8-11-13-KRADIARIO-877
PIÑERA GOBIERNA CON DOBLE ESTÁNDAR
Por Patricio Herman (*)
Desde hace mucho tiempo estamos entregando ejemplos
clarísimos que denotan la indebida injerencia de los actores más poderosos
del mercado del
suelo y ello es así porque los que ejercen el poder, por delegación de los
votantes, entienden que facilitándose, eufemísticamente “desburocratizándose”,
la tramitación de sus millonarios proyectos de inversión se genera crecimiento
económico, el que automáticamente se asocia con el desarrollo. Incluso hay una
oficina radicada en el Ministerio de Economía cuya misión es preparar
ingeniosas fórmulas para viabilizar proyectos non sanctos.
Nos declaramos a favor del sistema de libre mercado
con un Estado de
verdad, en donde los actores que se desenvuelven en los distintos sectores de
la economía compitan en igualdad de condiciones para que así se asignen
correctamente los recursos, lo que lamentablemente no acontece en nuestro país.
Por el contrario, con una imperfecta democracia, los funcionarios públicos no
ejercen sus atribuciones porque se privilegian las picardías de los más
habilidosos quienes, con sus pechugones abogados, interpretan a sus anchas las
disposiciones legales. En Chile, mientras más poderosas sean las empresas, más
se aprovechan de los consumidores y ello sucede justamente porque no operan las
autorregulaciones de los mercados ni funcionan las instituciones, es decir,
estamos regidos por la ley del más fuerte.
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Con la tendencia a
buscar el crecimiento económico por cualquier medio se llega a un PIB alto, a
nivel latinoamericano, y así Chile es reconocido por las instituciones
financieras internacionales y los gobernantes quedan felices. Las
organizaciones gremiales empresariales siempre han sido contrarias a la
existencia en una legislación que contemple el Ordenamiento Territorial, con la
cual se rayaría la cancha para las distintas iniciativas productivas y es muy
sintomático que en la actual campaña presidencial no se hable de una ley de
este tipo, como tampoco de la referida a la captura parcial, por parte del
Estado, de las plusvalías que se producen con los cambios en los usos de suelo
y de las normas de edificación. Hoy en día, como corresponde a un país
fanáticamente neoliberal y mercantilista, en este ámbito de materias, todas las
ganancias derivadas de tales decisiones públicas son exclusivamente privadas.
Ahora bien, el 30 de octubre recién pasado, Piñera
finalmente firmó el texto definitivo, modificado a última hora por presiones
del sector privado, del Decreto que le da el vamos a la Política Nacional
de Desarrollo Urbano (PNDU), creando en paralelo un Consejo Nacional de
Desarrollo Urbano cuyos integrantes todavía no se conocen.
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En todo caso, bajo la dictadura de Pinochet existió un
Decreto similar originado en 1985 sobre esta materia, aunque bastante más
rudimentario, el que obviamente no produjo ningún efecto práctico y, por ello,
como la Concertación no le dio la más mínima importancia a la planificación
territorial, en el año 2000 fue derogado, mientras Claudio Orrego ejercía como
ministro de Vivienda.
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Se supondría que, a partir de ahora, con esta hoja de
ruta meramente indicativa, se harán los cambios legales
y reglamentarios para que en nuestro país tengamos políticas públicas urbanas
democráticas y sustentables, lo que es difícil pero no imposible si aquellos
que ejercen el poder en materias de ciudad entienden que hay que detener el
despelote que nos agobia.
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Elaboraron por más de un año ese documento 28
profesionales de confianza de Piñera, casi todos arquitectos, consultores
inmobiliarios, ingenieros, académicos, representantes de la Cámara de la
Construcción y algunos diputados. Era un grupo bastante transversal en lo
político e ideológico, aunque cargado al mercado, lo cual es bastante lógico
porque este es el sistema económico imperante en Chile. Si esta PNDU es un
instrumento de Estado, como lo esperamos, y si se empiezan a hacer bien las
cosas, en unos años más podríamos tener ciudades a escala humana, sin
segregación, lo cual sí es signo de desarrollo.
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Hemos tomado conocimiento por la prensa que esta
política tiene como ejes la integración social, el desarrollo económico con
reglas claras, el equilibrio ambiental con planes de efectiva forestación,
respetándose el patrimonio histórico y con una institucionalidad moderna que
facilite la participación ciudadana, aunque nada se dice de la creciente
corrupción que se observa en el sector de la construcción, la que, por lo
demás, es de mal gusto reconocerla y por ello no es cubierta por los medios
tradicionales.
Nos agradó la creación de los gobiernos metropolitanos
con verdaderas atribuciones para las regiones de Santiago, Valparaíso y
Concepción, los cuales atacarán frontalmente las desigualdades y guetos
existentes. Lo precedente también será una efectiva medida para que las
diferentes agencias públicas actúen coordinadamente en sus relaciones con los
innumerables actores privados que se desenvuelven en el negocio de la
explotación del recurso suelo. Ante el futuro escenario no se podrán repetir
experiencias como el fallido Transantiago y se reducirán en gran medida los
conflictos con las comunidades porque éstas serán interlocutores válidos en las
evaluaciones sociales de proyectos.
Ahora bien, no sabemos si fue por una cuerda y
coherente decisión del actual gobierno, teniéndose en cuenta el inicio de esta
PNDU, o por otra razón derivada de la incompetencia técnica de los funcionarios
que han estado elaborando el proyecto PRMS-100, que modifica el uso de suelo de
10.000 hectáreas agrícolas para transformarlas en urbanas en esta saturada
región, hemos tomado conocimiento del Oficio Nº 205 del 17/10/13 enviado por el
intendente Juan Antonio Peribonio al Contralor General Ramiro Mendoza, mediante
el cual retiró la solicitud de toma de razón de la Resolución Nº 125 del 13/09/13
del Gobierno Regional Metropolitano referida al cambio en comento.
En todo caso, dejamos en claro que tal PRMS-100 fue
aprobado con burdos resquicios legales por el Consejo Regional (CORE)
Metropolitano, presidido en aquel entonces por Fernando Echeverría, amigo de
Piñera y actor inmobiliario interesado por razones obvias en la expansión
urbana. Y el locuaz Presidente cometió el exabrupto de felicitar públicamente a
Echeverría en la fecha en que el CORE votó favorablemente ese proyecto.
Recordemos que este cambio en la reglas del juego se
originó en el año 2006 y lo que busca es crear unas denominadas Zonas Urbanas
Condicionadas (ZUC) en terrenos de 60 hectáreas y el ente fiscalizador, a pesar
de las presiones ejercidas por los gobiernos de Bachelet y Piñera, no ha podido
aprobarlo por contener diversas incoherencias, omisiones e irregularidades de
forma y fondo y, más encima, se desconocen los nombres de aquellos particulares
que el gobierno intenta beneficiar con las consiguientes plusvalías territoriales.
Todos aquellos que nos familiarizamos con esta
temática sabemos que las llamadas “condiciones” para permitir los negocios
inmobiliarios en extramuros son una fantasía y el mejor ejemplo lo tenemos con
los archiconocidos conflictos entre actores privados en la comuna de Lampa con
unas inmensas Zonas con Desarrollo Urbano Condicionado (ZODUC), introducidas en
el año 1997 en el PRMS, porque las mentirosillas “condiciones” no se han
cumplido, y como no hay sanciones en la normativa ad hoc para
los infractores, seguramente no se cumplirán.
Pero recién hemos sabido, por la consejera regional DC
Eva Jiménez, que el gobierno acaba de volver a la carga con su especulativo
PRMS-100, cuando lo lógico hubiera sido que se archivara para que así el
próximo gobierno decidiera en consciencia. Es más, dadas las innumerables
objeciones formuladas por la Contraloría a esta expansión urbana era evidente
que el nuevo CORE, cuyos futuros miembros serán elegidos con el voto popular,
lo que antes no sucedía, tenían el deber ético de votarlo, ello porque el texto
actual de la modificación es muy distinto al anterior.
Como vemos, por un lado, en La Moneda se habla de una
espectacular PNDU y, por otro lado, se procede con pillerías para satisfacer
las pretensiones de ganancias fáciles e ilegítimas para privados allegados a
las cúpulas del poder político, ello por cuanto el inicuo PRMS-100 pasa por
alto precisas disposiciones de esa sana PNDU, razón por la cual sostenemos, sin
temor a equivocarnos, que este doble estándar ha dejado muy mal parado al
Presidente Sebastián Piñera.
(*) Presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad
