La demanda estudiantil es justa y realista
Por Marcel Claude (*)
En estas movilizaciones llama profundamente la atención la convicción y el énfasis de los estudiantes en la “estatización de la educación”, el fin de la municipalización y la necesidad de un sistema de educación pública gratuito. Esta demanda ha sido reiterada, año tras año, por los diferentes representantes estudiantiles y, ante la majadera respuesta negativa de las autoridades.
Como mi formación profesional es la economía, voy a intentar abordar el tema desde esa perspectiva. La mala noticia es que no es posible la educación gratuita, es más, debo decir que nunca la educación ha sido gratuita. La cuestión de fondo no es si la educación deba ser gratis o pagada. Esto es una falsa confrontación. Estamos frente a dos modelos de financiamiento de la educación.
Por una parte, el viejo y obsoleto sistema de educación financiada privadamente con aranceles pagados por las familias, el que ha demostrado ser ineficaz e ineficiente, pues no ha mejorado la calidad de la educación ni tampoco su acceso a costos bajos y razonables. Los estudiantes en las calles protestando por el estado de la educación, son más que una prueba empírica de su total y rotundo fracaso.
Frente a este sistema, está el modelo de educación obligatoria financiado por el Estado, con fondos provenientes de la recaudación tributaria y/o del royalty aplicado a la explotación de los recursos naturales. Efectivamente podría entenderse como un sistema gratuito pues no se pagan aranceles, pero la sociedad invierte sus impuestos y sus recursos productivos en su financiamiento. En consecuencia, no es posible catalogarlo de “gratuito”.
El sistema público es la norma general a nivel mundial. Lo aplican países socialistas como Cuba y países capitalistas como Bélgica, Argentina, México, Finlandia y muchos otros. En conclusión, no se trata de un modelo determinado desde la ideología, sino más bien, desde la experiencia práctica de que es el que mejor funciona para alcanzar estados superiores de existencia individual y colectiva.
El modelo chileno es el único en el mundo que permite lucrar con fondos públicos y que privilegia la libertad de empresa sobre el derecho a la educación. La contumaz insistencia en este modelo y su permanencia, nos demuestra claramente quienes son los inspirados ideológicamente, dado que, a pesar de su fracaso, insisten en sus bondades contra viento y marea, con fe ciega, obstinada y febril. Peor aún, es una ideología funcional a un orden económico y social que perpetúa la situación de privilegio y poder de quienes la sostienen y sus círculos relacionados.
Ahora bien, la buena noticia es que la demanda estudiantil de una educación pública financiada por el Estado, no solo es justa, sino total y absolutamente realista. Más aún, nunca como hoy en la historia de Chile, ha sido una demanda tan cabalmente ajustada a la realidad económica y financiera del país.
En primer lugar, Chile hoy podría ser calificado –desde los indicadores económicos más comunes- el país más rico de América Latina. El ingreso per cápita de nuestro país se empina a los 15 mil dólares anuales. Argentina está en torno a los 13.500 dólares, Brasil en los 10 mil. Hoy en día, no hay ningún país latinoamericano que supere a Chile en cuanto a la riqueza disponible por persona. No obstante, en nuestro país las familias deben pagar voluminosos recursos para educar a sus hijos, dejando una estela macabra de endeudamiento y malestar al inicio de la vida laboral de los jóvenes. Por otra parte, en Argentina los estudiantes pueden acceder al sistema nacional de educación sin pagar aranceles desde 1949; en Brasil, el Estado debe financiar al menos una universidad pública en cada estado, en donde los estudiantes no tienen que pagar matrículas o aranceles; lo mismo ocurre en Perú, Uruguay, México y otros países de la región.
La pregunta obvia es, por qué si otros países más pobres pueden hacer frente al derecho a la educación, en Chile se nos muestra como un escenario utópico e imposible?
Es más, si nos remontamos a la historia de Chile, resulta muy sorprendente saber que, en los años sesenta, cuando Chile tenía un ingreso per cápita 7 veces inferior al de hoy, es decir, cuando éramos 7 veces más pobres, en el sistema público de educación se accedía sin pagar aranceles o colegiaturas.
Cabe recordar que, en la década del sesenta, nuestras exportaciones de cobre escasamente llegaban a los 550 millones de dólares. Es importante este dato, puesto que los retornos del cobre contribuían al presupuesto de la Nación, con el que se financiaba la educación pública. Hoy en día, las exportaciones mineras llegan a la estratosférica suma de los 44 mil millones de dólares, es decir, 80 veces más de lo que se exportaba cuando el país aseguraba una educación pública para todos y sin pagar aranceles o matrículas.
No es argumento válido decir que la población estudiantil se ha incrementado vertiginosamente y hoy son muchos más los estudiantes. Esto no es falso, pero, de acuerdo a las cifras del Ministerio de Educación y el Censo, en los años sesenta el número de estudiantes en educación preescolar, básica, media y superior, llegaba aproximadamente a los 2 millones 300 mil alumnos. Hoy en día esa cifra se empina en torno a los 4,5 millones. Es decir, sólo hemos duplicado la población estudiantil.
Entonces, una vez más, cómo se explica que, hoy por hoy, siendo el país más rico de América Latina, con un ingreso per cápita 7 veces mayor al de los años sesenta, con apenas una duplicación de la población estudiantil y con exportaciones mineras que se han multiplicado 80 veces, no sea posible financiar una educación pública de excelente calidad, accesible a todos y financiada con recursos estatales?
Obviamente, aquí no se trata –las cifras lo están gritando- de una restricción o limitación de recursos. Ese no es el tema de fondo.
Para encontrar la respuesta hay que hacerse otras preguntas, por ejemplo, ¿por qué razón el país se permite entregarle 30 mil millones de dólares anuales a las empresas multinacionales que explotan el cobre chileno y no puede hacerse cargo de los 20 mil dólares que aproximadamente -y en promedio- cuesta una carrera universitaria de 5 años? ¿Por qué el país se permite el lujo de ser una de las economías más extranjerizadas del mundo, con una inversión extranjera equivalente al 70% del PIB, cuando a nivel mundial el promedio no supera el 30%? Lo anterior no es un dato menor, dado que entre 1999 y el 2009, las utilidades obtenidas por la inversión extranjera superaban largamente el total del capital extranjero invertido entre 1974 y el 2008.
Estas cifras nos muestran claramente que el problema no es la disponibilidad de recursos, sino que estamos frente a la cuestión de cómo se están asignando éstos, de cuáles son las preferencias políticamente establecidas, en donde los intereses del capital, los beneficios lucrativos de las empresas multinacionales son más importantes que el derecho a la educación.
Para llevar el gasto público en educación del 4% del PIB actual hasta el 7% que exhiben los países desarrollados, se requerirían adicionalmente unos 7 mil millones de dólares por año, es decir, sólo un 23% de las utilidades mineras. Esto sin considerar los recursos que podrían obtenerse para el desarrollo del país, si se aplicara una reforma tributaria que incrementara los impuestos a la banca, las empresas forestales, pesqueras y salmoneras, que utilizan gratuitamente los recursos naturales sin pagar por ellos.
Por qué Chile se permite el lujo de que cuatro familias –Luksic, Paulman, Matte y la del Presidente Piñera- incrementen su riqueza en más de 16 mil millones de dólares, tan solo en un año, mientras que las familias de los estudiantes chilenos deben asumir costos altímisimos y deudas impagables, para educarlos en un sistema que ni siquiera asegura una buena calidad ni un futuro laboral medianamente aceptable?
La respuesta no es que Chile es un país pobre, no, es el país más rico de América Latina, pero, privilegia el lucro, las utilidades del capital extranjero, la concentración de la riqueza y desestima el derecho a la educación, la justicia social y el principio de la igualdad de oportunidades.
Lo que todos debemos tener, es la convicción clara y nítida de que Chile puede largamente satisfacer las demandas del movimiento estudiantil, pero, no quiere, debido a que está gobernado por una elite que sirve al interés privado de grupos económicos y conglomerados multinacionales y desprecia el interés público y el bienestar del pueblo chileno.
(*) Economista de la Universidad d Chile
