios funcionarios al interior del Ejército para hacer este millonario fraude y esperamos que el ministro en visita pueda avanzar en determinar otros responsables desde el punto de vista penal. Nosotros, por nuestra parte, avanzaremos en saber por qué no se tomaron las medidas adecuadas para haber evitado este tipo de hechos y quiénes fueron los responsables de aquello", precisó Pilowsky.
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El parlamentario además anunció la citación de todos los generales que estuvieron a cargo del Comando de Apoyo a la Fuerza desde el 2011 al 2015, organismo donde se han centrado las críticas por la falta de controles. A partir de lo expuesto por el general (r) Ureta, Pilowsky agregó que "algo pasó en el Comando de Apoyo a la Fuerza, que desde el año 2012 los controles que ya eran precarios, pasaron a ser simplemente inexistentes. Queremos saber quién y por qué se diluyeron los controles en el CAF".

Querella de Impuestos Internos

El 13 de enero último ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el Servicio de Impuestos Internos presentó la primera querella por delitos tributarios en el marco del caso de fraude en el Ejército.
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Se trata de una acción penal en contra del coronel Clovis Montero y el cabo primero Juan Cruz Valverde por supuestos delitos tributarios previstos y sancionados en el artículo 97 número cuatro inciso primero, relativos a la presentación de declaraciones falsas de impuestos. El perjuicio fiscal asciende a $ 153 millones. Ambos están en prisión preventiva por la justicia militar.
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La investigación transitó por dos esfera: En el mundo militar encargado al ministro en visita Omar Astudillo. En esta instancia han sido sometidos a proceso cinco uniformados (dos de ellos son querellados hoy por el SII): Clovis Montero (coronel), Juan Carlos Cruz (cabo 1°), Millaray Simunovic (sargento 2°), Miguel Escobar (sargento 1°) y Claudio González (suboficial). Todos ellos por el presunto delito de defraudación fiscal y falsedad documentaria, en calidad de autores. Sólo los dos primeros están en prisión preventiva.

La denuncia y los hechos 
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En enero de 2014, mientras el coronel Montero, que cumplía funciones en el Comando de Apoyo a la Fuerza del Ejército, puso en marcha un plan que prometía ser perfecto. Previo acuerdo con el proveedor Francisco Huincahue, presentó facturas adulteradas por concepto de reparaciones en vehículos militares que en realidad nunca se realizaron. 
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El monto defraudado en este primer movimiento sería de 50 millones 041 mil 080 pesos, el que se repartió entre el coronel Montero, el propio Huincahue y el cabo Juan Carlos Cruz, quien facilitó el trámite como auxiliar contable en la Dirección de Finanzas del Ejército.
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Como señala un reportaje de Radio Universidad de Chile, con esta primera y exitosa operación, el coronel Clovis Montero se propone repetirla. La Abastecedora de Repuestos Frasim LTDA., de propiedad de Francisco Huincahue, era un proveedor oficial del Ejército, por lo que sus reiteradas facturas no levantarían sospechas. Según los antecedentes presentados por la defensa del cabo Juan Carlos Cruz, el Coronel le informa que debe repetir las mismas acciones que realizó con el fraude anterior, y que consistían en simular fases de visto bueno en los documentos mercantiles. “Accedí ante la insistencia y presión de mi superior”, declara el cabo. “Pero esta vez la acción no pasó inadvertida para el Tesorero del Ejército”, agrega.
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Las nuevas seis facturas fraudulentas, que sumaban 53 millones 041 mil 750 pesos, fueron ingresadas con celeridad para su pago. Eso advirtió al Tesorero del Ejército, quien preguntó al Cabo quién enviaba las facturas a cobro. El cabo Juan Carlos Cruz confiesa lo ocurrido a sus superiores y se inicia un proceso en su contra.
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Por tratarse de una repartición castrense, el caso presenta diferentes complejidades para su tramitación en manos de la justicia. La arista militar, que involucra a los dos funcionarios del Ejército, es llevada por la fiscal militar Paola Jofré, en la Sexta Fiscalía Militar de Santiago. La arista civil, que involucra al proveedor que facilitó las facturas por servicios no prestados, es llevada por la fiscal jefe de Santiago Ximena Chong, de la Fiscalía Centro Norte. Ambas causas procesan a los implicados por fraude al fisco, mientras que los militares deben responder además en su calidad de funcionarios públicos.
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Por su parte, en el resguardo de los intereses fiscales patrimoniales, el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte querellante. Consultado este organismo por la Radio de la Universidad de Chile, se dijo que la investigación ha debido remontarse al menos hasta el año 2013.
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El Comando de Apoyo a la Fuerza es un organismo dependiente de la Comandancia en Jefe, responsable de responder a las necesidades materiales y de personal del Ejército. A su cargo está la adquisición de equipamiento, incluyendo vestuario, pertrechos, infraestructura y material bélico. La mayoría de estos ítems son financiados con fondos de la Ley Nº13.196 Reservada del Cobre, que en su Artículo 5º establece que un 10 por ciento de las ventas del cobre serán destinadas a la adquisición y mantenimiento de “los materiales y elementos que conforman el potencial bélico de las instituciones armadas”.

El reconocimiento de los hechos

El general Héctor Ureta, comandante de la División de Mantenimiento del Ejército, desató una verdadera guerra al interior de su institución en diciembre de 2015, luego que revelara en un correo masivo cómo se produjeron las oscuras y millonarias defraudaciones con los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre, el mayor escándalo de corrupción militar desde el retorno a la democracia.
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“Hay todo tipo de responsabilidades, tanto legales, administrativas y de mando”, sostuvo Ureta, a días de ser llamado a retiro, afectado por una serie de acusaciones que enlodan su carrera y mantienen en prisión a dos de sus colaboradores, la sargento Millaray Simunovic y el suboficial Claudio González Palominos.
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En un mensaje de varias páginas, el general Ureta apuntó sus críticas al mando del Ejército y al polémico Comando de Apoyo a la Fuerza, la repartición a cargo de gestionar en reserva los recursos que anualmente entrega Codelco para la compra de armas. “A la División de Mantenimiento no le robaron”, recalcó el oficial.
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El general Ureta, alegando la defensa de su unidad y prestigio, no trepidó en revelar los más íntimos secretos de cómo son administrados los polémicos fondos destinados a la compra de armamento. Tampoco dejó de subrayar los hechos que a su juicio le sirven de parapeto ante las investigaciones judiciales en curso.
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“De las más de 1.200 facturas falsas, actualmente en investigación por parte de la Fiscalía (Militar), no existe ninguna de ellas que haya sido tramitada para pago por los diferentes organismos y jefaturas de la División de Mantenimiento”, recalcó.
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Sin ambages, el general afirmó además que en el Ejército “existía una red de personas que desde diferentes lugares entregaban facturas (ideológicamente falsas) al personal del Comando de Apoyo a la Fuerza”, la unidad a cargo de tramitar los pagos con fondos de la Ley Reservada del Cobre.
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En ese punto, su versión coincide con las investigaciones que sustancia la VI Fiscalía Militar desde 2014. Es decir, la corrupción en torno a los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre era una práctica extendida al interior del Ejército, no sólo la argucia de los cinco militares detenidos hasta ahora en el Regimiento de Policía Militar.
Sin embargo, Ureta no hizo ninguna mención a la captura de dos de sus colaboradores como supuestos miembros de esas redes que precisamente denuncia, las que tienen a civiles y militares involucrados en sendos procesos judiciales en la justicia civil y militar.