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miércoles, 10 de agosto de 2016


LA LOCURA DEL PODER
Por Camilo Escalona

El acto de mayor vesanía y locura del poder es el genocidio y su instrumento operativo el terrorismo de Estado, pero pueden haber más, muchas más manifestaciones del descontrol, de la pérdida de las proporciones y del equilibrio que poseen, en lo esencial, las personas normales y que se extravían por causa de un agente terrible: el poder.
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En efecto, individuos grises y aburridos se vuelven habladores y petulantes, otros tímidos y retraídos pasan a ser patudos y arrogantes, algunos mal vestidos y descuidados se convierten en señores de trajes a la medida, corbatas de seda y mocasines italianos.
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Hay también los que nunca viajaron y se transforman en embajadores itinerantes. Personas  modestas se marean de ambiciones. Se ha comprobado que el poder provoca graves e insólitos delirios de grandeza, trastornando la conducta de las personas.

En el ámbito de la burocracia, de mañas de menor impacto como saltarse el
orden de atención del público favoreciendo a alguna persona conocida, se pasa a conductas de aprovechamiento de las posiciones de poder, las que cuando se extienden y adquieren un volumen desmesurado causan gran escándalo, enorme rechazo y vergüenza, como ha ocurrido en el último tiempo.
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Por ejemplo, los viajes de turismo camuflados como capacitación de buena parte (no todas) de las comitivas de concejales, en forma benevolente, alguien podría decir que no están siquiera cerca del daño generado por las coimas destinadas a manipular la aprobación de la ley de Pesca, o los pagos de SQM u otros escándalos, pero son una flagrante burla a la fe pública que resulta totalmente inaceptable, por que esos recursos se desvían de su objetivo en municipios con severas carencias en sus comunidades, donde modificar prioridades como la pavimentación por viajes al Caribe es un despropósito total.
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Los Facebook mostrando las barrigas  bronceadas de los viajeros, gozando del sol en una hermosa playa con un buen trago en la mano, o tratando de llevar el ritmo tropical en una disco, son en el hecho una bofetada al electorado y a muchos otros concejales que no son frescos ni aprovechadores, y se esfuerzan en el ejercicio de sus tareas. Es la locura que genera el poder.
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Entre estas conductas licenciosas, que se convierten en corrupción, se insertan el financiamiento irregular de las campañas y el enriquecimiento ilegal e indebido que le acompaña, ya que la investigación de los casos Penta, SQM y Corpesca, confirman que esos flujos de dinero no hacen más que engrosar el patrimonio individual de los comprometidos en tales componendas.
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De igual manera, personas que no destacan por afanes de figuración personal, se tientan en el ejercicio de sus cargos, es decir caen en la locura del poder, cuando se les agencian o ingenian para tramitar voluminosas pensiones que les enriquecen, o cuando se asignan grados jerárquicos en las escalas de los servicios públicos que no les corresponden, o cuando en municipios u otras reparticiones se favorecen licitaciones o diversas adjudicaciones de servicios para ser retribuidos con una "coima".
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Asimismo, incrementar de modo artificial la agenda de viajes pagados institucionalmente, y recibir abultadas retribuciones en pago de viáticos que aumentan dietas, cuyos montos ya están altamente cuestionados es otro hecho que indica como se va perdiendo la perspectiva, el abuso de poder parte de modo ocasional para llegar a ser reiterado después, abriendo el divorcio con la realidad que afecta a muchos altos cargos o figuras con responsabilidades políticas de representación popular, parlamentaria o de gobierno.
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Un síntoma de la separación con los mortales de carne y hueso que rodea estos abusos, es la exigencia de una defensa corporativa hacia las malas prácticas y los actos de corrupción. Es paradojal como los que meten la pata a fondo, después reclaman apoyo y si no lo consiguen se enfurecen, culpando a los demás de las ingratas consecuencias que les acarrean el oportunismo, el aprovechamiento o, lisa y llanamente, la corrupción.
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En suma, esta probado que sin control ni fiscalización, sin fuerzas sociales atentas, sin Partidos políticos vigilantes y moralmente habilitados, las propias defensas de las personas se va adormeciendo y, al final, les resulta mucho más placentero gozar de este conjunto de demasías, que rectificar a tiempo las malas prácticas. El poder es una droga poderosa, cuyos excesos producen un fatal acostumbramiento.
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Por eso, que la reproducción perpetua de los mismos personeros en los mismos mandatos, funciones y jerarquías conlleva un gran riesgo para mantener la responsabilidad social y política de las personas y las instituciones, para no caer en la locura del poder, la que corrompe y trastorna incluso a aquel que parece el más firme y consecuente servidor público.
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Ya no cabe duda alguna que tanta trampa para satisfacer la codicia, que el enriquecimiento indebido de los funcionarios públicos daña y debilita profundamente la democracia y el sistema político, los que deben responder prontamente tapando y cerrando las innumerables "cañerías" que se han inventado para sustraer los recursos fiscales con fines de aprovechamiento individual.
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Hoy, la democracia chilena está ante un desafío sin precedentes, se debe restablecer la meritocracia, respetar las trayectorias individuales y no atropellar las personas relegándolas a un rol de menoscabo o subalterno para beneficiar a algunos por simple amiguismo.
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No se puede seguir una política de ascensos por "pituto"; hay que cesar privilegios y sueldos desmedidos, se requiere honestidad y transparencia para vencer la locura del poder, derrotar la corrupción y reponer el pleno imperio de la probidad en la función pública.

Historia del crimen y la tortura
EX AGENTE DE LA DINA MARIANA CALLEJAS FALLECIÓ CON 84 AÑOS EN UNA CASA DE REPOSO EN LAS CONDES

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La escritora Mariana Callejas, ex agente de la DINA de Pinochet, falleció a los 84 años en una casa de reposo en  la comuna de Las Condes de la Región Metropolitana.

Callejas fue acusada de participar directamente, junto a su ex esposo Michael Townley, en diversos crímenes, como el asesinato del general Carlos Prats en 1974 en Buenos Aires y en las muertes de Orlando Letelier y su secretaria Roni Moffit en 1976 en Washington.

De acuerdo a declaraciones realizadas por el fallecido torturador de la DINA Manuel Contreras y también por el mismo Townley, Callejas fue quien apretó el botón de la bomba que causó la muerte del matrimonio Prats.

Por su participación en la muerte del ex comandante en jefe del Ejército, Callejas fue sentenciada a 20 años de presidio en 2008, sentencia que posteriormente fue anulada, beneficiándola con una pena de cinco años sin cárcel.

Callejas también fue acusada de asociación ilícita en el caso del asesinato del diplomático español Carmelo Soria, cuya hija Carmen criticó duramente que la ex agente muriera en impunidad.

"Así ha ido sucediendo con algunos violadores de los derechos humanos, que se van muriendo y no han cumplido condenas. Eso es responsabilidad absoluta de la justicia y del estado chileno. No hay justicia. Los violadores de los derechos humanos reciben pensiones que las pagamos los chilenos. Este país está podrido", afirmó Soria.

El mismo reproche emitió Alicia Lira, de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos: "Ella es la que más puede representar la impunidad que hemos vivido estos 43 años desde el golpe cívico-militar: Una persona que fue parte de la DINA, que es responsable de varios crímenes y jamás estuvo presa".
La escritora
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Una crónica inédita del periodista y escritor Cristóbal Peña relata su último encuentro con Mariana Callejas en 2010. Sus intentos por enterrar las huellas que impedían que sus cuentos se publicaran y el morbo de quienes se acercaban a su casa en Lo Curro, ya solo habitada por conejos y fantasmas,  recordaban el horror que allí se vivió. La muerte, la soledad, ternura y tortura, se mezclaban en una ficción que parece memoria colectiva. El telón de fondo para los últimos años de la mujer marcada por el puño de acero de la DINA.
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En esta crónica se recuerda que en la segunda mitad de los años noventa, cuando era prácticamente una sombra de las letras chilenas, un mito, un fantasma, Mariana Callejas volvió a la carga. Aconsejada por Carlos Iturra, hizo llegar a editoriales una carpeta con un conjunto de cuentos inéditos presentados con el verdadero nombre de la autora y el título New York, New York. La iniciativa generó reacciones encontradas en el mundo editorial chileno.
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Carlos Orellana, quien en ese entonces oficiaba de editor en Planeta (falleció en 2013), recuerda haber recibido los originales de manos de la propia autora. Lo que sintió al verla aparecer por su oficina, fue “una cosa helada, de frío glacial, como si hubiera entrado un ser de ultratumba. En algún momento ella fue atractiva, pero estaba convertida en un despojo humano. Se notaba que se sentía no diré perseguida, pero sí rechazada, como que esperaba de antemano la negativa”.
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En efecto: Orellana no se tomó la molestia de leer los originales. Ni siquiera por curiosidad. Le advirtió de antemano que no había ninguna posibilidad de publicarla en esa editorial, pero como tampoco era su propósito ofenderla, le dio a entender que no era nada personal. “No me sonrojo: la decisión fue política. Para mí era un personaje marcado por la huella de la infamia”.
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A Editorial Sudamericana los originales llegaron por intermedio de un tercero y quien primero los leyó fue el escritor Germán Marín. “Fíjate que no eran nada de malos esos cuentos. Me gustaron. Varios de ellos transcurrían en Nueva York y eran de una ternura infinita”.
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Marín era director editorial y recomendó publicarlos. La decisión quedó en manos de Arturo Infante, gerente general, quien leyó los cuentos y consideró que eran buenos. Pero tenía dudas. Entonces vino el debate, recuerda Infante,  gerente de Catalonia:
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-Germán (Marín), que es un provocador, quería publicarla y me daba decenas de ejemplos. Decía que si es por consideraciones políticas, jamás se habría publicado a Celin. Ante la duda yo releí los cuentos y consideré que eran buenos, que la mujer tenía un talento literario indudable, más que muchos escritores chilenos, pero consideré que ese talento se hacía relevante por las condiciones de ella. Tendría que haber sido genial y no era para tanto. Al final, su caso judicial se complicó y no la publicamos.
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No es fácil separar a la escritora de la agente de la DINA. No hay cómo. Su estigma le ha valido un sello legendario que desafía los límites y despierta curiosidades perversas. Infante, el ex gerente de Editorial Sudamericana, recuerda que en esos días en que debatían con Marín los pro y contra de publicarla se vieron tentados a citarla a la editorial para conocerla en persona. Había un propósito morboso en ese impulso, admite el editor, pero se contuvieron para no comprometerse.
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Tomás Mc Hale, ex editorialista de El Mercurio, supo por ella del libro inédito y le prometió recomendarla ante José Manuel Zañartu, de Editorial Zigzag.
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No fue promesa de una noche. Zañartu recibió los originales y se enfrentó ante un dilema: “Efectivamente me trajo un libro de cuentos muy bien escritos pero espantosamente tristes, de gente muy miserable, y el lector le hace el quite a esos temas. Es el típico libro bueno que no vende nada. Esa fue la única razón por la cual no lo publiqué”.


Los días están contados
LA SUSPENDIDA PRESIDENTA ROUSSEFF A PUNTO DE SER DESTITUIDA RECURRE A LA OEA COMO ÚLTIMO RECURSO
Lapresidenta  suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, apeló ante la Organización de Estados Americanos (OEA) ante el peligroso avance en el Senado del proceso de destitución.
La demanda fue presentada por su Partido de los Trabajadores (PT) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde se explica que la mandataria aparece entre los firmantes en calidad de "víctima" de un proceso "ilegal".
Los diputados Paulo Pimenta y Paulo Teixeira, ambos del PT, explicaron que la demanda ha sido preparada por juristas brasileños y argentinos y exige a ese organismo de la Organización una medida cautelar que "suspenda" el juicio político, hacia el cual el Senado ha dado un nuevo y casi paso definitivo.
Esta madrugada, el pleno del Senado aprobó por 59 votos frente a 21 un informe que acusa a Rousseff de irregularidades fiscales, con lo cual el proceso se encamina hacia su conclusión.
La última fase será una nueva votación en el Senado, en el que sus 81 miembros decidirán si finalmente la mandataria es destituida, para lo cual será necesaria una mayoría calificada de 54 votos (dos tercios), superada con cierta holgura esta madrugada.
La fecha para esa última sesión será fijada en los próximos días por la Corte Suprema, que deberá convocarla para fines de este mismo mes.
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La defensa de Rousseff, así como la demanda presentada a la OEA, niegan los cargos contra la mandataria, acusada de irregularidades presupuestarias, contratar créditos para el Gobierno con la banca pública y emitir decretos que alteraron los gastos sin autorización del Congreso, todo lo cual está vetado por las leyes brasileñas.
Sin embargo, la defensa sostiene que en ninguno de esos casos hubo una "participación directa" de Rousseff ni hubo dolo, que en su opinión serían requisitos fundamentales para sostener la acusación.
Desde junio pasado, la CIDH tiene como secretario ejecutivo al brasileño Paulo Abrao, quien ocupó el cargo de secretario nacional de Justicia durante la gestión de Rousseff.
En mayo pasado, antes de que Abrao asumiera, la CIDH se pronunció sobre la situación de Brasil y expresó "preocupación" por algunas medidas adoptadas por el presidente interino, Michel Temer, quien sustituye a Rousseff desde ese mismo mes.
Aunque no se refirió directamente al proceso, el comunicado de la CIDH sí citó el Artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en una aparente crítica al juicio político.
Ese artículo dice que "la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público" y "se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto".
Mucho más enfático ha sido el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, quien visitó dos veces a Rousseff antes de que fuera suspendida para expresarle su plena solidaridad.
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En una de esas visitas, en abril pasado, Almagro declaró que el juicio contra Rousseff tiene un marcado tono "político", carece de "certezas" jurídicas y siembra "dudas" entre los miembros de la OEA.
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En ese marco, también subrayó que "no existe una acusación de carácter penal contra la presidenta, sino que se la acusa de mala gestión de las cuentas públicas", lo cual consideró "insuficiente" para llegar a una destitución en un régimen presidencialista.
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Con la acción iniciada hoy ante la CIDH, Rousseff se suma a su padrino político y antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, que también le ha dado dimensión internacional a sus problemas con la Justicia brasileña, que lo investiga por sospechas de corrupción.
Hace dos semanas, el ex presidente llevó esos asuntos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que tiene sede en Ginebra y ante el cual denunció la "persecución política y judicial" que dice sufrir en su país.

¿Supuesta candidatura estaría en riesgo?

FISCALÍA ARGENTINA CONFIRMA REQUERIMIENTO DE IMPUTACIÓN EN CONTRA DE SEBASTIÁN PIÑERA


La fiscalía argentina confirmó a Radio Bío Bío que envió un requerimiento de imputación en contra del expresidente Sebastián Piñera por el presunto pago de coimas de LAN a funcionarios trasandinos en el marco del proceso de inicio de operaciones de la aerolínea en ese país.
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La causa está tomando impulso a raíz de un requerimiento presentado por el fiscal Ramiro González al juez de instrucción Rodolfo Canicoba Corral. En la solicitud, el persecutor presentó la denuncia que recibió de parte de una ciudadana venezolana que habita en Argentina y, junto a ello, se requiere una serie de medidas para recabar pruebas y verificar si los hechos expuestos por la denunciante son reales.
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La denunciante, Gledys Stailes Cadenas Vega, en 2013 presentó una denuncia civil contra LAN -ahora Latam- por el extravío de un equipaje. Ante el fiscal, la mujer dijo que LAN realizó pagos para disciplinar a los sindicatos a través de sobornos.
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Por esta razón, el fiscal resuelve imputar imputar al exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime (actualmente detenido por otras causas), su exjefe de gabinete Manuel Vásquez y el exministro Julio de Vido.
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A ellos se suma Ignacio Cueto, gerente general de Latam, y Sebastián Piñera en su calidad de accionista mayoritario y director de la compañía en el momento en que se denuncian los hechos.
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Según la denuncia, en el reporte anual de LAN elaborado por la consultora PricewaterhouseCoopers, se desprende que LAN Argentina es controlada por LAN Airlines, acusando a esta última de ser un grupo empresario y político dedicado a estafar y lavar dinero.
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Añade que Sebastián Piñera sería quien autorizó el pago de coimas a Ricardo Jaime con la aceptación del ministro Julio de Vido, y que la empresa realizó el pago a través de una consultoría privada Caesa, de Manuel Vásquez, por supuestas asesorías. Estos fondos se habrían destinado a bajar la presión sindical en la aerolínea.
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La denuncia consigna la multa por cerca de 20 millones de dólares que cursó la Securities and Exchange Comission (SEC) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos por registrar de forma incorrecta los pagos en la documentación contable de la compañía, infringiendo así la normativa sobre prácticas corruptas (FCPA) que deben respetar las empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York.
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Además, se menciona a Ernesto Ramírez, ejecutivo de LAN, atribuyéndole la negociación del pago de coimas y que estaba junto a Piñera presentando el proyecto de LAN Argentina al fallecido presidente Néstor Kirchner en la Casa Rosada, en mayo de 2005.
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El fiscal Ramiro González tomó la denuncia y la remitió para que se ordene la producción de prueba.
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En particular, el fiscal requiere los balances contables de LAN en 2005, 2006 y 2007, el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y también se le requiere información a la Inspección General de Justicia local y a la Administración Federal de Ingresos Públicos. Por último, se pide información a Caesa, consultora involucrada en esta denuncia.


COLUMNA DE OPINIÓN DEL EDITOR
JUBILACIONES DE HAMBRE: LA SOLUCIÓN DEBE SER AHORA

Por Walter Krohne


La ineficiencia del gobierno ha quedado demostrado una vez más esta semana en lo que es ya una tendencia histórica que no tiene vuelta. Esto explica el bajo apoyo  que Michelle Bachelet tiene entre los chilenos que en la última encuesta Plaza Pública Cadem se estimó en sólo 19 por ciento.
El común denominador de la autoridad no es otro que buscar los caminos para dilatar la solución de los problemas.
¿Cuánta discusión inútil, interpelación y críticas se hubiesen evitado si la Presidenta o la ministra  o a quien corresponda, hubiese adoptado medidas urgentes para investigar las altas pensiones en Gendarmería o de la serie de muertes no aclaradas en su totalidad en el Servicio Nacional de Menores?
Tuvo finalmente que intervenir la Contraloría para al menos resolver el tema de las altas pensiones, como lal de Myriam Olate que ha recibido mes a mes más de 5 millones de pesos de jubilación, mientras el promedio en Chile es de entre 100.000 y 200.000 pesos.
Lo mismo ha ocurrido con la reforma tributaria, la reforma laboral y la reforma educacional;  todas han terminado o están a punto de terminar en un gran fiasco. Las protestas son múltiples porque la dirección que lleva La Moneda en este largo camino es muy diferente a las necesidades del país, de los jóvenes y de las familias chilenas. Lo que se ha conseguido aquí es un cúmulo de leyes que no conducen a objetivos centrales y concretos, como son el mejoramiento sustancial de la calidad educacional y la gratuidad  universitaria del cien por ciento de los más vulnerables. A lo más, con suerte, se espera llegar a un 50% si es que lo permite el presupuesto fiscal y sin saberse hasta cuándo.
Tampoco fue posible hacer la reforma por partes o en etapas dentro de un proceso en serie de largo plazo, lo que ocuparía más tiempo en su concretización. Justamente es a esto a lo que se opone la influyente mentalidad de “retroexcavadora” existente en la actual administración,  porque no permitiría que sean también otros gobiernos y políticos que participen y puedan beneficiarse con los logros de una reforma tan fundamental. 
La nueva "batalla" que viene

Para colmo anoche ha comenzado un nuevo proceso, más complicado que el tributario, laboral y educacional,  como es el tema de poner fin a las pensiones de hambre que mayoritariamente reciben los chilenos con el sistema AFP y no de reparto.

Los puntos claves de este proceso son cuatro: 1. Fortalecer el carácter solidario del sistema, con uno mixto y tripartito. Para ello, con cargo exclusivo al empleador, se aumentará gradualmente en 5 puntos porcentuales la tasa de cotización en un plazo máximo de 10 años. Este aumento en la cotización, permitiría crear un pilar de ahorro colectivo solidario. Una parte de éste permitirá incrementar las actuales pensiones y otra parte será destinada a lograr más equidad en las pensiones futuras.  2. En cuanto al cobro de las comisiones en los periodos de rentabilidades negativas (inversiones externas de los fondos), se propondrá que éstas sean devueltas a las cuentas de los afiliados. 3.- Se continuará trabajando en la creación de una AFP estatal; y 4. Se incorporará gradualmente la obligación de cotizar a los trabajadores independientes y se usará una sola tabla de mortalidad, terminando con las discriminaciones que afectan a las pensiones de las mujeres.
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Ya en 2008, en el primer gobierno de Bachelet,  se creó el aporte previsional  y la pensión básica solidarias que favorecieron principalmente a mujeres chilenas que no alcanzaban a pensiones mínimas de vejez o de invalidez. Hoy son ya un millón 300 mil las beneficiadas, lo que en algunos casos los montos superan al de mujeres jubiladas que cotizaron mes a mes y que cumplieron trabajando con todos los requisitos, lo  que no hicieron las  mujeres que recibieron este beneficio pero que nunca trabajaron. “Proteger a las personas, especialmente a los más vulnerables, ha sido la razón de mi vocación pública y el centro de mi acción como Presidenta”, reconoció Bachelet…pero   ¿dónde queda el resto de los chilenos y chilenas también con pensiones bajas?.
Lo contradictorio en la actual propuesta es que al comienzo de este segundo Gobierno de Bachelet  se creó la Comisión Bravo, cuyo costo para el Estado debe haber sido altísimo, para que entregara una  idea concreta sobre lo que había que hacer en cuanto a pensiones. Hoy, sin embargo, muy pocos planteamientos de esta comisión han sido incorporados en este nuevo planteamiento que deberá pasar por nuevas comisiones y cruzar todo el aparato legislativo.

Andras Uthoff, ingeniero comercial de la Universidad de Chile e integrante de la Comisión Bravoindicó que lo que hay en el anuncio  de Bachelet realmente parece ser más de lo mismo, porque “el talón de Aquiles del sistema”, las AFP, no se eliminan y seguirán igual como hasta ahora usufructuando con el “sudor y lágrimas” de los trabajadores. Luis Mesina, líder del movimiento para un cambio de las pensiones, destacó: "La gente dijo 'no más AFP' y la Presidenta nos ha respondido sí más AFP".


“Lo único que hay es una AFP estatal aplicada a una tabla de mortalidad única que tiene equidad de género y que aunque se pierda mucha plata no van a cobrar comisión”, dijo.

Explicó que en esencia para el 10% que aportan los trabajadores, va todo al sistema de las AFP, sólo cambia que una de ellas sea estatal. Sobre el resto del anuncio, señaló que el subsidio para el pilar solidario se ampliaría con una segunda red con aportes de los empresarios para un fondo de solidaridad que es para los más vulnerables.

“Aquí los derechos ciudadanos no existen sino que existe el derecho del pobre y el vulnerable (…) para mí la lógica se mantiene, creemos que es perversa y no va a producir tantos resultados, lamentablemente”, señaló Uthoff anoche en una entrevista con la televisión.

Esto nos está indicando  que para cambiar el sistema previsional debe plantearse un cambio radical y que lo actual es una propuesta maquillada con un lenguaje muy bonito y que se diluye  en un populismo preelectoral y una necesidad urgente para que la Presidenta incremente  el nivel de apoyo ciudadano.

Para hacer un cambio como corresponde hay que sincerar la propuesta con una decisión real  y mucho liderazgo y no con propuestas a medias. Hay que afrontar a los grupos de interés y a los poderes económicos, para lo cual se requiere una espalda política fuerte que en este momento es escasa o no existe. ¿Habrá un solo fondo de jubilación igual para todos los chilenos? ¿Qué ocurrirá con la jubilación de las Fuerzas Armadas..seguirá igual o también se orientará en el futuro por un fondo único? Son preguntas con respuestas pendientes.

Los "pobres" jubilados o los jubilados pobres de hoy no pueden ni siquiera subsistir y menos cuando el resto de los sistemas no encajan entre sí, como el de la salud. Un jubilado que recibe 200.000 pesos de pensión debe ser sometido a una intervención quirúrgica de aorta en la Clínica Santa María a un costo de 27 millones de pesos y sólo porque su isapre Cruz Blanca no tiene o no quiere tener con ese establecimiento hospitalario convenios "GES" ni tampoco de seguro catastrófico que todos los afiliados pagan con sus cotizaciones...¿no es injusto todo esto? ¿Qué hace el Estado para que se cumplan las normas?
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El problema de las pensiones debe tener una solución rápida hoy, no puede esperar porque los pobres que reciben pensiones de hambre terminarán en un año más en la indigencia total. No hay tiempos para nuevos diálogos, mesas redondas y comisiones. La solución debe ser ahora, también en la salud.
Seguridad Ciudadana

VIVIENDO CON MENOS LIBERTAD INDIVIDUAL


La redacción de una nueva Constitución propicia la oportunidad  para debatir sobre las policías del futuro y las medidas de fondo para lograr eficiencia en la prevención y el control de los delitos.

 Por Hernán Ávalos
  

A pretexto de combatir la delincuencia callejera, robos y  hurtos, principalmente,  por iniciativa de la derecha y apoyo de la Nueva Mayoría, hemos sido obligados por ley a ceder una cuota importante de libertad individual, aprobando una facultad discrecional a las policías para controlar la identidad de las personas, sin tener indicios de que han cometido delito o falta alguna.
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Así la opción política mayoritaria fue restringir uno de los derechos más preciados como es el de transitar libre por el territorio nacional, cuando las medidas de fondo que debieran ponerse en ejecución, debieran ser  mejorar la eficiencia policial, invertir en reinserción social de los convictos y atención de los menores vulnerables o infractores de ley; mejorar la distribución de los  ingresos  y en general avanzar en protección social del Estado, para erradicar la pobreza y la marginalidad,  el entorno en donde son adquiridas las conductas antisociales.
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En comparación con otros derechos, el comportamiento de nuestros dirigentes resulta contradictorio. Porque defienden con dedicación, por ejemplo, la propiedad privada, el libre mercado, la libertad de emprender, la libertad de culto, la libertad de prensa,  entre otras. Y  no actúan con igual celo cuando se trata del derecho a la libertad, exceptuando algunos que son hoy una minoría como quedó en evidencia.
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Los primeros resultados concretos sobre el control de identidad preventivo (artículo 12 del Código Procesal Penal) serán conocidos transcurridos tres meses de su vigencia, es decir, a fines de septiembre próximo. Por de pronto Carabineros informó de redadas nocturnas donde detuvo personas requeridas por los tribunales, ninguna de las cuales parecía de importancia o no  lo hizo saber. Tampoco ha sido medido el impacto de este nuevo instrumento policial en la contención efectiva de los robos y hurtos. Habrá que esperar y compara las estadísticas anuales para ver la tendencia.
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Ya la última modificación a la Ley de Tránsito hoy vigente, impuesta en 1989 en las postrimerías de la dictadura de Pinochet,  dio a los carabineros e inspectores municipales la facultad de fiscalizar conductores  sin tener indicios de falta alguna,  permitiendo la formación de hileras de vehículos a la vera de los caminos, para que sus conductores exhiban sus licencias, antes de ser autorizados a continuar viaje.  
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En la práctica, un procedimiento abusivo restrictivo de la libertad para transitar, sin obtener resultados en la disminución de los accidentes carreteros, ni en el retiro de circulación de los conductores de riesgo.
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Luego, la promulgación de la Ley Emilia hizo más drásticas las sanciones para quienes conducen ebrios o bajo la influencia del alcohol y cometen infracciones de tránsito, aunque sus resultados habrá que observarlos en el  largo plazo.

Olvidos imperdonables: eficiencia en la gestión
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En las últimas dos décadas el presupuesto de Carabineros tuvo aumentos periódicos y significativo, superior a educación y salud. En 2015 recibió un aporte de $91.496 millones para financiar 6.000 nuevos efectivos, 1.500 por año. Para el 2018 debiera alcanzar una dotación total de 70.000 hombres, superando a las fuerzas regulares de Ejército, Marina y Aviación.  No obstante, las pocas evaluaciones efectuadas en su oportunidad por la Fundación Paz Ciudadana y  la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de Chile, arrojaron resultados discretos para la eficiencia y la gestión policial. El Plan Cuadrante  de Seguridad reprobó.  Y lo más llamativo en un mundo donde los profesionales siempre están sometidos a evaluaciones: el  desempeño policial no ha sido vinculante con los ascensos en la carrera.
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Por lo demás, Carabineros cumple funciones que en otros países son realizadas por dos, tres o más policías, como son orden público y seguridad interna, custodia y vigilancia de las fronteras,  control de tránsito y carreteras, control de drogas ilícitas e investigación criminal.  Es evidente que funciones tan relevantes para el acontecer nacional no pueden estar concentradas en un mando. Y Carabineros tampoco puede seguir creciendo indefinidamente, al extremo de anquilosarse en la burocracia administrativa o ser impredecible  para el poder civil. Esto último quedó en evidencia en las manifestaciones callejeras del 21 de Mayo último en Valparaíso. Los carabineros fueron inoperantes ante   los exaltados encapuchados quienes hicieron destrozos en el mobiliario urbano e incendios en dos edificios y murió un guardia municipal.  El  Gobierno no tuvo otra alternativa que apoyar al mando policial que no asumió su responsabilidad en los graves sucesos.
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En 1933, hace 83 años, la “Sección Pesquisas” fue desgajada de Carabineros para formar la Policía de Investigaciones, hoy PDI. El fundamento para esa reestructuración institucional, fue separar los roles policiales, evitar la dualidad de funciones y delimitar las responsabilidades. Carabineros mantuvo su rol en la prevención del delito como policía uniformada, visible y militarizada,  y la PDI nació como policía civil, científico-técnica, encargada de la investigación criminal, la represión del delito y el control de pasajeros en los pasos fronterizos, puertos y aeropuertos, como de los turistas y extranjeros residentes.
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Con los años Carabineros siguió aumentando su dotación. Pero la PDI, no obstante sus avances en la investigación de homicidios, secuestros, fraudes y cibercrimen, tuvo incrementos acotados de personal, tanto por episodios de corrupción interna que mellaron su prestigio, como por decisiones políticas de los gobiernos de turno.
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Hoy la PDI tiene una dotación de sólo 7.000 funcionarios (equivalente al 10% de Carabineros) 3.000 de los cuales son oficiales policiales (detectives). Los restantes son peritos, asistentes, conductores y personal de apoyo administrativo. Luego, con el paso del tiempo, y principalmente en los años 70 y 80, sin mediar ningún decreto sino que sólo a requerimiento de los tribunales de la antigua justicia penal, Carabineros volvió a compartir con la PDI funciones de investigación criminal y control de drogas ilícitas, como la fiscalización de pasajeros en los pasos fronterizos  donde no hay detectives.
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La nueva justicia penal sancionó esta superposición indeseada de roles, otorgándole a los fiscales la prerrogativa de elegir con cuál de las dos policías investigar los delitos.

Pero esto tuvo un precio. Los 56.000 prófugos de la justicia que los parlamentarios de derecha esgrimieron para fundamentar la instauración del control de identidad preventivo. En rigor la PDI por su rol represivo tiene la mayor responsabilidad. Pero los detectives en privado argumentan en su defensa que ni siquiera tienen capacidad para diligenciar la treintena de órdenes de investigar promedio que le asignan los fiscales mes a mes  a cada uno de ellos, en su mayoría por robos y hurtos.

Todos estamos bajo sospecha de haber cometido delito

Recapitulando, el control de identidad preventivo vigente desde hace un mes puso bajo sospecha de delito a los ciudadanos sin distinción, como asimismo a los extranjeros residentes y turistas, e impuso la obligación de identificarse mediante documentos oficiales, otorgando discrecionalidad a las policías para proceder con la revisión de antecedentes  personales en lugares públicos, o privados con acceso público y acreditar la honorabilidad de los requeridos, o detener a los prófugos de la justicia.

En otras palabras, este nuevo instrumento policial restringe drásticamente el derecho a la libertad individual y el libre tránsito por el territorio nacional,  con el único propósito de facilitar el trabajo policial, es decir,  la prevención y control  del delito. Para que la historia lo recuerde, su instauración concitó el acuerdo de los parlamentarios de derecha, democristianos y socialdemócratas, y los votos en contra de socialistas y comunistas, dividiendo a la  Nueva Mayoría.  
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La presidenta Bachelet, militante socialista, pudo vetarlo, pero lo promulgó pese a los reparos de la Corte Suprema, el Instituto de Derechos Humanos y la academia, principalmente el Observatorio de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales.  Y en definitiva el Tribunal Constitucional  no le hizo reparos.
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Entre los fundamentos para imponer el control de identidad preventivo estuvo la existencia de 56.000 prófugos de la justicia, aunque sin desagregar la cifra de los requeridos en denunciados, querellados, imputados, condenados o testigos. O buscados por pensión alimenticia, quebrantamiento de condena, simple delito o crimen.
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También fueron argumentos para los legisladores las estadísticas oficiales que sindican a la delincuencia callejera (robos y hurtos) como la principal preocupación de los chilenos por sobre la educación o la salud, con una victimización del 30% promedio observada por encuestas en hogares durante los últimos 10 años y una percepción de inseguridad ciudadana del 80% promedio en la última década.
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Como se sabe por las mismas encuestas, la inseguridad o miedo a la delincuencia callejera está siendo estimulada por los delitos reiterados presentados por los canales de televisión, los cuales compiten por la audiencia para obtener ingresos de publicidad.  
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También algunos estudiosos consideran que las respuestas de los encuestados no sólo expresan el temor frente a la posibilidad de ser víctimas de robos o hurtos, sino que sus respuestas frente a la delincuencia están influidas  con la inseguridad frente al trabajo, al transporte, a la educación de los hijos, a las enfermedades o a la vejez, siendo parte integrante de un Estado con gran número de sus dirigentes cuestionados por corrupción y con escasa credibilidad, más preocupados de avasallar a los ciudadanos restringiéndoles  su libertad que de ofrecerles una verdadera protección social.
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Paradojalmente,  pese a la inseguridad ciudadana y los índices de victimización reportada por las encuestas oficiales, Chile tiene bajos niveles históricos de criminalidad y en 2015 registró 3,6 homicidios cada 100 mil habitantes, la tasa más baja de Sudamérica según la ONU, por tanto considerado como país seguro para vivir y visitar.

martes, 9 de agosto de 2016


Turquía - Rusia

ERDOGAN SE ALEJA DE OCCIDENTE CON SU ACERCAMIENTO A RUSIA

El presidente turco, Recep Tayip Erdogan, agradeció este martes personalmente a su homólogo ruso, Vladímir Putin, el incondicional apoyo brindado en los primeros minutos de la intentona golpista en su país, al inicio de la cumbre bilateral que se celebra en San Petersburgo. “Su llamada (telefónica) inmediatamente después del intento del golpe nos alegró mucho a mí, a mis colegas y a nuestro pueblo”, dijo Erdogan al comienzo de la reunión, retransmitida en directo por la televisión rusa.
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Erdogan ha sido muy crítico con otros gobiernos que en su opinión no se mostraron solidarios. “Occidente se puso del lado de los golpistas”, dijo la semana pasada. Turquía se ha mostrado molesta con la reacción de la Unión Europea (UE) tras el golpe militar fallido, al considerar que ha hecho más hincapié en las consecuencias de la deriva autoritaria del presidente turco que en la condena del levantamiento.
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El ministro de Justicia turco, Bekir Bozdag, dijo el martes que 16.000 personas habían sido detenidas formalmente y se encontraban en prisión preventiva en relación con el fallido golpe de Estado del mes pasado, mientras que otros 6.000 arrestados aún estaban siendo procesados. Otras 7.668 personas estaban siendo investigadas pero no se encontraban detenidas en la actualidad, dijo en una entrevista con la agencia estatal Anadolu, transmitida en directo por canales de televisión turcos.
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Asimismo, Ankara ha acusado al bloque comunitario de no cumplir sus compromisos en el marco del pacto migratorio, como el desembolso de hasta 6.000 millones de euros para los refugiados del país a cambio de que Turquía contenga los flujos migratorios irregulares hacia suelo comunitario o la propia liberalización de visados.
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Bekir Bozdag también advirtió de que Estados Unidos “sacrificará” las relaciones con Turquía si no extradita a Fetulah Gülen, a quien Ankara responsabiliza del fallido golpe militar del pasado 15 de julio. “No ha habido aún una respuesta oficial de Estados Unidos con respecto a la extradición de Gülen. También los europeos lo saben. Es nuestro derecho esperar que cada cual sea claro”, dijo Bozdag. “Si Estados Unidos no devuelve a Gülen, habrá sacrificado a Turquía por un terrorista”, declaró el ministro.
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Putin respondió a su colega, que realiza su primera visita al exterior desde la intentona golpista, que Rusia “siempre se manifiesta categóricamente contra cualquier intento de actuar inconstitucionalmente”. “En este sentido, quiero expresar mi esperanza de que bajo su gobierno, el pueblo turco resolverá este problema y el orden constitucional será restituido”, agregó.
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El mandatario ruso expresó su confianza de que la reunión servirá para superar las tensiones entre Moscú y Ankara. “Su visita de hoy, pese a la compleja situación política interna en Turquía, muestra que todos nosotros queremos la reanudación de nuestro diálogo, el restablecimiento de las relaciones en aras de los intereses de los pueblos de Turquía y Rusia”, dijo a su huésped el jefe del Kremlin.
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Putin indicó que en la cumbre se abordará el restablecimiento de los vínculos comerciales entre ambos países y asuntos relativos a la cooperación en la lucha antiterrorista. “Creo que con los pasos que daremos hoy comenzaremos un proceso más amplio (de cooperación)”, respondió el presidente turco.
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La guerra civil en Siria, en la que Rusia y Turquía apoyan bandos opuestos, será seguramente uno de los temas centrales de las conversaciones. El conflicto y sobre todo el derribo del avión dañaron unas relaciones que eran muy sólidas en el pasado.
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La cumbre ruso-turca fue acordada después de que a finales de junio Erdogan pidiera perdón por el derribo del avión de combate ruso en la frontera con Siria, incidente en el que uno de los pilotos fue ametrallado cuando descendía en paracaídas. Las disculpas turcas permitieron iniciar el proceso de normalización de unas relaciones entre ambos países, prácticamente congeladas desde noviembre de 2015, con el consiguiente coste político y económico.
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El presidente viaja acompañado de numerosos ministros y empresarios, con el objetivo de restablecer asimismo las relaciones económicas, aunque Putin y Erdogan no tienen previsto firmar acuerdos; pero deben acordar la hoja de ruta del gradual levantamiento de las sanciones, en particular del embargo a los productos agrícolas turcos, que hizo mucho daño a la economía de ese país.
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Turquía está más que interesada en la pronta reanudación de los vuelos chárter, ya que el turismo ruso es una de las principales fuentes de ingresos del sector. El pasado año 3,6 millones de turistas rusos visitaron Turquía, mientras en los primeros cuatro meses de este año menos de cien mil viajaron a ese país. En cuanto a los intercambios comerciales, estos cayeron un 43% en los primeros cincos meses del año.

UE espera que Ankara cumpla con el acuerdo migratorio
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La Comisión Europea (CE) confió este martes en lograr una “solución mutuamente satisfactoria” pese a la negativa de Turquía a modificar “a corto plazo” su ley antiterrorista, una de las condiciones impuestas por Bruselas a Ankara para agilizar la liberalización de visados para ciudadanos turcos. “No cerramos la puerta a seguir nuestras negociaciones para encontrar una solución mutuamente satisfactoria”, sostuvo en la rueda de prensa diaria la portavoz comunitaria Mina Andreeva.
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La portavoz respondía así a las preguntas sobre las declaraciones del ministro turco de Asuntos Europeos, Omer Celik, al Financial Times en las que asegura que es “imposible” para Turquía modificar su ley antiterrorista “a corto plazo” tras el intento de golpe de Estado del pasado 15 de julio. Según Andreeva, se dedicará “el tiempo que haga falta” a lograr esta solución de mutuo acuerdo, pero recalcó que el calendario de avance de estas negociaciones depende de las autoridades turcas.
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La portavoz recordó, por otro lado, que el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, ya ha dejado claro que espera que Ankara cumpla su parte del acuerdo migratorio negociado con la UE, que incluye el capítulo de la liberalización de visados. ”Si Turquía quiere la liberalización de visados en octubre (...) deberá cumplir con los requisitos pendientes”, afirmó Andreeva, en referencia a las siete condiciones que aún no cumple Ankara de las 72 que le marcó Bruselas.
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Explicó asimismo que las reclamaciones de la UE con respecto a la ley turca no van dirigidas a “hacer menos efectiva la lucha contra el terrorismo” sino que el objetivo es “introducir un elemento de proporcionalidad”. “No puede ser que los periodistas o los académicos sean encerrados por expresar su visión”, recalcó la portavoz que citaba palabras el propio Juncker en una entrevista concedida ayer a un medio alemán.